Las cuentas del PP de Alicante intervenidas.

Ante el caos en las cuentas de muchas Juntas Local del PP de Alicante, ha ocurrido lo que tenía que haber ocurrido desde hace mucho tiempo, que Génova ha intervenido las cuentas al PP de la Provincia de Alicante. Han llegado los “hombres de negro” de Génova. Todo parece indicar que lo que se ha intentado vender como un acuerdo entre la cúpula provincial y la dirección nacional no es tal, es simple y llanamente una intervención directa de Madrid para poner orden ante la manifiesta incapacidad de algunos para cumplir y hacer cumplir los Estatutos del Partido y las normas internas de gestión. Lo que venía ocurriendo en la Provincia de Alicante desde hace años era inaudito. Tal y como pusieron e manifiesto los medios de comunicación haciéndose eco de las denuncias de algunos militantes y ex militantes del Partido Popular, muchas Juntas Locales del PP manejaban sus fondos al margen de la organización evitando así por completo la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Se camuflaba el manejo del dinero de las agrupaciones hasta el punto de que en algunas localidades los fondos del PP se depositaban en cartillas bancarias en las que aparecían como titulares particulares o, a veces, asociaciones sin ánimo de lucro. Es lo que ocurría, por ejemplo, en Benidorm, El Campello, Denia, Elda o Elche. Gran parte de los gastos de funcionamiento de estas Juntas Locales del PP o de los ingresos de cuotas se canalizaban, precisamente, a través de estas cuentas bancarias sin control ni tampoco fiscalización posterior. Es muy significativo y subraya el talante de algunos dirigentes alicantinos que impulsar una Asociación como el Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases para promover la regeneración democrática sea una grave infracción estatutaria por la que hay que echar del PP a sus impulsores y que, por el contrario, impulsar y organizar Asociaciones Populares para eludir el control del Tribunal de Cuentas no sea objeto de ningún expediente disciplinario. Muy sintomático.

Esta grave y anómala situación se ha destapado gracias a las denuncias de ex afiliados como Miguel Picher del Foro de Elche que ha llegado incluso a los tribunales para exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. No se trata de un asunto interno menor, ni mucho menos. En primer lugar porque el PP, como los demás partidos políticos, funciona gracias, en gran parte, al dinero público, al dinero de los contribuyentes que percibe a través de diferentes mecanismos, incluso a nivel local, donde los grupos municipales de los partidos reciben asignaciones que en su mayor parte sirven a sostener la infraestructura local. En segundo lugar, porque otra parte de los ingresos proviene de las cuotas de los afiliados y de las donaciones de los mismos o de simpatizantes. En tercer lugar, porque el dinero de los partidos políticos está sometido a control y fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas y organizar, sostener y consentir una estructura paralela para eludir ese control constituye un ardid de la peor especie. Un mínimo de respeto a la Ley, a los afiliados y a los simpatizantes habría impedido que semejante golfería prosperara y se mantuviera en el tiempo. Lo que Génova ha impuesto a la Provincial de Alicante es, básicamente, el mismo sistema que desde hace muchos años se viene utilizando en la inmensa mayoría de las Juntas Locales del PP. No es ninguna novedad. Además de aplaudir la decisión de Génova solo queda lamentar que no se haya producido mucho antes y que no alcance a otros aspectos, también importantes, relativos a las finanzas del Partido y a los Estatutos del mismo.

Es el caso de las cuentas de la Junta Local de la ciudad de Alicante. Los afiliados no saben si existen o no, si las controla la Provincial usando todo el dinero de los afiliados de la ciudad para sostener los gastos de la Provincial o no, si se han respetado los Estatutos o no. Lo que sí saben los afiliados de la ciudad de Alicante es que desde hace años nadie les informa ni les rinde cuentas del uso de su dinero. Y los que hemos pedido información al respecto no sólo no la hemos recibido, sino que se nos ha expedientado para expulsarnos. Lo que sí saben los afiliados de la ciudad de Alicante es que el Artículo 60 de los Estatutos del PP relativo a los presupuestos de las organizaciones territoriales no se cumple. Como tampoco se cumple el Artículo 61, relativo a los sistemas de contratación. He aquí un ejemplo: el Artículo 61.4 de los Estatutos del PP dice que “el Partido Popular creará en su página web un acceso que tendrá la denominación de “Perfil del contratante”, en el que se publicarán las instrucciones de contratación de aquellos procedimientos de contratación que por razón de su cuantía u otra de naturaleza, se decida que deban ser objeto de público conocimiento”. ¿Alguien ha visto el “perfil del contratante” en la página web del PP de Alicante?

Constituye una exigencia política y moral de primer orden la más absoluta transparencia en las cuentas de los partidos políticos por respeto a los propios afiliados, a los ciudadanos en general y a la Ley. La voluntad de transparencia forma parte del deber de regeneración democrática y es un medio imprescindible para recuperar la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos. El mejor servicio que podrán prestar al Partido Popular los que obstaculizan la transparencia y la participación es irse a su casa.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

A escándalo por día.

No hay día que pase sin que se produzcan nuevas revelaciones en torno a las andanzas del Sr. Bárcenas, a la supuesta contabilidad del Partido Popular o a algún que otro escándalo que afecta al partido del gobierno. Y no es que a la vez no se produzcan también revelaciones tan escandalosas o más sobre el PSOE y su ristra charcutera de imputados por el caso de los EREs falsos y el latrocinio sistemático del dinero destinado a los desempleados, pero es evidente que estas revelaciones no alcanzan el mismo eco ni en los medios de comunicación que, salvo honrosas excepciones, utilizan sordina ni en las redes sociales en las que no pocos han dado rienda suelta a sus delirios y a sus instintos antidemocráticos apelando al golpismo de la peor especie.

