Ciudadanos de y para Alicante.

Alicante, nuestra ciudad, no es sólo la capital de la cuarta provincia más poblada, no es sólo la segunda ciudad por población de la Comunidad Valenciana, ni tan sólo la undécima mayor ciudad de España. Es mucho más, es ante todo nuestro hogar, el de los que en ella han nacido y el de los en ella hemos elegido vivir, un crisol de culturas, un gran proyecto de futuro que engarza como pocos otros sitios tradición y vanguardia. Un hogar cálido, generoso, pacífico y acogedor. Una sociedad dinámica, activa y pujante repleta de posibilidades aún por desarrollar. Pero esta gran ciudad, nuestra ciudad y sus ciudadanos, no han alcanzado aún ni han podido desarrollar todo su potencial porque ni se la trata con justicia ni su clase política ha sabido estar a la altura suficiente para impedirlo. Alicante lleva años siendo la víctima de la sumisión de sus dirigentes a los intereses partidistas de sus grandes formaciones políticas. Han callado una y otra vez ante decisiones discriminatorias que han perjudicado notablemente a la provincia y a su capital, nuestra ciudad. Y han deteriorado la imagen de la gestión de nuestra ciudad, escándalo tras escándalo, titular tras titular.
Ante esta situación, ante la falta de regeneración de las organizaciones políticas de la ciudad y ante su incapacidad de anteponer los intereses de los alicantinos a los de sus partidos, somos cada día más los ciudadanos que hemos decidido decir ¡Basta ya! Y hemos elegido transformar nuestro desencanto, nuestras ideas y proyectos en acción. Hemos decidido pasar de las palabras a las obras y de los eslóganes a los hechos. Hemos apostado por dejar de ser meros espectadores o críticos pasivos a trabajar activamente por devolver el destino y el futuro de la ciudad a sus únicos propietarios, los ciudadanos. Alicante, nuestra gran ciudad, merece ese esfuerzo porque su futuro, nuestro futuro como ciudadanos, sólo debe depender de lo que cada uno de nosotros decida aportar.
Los ciudadanos comprometidos con Alicante y preocupados por su presente y su futuro somos plenamente conscientes de que para poder contribuir a la construcción de un brillante futuro para nuestra ciudad hace falta hacerlo desde la política activa, desde el trabajo a pie de calle y concurrir a las urnas con una oferta electoral sincera, creíble y veraz. Y por ello nos hemos puesto a trabajar en la constitución de un partido de y para los ciudadanos de Alicante. Un partido que apuesta por la regeneración democrática como condición previa indispensable para poder desarrollar una política honrada y basada en el sentido común.
Somos plenamente conscientes de que no es una tarea fácil. Las malas expectativas electorales de las tradicionales fuerzas políticas de la ciudad, al igual que en el resto de la Comunidad Valenciana, están generando excesivas expectativas que promueven extraños movimientos en ciertos sectores y personajes siempre dispuestos a situarse allí donde crean que el sol más pueda calentar. Se detectan prisas y urgencias para posicionarse y codazos para lograr el mejor acomodo posible. Algunos tratan de importar de sus antiguas formaciones precisamente viejos y caducos hábitos que tanto daño han hecho a la credibilidad de los partidos políticos. Y se equivocan porque el crecimiento de una nueva opción ciudadana al servicio de los alicantinos sólo puede sustentarse sobre la base de la transparencia, de la participación y de la democracia interna. Ni padrinazgos, ni tutelas, ni recomendaciones, lo único que puede contar aquí y ahora es la voluntad de la militancia. Todo lo que no sea así ya está inventado y es patrimonio de los partidos tradicionales.
No va a ser fácil pasar de las frases a los hechos, pero la tarea merece la pena. La añoranza que a veces pudiera nacer por el abandono de unas siglas desaparece cuando se constata que esas siglas hace tiempo que abandonaron los principios que una vez representaron. Y merece la pena, sin ninguna duda, trabajar sin ataduras, sin sumisiones y desde la lealtad a esos principios por el progreso de una gran ciudad como es Alicante, nuestro hogar. Y a esa tarea quiero invitar a todos los ciudadanos de Alicante que hartos de la actual situación apuesten por un futuro brillante, solidario y construido entre todos. En Esperanza Popular – Movimiento de Bases hemos decidido hacerlo y estamos convencidos de que con Ciudadanos podremos lograrlo.
Santiago de Munck Loyola

El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.

