La agenda política y la agenda ciudadana.

No hay día que pase sin que conozcamos alguna noticia sobre la carrera independentista organizada por parte de la clase política catalana. Se van sucediendo las diferentes reacciones de los partidos y sus líderes en torno al anuncio del referéndum independentista organizado por CiU, ERC y sus socios de la versión catalana de Izquierda Unida y la CUP. Es cuando menos curioso observar como buena parte de la izquierda ha renunciado a su carácter internacionalista de tiempos pasado para anclarse en posiciones localistas de rancio abolengo. Izquierda Unida, sin ir más lejos, apoya la celebración de esa consulta independentista lo que significa que para esa formación la soberanía popular, la del conjunto de los españoles, es fraccionable a demanda. Es decir, que la soberanía popular, tal y como se recoge en nuestra Constitución, puede ser obviada, ignorada y transferida a sólo una parte del cuerpo electoral para que decida sobre el conjunto. Lo que nadie nos aclara, ni Izquierda Unida ni sus compañeros catalanes de aventura independentista es cual es límite hacia abajo en el que se puede ir fraccionando la soberanía popular. Si la soberanía popular puede, según ellos, ser amputada y ejercida sólo por una parte del cuerpo electoral, el catalán en este caso, ¿por qué no puede ser fraccionada aún más? ¿Por qué, por ejemplo, los ciudadanos de Badalona o del Valle de Arán no podrían a su vez ejercer el mismo derecho a decidir si quieren o no estar integrados en una hipotética Cataluña independiente? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para justificar el fraccionamiento de la soberanía popular? Una verdadera incógnita.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, da por sentado que esa consulta independentista no se va a celebrar y se ampara en el respeto a la legalidad constitucional como garantía para ello. Por su parte, los socialistas del PSOE están tratando de reconstruir sus relaciones con los socialistas catalanes tras las evidentes discrepancias en este asunto reflejadas en la ruptura de su unidad parlamentaria. Hoy mismo, en la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados el jefe de la oposición, Pérez Rubalcaba ha puesto de manifiesto su coincidencia con Rajoy a la hora de rechazar la celebración de un referéndum y de oponerse a una hipotética independencia de Cataluña. Y punto, porque a partir de esa coincidencia Pérez Rubalcaba ha aprovechado su turno para reiterar una vez más el discurso que en los últimos meses ha venido desplegando su partido, es decir, pedir el cambio de la Constitución y asegura, según él, al menos otros 35 años de convivencia entre todos los españoles en el marco de una España federal. Los socialistas, frente al desafío de los independentistas, son partidarios de reformar la Constitución de 1978 y dotar con ello a nuestro Estado de una estructura federal.

Es evidente que, tras 35 años de funcionamiento, nuestra Constitución necesita una revisión, pero es probable que dicha revisión no deba ir precisamente en la dirección que los socialistas señalan. La reforma constitucional no puede plantearse, porque es sencillamente falso, como una respuesta destinada a contentar a nacionalistas e independentistas, que tanto monta… Nacionalistas e independentistas sólo pueden justificar la razón de su existencia sobre la base de la confrontación permanente, de la reivindicación y del agravio comparativo. El desarrollo constitucional operado en las últimas décadas y plasmado en el modelo autonómico ha demostrado que a mayores cotas de descentralización estatal y autogobierno autonómico más independentismo. Cada cesión a los nacionalistas e independentistas lejos de atenuar sus reclamaciones ha servido para que suban un peldaño más en su escalada hacia la ruptura de España. Las llamadas al diálogo y al consenso de los nacionalistas e independentistas sólo sirven si con ellas “sacan tajada”, para ellos dialogar significa que el estado debe ceder a sus pretensiones, nunca a la inversa. Parece, por tanto, más que evidente que la solución de los socialistas, la reforma constitucional, al desafío de los separatistas peca de candidez y de aceptarse sería sumamente peligrosa para la unidad de España y para el modelo de Estado. Nadie puede creer sinceramente que la configuración de un modelo federal contentaría a los separatistas porque, por definición supondría la desaparición de los llamados “hechos diferenciales”. Y si lo que proponen es un desarrollo de eso que algunos denominaban el “federalismo asimétrico” no es necesario, porque eso es, en el fondo, la esencia de un estado autonómico, con competencias regionales diferentes en cada territorio.

Una gran parte de los ciudadanos vemos como un problema la actual articulación del Estado autonómico. Tiene graves defectos de funcionamiento que impiden fundamentalmente una auténtica igualdad de derechos y obligaciones entre todos los españoles y, además, comporta un grave lastre económico especialmente llamativo en tiempos de crisis como la presente. Una reforma constitucional debería quizás abordar la racionalización del estado, la redistribución y la delimitación precisa de las competencias cerrando, de una vez, el permanente proceso de incertidumbre.

