Con el dinero público, el que no corre vuela.

En estos días estamos presenciando algunas noticias sobre diferentes actitudes de políticos en torno al uso y destino de los fondos públicos. Algunas no son muy edificantes, como la de ese Alcalde que cargaba sus sesiones de “trabajo” en los lupanares a la tarjeta de crédito del Ayuntamiento o la de ese otro Alcalde que se dedicaba a enviar mensajes sms con el móvil del Ayuntamiento a un concurso para intentar ganar en sorteo un Porsche que como vehículo oficial seguro que mola un montón.

Y qué decir sobre todas las noticias que van apareciendo en torno a los magníficos negocios del yerno de Su Majestad el Rey, fraguados y alimentados con los presupuestos públicos. Algunos están empeñados en no reconocer el incuestionable papel del Sr. Urdangarín para reactivar el decaído sector inmobiliario. De los despachos en gasolineras, mejor no hablar de momento.

Y junto a estas noticias hay otras que en un sentido contrario suponen una nueva forma de enfocar el uso de los fondos públicos o, al menos, un intento de ello. Hemos conocido que dos diputados de IU, no todos como señalaban algunos medios de comunicación, los Sres. Cayo Lara y Alberto Garzón han sido los primeros en la historia de la Cámara que han renunciado al fondo de pensiones privado que paga el Congreso a los parlamentarios. Un buen gesto, pero tan sólo un gesto insuficiente respecto a los privilegios de la clase política y en concreto de los parlamentarios. ¿Van a seguir manteniendo sus señorías sus privilegios? ¿Van a seguir cotizando menos años que los demás para cobrar la pensión máxima a la jubilación? ¿Además del sueldo les tenemos que seguir pagando un portátil, un móvil y un iPad? ¿No alcanzan sus sueldos para comprarse los útiles necesarios para hacer su trabajo? ¿Van a seguir cotizando en el IRPF como si fuesen mileuristas? ¿Van a poder seguir cobrando de varias fuentes a la vez o van a aplicarse incompatibilidades rigurosas?

De otra parte, el Presidente de la Generalidad Valenciana, el Sr. Fabra, ha recomendado a los altos cargos que no gasten más de 20 € en la comida diaria. Buen gesto también pero no cabe más remedio que preguntarse ¿por qué los contribuyentes hemos de pagar la comida diaria de los altos cargos? ¿No llegan sus sueldos como para que se paguen de su bolsillo la comida al igual que hacen todos los funcionarios y empleados públicos a los que se ha venido recortando el sueldo? ¿A cuántos altos cargos paga la Generalidad la comida diariamente? ¿A cuánto asciende anualmente la nutrición pública de los altos cargos valencianos?

En otro alarde de supuesta ejemplaridad, el Sr. Arenas acaba de proponer también que se prohíban las tarjetas de crédito con cargo a las Administraciones Públicas. Buen gesto, pero, una vez más, insuficiente. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y es cierto. Con buenas intenciones como éstas no vamos a ningún sitio bueno. La clase política debe, de una vez, encarar y resolver los problemas que generan su mala imagen.

Los contribuyentes tenemos derecho a que los fondos públicos sean tratados con rigor y, sobre todo, con transparencia. Hoy en día la clase política se ha ocupado muy bien y solidariamente de que sea muy difícil conocer con exactitud sus ingresos reales, los privilegios de distinta índole que se vienen otorgando a si mismos, el número de coches oficiales existentes, el número, función y retribuciones de los miles de asesores que pululan por las administraciones públicas o, simplemente,  el número de teléfonos móviles repartidos a diestra y siniestra y pagados por los ciudadanos. Y mientras no se apruebe un Estatuto para los cargos públicos ejemplarizante vamos a seguir así, facilitando toda clase de abusos mientras el nivel de vida del conjunto de la población sigue descendiendo de forma alarmante. Con lo que hay, desde un modesto concejal de pueblo hasta el mismísimo yerno del Rey se sirven de los fondos públicos y, al parecer, no siempre de forma ejemplar.

Santiago de Munck Loyola

El pluriempleo de los políticos: un fraude a los electores.