El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.
Dice crear una corriente de opinión contraria al interés del Partido.
(Página 1, El Mundo, Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).
El PP expedienta al militante alicantino que pidió apartar a los cargos imputados.
Le acusa de “creación de corrientes de opinión contraria a los intereses del partido”.
H. Fernández/Alicante.
El PP de la Comunidad Valenciananotificó el pasado viernes, con fecha 29 de abril, al líder de Esperanza Popular, el afiliado alicantino Santiago de Munck, la apertura de un expediente informativo por parte del Comité de Derechos y Garantías (órgano disciplinario regional) por “participar de forma activa en actos dirigidos a crear o inducir la creación de corrientes de opinión contrarias a los intereses del partido”. Se da la circunstancia de que de Munck es el único afiliado del PP de Alicante que se ha atrevido a pedir públicamente que los cargos públicos del partido cumplan con los principios de “austeridad, honestidad y eficacia en la gestión pública” y que se aparten “de su seno a cuantos vulneren dichos principios”. De Munck fue así de claro ante la triple imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su vicealcalde Andrés Llorens, entre otros cargos públicos de la ciudad y diputados de las Cortes Valencianas salpicados por supuesta corrupción.
El escrito, firmado por el instructor del caso y diputado Felipe del Baño, le da la oportunidad a De Munck de responder en un plazo de 15 días y ayer mismo el afiliado contestó que le es “imposible efectuar alegación alguna en mi defensa si no se me da traslado del expediente íntegro que sirve de base para la incoación del expediente informativo”. También se queja de que “estamos ante un claro supuesto de indefensión que sumado al previo anuncio” en un medio de comunicación provincial el 22 de febrero “retrataría perfectamente el modo de proceder del Comité de Derechos y garantías”.
De Munck además muestra su extrañeza con que se abra expediente “sin haber resuelto previamente el recurso que presenté por la vulneración por parte de la dirección local y de la provincial de Alicante de mis derechos políticos recogidos en los estatutos del partido, sin que se haya pronunciado tampoco sobre la apertura o no de expedientes informativos a los cargos del partido que han venido incumpliendo los estatutos del partido y de cuyas actuaciones he informado y sin que tampoco haya resuelto el Comité Nacional de Derechos y Garantías otro recurso que he presentado”.
De Munck, que es interventor (1) municipal de Monforte del Cid, se opuso desde el primer momento a la división de la Junta Localdel PP de Alicante en distritos, una decisión tomada por el presidente provincial del PP de Alicante, José Ciscar, a su llegada al cargo. Para De Munck y los suyos esta decisión debía haberse votado en el seno del partido.
Fue entonces cuando, junto a otros compañeros del Partido agrupados bajo Esperanza Popular, redactó un manifiesto “por la regeneración interna del PP” que recogió cerca de 400 firmas y que elevó a Madrid, a la secretaría general del PP, María Dolores de Cospedal. Posteriormente De Munck y sus afines comenzaron a trabajar en la campaña interna del PP local de Alicante abriendo un foro público de discusión que en principio iba a ser oficina electoral. No obstante la provincial ha paralizado el proceso de los distritos. En este tiempo, la cúpula del PP alicantino envió información al comité disciplinario para que actuase contra el afiliado por todo lo anterior.
(1)   Se trata de un error. Es funcionario, pero no Interventor.
ORGANIZACIÓN.
Y los distritos, paralizados.
Mientras se incoa el expediente contra el afiliado Santiago de Munck, la dirección provincial ha ralentizado la implantación de los distritos de la junta Local del PP de Alicante a la espera del futuro judicial de la alcaldesa (una probable apertura de juicio oral por tres graves delitos en la trama “Brugal”) y en previsión de que ella utilizase este proceso para reivindicarse ante la militancia y si gana, ante los órganos superiores del partido cuando llegue la confección de listas electorales. El proceso se encuentra estancado en la redacción de un reglamento de funcionamiento.
(Página 5, El Mundo, Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).

Alicante: paradigma de la discriminación pública.

Un somero examen de los datos y cifras socio económicos pone en cuestión, muchas veces, la eficiencia de las administraciones públicas y la propia capacidad de gestión de muchos políticos. Y éso es lo que ocurre especialmente cuando echamos un vistazo a la situación de nuestra provincia.
En primer lugar, contrasta poderosamente el empuje, la capacidad y la creatividad de la sociedad alicantina con los resultados de la gestión pública. Alicante es la cuarta provincia de España no sólo por su población, superior incluso a la de varias Comunidades Autónoma, sino que es, además, la cuarta por Producto Interior Bruto. Y ello a pesar de que las inversiones públicas, tanto del estado, como de la Generalitat Valenciana, en la Provincia han sido claramente insuficientes y discriminatorias con respecto a las realizadas en otros territorios, es decir, que Alicante está en el cuarto puesto a pesar de la falta de impulso de las Administraciones Públicas o lo que es lo mismo soportando una pesada losa pública.
Durante mucho tiempo, se ha venido denunciando por parte de una parte de la clase política la discriminación que suponía la escasa inversión anual de los Gobiernos de Zapatero. Según los datos del estudio recientemente publicado de INECA, las inversiones anuales del Estado han venido estando muy por debajo de la media nacional y esta anómala situación, paradójicamente, no se ha corregido en el ejercicio 2013, con el Gobierno del Partido Popular. La inversión del Estado por habitante en la provincia de Alicante en 2013 está un 40% por debajo de la media nacional. Por cada alicantino el Estado invertirá 132,53 euros, lo que supone 90,31 euros menos que la media nacional. Siendo la cuarta provincia en número de habitantes y en PIB, Alicante pasa a la posición 44 si se atiende al número de censados y a la posición 14 si se atiende al PIB. Para que nos hagamos una idea, desde 2008 a 2013, la Provincia de Alicante ha percibido del Estado 1.662 millones de euros menos de lo que debería haber recibido atendiendo a su población.
Y si analizamos las inversiones de la Generalitat Valenciana, de las que no se puede culpar a los gobiernos de Zapatero, nos encontramos con que representando Alicante el 40% de la población de la Comunidad Valenciana en los últimos cinco años sólo ha recibido el 29 % de las inversiones de la Generalitat, es decir, 210 millones de euros menos de lo que le correspondería por su peso poblacional. Señala el estudio de Ineca que entre 2008 y 2012 la Generalitat Valenciana gastó en infraestructuras 802,85 euros por cada castellonense censado; en Valencia la suma equivale a 502,19 euros por persona; mientras que en Alicante la cifra desciende a tan sólo 376,66 euros.
Se trate del Gobierno central o del autonómico, gobierne el PP o el PSOE, se reproduce exactamente la misma tendencia, el mismo criterio de discriminación hacia los alicantinos. No valen excusas, las cifras cantan y las responsabilidades son tan evidentes que es difícil encontrar justificaciones a las mismas.
Pero hay más cifras que ponen en cuestión la justicia y la solidaridad de nuestro actual sistema político en relación al trato que reciben los alicantinos. Un pensionista alicantino recibe de media 741,57 euros mensuales mientras que la media nacional es de 849,60 al mes y la regional es de 781,30 euros. Y en la provincia hay con 293.743 pensionistas. El año pasado los magistrados de la provincia de Alicante recibieron 5.645 procedimientos por desahucios, de los que ordenaron un total de 5.373. A nivel nacional, los magistrados ordenaron 101.304 desalojos a lo largo del año pasado. Los datos colocan a la provincia de Alicante como la tercera de España en lanzamientos de viviendas registradas en los juzgados por lo que también salimos peor parados en la media.
Nos cae ahora, si no se remedia, le decisión del Gobierno de elevar hasta los 400 hm3 la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía recortando entre 40 hm3 y 50 hm3 el caudal anual disponible para trasvasar a Alicante y Murcia, poniendo en serio peligro la continuidad del riego tan esencial para la agricultura de la Provincia. Si escasa y cara es el agua para nuestra agricultura, tampoco encontramos compensación en el agua para consumo doméstico que es una de las más caras de España y la más cara si atendemos al tramo de contadores de 15mm y consumo de 10m3 mensual.
Y si queremos seguir analizando otras cifras nos encontraremos con resultados similares y conclusiones parecidas. Alicante es lo que es gracias a su población, a su sociedad más que gracias a la clase política. Y Alicante podría ser mucho más si no fuera por quienes nos representan y nos gobiernan. Pero, sobre todo, se quedan en el aire algunas preguntas, con estos datos ¿a qué c… se dedican nuestros representantes provinciales? ¿Cómo se puede lograr que Alicante alcance el peso que le corresponde ante la Generalitat o ante el Estado? ¿La Provincia más dinámica, más abierta y cosmopolita de la Comunidad Valenciana puede seguir así indefinidamente?
Santiago de Munck Loyola