Sin embargo, dejando al margen las informaciones sobre Bárcenas, que todavía no se sabe si mintió ante el juez cuando negó los sobresueldos o miente ahora cuando dice lo contrario aunque su palabra sea ahora dogma para la izquierda, y dejando también al margen el asunto de los ERES, el mayor latrocinio de la historia de la democracia aunque el robo a los parados no incite a la convocatoria de ninguna concentración ante las sedes socialistas, es preciso detenerse sobre las informaciones publicadas ayer en torno a la supuesta contabilidad oficial del PPCV porque son especialmente significativas para quienes hemos dedicado nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro dinero al mismo.

Ayer, el Diario Información de Alicante se hacía eco de la publicación de la supuesta contabilidad oficial del PP en una página de Internet. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los datos publicados se refieren exclusivamente a la supuesta contabilidad de las direcciones provinciales y no de las Juntas Locales del PP que, al parecer, campan a su aire en estos temas de contabilidad con asociaciones paralelas donde se reciben ingresos y se cargan gastos. Por tanto, no se habla del dinero movido por ciudades tan importantes como Alicante o Elche, en el caso de nuestra Provincia. En el caso concreto de la Junta Local de Alicante la contabilidad es un auténtico misterio. Los afiliados no hemos recibido jamás la más mínima información, ni se nos ha rendido cuenta de qué se ha hecho con nuestro dinero y algo raro debe pasar porque se niegan a mostrar las cuentas a los afiliados que lo hemos solicitado. Se niegan a decirnos, por ejemplo, qué presupuesto extraordinario de campaña electoral se aprobó en 2011 y cómo se gestionó. Y lo más lamentable es que tendremos que ir a los juzgados para conocer esa contabilidad de la Junta Local de Alicante.

Pero dicho esto y en un primer repaso de la supuesta contabilidad publicada hay algunos datos que sorprenden enormemente. Primero que nuestros diputados se premien a si mismos en plena crisis con sobresueldos, eso sí aparentemente legales, por casi 500.000 euros en 2011, un año en el que por cierto tuvieron poco trabajo parlamentario. Y ésta no es una cifra supuesta, sino cierta. No hay que olvidar que los parlamentarios se fijan a si mismos sus retribuciones y que es de suponer que la cuantía estipulada es la justa por el trabajo que realizan. ¿Entonces por qué se asignan cantidades extras como gastos de representación? ¿Por qué se disfrazan las retribuciones de forma tan vergonzante? Segundo, aparecen reflejados gastos de desplazamientos de campaña electoral en el Grupo Parlamentario por importe de 113.500 euros. Una vez más algunos confunden el Partido con el Grupo Parlamentario y caen en lo mismo que en su día denunciaban a los adversarios políticos. Que el Presidente Zapatero acudiera a los mítines de su partido en un avión oficial estaba mal porque con dinero público se cubrían gastos electorales de partido y eso, se quiera o no, es lo mismo que pagar los kilometrajes de los mítines de los diputados.

Y hay que ver lo bien que tenemos alimentados a nuestros dirigentes políticos. Como a los pobres no les llega el sueldo y, al parecer, el trabajo les cunde mucho más mientras comen en un establecimiento público y no en su casa, pues nada les pagamos las comidas. Así, los miembros de la ejecutiva provincial de Alicante se sacrificaron en 2011 por la causa y se gastaron 35.000 euros en comidas. ¡Ahí es nada! Por la diferencia de gasto entre provincias se ve que los dirigentes alicantinos son más comilones o tienen más trabajo gastronómico que sus conmilitones regionales. Y para qué hablar ya de algunos otros gastos en lencería o en tabaco para las reuniones.

Al final de todo esto quedan algunas sensaciones y se fortalecen algunas convicciones. Queda cierta sensación de engaño, de estafa, porque queda patente que mientras muchos miles de militantes han sacrificado su tiempo, su esfuerzo y su dinero generosa y desinteresadamente por unos ideales, otros se han aprovechado de ello y han puesto el cazo. Unos pocos, pero bien situados, han manejado y siguen manejando toda una estructura de forma poco escrupulosa. Y se fortalece la convicción de que con más democracia interna no ocurrirían estas cosas con la frecuencia que se producen porque más democracia interna implica más control sobre los dirigentes y más responsabilidad de los mismos antes las bases. Se fortalece igualmente la convicción de que los partidos políticos sólo deben ser financiados por las cuotas de sus afiliados, de que hay que acabar con las subvenciones que riegan tan generosamente sus arcas. Y, sobre todo, crece la convicción de que tarde o temprano los que hoy nos hacen sentir vergüenza terminarán por pagarlo.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Los partidos políticos y nuestro dinero.

El pasado 29 de abril, el Consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellanos, anunció que la cantidad con que la Generalidad subvencionaba a los partidos políticos iba a ser reducida en un 30 %. Es decir, que el millón setecientos mil euros al año que hasta ahora, y a pesar de estar arruinada la administración autonómica, se llevan los partidos políticos para mantenerse del dinero de los contribuyentes se reducía para este año a un millón doscientos mil euros. Esta decisión ha levantado ampollas en la oposición, sobre todo en el PSPV, que ha puesto el grito en el cielo al ver reducido el dinero que recibe del erario público y que en buena parte venía dedicando a interponer acciones judiciales que, además, pierde en muchos casos. Esta elogiable iniciativa del PPCV es, a su vez, criticable porque lo primero que hay preguntarse es ¿por qué una reducción del 30% de la subvención y no del 100%? ¿Por qué si no hay dinero para pagar la dependencia, a los farmacéuticos o a los colegios sí que hay 1.200.000 euros para sostener las estructuras de unos partidos políticos que deberían ser sostenidas únicamente con las cuotas de sus afiliados? ¿Son prioritarios los gastos de los partidos frente a las necesidades básicas vitales de miles de ciudadanos de la Comunidad? 

