Más España, garantía de libertad y de progreso.

Si nuestra democracia tiene una asignatura pendiente desde 1978 es precisamente la configuración del modelo territorial del Estado. El estado de las autonomías diseñado en la Constitución ha demostrado después de décadas que ha fracasado y es que no se pueden calificar de otra forma sus resultados: ineficiencias, duplicidades, despilfarros, ruptura de la solidaridad territorial o potenciación de las fuerzas disgregadoras contra la propia Nación. El modelo que se planteó como una respuesta integradora a las fuerzas nacionalistas sólo ha servido para que éstas adquieran más poder y para que la supervivencia del propio Estado esté en peligro. El modelo que se construyó con el objetivo de acercar más la administración a los administrados ha servido no sólo para descentralizar sino para crear nuevos centralismos periféricos y para fragmentar buena parte de la soberanía nacional a través de los parlamentos regionales. El modelo que se diseñó para incrementar la cohesión entre los españoles ha servido finalmente para que los españoles no gocemos de los mismos derechos y obligaciones según el territorio en el que vivamos. Un camino que se inició desde la perspectiva de la descentralización administrativa se transformó en descentralización política y ha desembocado en la disgregación del propio estado.

Los nacionalismos siempre han tenido claro su objetivo final, la destrucción de España como Nación y la independencia de sus territorios. Y para conseguirlo han desarrollado estrategias similares, paso a paso, con modulaciones en sus discursos, cobijados en el victimismo y envueltos en sus banderas territoriales como defensa ante cualquier denuncia contra sus abusos o corrupciones. Las continuas cesiones ante las permanentes reivindicaciones de los nacionalistas sólo han servido para alimentar a estos monstruos y para que sigan creciendo. Hoy los independentistas son más fuertes gracias a los débiles mecanismos del Estado, a la falta de visión de la clase política constitucionalista y, sobre todo, a la ausencia de un objetivo nacional compartido por los partidos políticos que dicen defender la unidad de España con su consecuente estrategia de desarrollo.

Hay que decir las cosas claras. Aquí sólo hay dos posiciones, dos objetivos antagónicos: la defensa de la unidad de España y la defensa de la independencia de partes de su territorio. No hay posiciones intermedias. No puede haber soluciones de compromiso entre ambas partes porque los nacionalistas-independentistas han demostrado hasta la saciedad que cada compromiso alcanzado sólo ha sido una cesión más en favor de su proyecto independentista, que no tienen lealtad constitucional porque no creen en ella y que no aceptan tan siquiera la existencia del pueblo español y de su soberanía. Cualquier idea es defendible democráticamente y, por tanto, del mismo modo que se ha venido aceptando la defensa de las tesis independentistas es hora de dejar de satanizar la defensa democrática y pacífica de las tesis contrarias, las que defienden la unidad de España y el reforzamiento del Estado español, las que defienden la soberanía única del pueblo español en su conjunto. Les guste o no a los independentistas, la Nación española existe y sólo ella puede decidir su futuro.

Frente a los objetivos de los independentistas, existe el objetivo de salvaguardar, proteger y seguir construyendo nuestra Nación. Una Nación sustentada en la soberanía de todos los españoles, en la que se promueva la igualdad de derechos y obligaciones de sus ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, con una Justicia, una Educación, una Sanidad, unas prestaciones Sociales o unas Fuerzas de Seguridad comunes a todos los españoles. Y para desarrollar este objetivo nacional es imprescindible romper con la estrategia que han venido desarrollando a lo largo de los últimos cuarenta años los partidos constitucionalistas y que sólo ha servido para alimentar y fortalecer a los partidos no constitucionalistas. La reforma del estado de las autonomías para corregir el rumbo disgregador seguido hasta ahora no puede pasar ni por más cesiones, ni por más autonomía, ni por el federalismo. Debe pasar, si no se quiere dinamitar definitivamente a España, por reivindicar y desarrollar la recuperación de todas las competencias en manos de las autonomías que quiebran el principio de unidad social o de mercado, de todas aquellas que limitan la igualdad entre los españoles o la solidaridad entre sus territorios. No hay otro camino. Desde el respeto a las reglas de la democracia, se puede y se debe defender la actualización del objetivo nacional de España y de una estrategia política coherente y decidida para lograrlo. Más España es más libertad y más progreso, no cabe ninguna duda.