Paro y desahucios: dos caras de la misma moneda.

Estos días se están cruzando dos noticias, dos datos íntimamente ligados que reflejan claramente la dramática situación por la que atraviesa nuestra sociedad: el aumento del paro y el incremento de los desahucios, causa y consecuencia, cara y cruz de esta crisis. Al respecto y en torno a las diferentes reacciones que ambos datos provocan, merece la pena hacer algunas reflexiones. 

El aumento del paro no da tregua alguna. Mes tras mes los datos siguen siendo malos, ya se analicen los de la EPA o los del paro registrado. Intentar vislumbrar signos esperanzadores en las ligeras variaciones que dichos datos puedan ofrecer no desvirtúa lo esencial, la persistencia de un auténtico drama social, la extensión de la pobreza, el mantenimiento de una tendencia destructora de las vidas de millones de españoles que han de afrontar el futuro en condiciones cada vez más penosas. En la Provincia de Alicante el paro ha subido un 1,51% durante el mes de octubre, 3.359 desempleados más lo que supone 225.796 personas sin empleo en la Provincia de Alicante. Son casi 44.000 los hogares alicantinos en los que no se percibe ningún ingreso, ningún subsidio o ayuda. La pobreza se sigue extendiendo inexorablemente. Y si utilizamos como dato de referencia la EPA las cifras aumentan notablemente. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios siguen creciendo de forma alarmante. Es verdad que un buque transatlántico, como la economía española, no se detiene, ni varía su rumbo de forma automática, sino que necesita un largo espacio para invertir el rumbo, pero no parece que las diferentes medidas adoptadas durante el último año hayan variado la inercia heredada, entre otras cosas, probablemente porque no están siendo todo lo correctas que debían haber sido. Una cosa está clara, las medidas hasta ahora tomadas no se corresponden con buena parte del programa y la filosofía política del PP. Más impuestos, supone menos consumo, más paro, más gasto social, más déficit y mayor deuda pública a acumular al inmenso agujero negro dejado por el PSOE.

Una de las consecuencias más dramáticas del creciente y prologado paro es la pérdida de la vivienda. Y en la inmensa mayoría de los casos no se trata sólo de que se pierda la vivienda, sino de que, además, el deudor permanece como tal durante años impidiéndole cualquier expectativa razonable para rehacer su vida. No está de más recordar que en el año 2011, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se opusieron en el Congreso a tramitar una proposición de ley para que la deuda hipotecaria de las familias que no pudiesen hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudieran ser saldada con la entrega de la vivienda, con la dación en pago. El nuevo Gobierno aprobó hace unos meses un código de buenas prácticas bancarias que sólo ha servido para paliar la situación de unas 800 familias mientras que han seguido su curso decenas de miles de procedimientos de ejecución bancaria. Este año, más de 150.000 familias habrán perdido su hogar y, además, seguirán endeudadas con el banco que se queda con su casa. Hace pocos días, un ciudadano se suicidó tras recibir la notificación del desahucio lo que ha servido desgraciadamente para poner el asunto en la agenda de los políticos.