No existe ni una sólo razón económica, ética o política que justifique que en tiempos de profunda crisis, de miseria y desesperación en muchos casos, se dedique dinero público a financiar a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que, indudablemente cumplen un papel esencial, deben ser capaces de autofinanciarse, de subsistir con las aportaciones de sus afiliados, de sus socios y sus simpatizantes y, para hacerlo, deberían ajustar sus modelos de organización y funcionamiento a sus ingresos reales o desaparecer en su forma actual. Si no lo consiguen, si no pueden mantenerse con el dinero de sus socios es porque los ciudadanos no las quieren y, por tanto, sustituir la falta de ingresos de su militancia con subvenciones detraídas de los impuestos de los mismos ciudadanos que voluntariamente no las quieren sostener es un fraude político en toda regla.

Sin embargo, esta reducción de las subvenciones a los partidos llevada a cabo a nivel autonómico contrasta poderosamente con las decisiones tomadas en el ámbito de Alicante por la Diputación Provincial. En efecto, el pasado 4 de abril, el Pleno de la Diputación alicantina presidido por Dª Luisa Pastor aprobó por vía de urgencia, fuera del orden del día y de tapadillo, una modificación del reglamento para la gestión de las subvenciones que reciben los grupos políticos que conforman la Diputación. ¿Y en qué consistió esta reforma? Pues básicamente en poder desviar parte del dinero destinado al funcionamiento de cada grupo político de la Diputación a las cuentas corrientes de sus respectivos partidos políticos. Es decir, a subvencionar de forma encubierta a los partidos políticos, que tanto el PP como el PSPV podrán ingresar la cuantía que estimen conveniente de esa asignación a las arcas que nutren a sus direcciones provinciales. En el Artículo 9 del reglamento aprobado se dice que «Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial». El único requisito es que, posteriormente, justifiquen el destino definitivo de esos fondos. Y para ello no hubo gran problema. Tanto el Partido Popular como el PSOE se pusieron de acuerdo de inmediato. Y, por si fuera poco, tanto el PP como el PSOE acordaron también abrir la vía para incrementar la asignación que reciben todos los años de las arcas provinciales. Y todavía habrá quien hable de austeridad o de ejemplaridad sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Es esta la sintonía política que existe entre el Sr. Ciscar y el Presidente Fabra? ¿Aquí va cada uno por su lado?

Y hablando de dinero público y de grupos y partidos políticos, no queda más remedio que subrayar la actitud del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante que hace pocos días, sin dar ninguna explicación, se negó a aprobar una moción de UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos. Hay que precisar que según el Artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local el Pleno del Ayuntamiento puede asignar determinadas cantidades de dinero a los grupos políticos constituidos en su seno para su actuación corporativa. Esta dotación económica no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, ni a desviarse como aportación a los partidos políticos, salvo que así expresamente lo autorizase el Reglamento municipal correspondiente. La Ley prevé que los Grupos Políticos de la corporación lleven una contabilidad específica de esa dotación económica que habrá de ser puesta a disposición del Pleno cuando así se apruebe. Pues bien, lo que ha hecho el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante es sencillamente impedir que los ciudadanos podamos conocer cómo y en qué se han gastado nuestro dinero todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ¿Hay alguien que pueda decir que eso es transparencia? ¿Hay alguien que pueda explicar esa decisión? ¿Hay miserias o ilegalidades que esconder?

Bien, como se puede apreciar estamos ante tres actitudes diferentes, pero muy sintomáticas y elocuentes, sobre el uso del dinero de los contribuyentes, sobre la forma de financiar en tiempos de crisis y de austeridad a los partidos políticos. Podrán contarnos lo que quieran, podrán entonar bellos discursos con huecas palabras, pero no hay nada más elocuente que los hechos. Y por sus obras los conoceremos.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Las cuentas del PP de la ciudad de Alicante.

Durante las últimas semanas se han venido sucediendo noticias relacionadas con la financiación o la contabilidad del Partido Popular, de sus sedes locales o de las últimas campañas electorales. De una parte, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha ordenado varias diligencias para desentrañar las cuentas de la campaña electoral de las autonómicas de 2007. El magistrado ha solicitado a nueve empresas, radicadas en Valencia, Castellón y Alicante, información detallada sobre la contratación de vallas publicitarias del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo de 2007. Hay también, al parecer, dificultades para conocer los gastos electorales populares en las municipales de la ciudad de Alicante. De otra, parece que está bastante extendida en sedes del PP de Alicante la costumbre de llevar un sistema de «contabilidades paralelas» a nombre de particulares o de asociaciones y no la contabilidad oficial del Partido. Una anómala práctica a la que, tras hacerse público por los medios de comunicación, ha decidido poner fin la Dirección Provincial Alicantina quien lo venía consintiendo desde hace tiempo, incumpliendo los Estatutos Nacionales del Partido Popular (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/03/29/pp-regulara-finanzas-juntas-locales-atajar-descontrol-dinero/1358435.html).