Santiago de Munck Loyola

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Y están entre nosotros. “Sí a la libertad en la Educación”.

 

“Vosotros ya no sois nada, vuestros hijos ya son nuestros”. Esta frase de Adolfo Hitler dirigida a los padres de los niños y jóvenes alemanes a propósito de la educación y de las escuelas de la élite nazi retrata perfectamente la finalidad del Estado nacional socialista: adoctrinar y moldear la mente de los educandos al servicio absoluto de su ideología. El individuo no importa, la familia no importa y solo el omnipotente Estado decide qué han de pensar e incluso sentir los niños puestos obligatoriamente bajo su tutela. Es evidente que este objetivo, el de modelar las mentes de los niños al servicio de una determinada ideología, no es exclusivo de los nazis sino que es común a todas las ideologías políticas totalitarias desde el fascismo italiano al comunismo soviético o chino. Da igual, la enseñanza pública, transformada en educación pública, es puesta al servicio de la ideología dominante para inculcar determinados valores o principios y sustrayendo ese derecho a la familia, a los progenitores.

Los términos enseñanza y educación se confunden y se suelen usar de forma indistinta. Enseñar es transmitir conocimientos evaluables y programados por etapas cuya responsabilidad recae principalmente en el profesorado. Educar es formar en valores, creencias e ideas, una responsabilidad de los padres principalmente. Sin embargo, no son pocos los padres los que suelen delegar gran parte de la educación en la escuela y no son pocas las ocasiones en las que se plantean verdaderos conflictos entre los valores y creencias familiares y los transmitidos por la escuela pública. Del mismo modo, hay una tendencia muy peligrosa a extender el ámbito de los contenidos de la educación en la enseñanza más allá de los valores constitucionales de la convivencia, adentrándose en el terreno de las ideologías partidistas.

Y a propósito del debate surgido en la Comunidad Valenciana en torno a los recortes a la enseñanza concertada impulsados por el tripartito, un portavoz podemita de Orihuela ha recordado, en defensa de su peculiar concepto de la libertad, el siguiente texto: se exigen ciertas políticas “en nombre de la libertad de los padres para elegir la enseñanza de sus hijos, como si la cuestión no fuera, más bien, exactamente la contraria: el derecho que deben de tener los hijos a librarse de los prejuicios y de la ideología de sus padres, gracias a un sistema de instrucción pública controlado por la sociedad civil mediante oposiciones y tribunales bien legislados.» No, no se trata de un texto de Adolfo Hitler ni de Alfred Rosenberg. Es un texto de Carlos Fernández Liria, filósofo e ideólogo de Podemos, ese partido que en su programa sugería que los miembros del poder judicial deberían ser adictos a un hipotético régimen podemita bolivariano. Vamos, más claro el agua. La libertad en la enseñanza para esta nueva izquierda que cogobierna la Comunidad Valenciana consiste en “liberar” a los hijos de la ideología de sus padres, de sus valores éticos y religiosos, y moldearles la mente a su antojo utilizando la escuela pública, usando el dinero de todos los contribuyentes. Y de ahí que sea imprescindible para ellos recortar la escuela concertada. Si no se les paran los pies, lo harán, poco a poco, paso a paso. Todo ello acompañado con inmersión, perdón, imposición lingüística y pancatalanismo a cucharadas. No existe independentista, nacionalista o totalitario que no reclame en primer lugar el control absoluto sobre la enseñanza. Y en una generación, Alicante convertida en colonia de los países catalanes.

Se está acentuando un peligroso proceso dirigido contra las libertades. Un proceso que cuestiona la libertad de pensamiento, de creencias y que se plasma perfectamente en el campo de la educación como instrumento de dominio ideológico. No es momento de engañarse. Están entre nosotros y desprecian la libertad. No hay que subestimar el objetivo de estos supuestos “progres” que, a la hora de hablar de libertad seguramente compartirán la respuesta que Lenin dio a Fernando de los Ríos en 1920 cuando a la pregunta de cuándo permitiría su gobierno la libertad de los ciudadanos, le espetó «¿Libertad para qué?».

Santiago de Munck Loyola

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A las urnas.