Y siendo todo lo anterior tremendamente importante, da a veces la sensación de que la clase política está en juego bastante alejado de lo que hoy por hoy preocupa a la inmensa mayoría de los españoles. En medio de una recesión como la presente, con un paro atroz, con un crecimiento desorbitado de la pobreza y de las desigualdades sociales, con una caída del nivel de vida de los españoles y con un recorte permanente de nuestro Estado de Bienestar da la impresión de que la agenda de nuestra clase política está en otra cosa. La incapacidad de muchos políticos para resolver los problemas básicos de los ciudadanos queda difuminada tras iniciativas extemporáneas y sentimentalistas que terminan arrastrando al resto mientras los ciudadanos seguimos pagando las consecuencias de su fiesta. ¿No será mejor ocuparse ahora de resolver los graves problemas que asfixian a los ciudadanos? Yo creo que sí.

Santiago de Munck Loyola

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Por un nacionalismo español sin complejos.

Ha pasado una semana desde su celebración y aún no se ha desvanecido los ecos de la Diada de Cataluña. Lo primero que destaca es el alcance de la manipulación histórica de los independentistas que se plasma en la incongruencia que supone que un patriota español como Casanova se haya convertido en símbolo central de las celebraciones de la Diada. Tras las valoraciones iniciales de unos y otros, no hay día que pase sin que se abra una nueva polémica en torno a esta celebración. Ayer, era Luis del Val el que levantaba su voz y su indignación, compartida por cualquier persona con sentido común, contra la manipulación de los niños en la Diada y su uso partidista en los medios informativos dependientes de la Generalidad catalana. Comparaba esta manipulación infantil con la que todos los partidos y regímenes totalitarios hacen desde siempre con los niños y jóvenes. La primera respuesta venía desde CiU alegando en su defensa que se trata de “pedagogía”, nada menos. La segunda respuesta y, por supuesto amenaza, vino del portavoz del gobierno catalán diciendo que no van a tolerar, como si en su boca tuviera algún significado la palabra tolerancia, que se realizasen semejantes comparaciones sobre la manipulación infantil, algo perfectamente legítimo para los independentistas.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que estamos viviendo una situación política tremendamente complicada y el panorama no es nada alentador. Buena parte de los políticos de una importante región española quieren la independencia de la misma, quieren romper España y llevan décadas poniendo todos los medios humanos y económicos necesarios y todo su empeño para conseguirlo. Lo que hoy vivimos no es un nuevo e improvisado problema, es el resultado de un largo proceso en el que políticos nacionales y regionales, los agentes sociales, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad tiene su cuota de responsabilidad. Los partidos nacionales no han tenido inconveniente alguno en realizar cesiones con el fin de asegurarse mayorías parlamentarias y han sido incapaces de pactar un modelo de estado estable o de reformar una Ley electoral que sobre representa a los independentistas mientras penaliza a otras fuerzas minoritarias de proyección nacional. Buena parte de la antaño izquierda solidaria y con vocación internacionalista se ha reconvertido en independentista renunciando a sus propias señas de identidad sociales. La sociedad española en su conjunto ha permanecido pasiva mientras durante años los independentistas han ido tejiendo una red clientelar y difundiendo una versión falseada y victimista de la historia española. Hace tiempo que los sindicatos debieron decidir que ésa no era su “guerra” obviando la progresiva desigualdad de derechos entre los ciudadanos españoles en función del territorio y los evidentes peligros para el sostenimiento del estado de bienestar, incluida la caja común de las pensiones o de las prestaciones sociales.

Cataluña es hoy la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos y como tal carece de viabilidad económica sin las ayuda del Estado. Sus dirigentes no son capaces ni tan siquiera de aprobar el presupuesto anual y todo ello pese a haber sido los pioneros en los recortes sociales. No tienen dinero para luchar contra la desnutrición infantil, pero sí para seguir alimentando numerosos canales de televisión, pseudo embajadas o cualquier organización independentista. El actual gobierno catalán heredó una administración arruinada por el tripartito uno de cuyos socios lo es hoy del nuevo gobierno a nivel parlamentario. La presión independentista de los políticos catalanes ha aumentado paralelamente a la evidencia de su incapacidad de poner orden en las cuentas y de gestionar racionalmente las instituciones. Y del mismo modo, el ruido independentista catalán ha aumentado, coincidencia o no, en perfecta sincronía con la disminución del ruido de los asesinos de la ETA. En su agenda política la independencia está muy por delante de la satisfacción de las necesidades y de la solución de los enormes problemas de sus ciudadanos, lo que ofrece una clara idea de la ética que mueve a muchos políticos.