Hoy, el PSOE, que el año pasado se opuso a la dación en pago “porque podría desestabilizar el sistema financiero”, ha anunciado a bombo y platillo una ofensiva publicitaria en toda España para presentar la iniciativa que ha planteado el Congreso para frenar los desahucios. La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha resaltado que la proposición de ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia pretende «cambiar la ley», porque «trata de mirar a las personas, se trata de un rescate de ciudadanos». Bonita frase, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Y, como ahí no puede quedar la cosa, los socialistas, fieles a sus costumbres, se van a dedicar a presentar mociones en los Plenos de los Ayuntamientos que no tienen competencia alguna en la materia para utilizarlos, sin ningún tipo de escrúpulos, como simples cajas de resonancia política.

Por su parte, también hoy, la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal ha subrayado que «hay que diferenciar» entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga por que los primeros den «un tratamiento distinto» a estas ejecuciones ya que «el dinero que les viene es público» y que hay «muchas cosas que se pueden hacer, no solo la dación en pago» para «limitar la sangría y el drama social» de los desahucios, y ha abogado por «trabajar en buscar vías que puedan flexibilizar esta situación». Pues bien, si hay que diferenciar entre los bancos que han recibido dinero público en el tema de los desahucios ¿por qué no extender esta “diferenciación” a otros ámbitos como el de las retribuciones de sus directivos? La realidad, al día de hoy, es que bancos sostenidos con dinero público, de los contribuyentes, están ejecutando las hipotecas de esos contribuyentes como cualquier banco y que sus directivos llegan a cobrar hasta 750.000 € anuales de ese dinero público. ¿Es moralmente aceptable? Claro que la dación en pago no es el único instrumento legal que puede ponerse en marcha, pero el tiempo sigue pasando y, hasta ahora, es la única propuesta socialmente aceptada encima de la mesa y ya está tardando el Gobierno en plantear soluciones rápidas y eficaces a este drama.

Se mire por donde se mire, los casi 500 desahucios diarios que se están produciendo en nuestro país son una drama colectivo y una inmoralidad absoluta, por muy legal que sean, que exigen una respuesta inmediata del conjunto de la clase política que no está, una vez más, a la altura de los retos de nuestra sociedad.

Santiago de Munck Loyola

¿Miedo o alergia a las urnas en Alicante?

Durante años la mayor parte de los afiliados y simpatizantes del Partido Popular de la Ciudad de Alicante hemos asistido atónitos a las peleas entre diferentes grupos y clanes del partido agrupados en torno a determinadas personalidades. No se trataba de rivalidades o diferencias en torno a unas u otras ideas políticas, a debates ideológicos sino a personalismos egoístas con todas las consecuencias que ello conlleva. ¡Quítate tú para ponerme yo y, de paso, a los míos! Y “los que no están conmigo están contra mí”, obligando con ello a muchos afiliados a tomar partido, a ponerse una etiqueta con tal de tener cobijo en una determinada facción. El espectáculo indigno y bochornoso se completó, no hace mucho, con espectaculares cambios de chaqueta y de lealtades de algunos dirigentes locales. Es cierto que un árbol fuerte y grande puede ser arrancado por un vendaval y por eso algunos han preferido siempre ser simples juncos para inclinarse en la dirección del viento dominante.