 

Hoy 3 de mayo de 2016, con la firma del Rey Felipe VI del decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones generales a celebrar el próximo 26 de junio se cierra una corta, pero intensa etapa política, que ha puesto de manifiesto tanto la incapacidad de los partidos políticos tradicionales como de los nuevos para sacrificar sus intereses partidistas en beneficio del interés general, la falta de cultura de diálogo y de pacto de esta clase política y la supervivencia de los peores vicios de la partitocracia rápidamente asimilados por los nuevos partidos.

Empieza la cuenta atrás para que los ciudadanos podamos volver a votar y decidir cómo queremos que sea nuestro nuevo Parlamento y, por tanto, el próximo Gobierno. Hay opiniones para todos los gustos, aunque la mayoría se decanta por unos resultados parecidos a los del pasado mes de diciembre. Hay una gran sensación de decepción y de frustración ciudadana por la demostración de incapacidad de nuestros políticos, pero es difícil que ello se traduzca en un gran cambio en los resultados electorales del próximo 26 de junio. Los programas y los candidatos se van a mover muy poco por lo que no van influir gran cosa en la decisión de los votantes. Y tampoco es muy probable que vaya a ser determinante la constatación de la mezquindad e incapacidad de esta clase política por mucho que una gran parte de la opinión pública las censure. Probablemente pesarán más en la decisión del voto ciudadano el miedo a los resultados de posibles pactos, ensayados ya en estos meses, reforzando el sentido del voto del 20 de diciembre o el tedio con el consiguiente peligro de un aumento de la abstención.

Los partidos culpables de que haya que repetir las elecciones andan ahora proponiendo reducir los gastos electorales, como queriéndose hacer perdonar su culpa. Propuesta que parece razonable si no fuera porque siempre incumplen los topes previstos. Pero en todo caso se trata de una propuesta que a los pequeños partidos, como Esperanza Ciudadana, no nos afecta. Los pequeños partidos que vamos a concurrir a esta cita electoral nos encontramos con muchas dificultades para poder hacerlo. De una parte una injusta Ley Electoral que nos obliga a emplear muchos esfuerzos en reunir los avales necesarios para poder presentar candidaturas quebrando con ello el principio de igualdad. De otra, una nula repercusión de nuestras propuestas en los medios de comunicación que, sin cortarse un pelo, te dicen de antemano que o pagas publicidad o informativamente no existes por muy interesantes o novedosas que sean tus propuestas.

En Esperanza Ciudadana hemos decidido intentar participar nuevamente en estas elecciones generales. Nos lo impidieron con toda clase de tretas y argucias legales el pasado 20 de diciembre, pero en esta ocasión no van a poder impedirlo. Y vamos a participar con especial intensidad porque estamos convencidos de que Alicante, más que nunca, necesita tener voz propia en el Parlamento, una voz independiente que no se someta a intereses ajenos a los de nuestra Provincia. Frente a la permanente discriminación presupuestaria de Madrid y de Valencia, frente a la agresión a las libertades básicas ejercida desde el tripartito valenciano, frente a la falta de regeneración de la vida política y frente al catalanismo excluyente impulsado por la propia Generalidad Valenciana, Esperanza Ciudadana se va a presentar a las elecciones como un proyecto español, alicantino, de progreso y de libertad.

 

Somos conscientes de las enormes dificultades existentes no solo para trasladar nuestras propuestas a la sociedad alicantina, sino nuestra propia existencia. Y somos igualmente conscientes del peso del voto del miedo y del voto útil que hará que mucha gente vote con la nariz tapada con tal de alejar el peligro de un gobierno frentepopulista, pero estamos más que convencidos de que pocas cosas puede haber más satisfactorias y gratificantes en política que poder votar con el corazón en absoluta libertad.

Santiago de Munck Loyola

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Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña.

Desde hace décadas, gobernando la izquierda o la derecha en el Estado o en la Generalidad valenciana, lo cierto, y así lo indican todos los datos económicos, es que la Provincia de Alicante ha sido discriminada en todos los presupuestos, recibiendo menos de lo que le correspondía por su población y sus necesidades. La Provincia de Alicante ha venido siendo tratada como una provincia de segunda clase y ello ha sido especialmente significativo en el ámbito de las competencias de la Generalidad Valenciana. En los últimos 20 años la diferencia entre la renta media de los alicantinos y los valencianos se ha agrandado en perjuicio de los primeros. Hoy los alicantinos son más pobres respecto a los valencianos que hace 20 años. Es evidente que si una institución regional como la Generalidad Valenciana no logra disminuir las diferencias del nivel de vida entre los habitantes de sus territorios, sino que, al contrario, las agranda, es una institución fracasada. Sin ir muy lejos, hace tan sólo unos días el Consejo de la Generalidad redujo a la mitad el presupuesto del programa de Desarrollo Rural LEADER para la agricultura destinado a la provincia de Alicante, un tijeretazo de tres millones de euros menos para la nuestra provincia.