Esta forma de proceder, conocida y consentida al parecer por la Dirección Provincial, resulta más que sorprendente para cualquiera que haya tenido responsabilidades en el Partido Popular en otras zonas de España. La ausencia de una contabilidad oficial del Partido en una localidad, la inexistencia de cuentas bancarias a nombre del propio partido, el manejo de fondos a través de asociaciones paralelas y la opacidad contable para los propios militantes no sólo vulnera los Estatutos del propio partido, sino que además constituye una práctica absolutamente fraudulenta que debería saldarse con la exigencia y depuración de responsabilidades, tanto de los autores como de los consentidores o encubridores. Un servidor que durante catorce años presidió una junta local en un municipio madrileño nunca conoció semejantes prácticas. El partido local contaba con una cuenta bancaria abierta con la presentación previa del apoderamineto de la gerencia regional (el equivalente a la provincial en Alicante). Los militantes eran informados anualmente de los ingresos y gastos de la sede local y aprobaban en asamblea el presupuesto anual. Periódicamente, el tesorero local se reunía con el gerente regional que fiscalizaba los libros y las cuentas de la Junta local. Un funcionamiento que nada que ver con la práctica vivida en la Junta Local de Alicante durante los últimos diez años. 

Aquí no se da cuenta a los militantes de los gastos e ingresos de la Junta local, eso sí, desde la provincial se pide un euro por afiliado sin explicar nada a los interesados. ¿Será ésta una de las razones para acabar con la Junta Local de Alicante y sustituirla por Distritos? ¿No será multiplicar por diez el descontrol económico existente? Resulta lógico que estando tan ocupados en la provincial en perseguir a los militantes que pedimos transparencia, honradez y participación en el Partido no hayan tenido ni para cumplir ni para hacer cumplir los propios Estatutos del Partido, ni para poner en limpio las cuentas de las juntas locales de Alicante.

No necesitan inventarse nada ni improvisar supuestas medidas de control para contentar a la prensa. Todo ya está inventado y previsto. El Artículo 54.2 de dichos estatutos señala que los recursos del Partido estarán constituidos por las cuotas de todos los afiliados y por las aportaciones voluntarias de éstos; por las contribuciones económicas de los cargos públicos en el porcentaje que se determine por el Comité Ejecutivo Nacional; por las subvenciones oficiales que las Administraciones Públicas aporten al Partido y a todos los Grupos Institucionales; por los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto generado por las actividades que se organicen y por las donaciones, herencias o legados que reciba.

Y el Artículo 55 de los mismos Estatutos señala por su parte que 1.- Los ejercicios económicos de todas las organizaciones territorialestendrán la duración del año natural y se cerrarán a 31 de diciembre con el visto bueno del Presidente, autorización del Secretario e intervención del responsable correspondiente de finanzas.

2.- El Presupuesto anual de cada organización territorial deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo de ésta dentro de los cuarenta y cinco primeros días hábiles del nuevo ejercicio. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos comicios.

3.- Anualmente se someterán las cuentas del Partido a una auditoría externa.

¿Se han cumplido estas disposiciones en todas las Juntas locales de la Provincia? ¿Y en la Junta Local de Alicante? Si es así, nada que objetar. Y si no se han cumplido los Estatutos ¿se abrirán expedientes disciplinarios a los responsables o éstos sólo se reservan a los llamados críticos? Dado que en diez años de pagar puntualmente la cuota de afiliado un servidor nunca ha sido informado, a pesar del derecho que le asiste a ello según los propios Estatutos del partido Popular, sobre el estado de gastos e ingresos de su Junta Local, la de Alicante, ni de los presupuestos de la misma aprobados conforme a la norma antes citada y por ello el pasado 15 de marzo solicitó por escrito al Presidente local, D. Julio de España, la información económica pertinente. Y, a pesar de haber pasado quince días desde entonces, mutismo total, silencio absoluto, nada de nada. Luego dicen que les molesta tener que enterarse de estas cosas por la prensa. ¿Y cómo creen que nos sentimos los militantes cuando nos enteramos por la prensa de sus decisiones? ¿Cómo creen que nos sentimos cuando comprobamos, día a día, que se pasan por el arco del triunfo los Estatutos del Partido y que nos niegan a los afiliados los derechos de información y de participación? Pues nada, ahora le reitero en público, a ver si lo lee, la misma petición: copia de los presupuestos anuales, balances y acceso a la documentación económica de mi Junta local porque quiero saber cómo se ha gestionado mi dinero y porque me preocupan tantas noticias negativas sobre las cuentas de mi partido. ¿Hay algo de malo en ello?

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Poca munición para Rubalcaba.

Todo este jaleo que han organizado las informaciones sobre las cuentas suizas del Sr. Bárcenas está dando mucho juego político aún antes de que hayan aparecido todos los cabos sueltos que parecen existir. La corrupción siempre ha sido un arma arrojadiza entre los partidos políticos; el “y tú más” está y ha estado siempre a la orden del día. Pero en todo este lío aparecen algunas declaraciones y actitudes muy significativas. No estamos ante un asunto aislado, un posible caso de corrupción en el paraíso de la honestidad pública, sino de un caso más, cuyo alcance e implicaciones está aún por conocer, entre una larguísima lista de casos que alcanzan a prácticamente a todos los partidos que tocan o han tocado poder. Y por eso, porque no es el primer caso, ni desgraciadamente el último, llaman la atención las declaraciones de unos y otros.