La organización de todo estado y de las diferentes administraciones que lo componen conlleva la existencia de numerosos cargos públicos. Estos cargos van siendo ocupados por personas designadas por los partidos políticos en función de los resultados electorales. Cada puesto público de carácter electivo tiene asignadas de forma reglada una serie de funciones y competencias a desarrollar durante el mandato conferido por los ciudadanos. Por regla general, la inmensa mayoría de estos puestos tiene asignada una retribución para quien los desempeñe. Cuando elegimos a un alcalde, a un diputado regional o a un congresista o senador lo hacemos para que se dedique a ese cargo y, considerando las retribuciones generalmente asignadas, para que lo haga con plena dedicación. Sin embargo, las cúpulas de los partidos políticos españoles, a pesar de determinadas limitaciones estatutarias, no solamente consienten y toleran que muchos de sus cargos públicos simultaneen dichos cargos con actividades privadas, sino que además promueven que muchos puestos públicos electivos no estén siendo desempeñados con diligencia y dedicación al imponer que determinadas personas ocupen dos o más cargos públicos a la vez. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) es taxativa. En su artículo 157.2 establece que “el mandato de diputados y senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”. El espíritu de la norma es evidente. No se trata sólo de que no se pueda percibir más de un ingreso público (que se percibe usando variadas artimañas legales), sino de que los diputados y senadores se dediquen a aquello para lo que han resultado elegidos.

El sentido común señala que un diputado nacional debe dedicarse a su labor parlamentaria con exclusividad para poder ejercer sus funciones legislativas y poder representar a los ciudadanos de su provincia con eficacia y dignidad. Y lo mismo puede decirse de cualquier diputado regional o de cualquier alcalde. Sus puestos tienen asignadas retribuciones pensadas para una dedicación absoluta a las tareas encomendadas. Pero no parece que sea el sentido común lo que impera en las cúpulas de los partidos a la hora de fijar los criterios por los que se elaboran las diferentes candidaturas, ni tan siquiera parece imperar la búsqueda de la profesionalidad o de la excelencia. Lo que prima, sin ningún género de dudas, es el amiguismo, el tráfico de amistades y, sobre todo, la docilidad permanente. Por ello, no es raro ver cómo determinadas personas son alcaldes y diputados o senadores a la vez, cómo ocupan de forma simultánea varios cargos públicos, cada uno de los cuales requeriría una dedicación absoluta, como si en sus organizaciones no hubiese más gente capacitada para ello.

A la tendencia de la cúpula de los partidos a rodearse de peones dóciles se corresponde la existencia de “políticos orquesta”, personas ávidas de tocar muchos instrumentos a la vez, incapaces de especializarse en ninguno y con una gaseosa propensión a ocupar cualquier espacio libre a la menor indicación de arriba.

Examinemos un caso concreto de Alicante que no es, ni mucho menos, excepcional. D. ª María Adelaida Pedrosa Roldán, sin estudios superiores, ocupa los siguientes cargos públicos:

–          Diputada en el Congreso por la Provincia de Alicante.

–          Vicepresidenta Segunda de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.

–          Alcaldesa del Ayuntamiento de Elda.

–          Vicepresidenta de la Mancomunidad intermunicipal del Valle del Vinalopó.

–          Presidenta de la “Fundación Museo del Calzado”.

–          Presidenta de la Empresa Pública IDELSA.

–          Presidenta de la Empresa Pública EMUDESA.

–          Presidenta de la Empresa Pública EMIDESA.

–          Diputada Provincial de Alicante.

–          Vicepresidenta Primera de la Diputación de Alicante.

–      Diputada Responsable del Área de Recursos Humanos de la Diputación de Alicante.

Y, además, participante en tertulias y programas en medios públicos y privados de televisión o radiodifusión según el registro de intereses del Congreso.