Ni una palabra, ni una idea, ni un solo debate ideológico durante años. En muchos lugares, al alcanzar el poder, el Partido Popular se ha ido transformando paulatinamente pasando de ser un Partido de fuerte y abnegada militancia a un partido dominado por los cuadros, por el cuerpo de “profesionales” de la política. A ello hay que añadir un curioso y significativo proceso de absorción de “medradores”, de gente que no habiendo nunca militado en el Partido, y habiéndolo hecho a veces en otros, se ha ido incorporando o ha sido invitada a incorporarse y la generosidad del Partido ha sido tal que han terminado ocupando cargos públicos pasando por delante de la vieja militancia, e incluso dando lecciones sobre lo que debería ser el PP, a pesar de una evidente carencia de capacitación profesional y política. Y todos conocemos muchos casos con nombres y apellidos.
Lo cierto es que estos procesos han sido posibles porque mientras se han venido sucediendo los triunfos electorales pocos se han atrevido a cuestionar unos métodos bastantes alejados de lo que se supone debe ser un partido en el que impere la democracia interna real, no sólo la formal, un partido basado en la voluntad exclusiva del afiliado, y no de los cuadros, y un partido sustentado en el debate interno, la participación y la información. En cualquier partido político, los mediocres, los inseguros, los líderes apadrinados desde arriba y los “medradores” siempre temen a la democracia interna y al debate porque sus vergüenzas podrían quedar al descubierto.
El Partido Popular de la ciudad de Alicante ha sido durante los últimos años un claro ejemplo de lo que no debe ser un partido político realmente democrático y al servicio del afiliado y de los ciudadanos. Ha sido un partido con una existencia nominal, sobre el papel, con muchos supuestos afiliados que le otorgaban un teórico peso que se compadecía poco con la realidad pero que servía perfectamente al reparto de cuotas de poder entre las distintas familias y clanes que lo dominaban, mejor dicho, que lo dominan. Los afiliados no eran convocados salvo para votar, en pocas ocasiones, listas en papeletas previamente marcadas, para cubrir las mesas electorales como apoderados o interventores o para asistir a cenas o mítines. En años no han sido convocados a una sola reunión ni para participar en el programa electoral, ni para hablar del PGOU, ni para tratar cualquier tema sobre la ciudad. Participación nula, información nula, debate nada de nada. El Partido gobernante de la ciudad no tiene ni sede propia ni, tan siquiera, una mísera página web para comunicarse con los ciudadanos o los afiliados. Algo increíble, pero absolutamente cierto.
Muchos pensábamos que con el cambio producido con la elección de José Ciscar como Presidente Provincial el panorama iba a cambiar. De sus palabras en el Congreso Provincial se desprendía un deseo de cambio profundo que, entre otras cosas, iba a suponer la devolución de la palabra a los únicos depositarios de la soberanía dentro del partido, los afiliados. Y le votamos. Sin embargo, parece que aquello fue un espejismo. La decisión de su Equipo de suprimir la Junta Local del PP de la ciudad de Alicante es una vuelta al pasado, a unos hábitos que pensábamos que iban a ser desterrados. Pese a algunas declaraciones a los medios de comunicación intentando suavizar el alcance de esta decisión lo cierto es que:
1º Se suprime la Junta Local del PP de Alicante, es decir, que el PP de la ciudad deja de existir como tal  al copiar el modelo de la ciudad de Madrid.
2º Se crean diez o doce Juntas de Distrito del PP con lo que el Partido Popular de la Ciudad no tendrá una única voz frente a la sociedad alicantina.
3º Se baja de categoría a los afiliados de la ciudad en comparación con localidades como la de Elche en la que incluso sería más adecuada la división en distritos dada su configuración territorial.
4º Se hace sin contar, una vez más, con la opinión de los afiliados.
Y ¿por qué han tomado semejante decisión? ¿Por qué hay muchos afiliados? ¿Por qué hay muchos habitantes? No, no es por eso y lo sabemos todos. Se toma esta decisión porque el Presidente Provincial no ha encontrado el candidato a Presidente de la Junta Local del PP de Alicante a su medida o si lo ha encontrado no tiene la seguridad de que pueda ganar. Y eso es escandaloso por la sencilla razón de que desde una perspectiva democrática a los únicos que debe preocupar encontrar al candidato idóneo es a los afiliados, no al Comité Ejecutivo Provincial. La democracia va de abajo a arriba, no a la inversa y eso lo sabemos los que militamos en el PP de toda la vida. Son los afiliados los que deben elegir un Presidente para el PP de la ciudad de Alicante y no el Presidente Provincial. ¿Tan difícil es de entender? Creo que para cualquier demócrata no lo es.
https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts
La supresión del PP de la ciudad de Alicante y su sustitución por Juntas de Distrito es una burda maniobra para controlar, una vez más, al PP de Alicante que estaba empezando a despertar. Que no intenten engañarnos. En los Estatutos Provinciales aprobados en el último Congreso se aprobó un artículos que preveía la posibilidad, no la obligación de crear distritos pero ese artículo es una simple transcripción de los Estatutos Nacionales del PP y, desde luego, nadie en aquel Congreso anunció su intención de “cepillarse” al PP de Alicante. O se mintió entonces o se improvisa ahora. En Política nunca hay nada definitivo y cuando se comete un error es mejor rectificar cuanto antes. ¿Por qué no dejan que los afiliados de la ciudad decidamos lo que queremos para nuestro partido? ¿Por qué tienen tanto miedo a las urnas? Sinceramente, un servidor no lo entiende.
Santiago de Munck Loyola

Enmiendas al XIII Congreso del PP de Alicante: más participación, medio ambiente y Ley de Costas.

El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del Partido Popular de la Provincia de Alicante convocado bajo el lema “comprometidos con la Provincia de Alicante”. Una vez más y como viene siendo habitual bajo la Presidencia Local de D. Julio de España los afiliados de la Ciudad de Alicante no han recibido ni una sola comunicación sobre la celebración de este cónclave Provincial. Las únicas noticias que los militantes populares sobre este Congreso provienen de los medios de comunicación. Los populares de la ciudad de Alicante ni han recibido una carta anunciándoles la celebración del Congreso, ni recordándoles su derecho a ser compromisarios para participar en el mismo. Es así como algunos entienden la participación de la militancia en un partido que no sólo debería proclamar su adhesión a los principios democráticos, sino que debería ejercerlos de abajo a arriba en su estructura interna.

Un servidor parece que va a participar gracias a que recibió la documentación precisa para ejercer sus derechos de afiliado de otra sede local y a que, esta vez, no ha sido preciso realizar una asamblea local.

El Congreso provincial servirá, tal y como determinan los Estatutos del PP, para elegir al Presidente Provincial que será, sin duda alguna, el candidato oficial José Císcar. Con ser ello relevante no es lo único que se va a hacer en el Congreso. Tanta importancia como la elección del Presidente y de la nueva dirección Provincial tienen las dos ponencias que se van a debatir y a aprobar: una ponencia política y una ponencia con el Reglamento del Partido provincial.