Sin señalar a nadie resulta extremadamente sospechoso el silencio de algunos en torno a las cuentas suizas del clan Pujol o del padre del Presidente de la Generalidad catalana; o la afonía crónica que han venido padeciendo otros respecto al fraude de los ERES en Andalucía que han supuesto la desaparición de muchos más millones de euros que los apuntados al Sr. Bárcenas en Suiza o del escándalo de Santa Coloma; qué decir de la falta de petición de  excusas a los españoles por haber montado toda una trama de financiación ilegal de su partido a través de empresas como Filesa, Malesa y Time Export; o el silencio ante el latrocinio de fondos reservados, el BOE, los huérfanos de la Guardia Civil; o el mirar hacia otro lado cuando se habla de la operación Campeón. En fin que la lista de los silencios, y no de los corderos precisamente, es interminable. Sin ir más lejos, cuando hoy mismo se preguntaba a algún responsable socialista sobre el pago de 600.000 euros de una Fundación socialista, nutrida con fondos públicos, a familiares y amiguetes de los más altos dirigentes socialistas responden sin despeinarse que se trata de “pagos legales y, por supuesto, morales”. Y se quedan tan frescos. La Sra. Soraya Rodríguez no debe saber lo que el nepotismo. Y para qué mencionar los problemas tributarios de la Sra. Valenciano en la Comunidad Valenciana, en Alicante sin ir más lejos.

Sin embargo, al que hoy le ha debido traicionar el subconsciente es al Sr. Pérez Rubalcaba. Interrogado sobre la propuesta del Presidente Rajoy para concluir un pacto contra la corrupción el Sr. Rubalcaba se desmelena y lo rechaza diciendo que PSOE y PP no pueden dar la impresión de que llegan ahora a un acuerdo para tapar las vergüenzas de un caso de corrupción. No, no se trata de eso, un pacto contra la corrupción no se formula para tapar las vergüenzas de nadie, sino para adoptar de forma conjunta las medidas legales y políticas que conduzcan a imposibilitar que se vuelvan a producir casos de corrupción. ¿En qué estaría pensando el Sr. Rubalcaba? ¿Qué quiere tapar? Y tratando de sacar pecho, como lo describe algún medio de comunicación, el Sr. Pérez Rubalcaba ha proclamado que “en el PSOE no hay un euro negro, ni cuentas en B, ni comisiones ilegales”. Estupendo, ya era hora. Pero esa afirmación ¿qué significa? ¿Qué en los demás partidos sí las hay? ¿Tiene pruebas de ello?

Estamos atravesando no solamente una dura crisis económica, sino también una peligrosa crisis política e institucional. En este contexto los partidos políticos deberían hacer un gran esfuerzo por recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos, cada vez más hartos de estos denigrantes espectáculos que manchan a toda una clase política compuesta en su mayoría por gente honesta. Hoy, como ayer, hay problemas de corrupción porque los partidos políticos no han resulto de forma clara el problema de su propia financiación y porque no han querido adoptar mecanismos de garantía y control en los procedimientos de contrataciones de las administraciones públicas o las regulaciones urbanísticas, ni han querido acabar con las grandes dosis de discrecionalidad que en ambos campos se aprecian. Es una asignatura pendiente y no se pueden permitir el lujo de volverla a suspender.

Le guste o no a la oposición socialista, la respuesta que el Partido Popular ha dado ante las informaciones publicadas sobre posibles irregularidades económicas ha sido rápida y certera. Tanto desde un punto de vista del funcionamiento interno del partido mediante una doble revisión de sus cuentas, como desde el punto de vista político con la próxima comparecencia de Montoro, el Presidente Rajoy ha establecido un camino transparente y lo ha hecho con una rapidez muy superior a la empleada por otros años atrás. Otra cosa es, y lo estamos viendo, que con estas medidas esté dejando sin munición a algunos francotiradores.

Santiago de Munck Loyola

Populares de la “casa” y para la “casa”.

Tras la presentación del Manifiesto por la Regeneración del PP de Alicante promovido por el Foro Plataforma Popular ( https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts) y la candidatura a la Junta Local del PP “Esperanza Popular” parece que algunos miembros del “aparato” del partido están haciendo correr toda clase de rumores sobre las intenciones de quienes participamos y promovemos este movimiento con el único fin desacreditarnos y de impedir la expansión de nuestras propuestas.

Lo primero que hay que dejar claro es que no existe la más mínima intención de promover ninguna candidatura independiente de cara a las futuras elecciones municipales, ni de provocar una escisión interna, ni, por supuesto, de crear un nuevo partido en la ciudad de alicante. Quien afirma lo contrario sencillamente miente.

Somos un grupo, cada día más numeroso, de afiliados del Partido Popular, algunos por ejemplo desde mucho antes de que lo fuese nuestro Presidente Provincial, que compartimos una misma preocupación por la forma de funcionar nuestro partido, que creemos que hay muchas cosas que mejorar internamente y que propugnamos una forma de hacer política sustentada en determinados valores y principios bastante ausentes, hoy por hoy, en la vida política de nuestro entorno. No es tan difícil de entender: queremos mejorar nuestro partido, corregir errores y ofrecer a los ciudadanos un proyecto político basado en la honestidad, la ejemplaridad, la austeridad, la transparencia y la eficacia en la gestión pública. ¿A quién le puede parecer mal eso?

Sabemos, porque lo sufrimos y porque así nos lo reconoce la inmensa mayoría de nuestros compañeros, que durante años los afiliados y los militantes de la ciudad de Alicante no han tenido el papel protagonista que legítimamente les corresponde. El PP de la ciudad de Alicante no ha funcionado como una organización política participativa y democrática. Por no tener no ha contado ni con una sede propia, ni tan siquiera con una simple página web. Ha sido un gueto, un coto cerrado en el que determinados grupos y “familias” se han repartido los puestos y en el que el militante sólo ha sido llamado para llenar mítines, cenas o realizar funciones de apoderados o interventores en las elecciones. Unos pocos han hecho y desecho a su antojo. ¿A quién puede molestarle que queramos acabar con este panorama? Evidentemente a quienes se han servido de nuestro partido, a los acomplejados que temen la competencia que la participación de cientos de afiliados más preparados que ellos les pudiera suponer y a quienes no creen en los principios y valores que inspiran el ideario político del Partido Popular. Así de sencillo, así de fácil y, por ello, tratan de de descalificarnos adjudicándonos objetivos e intenciones falsos.