Nadie, con el más mínimo sentido común y sin faltar a la verdad, puede afirmar que estos puestos públicos están siendo desempeñados con dedicación absoluta. Es materialmente imposible. ¿No se merecen los alicantinos que sus representantes en el Congreso los representen con eficacia? ¿No se merecen los vecinos de Elda que su alcaldesa tenga una dedicación absoluta para su ciudad? No nos engañemos, no estamos ante la presencia de una”super woman political” capaz de cumplir con todas las obligaciones de tan larga lista de cargos. Es un ejemplo más de “político orquesta”, de acaparamiento avaricioso de cargos promovido y consentido por los dirigentes del Partido Popular.

Casos como éste constituyen un grave fraude a la ciudadanía y una demostración de que los discursos sobre regeneración democrática, en muchos casos, no se traducen en hechos concretos, simples y ejemplificadores de lo que debería ser una sana dedicación a la res publica, a servir a los ciudadanos. Los hombres orquesta suelen terminar desafinando y los glotones reventando.

Santiago de Munck Loyola

Bono insuficiente, Aguirre incoherente.

Hoy han hecho declaraciones dos importantes dirigentes políticos, José Bono Y esperanza Aguirre, que muchos medios informativos las han relacionado como respuestas a algunas de las demandas del movimiento 15-M.

Bono ha puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar mayor transparencia en cuanto a los ingresos y bienes de los cargos públicos, apuntando la conveniencia de publicar has el patrimonio de los mismos, de suprimir los complementos de las pensiones de los parlamentarios y de una mayor observancia de la ley de incompatibilidades. Se ha quedado muy corto el Sr. Bono. Estas propuestas son claramente insuficientes respecto a la demanda, no ya del movimiento 15-M, sino de una inmensa mayoría de los ciudadanos que considera a la clase política como uno de los mayores problemas de nuestro país. Si de verdad la clase política quiere recuperar el aprecio de los ciudadanos y mejorar su valoración, lo que debe hacer es acabar con todos los privilegios que a lo largo de los años ha ido sumando a su favor: sus señorías deberían someterse al régimen general de pensiones, como todo el mundo, tributar a hacienda como cualquier ciudadano, sin los enormes privilegios de los que goza. La clase política debería hacer realidad las incompatibilidades y no sólo en cuanto a la prohibición absoluta de percibir ingresos públicos de más de una fuente, cosa que no se hace, sino también en cuanto a la ocupación de más de un cargo institucional. Ya está bien de alcaldes que son a la vez diputados o senadores: un político, una sola función y un solo sueldo. Y al que no le convenga que vuelva al sector privado. Y no hace falta que vayan publicando elk patrimonio de los cargos públicos, con que esa información sea accesible y con que se cree una Unidad Inspectora específica en Hacienda sería suficiente. Lo que es evidente es que hoy más que nunca es necesario un Estatuto de los Cargos Públicos que regule todas estas cuestiones.

Por su parte, Esperanza Aguirre ha lanzado la idea de reformar la Ley electoral madrileña para implantar el sistema de listas abiertas que permita una mayor capacidad de decisión de los electores. Sin embargo, esta propuesta queda hueca si los partidos políticos no hacen realidad el mandato constitucional del funcionamiento interno democrático. ¿De qué sirve al elector poder tachar  nombres de una lista que responde a decisiones de designación antidemocrática y no es fruto de un proceso de participación interna? El elector podrá tachar algún nombre de la lista, pero todos los componentes de la misma responderán al mismo perfil, al de quien los ha designado. No resulta por tanto coherente mantener un discurso político presuntamente liberal y simultáneamente practicar o consentir el autoritarismo dentro de su propio partido político. El reciente proceso electoral ha puesto de manifiesto que en muchos municipios los afiliados del partido Popular han tenido poco o nada que ver con la designación de los candidatos. Desde la regional madrileña se han vulnerado, en no pocas ocasiones, los Estatutos del Partido, como en Rivas-Vaciamadrid, para imponer candidatos ajenos a la organización local con el resultado final de que, en este caso, de 7 concejales elegidos tan sólo dos viven en el municipio y están vinculados con la organización local. ¿Es esto democracia interna? No puede haber nada peor para la regeneración democrática que el uso de las instituciones representativas para colocar amiguetes o agradecer favores. Y lo mismo ha ocurrido en muchos otros puntos de España donde las cúpulas regionales o provinciales han ignorado a las bases del partido. Por tanto, la mejora de la calidad de nuestra democracia solo puede pasar por la mejora de la democracia interna de los partidos políticos. Todo lo que no sea así son brindis al sol destinados más bien a lavar la cara que a sanear, de verdad, nuestro sistema democrático.