Sobre el contenido de estas ponencias hay que destacar una evidente contradicción entre ambas. De una parte, la ponencia política subraya en muchas ocasiones la voluntad del Partido Popular de Alicante de potenciar la participación de los ciudadanos en la vida política poniendo al servicio de este objetivo todos los cauces tecnológicos existentes. De otra parte, el proyecto de Reglamento, los estatutos provinciales, realizan una interpretación restrictiva de los Estatutos nacionales y de los Regionales de modo que la participación de los militantes populares en la vida interna del partido queda reducida a la mínima expresión. Hay una evidente contradicción entre el espíritu de la ponencia política y la ponencia de Reglamento que se salda con una retórica políticamente correcta hacia el conjunto de los alicantinos y una realidad estatutaria absolutamente cerrada a la participación interna. Así, no se deja ningún margen de actuación para que los militantes puedan ni tan siquiera opinar internamente sobre las candidaturas del partido en su ámbito territorial, ni para que los cargos electos rindan cuenta ante la militancia o para que ésta pueda trasladar a los mismos opiniones o sugerencias. Si no prosperan las enmiendas encaminadas a fomentar la participación interna y la corresponsabilidad de la militancia no se avanzará lo más mínimo en la consolidación y crecimiento de un proyecto político firmemente arraigado en la sociedad sino que se seguirá profundizando en un modelo de partido de cuadros, en una simple maquinaria electoral fuerte y eficaz, de momento.

En cuanto a la ponencia política hay tres aspectos muy importantes que se han omitido. Se trata del papel del voluntariado social en la crisis y las relaciones del PP con el mismo, el tratamiento de los residuos y su impacto provincial y el impacto de la vigente Ley de Costas en los bienes y derechos de miles de ciudadanos alicantinos afectados por su aplicación. Destaca especialmente este tercer “olvido” por tres circunstancias concretas: la anunciada revisión de la vigente Ley de Costas anunciada por el Ministro Arias Cañete, el tono reivindicativo frente a otras necesidades de la Provincia como son el AVE o los trasvases mientras se silencia esta reivindicación y las constantes y bien fundamentadas menciones a la política turística y al desarrollo de esta industria clave para la Provincia en la que tiene una especial incidencia a niveles europeos los “desaguisados” que la actual ley de Costas ha generado en la Provincia afectando a muchos residentes comunitarios. No se entiende que con 244 km. de costa en la Provincia no se haga mención al asunto.

Por ello, sería deseable que la Ponencia política incluyera el compromiso del Partido popular de Alicante también con los miles de afectados por la Ley de Costas que han visto como una norma aplicada con efectos retroactivos ha transformado su derecho de propiedad en una simple concesión administrativa con plazo de caducidad. Se trata de una reivindicación justa que debería ser asumida por el Partido Popular de Alicante para ser defendida en el Congreso de los Diputados buscando una solución justa con los propietarios expoliados y equilibrada con la defensa del medio ambiente.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

Una marea creciente.

En el día de hoy, el Portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando LLopis ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha subrayado el incremento de la mendicidad en las calles de Alicante y ha sugerido diferentes vías de actuación para atajar algunas de sus consecuencias. Ha mencionado la necesidad de que los servicios sociales y otras instituciones apoyen a las personas más necesitadas para que puedan acceder a recursos básicos de subsistencia y de que se actúe contra las mafias que al parecer recaudan dinero explotando a algunos mendigos. El activo Portavoz de UPyD (qué vitalidad política la suya si se compara con la otros grupos municipales) ha centrado buena parte de su mensaje, o al menos así lo han destacado algunos medios de comunicación, en la mala imagen que la mendicidad causa en una ciudad turística como la nuestra y en la necesidad, por tanto, de que la Policía aplique las normas existentes para erradicarla.

Es cierto que la mendicidad se ha multiplicado en los últimos años como consecuencia de la profunda crisis que vivimos, pero la mendicidad no es el problema, sino que es un síntoma y un reflejo del problema de fondo que no es otro que la enorme extensión de la pobreza en nuestra ciudad al igual que en tantas ciudades españolas. La crisis ha hecho mella, ha golpeado muy duramente en nuestra ciudad y se refleja en muchos otros aspectos, no sólo en la proliferación de la mendicidad.

No hace mucho, en un centro comercial cercano, una familia, el matrimonio y dos hijos pequeños, entraron por la mañana. Mientras la madre con los niños se dirigía al interior del establecimiento, el padre, muy azorado, se acercó a una de las cajeras y le dijo: “Disculpe señorita, mis hijos ayer no comieron nada, no tengo nada. Vamos a coger algo para que desayunen y no podemos pagarlo. Si quiere llame a la Policía”. Duro, pero real. Un reflejo de cómo están las cosas. ¿Qué hacer entonces?

La realidad de la calle, la que en muchas ocasiones no se quiere o no se puede ver desde los despachos es mucho más dura y grave que lo que pueda suponer la imagen de la mendicidad. Para hacerse una idea del contexto en el que nos movemos, el contexto del que surge la mendicidad hay que considerar algunos datos. En mayo, el número de parados en la Provincia de Alicante se situó en 223.591 personas, lo que significa 17.275 personas en desempleo más en relación al mismo periodo del año anterior. De estos 223.591 desempleados, solo están cobrando prestaciones 118.367 personas y de ellas más de 70.000 subsisten con una prestación asistencial que no llega ni a los 500 euros al mes. Los parados de la ciudad de Alicante superan los 36.000 y casi la mitad de ellos no percibe ningún subsidio.

Recientemente, el obispo de Orihuela-Alicante, Rafael Palmero, afirmó que unos 40.000 alicantinos se encontraban en una situación de extrema pobreza y que 360.000 más se hallaban en el umbral de la pobreza relativa. Los comedores sociales de la Iglesia están desbordados y la capacidad asistencial de su voluntariado al límite.