Queremos que restituyan a los afiliados alicantinos todos sus derechos, empezando por la propia Junta Local de la Ciudad eliminada, sin consultar por supuesto con los militantes, en contra de lo establecido en los Estatutos Nacionales del PP y con el único fin de impedir un proceso interno democrático que pudiera poner en peligro el estatus de quienes de siempre han venido controlando la organización local y se han servido de ella.

Queremos que, una vez restituida, se convoquen elecciones internas con todas las garantías democráticas para lo que es imprescindible que se depure el censo de afiliados que está artificialmente inflado como consecuencia de las cainitas y estúpidas guerras internas entre campistas y zaplanistas.

Queremos presentar una candidatura sustentada en las bases de militantes, sin padrinos políticos ni tutelas, ofreciendo un programa y unos compromisos de actuación para la Junta Local basados en la democracia interna, en la participación permanente de los afiliados, en la formación política, en el debate interno, en la colaboración con los agentes sociales de la ciudad y en la exigencia a nuestros afiliados en cargos públicos de conductas honestas, ejemplares, transparentes y austeras. ¿A quién le parece mal esto? ¿Quiénes y por qué combaten con insidias estos objetivos?

Porque somos vecinos alicantinos comprometidos con nuestro partido y con nuestra ciudad nos duele profundamente el panorama muchas veces bastante desolador que se ofrece ante nosotros. No queremos permanecer inactivos ni pasivos, porque no podemos ser cómplices de una realidad que no nos gusta. Las cosas se pueden corregir desde dentro y si hubiese canales internos de debate y participación no haría falta salir a los medios de comunicación, muchos de los cuales por cierto nos ignoran, para expresar estas ideas. Cada uno de los militantes del PP de la ciudad de Alicante tenemos una responsabilidad que no podemos, ni debemos eludir por comodidad, cobardía o simple desánimo. En nuestras manos está poder cambiar las cosas.

Santiago de Munck Loyola

Impugnación contra la supresión de la Junta Local del PP de Alicante.

El jueves, día 15 de noviembre, los miembros del Foro Plataforma Popular de Alicante presentaron el Manifiesto por la Regeneración Interna del PP de la ciudad de Alicante. Entre los asistentes a dicho acto, se encontraba un compañero de Partido, Francisco Mestre, que tomó la palabra al finalizar el acto para expresar su sentimiento de pena por muchas cosas que se habían dicho. Dijo que era cierto que en 21 años de militancia en la ciudad sólo había recibido dos cartas de la organización popular alicantina, pero que éso nunca le había impedido participar en la vida interna del partido. Como prueba de su afirmación señaló no sólo que había podido participar en las reuniones previas en las que se discutieron los textos de las ponencias del último Congreso Provincial, sino que además formaba parte de la nueva Comisión Jurídica que se había constituido pocas semanas atrás. Preguntado entonces por qué no se había contestado a la impugnación que varios militantes habían presentado en octubre contra de decisión del Comité Provincial de suprimir la Junta Local de Alicante, contestó que no tenía conocimiento de ninguna impugnación y que nadie les había dado traslado de la misma, pero que exigiría de inmediato que se trasladase dicho documento. 

¿A éso le llaman participación? ¿Éso es transparencia? Bueno, pues aquí tienen el texto de la impugnación, por si se lo siguen ocultando a los miembros de la Comisión Jurídica.

Santiago de Munck Loyola.

A/a Sr. Presidente Provincial de Alicante.

A/a Comité Ejecutivo Provincial.

Los abajo firmantes, afiliados del Partido Popular, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/ __________ de Alicante,

EXPONEN

Que han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la decisión del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, adoptada el jueves 11 de octubre de 2012, de cesar a la Junta Local de la Ciudad de Alicante, de nombrar una Gestora, de suprimir la Junta Local de la Ciudad, no convocando por tanto las preceptivas elecciones internas a la Presidencia de la misma, y de crear entre diez o doce Juntas de Distrito.

Que, al parecer y según se desprende también de declaraciones de los dirigentes Provinciales, la desaparición de la Junta Local de la ciudad de Alicante y su sustitución por Juntas de Distrito se haría siguiendo el modelo de la ciudad de Madrid y no el de Valencia donde sí existe una Junta Local.

Que, considerando esta decisión contraria al espíritu y la letra de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y a los principios de democracia interna, participación e información, es por lo que solicitamos su anulación sobre la base de las siguientes

CONSIDERACIONES

1ª El Art. 18 “Principios de organización interna” señala lo siguiente:

La organización y estructura general del Partido Popular se configura en orden a los siguientes principios básicos:

b) La promoción de cauces para el debate en el seno del Partido, como expresión de su democracia interna.

c) La participación, en igualdad de oportunidades,  de todos y cada uno de los afiliados, como eje fundamental de vertebración del Partido.