Santiago de Munck Loyola.

LA REFORMA DE LAS PENSIONES DE LOS PARLAMENTARIOS: UN PRIMER PASO.

Desde estas páginas se ha venido denunciando la inmoralidad que supone hoy en día el mantenimiento de un privilegiado sistema de pensiones de los parlamentarios mientras se discute la necesidad de reformar el sistema para el resto de los ciudadanos. El mantenimiento de privilegios y prebendas para la clase política resta legitimidad a sus decisiones. Quien no está dispuesto a realizar sacrificios carece de legitimidad para exigirlos a los demás. Ayer, en la Convención del Partido Popular en Sevilla, Mariano Rajoy manifestó lo siguiente: «Vamos a dar la talla, vamos a ser austeros, vamos a dar ejemplo», «y ahora que hay debate sobre pensiones, vamos a presentar la revisión del sistema de pensiones para diputados y senadores y la eliminación de cualquier cosa que suponga un privilegio respecto del resto de los españoles». Hace poco más de un mes, el Partido Popular en el Congreso se opuso, junto a los demás partidos, a una iniciativa de Rosa Díez en este sentido.

Estas declaraciones de Rajoy son una buena noticia. Esta intención de revisar las pensiones y privilegios de los parlamentarios puede ser un paso importante, pero no debería ser el único a dar si lo que se pretende es terminar con unos modos y prácticas de la clase política que la alejan cada día más de la apreciación positiva del conjunto de los ciudadanos. La dedicación política hoy es considerada por muchos más que como un desarrollo vocacional al servicio de los demás, como un medio de vida fácil y enriquecedor. Las prácticas y los hábitos vigentes en nuestra sociedad en torno a la dirección y gestión de la “cosa pública” propicia la proliferación de toda una gigantesca bolsa de militantes partidistas impacientes por aterrizar en los escalones superiores de las administraciones públicas y desde allí usar los recursos disponibles. Sin embargo, la relación entre las burocracias y los gestores de las mismas sería otro tema. Lo relevante ahora es que este anuncio no se quede en un simple retoque de carácter populista, sino que signifique un primer paso hacia un objetivo mucho más ambicioso: la regeneración de la clase política y la ejemplaridad de la misma. No es posible hablar de la regeneración de nuestra democracia sin que, de forma previa, se aborde la necesidad de regeneración de la clase política acabando con las prácticas que la distancian de la normalidad ciudadana.

Y, para ello, propuestas no faltan pues son muchos los privilegios y situaciones anómalas que suponen una afrenta comparativa respecto al conjunto de los ciudadanos, los contribuyentes. En plena crisis económica y política, la elaboración y aprobación de un Estatuto de los Cargos Políticos sería una saludable iniciativa. Este Estatuto debería impulsar reformar legislativas para:

– Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón que justifique un sistema diferenciado.

– Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el que las dietas e indemnizaciones sean las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto nivel.

– Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y Presidentes Autonómicos, estableciendo incompatibilidades con otros ingresos.

– Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos públicos.

– Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.

– Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.

– Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades privadas o de representación en consejos de administración.

– Reducir de forma drástica el número de cargos de confianza en todas las administraciones públicas.

– Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones públicas.

– Limitar los gastos de representación.

Estas son algunas propuestas que ayudarían a sanear la imagen de la clase política y, por tanto, el funcionamiento de las instituciones democráticas. No se trata de un número cerrado de propuestas y seguramente hay más medidas a añadir en un posible y necesario Estatuto de los Cargos Políticos. Revisar el sistema de las pensiones de los parlamentarios era una exigencia de higiene democrática, pero no es la única y, en todo caso, habrá que ver en qué sentido se aborda esa reforma. Ojala no se trate de un simple anuncio electoralista.

Santiago de Munck Loyola