Según un comunicado de la Cruz Roja de Alicante, esta entidad atendió en el primer trimestre de 2012 a1.490 personas sin hogar a través de diferentes proyectos. En la provincia de Alicante, se han puesto en marcha proyectos como el de Unidades Móviles de Emergencia Social (UMES) para la asistencia de personas que viven en las calles.

Café, comida, abrigo, materiales de aseo e higiene, atención sanitaria y escucha son algunas de las labores que prestan los voluntarios. En los primeros meses del año se han atendido a 1.004 personas sin hogar por ola de frío en 17 localidades de la provincia. A lo largo del año pasado casi 5.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas en la Provincia de Alicante y para este año esa cifra va a ser ampliamente superada.

Si estos datos no reflejan por si solos una situación de auténtica emergencia social que va mucho más allá de los daños que a la imagen de la ciudad la práctica de la mendicidad puede provocar, es que no es posible sintonizar con la clase política. Estamos ante una situación social excepcional que exige medidas excepcionales por parte de todas las administraciones y una auténtica movilización solidaria de la sociedad.

En este contexto social sorprende que algunos se irriten (y no se imagina el lector hasta qué punto) cuando se critica la existencia en el Ayuntamiento de más asesores y cargos de confianza que de concejales, o se cuestiona que los ediles cobren hasta 1.500 euros por asistir a Consejos de Administración de las Empresa Públicas o se dude la necesidad de gastar más de 500 euros diarios en la reposición de plantas ornamentales, por citar algunos ejemplos. Pero, en fin, la sensibilidad social es muy variable.

La mendicidad no es el problema. La mendicidad es un reflejo más, y no el único, del problema de fondo, la creciente pobreza de miles de familias de nuestro entorno. Y no deberíamos olvidar que en estas circunstancias no hay diques que nos mantengan a salvo de esta marea creciente.

Santiago de Munck Loyola

El Congreso Provincial del PP de Alicante.


Estos días, los medios de comunicación ya dan por hecho quién será el próximo Presidente Provincial del PP de Alicante, D. José Ciscar, aunque al día de hoy no sea más que el único aspirante que ha hecho público su deseo de alcanzar dicho puesto. Dar por sentado que esto va a ser así es perfectamente coherente con la trayectoria seguida últimamente en algunos cónclaves del Partido Popular pero en modo alguno puede ser visto como un síntoma de salud democrática de esta organización. Como tampoco es muy positivo para esa salud la convocatoria de los Congresos Provinciales los días 14 y 15 de julio, es decir, en medio de un mes de vacaciones por excelencia en el que muchos afiliados estarán posiblemente de vacaciones y no podrán participar en dicho proceso, salvo que se trate precisamente de eso, de no incentivar la participación de la militancia para que el Congreso se convierta en el tranquilo, en un paseo triunfal. ¿Qué es eso de que D. José Ciscar presenta su candidatura en un “Congreso pactado”? ¿Pactado entre quién? Entre los afiliados no, desde luego. http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/05/24/ciscar-anuncia-candidatura-presidir-pp-alicante-congreso-pactado/1257030.html
Los más de 70.000 afiliados del Partido Popular de Alicante no podrán elegir de forma directa a su Presidente Provincial como tampoco pueden formular enmiendas a las ponencias congresuales porque así lo establecen los Estatutos de la organización. Su participación en el Congreso Provincial se hará de forma indirecta, es decir, a través de los compromisarios previamente elegidos en las Asambleas locales. Establecido y aceptado así el sistema, no estaría de más, si se cree de verdad en la democracia interna y en la participación y protagonismo del militante, que la Comisión organizadora del Congreso Provincial, presidida por D. Pascual Díaz, adopte en esta ocasión todas las medidas necesarias y reglamentarias para incentivar una posición activa de la militancia y una verdadera libertad interna sin que nadie se vea sometido a las intolerables presiones de las “familias y sensibilidades” que, al parecer, dominan la vida interna del partido. En los Estatutos del Partido Popular el único sujeto de derechos y obligaciones que figura es el afiliado, el militante. Por más que uno busque no aparece mención alguna a “familias, clanes o sensibilidades” como protagonistas de la acción política interna como es lógico. “Familias, clanes o sensibilidades” son entes más propios de otro tipo de organizaciones dedicadas a fines menos respetables que los que se supone integran la actividad de una organización política.
En cualquier caso y a modo de humilde sugerencia para la Comisión Organizadora, una vez asumida esta fecha de celebración tan disuasoria de la participación interna, no estaría de más que, entre otras cosas, adoptasen las siguientes:
– En el caso de aprobar un Reglamento para el Congreso Provincial que se haga público y no se oculte a los afiliados como ocurrió en el XIII Congreso Regional del PPCV.
– Que se comunique de forma fehaciente a los afiliados y por todos los medios de comunicación posible las circunstancias relativas al Congreso Provincial de Alicante: fechas, lugar, orden del día, derechos de los afiliados, posibilidad de presentación de candidaturas, posibilidad de concurrir como compromisarios, plazos para hacerlo, etc.
– Que se adopten los mecanismos necesarios para garantizar la neutralidad de las sedes locales cuando hayan de celebrarse votaciones para la elección de compromisarios de modo que el personal y los medios pagados con las cuotas de todos los afiliados no estén sólo al servicio de una parte de los compromisarios, tal y como ha ocurrido recientemente en la ciudad de Alicante.
– Que en el caso de la celebración de votaciones para la elección de compromisarios se prohíba el reparto de papeletas marcadas en las puertas de las sedes con la consiguiente coacción al votante que ello supone, que se garantice el voto secreto en las sedes y que se garantice la actuación de los interventores en caso de existir.
Se trata en todo caso de que por parte de la Comisión Organizadorase promueva la participación activa y real de los afiliados y que se adopten las garantías necesarias para el libre ejercicio de esa participación. No parece que sea mucho pedir. Son cuestiones elementales y básicas cuya ausencia o no determina perfectamente la calidad de la democracia interna de una organización política. Es muy posible que hasta ahora la mediocridad de algunos les haya hecho temer una amplia y masiva participación de los afiliados, pero eso debe cambiar. No hay razones para desconfiar de una militancia que siempre sabe estar a las duras y a las maduras, de una militancia desinteresada y con un compromiso político mucho mayor del de muchos arribistas que sólo ven y usan al partido como un instrumento al servicio de sus intereses personales y, por lo que últimamente se lee en la prensa, no muy edificantes al parecer. La militancia no está sólo para rellenar actos políticos, pagar las cuotas o hacer de interventores o apoderados. La militancia es y debe ser la protagonista en un partido político serio y democrático. Y el que no lo crea así que lo diga bien claro.
Santiago de Munck Loyola