Es evidente que la decisión de la Junta Provincial, legitimada por una interpretación literal del Art. 14.3 de los Estatutos Provinciales, afecta de forma directa a la organización y estructura del Partido Popular de la ciudad de Alicante que inexorablemente debe estar configurada por la promoción del debate en el seno del partido como expresión de la democracia interna y, además, con la participación de todos los afiliados en igualdad de condiciones. Suprimir la Junta Local de la ciudad de Alicante supone modificar la estructura y la organización local e, ignorando los principios de organización interna, la dirección provincial ha adoptado esa decisión sin debate de los afiliados afectados, sin la más mínima consulta a los mismos y, por supuesto, sin participación de los afiliados de la ciudad de Alicante. Esta decisión, por tanto, ha prescindido de la democracia interna como eje fundamental de la vertebración del partido y además, con ello, quiebra la igualdad de oportunidades de los afiliados de Alicante que no han gozado, ni gozarán de los mismos derechos que ostentan los afiliados de las organizaciones locales vecinas.

Además, tomar una decisión de tanta trascendencia a pocos meses de la celebración del Congreso Provincial en el que el entonces candidato y hoy Presidente Provincial no anunció su intención de suprimir la Junta Local más importante de la Provincia es absolutamente injustificable: o bien entonces se tenía decidido tomar una decisión como ésta y se ocultó deliberadamente a los compromisarios o bien se está improvisando ahora. En cualquier caso no es admisible desde una perspectiva democrática y transparente y exige una explicación formal a los miles de afiliados de la ciudad de Alicante.

2ª El Artículo 19.3 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular señala que “el Partido Popular, a través de sus estructuras territoriales, procurará su presencia permanente en todos los municipios mediante la creación y potenciación de las Juntas Locales”.

Por su parte, el Artículo 20.5 de los Estatutos nacionales, al igual que el Artículo 14.3 de los Provinciales, señala que “en los municipios cuyo número de habitantes o afiliados así lo exija, podrán constituirse Juntas de Distrito por acuerdo del Comité Ejecutivo Provincial, insular o Regional, en el caso de las demás Comunidades Autónomas Uniprovinciales, correspondiente”.

Es evidente que el principio de jerarquía normativa lleva a poner de relevancia, en primer lugar, el contenido del Artículo 19.3 de los Estatutos Nacionales. Del mismo se deduce que las estructuras territoriales, en este caso, la dirección de la Provincia de Alicante, debe procurar la presencia permanente del Partido Popular en todos los municipios mediante la creación de Juntas Locales en aquellos en los que no exista y mediante la potenciación de las Juntas Locales que ya existen, como es el caso de la Ciudad de Alicante. Y, como cualquiera puede entender, potenciar una Junta Local no es precisamente suprimirla, ni sustituirla por Juntas de Distrito. Éstas, las Juntas de Distrito, son órganos auxiliares y descentralizados de las Juntas Locales, pero no órganos sutitutorios. Si ésa fuese la finalidad prevista en los Estatutos Nacionales, es más que evidente que sobraría, en su actual redacción, el Artículo 19.3. Y, además, si ésa fuese la finalidad del Artículo 20.5 de los Estatutos Nacionales lo que establecería sería la posibilidad de sustituir las Juntas Locales por Juntas de Distrito. Por tanto, no cabe más remedio que deducir que la decisión de la dirección provincial de Alicante se sustenta en una interpretación forzada de los Estatutos del Partido Popular, contraria al espíritu y la letra de los mismos que, además, no se basa en motivos objetivos, ni mucho menos, en principios democráticos de participación de los afiliados afectados.

No cabe alegar, por otra parte, que la decisión obedece al número de habitantes o de afiliados porque de ser así habría que plantear los mismos motivos y aplicar la misma decisión a la ciudad de Elche, si no se quiere seguir profundizando en agravios comparativos para los afiliados de Alicante a los que se relega a una categoría inferior en sus derechos políticos.

Y tampoco es de recibo tratar de importar el modelo de la ciudad de Madrid que, ni por habitantes, ni por número de afiliados, es comparable a la ciudad de Alicante. Madrid cuenta con 3.200.000 habitantes (10 veces la población de Alicante) y el Partido cuenta con 21 Juntas de Distrito que se corresponden prácticamente con las Juntas Municipales del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que al partido está estructurado en torno a las Juntas Municipales, algunas de las cuales hasta hace unas décadas eran municipios independientes y, como tales, conservan ciertas particularidades. Existe pues una lógica administrativa y política en la estructuración del Partido Popular en la ciudad de Madrid que no se da, ni por casualidad, en la ciudad de Alicante. Por tanto, es evidente que tras la decisión de suprimir la Junta Local de la ciudad y de sustituirla por Juntas de Distrito no hay una razón políticamente lógica y coherente y que obedece a otras causas y razones públicamente injustificables.

3ª La Junta de la Ciudad de Alicante ha estado prácticamente inactiva durante los últimos años, tal y como ha venido denunciando los medios de comunicación, y los afiliados de la misma han sido ignorados políticamente, sin participación en la vida del partido salvo para ejercer de apoderados e interventores, asistir a mítines o cenas del partido.

Sin embargo, existencia de la Junta Local de Alicante es imprescindible para que el Partido Popular tenga una presencia única en la vida política y social de la ciudad. La sociedad alicantina necesita un interlocutor popular, no diez, que aborde de forma global y con visión de conjunto los problemas y las necesidades de la ciudad. Y esa interlocución sólo puede constituirse y nacer desde la voluntad democráticamente expresada por los afiliados de la ciudad, únicos depositarios y titulares de derechos políticos en el Partido Popular.  Y eso sólo se puede alcanzar a través de un proceso interno limpio, transparente y democrático.