A esta intolerable discriminación a la que incomprensiblemente están acostumbrados los políticos alicantinos hay que añadir ahora dos nuevas políticas de la Generalidad que ponen en peligro la propia identidad de la Provincia de Alicante. El tripartito que gobierna la Generalidad Valenciana compuesto por un partido socialista anémico e ideológicamente desnortado, por los “nacionalistas” de Compromis y los populistas-podemitas de València en Comú ha puesto en marcha, al amparo del extraño Pacto del Botánico, dos procesos claramente perjudiciales para nuestra Provincia que se suman a la discriminación económica de siempre.

De una parte, el tripartito de Valencia ha iniciado un procedimiento de centralización política para despojar de competencias a las Diputaciones Provinciales en determinadas áreas como se ha visto recientemente en el ámbito de la política turística, uno de los motores de nuestra provincia. Con ello, ponen claramente de manifiesto su aversión a todo lo que suene descentralización y alejan de los alicantinos la capacidad de toma de decisiones en sectores claves para nuestra provincia. Quieren y lo están haciendo que determinadas decisiones se tomen en Valencia y no en Alicante excusándose en la necesidad de coordinar ciertas políticas. Si eso fuera cierto, si tan importante es coordinar las políticas sobre turismo, por ejemplo, ¿Por qué no transfieren las competencias sobre turismo al Estado?

De otra parte, la nueva política de la Generalidad que pone en peligro la propia identidad de la Provincia de Alicante viene marcada por el sesgo catalanista que mantiene la propia composición del tripartito y al que no son ajenas algunas decisiones. Este sesgo catalanista no es sólo debido a Compromís o a la versión valenciana de Podemos, sino al propio PSV con el presidente Puig al frente, responsable en última instancia del gobierno tripartito. Él es quien ha nombrado consejero de Educación a Vicente Marzà defensor de los llamados Países Catalanes y para quien “los Países Catalanes son una realidad más allá de lo que pinta el Estado…no solo cultural sino políticamente, y deberían serlo en un futuro todavía más” o para quien la Costa Blanca no es otra cosa que las playas del sur de los países catalanes.  Marzà, de la mano de los socialistas, está poniendo en marcha la inmersión lingüística en valenciano de modo que en el próximo curso alcanzará al 65% de las nuevas líneas. No es posible obviar que Vicente Marzà pertenece a la entidad Escuela Valenciana, una entidad subvencionada por la Generalidad de Cataluña y galardonada por su defensa del catalán. Al tiempo que impulsan la inmersión lingüística eliminan los conciertos con la enseñanza privada sin ser capaces tan siquiera de ofertar las correspondientes plazas públicas.

Y tenemos el caso del Consejero de Transparencia Manuel Alcaraz para quien “un País Valenciano aislado es una utopía y sería una traición a su propia esencia. Si el País Valenciano quiere salvaguardar su personalidad ha de ser preservándose fiel a su catalanidad básica”. Defiende la “catalanidad” de Valencia y califica a España de “superestructura coercitiva”. No hay que olvidar además que este tripartito que también gobierna la Diputación de Valencia otorgó una subvención de 17.000 euros a la “Institució per al Foment de les Arts, Les Ciències i la Cultura”, ACPV,  una entidad supuestamente cultural que promueve en la Comunidad Valenciana las tesis de los “países catalanes”.

Este es el contexto en el que el progreso, el bienestar y la propia identidad cultural de nuestra Provincia se hacen insostenibles. El PP ni está ni se le espera salvo voces aisladas. Es hora de plantar cara, de reclamar instrumentos legales de gobierno que defiendan el derecho y la capacidad de los alicantinos de decidir por si mismos en aquellas cuestiones que constitucionalmente les pueden competer. Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es