Un Congreso huérfano.

Este fin de semana se celebra en Alicante el XIII Congreso del partido Popular de la Comunidad Valenciana. Todo parece indicar, si no se producen novedades de última hora, que va a tratarse de un Congreso muy descafeinado en el que posiblemente la mayor noticia va a ser la ausencia de líderes nacionales del Partido Popular. Tan sólo ha anunciado su presencia el Sr. González Pons, como Secretario de Estudios y Programas del partido Popular, y los Presidente autonómicos de Galicia, Sr. Feijó, y de Baleares, Sr. Bauzá. Nada que ver con la habitual presencia de altos cargos populares, Ministros incluidos, en los demás Congresos regionales que se han venido celebrando hasta la fecha. Algo debe estar pasando y no parece que sea nada bueno para el peso de la organización regional que tradicionalmente se le venía atribuyendo en el seno del Partido Popular. Si no se producen cambios de última hora, parece que la legitimación de Alberto Fabra como Presidente Regional electo no va a estar apadrinada ni subrayada con la presencia ni de la Secretaria general ni del Presidente del PP, algo que no se comprende teniendo en cuenta el enorme peso del PPCV en el conjunto del Partido Popular, tanto por su número de afiliados, como por sus resultados electorales. Da la impresión de que en Madrid están poniendo distancia ya sea por las secuelas de determinados escándalos que han salpicado al PPCV o por los resultados económicos de su gestión al frente de la Generalitat Valenciana.

Sea como fuere, este Congreso se presenta bastante tranquilo para satisfacción de quienes identifican la falta de alternativas y de debate interno como algo tremendamente positivo. No resulta muy comprensible ese empeño de algunos en afianzar el liderazgo de Alberto Fabra sobre la inexistencia de opciones diferentes y que en ello hayan puesto todo su empeño a lo largo de los últimos meses. La pluralidad enriquece, les guste o no, y un liderazgo surgido de la pluralidad fortalece. Lo demás sueno un poco a “la búlgara”.

Los rígidos cauces de participación que estatutariamente tienen los afiliados del Partido Popular y el incumplimiento de las normas internas de participación por parte de algunos dirigentes locales impiden que al Congreso Regional puedan llegar ideas o propuestas nacidas en las bases del Partido. Las bases de un partido político no las conforman los “cuadros” del mismo, los cargos electos o los cargos de confianza que inundan las administraciones públicas. Las bases las conforman los 142.000 afiliados del PPCV y que en su inmensa mayoría no pertenecen a los “cuadros” del Partido, ni son cargos públicos, ni de confianza. Son en su inmensa mayoría estudiantes, amas de casa, jubilados, empleados públicos, profesionales, comerciantes, desempleados, autónomos, agricultores, etc. y si se realiza un perfil medio de los compromisarios se podrá comprobar que no se corresponde con el perfil medio de los afiliados del Partido. Es muy difícil que quienes su medio de vida depende de sus superiores jerárquicos del partido puedan proponer, deliberar o elegir sin ningún condicionante.

Abrir las puertas a la comunicación y a la participación no es malo, todo lo contrario. Sólo pueden rechazarlo quienes tienen algún temor a que su estatus político pueda verse mermado con la apertura y el aire fresco. Es casi imposible que los 142.000 afiliados puedan estar adecuadamente representados en un Congreso, pero hoy en día y con los medios informáticos y las redes sociales existentes es muy fácil, sano y enriquecedor facilitar que los 142.000 afiliados del PPCV puedan opinar y proponer directamente sobre las ponencias de un Congreso regional. Que al día de hoy sólo los compromisarios puedan presentar enmiendas a las ponencias y no los afiliados constituye un anacronismo y un filtro antidemocrático. Es muy posible que nadie lo proponga en este XIII Congreso, pero bueno sería que fueran tomando nota de esa posibilidad: que los afiliados del PP, además de pagar sus cuotas, tengan derecho, como en otros partidos, a presentar enmiendas en los Congresos. No es mucho pedir ¿no?

Santiago de Munck Loyola