Resulta incomprensible el objetivo y los esfuerzos de la dirección provincial por impedir que el PP de la ciudad de Alicante exista y funcione como el instrumento político y territorial que los Estatutos Nacionales configuran y que no vuelque sus esfuerzos en el requisito previo y fundamental en todo proceso democrático: la depuración del censo de afiliados de la ciudad. De todos es sabido que dicho censo está enormemente inflado, que contiene muchas anomalías e irregularidades y que debe ser puesto al día de forma inmediata y urgente.

4ª Por último, es preciso considerar que, al parecer, la decisión de suprimir la Junta Local de Alicante no estaba incluida en el orden del Día del pasado jueves 11 de octubre por lo que dicha decisión está además viciada en cuanto a su tramitación.

Por todas estas consideraciones, es por lo que

SOLICITAMOS

1º Que sea anulada la decisión del Comité Ejecutivo Provincial de Alicante de suprimir la Junta Local de la Ciudad de Alicante.

2º Que sea anulado el nombramiento de la Gestora y que sean repuestos en sus cargos, hasta la celebración de elecciones locales, aquellos que fueron elegidos por los afiliados de la Ciudad de Alicante, salvo que hayan cometido infracción estatutaria penada con la destitución.

3º Que se abandone la decisión de crear Juntas de Distrito y que dicha posibilidad quede en manos de los afiliados a través del debate interno y, en su caso, que dicha posibilidad sea respaldada mediante la elección de una Junta Local que la incluya en su programa electoral.

4º Que se proceda a constituir urgentemente una Comisión técnica que en el plazo de dos meses proceda a la depuración del censo de afiliados de Alicante o que, en su caso, se remita esta tarea a los órganos nacionales del partido habida cuenta la gravedad de las posibles irregularidades existentes.

5º Que, depurado el censo de afiliados, se proceda a convocar las elecciones a la Junta Local de la Ciudad de Alicante.

6º Que se entregue copia del Orden del Día del Comité Ejecutivo del día 11 de octubre de 2012 en el que se aprobó esta decisión así como copia certificada del acta de dicha reunión.

En Alicante, a dieciocho de octubre de 2012.

Facturas informativas políticas.

Poco a poco se ha ido extendiendo la costumbre en determinados servicios públicos básicos entregar al usuario una factura informativa en la que se detallan los costes en los que la administración ha incurrido por el servicio prestado. Dicho de otro modo, se le entrega al usuario una factura con lo que se supone que debería haber pagado si no estuviese protegido por el sistema. En la Comunidad Valenciana, uno va al Centro de Salud a recoger las recetas que le ha prescrito el médico, en el caso por ejemplo de los enfermos crónicos, y junto a las mismas se le entrega amablemente la factura informativa con el importe total de las medicinas. En el caso de la Comunidad Andaluza te entregan, por ejemplo, la factura informativa del tratamiento o de la estancia hospitalaria en su caso. Parece que en la Comunidad de Madrid también se están emitiendo este tipo de documentos.

Nos dicen los responsables políticos que esto se hace con el fin de sensibilizar y concienciar a los ciudadanos del valor que tienen los servicios que se nos prestan desde las administraciones públicas. Se desconoce de dónde ha surgido la idea de que los ciudadanos no estamos sensibilizados, ni valoramos los servicios públicos que nosotros mismos pagamos, pero, en fin, doctores tiene la Iglesia, y si los expertos en estas cuestiones creen que es una buena iniciativa y que es necesaria pues adelante. Sin embargo, hay quien sostiene que esta iniciativa persigue en el fondo hacer que el ciudadano se sienta algo culpable por generar tanto gasto poniéndose enfermo y que así se desincentive de forma subconsciente el uso de los servicios públicos.

Hace pocos meses, a propósito de estas iniciativas, las redes sociales se “incendiaron” con una contrapropuesta original: entregar a cada político una factura informativa del gasto que origina cada vez que usa el coche oficial, o la tarjeta Visa o realiza un viaje con cargo a los presupuestos públicos. Sin embargo parece que esta propuesta peca de cierta ingenuidad. Por una parte, los políticos saben perfectamente lo que cuesta cada una de sus actuaciones porque son ellos mismos los que las presupuestan y las aprueban, por lo que la efectividad de esta propuesta resultaría muy limitada. Además, a ello hay que añadir que los gastos en los que incurren los políticos los abonamos nosotros, los contribuyentes, y consiguientemente deberían ser los pagadores los que tuvieran conocimiento detallado de esas facturas informativas.

Factura Informativa imaginaria del Congreso.

Es casi seguro que si se publicaran facturas informativas, en cada uno de los niveles de las diferentes administraciones, detallando los gastos de los políticos sí que se produciría un efecto desincentivador. Nada teme más un político que la transparencia y la publicidad en los gastos que él mismo origina. Si se publicasen mensualmente en los municipios las facturas informativas de los gastos que los alcaldes y concejales realizan en comidas, en desplazamientos, atenciones protocolarias o en móviles, por ejemplo, seguro que se produciría de forma inmediata un brusco descenso en sus cuantías. Imagínese el lector que el Congreso de los Diputados, en su página Web, publicase mensualmente los nombres de los diputados y las cantidades abonadas por sus viajes privados. Seguro que al mes siguiente pocos diputados volverían a aparecer en la siguiente factura informativa. No existe complicación alguna para hacerlo. Tan sólo se necesita voluntad de transparencia.

Nadie debería poner objeción alguna a que los pagadores, los contribuyentes, recibieran o pudieran tener acceso a esas facturas informativas. Ya que tenemos que pagar de todos modos, sepamos al menos por qué, cuánto y a quién. No es mucho pedir ¿no? Bueno, tratándose de nuestra clase política es sencillamente pedir peras al olmo.

Santiago de Munck Loyola