Los mal llamados nacionalistas, pues siempre han sido independentistas y así habría que denominarlos, han ido apretando las tuercas a los partidos nacionales, dando pasos, poco a poco, siempre encaminados hacia un mismo fin. Cada pequeña cesión del estado ha supuesto contribuir con un ladrillo más al levantamiento del muro independentista. La cesión de determinadas competencias a las comunidades autónomas supuso un tremendo error sobre todo cuando con ello se quebraba el sagrado principio de igualdad entre todos los españoles o cuando se dejaba en manos de los independentistas el cultivo de nuevas generaciones educadas en falsos mitos históricos y en el odio a España. Los nacionalistas – independentistas nunca han sido leales con el estado democrático. La reivindicación de las peculiaridades propias, el victimismo permanente o el simple chantaje parlamentario han servido para separar y construir el camino de la independencia. Desde la admisión de aquel engendro gramatical de “regiones y nacionalidades” hasta la aprobación del último Estatuto catalán que no fue respaldado ni por la mitad de los electores de la Comunidad, ninguna cesión ha servido para aplacar la sed de los independentistas. Por cierto que hay que recordar que cuando entró en vigor este último Estatuto, los socialistas se apresuraron a acusar a los populares de fallidos adivinos proclamando que ya había Estatuto y que no se había roto España. Ya, pues si no está rota está a punto. También la aprobación de ese Estatuto evidenció que las prioridades de la clase política catalana no son exactamente las mismas que las prioridades de los ciudadanos que no lo respaldaron mayoritariamente.

El derecho a decidir y, por tanto, a celebrar un referéndum ilegal para proclamar la independencia de Cataluña es el eje del debate diario. Los independentistas no tienen ningún reparo en asumir la involución ideológica que supone sustituir el concepto de soberanía popular por el de soberanía nacional. Ya la Constitución Española supuso una sustitución de las reivindicaciones de descentralización administrativa por la descentralización política y las competencias legislativas de los parlamentos autonómicos han supuesto en la práctica una fragmentación escalonada de la soberanía del pueblo español. Las instituciones catalanas cuya legitimidad se asienta en la Constitución Española y que son parte inherente del Estado español están siendo utilizadas para quebrar la soberanía que les otorgó y otorga su legitimidad. El problema que se plantea en el fondo es decidir quién tiene derecho a decidir y dónde se establece ese límite. ¿Son los españoles en su conjunto como determina la Constitución? ¿Son los catalanes? ¿Podrían los habitantes de cualquier Provincia o Municipio ejercer ese derecho a decidir? ¿Por qué los independentistas catalanes niegan a los habitantes del Valle de Arán el ejercicio del derecho a decidir?

Lo peor es que frente al desafío de los secesionistas el gobierno ofrece diálogo y negociación, pero no señala ni avisa sobre lo que no se puede negociar. Incluso algún Ministro ha manifestado que habría que buscar un nuevo estatus par Cataluña, algo que desde hace tiempo vienen repitiendo los socialistas quienes no saben en qué consistiría. Todos parecen ignorar que modificar una vez más las normas en la dirección deseada por los independentistas no va a aplacar sus ansias. Proponer machaconamente que la solución se encuentra en una estructura federal del estado es una falacia más. Los independentistas tampoco quieren una España federal que supondría la misma estructura organizativa para todas las regiones. Una España federal acabaría con la cursilada del hecho diferencial como justificación de sus pretensiones. Y para qué hablar del federalismo asimétrico que viene a ser como el círculo cuadrado.

Todo parece indicar que se avecinan tiempos mucho más revueltos y que nuestra clase política no está a la altura por su mediocridad y por la ausencia de un verdadero sentido de estado. Lo que los políticos no quieren o no saben hacer puede ser suplido, aunque sea mínimamente, por la actitud y los gestos diarios de los que nos sentimos españoles. Tan legítimo es ser nacionalista catalán como nacionalista español y tan legítimo es reivindicar dentro de la ley sus postulados como defender sin complejos y con gestos concretos la necesidad de una España unida e íntegra.

Santiago de Munck Loyola

PSOE y PSC, una relación imposible.

La votación en el Congreso, el pasado 26 de febrero, sobre la resolución a favor de la consulta independentista en Cataluña evidenció lo que muchos ya sospechaban desde hace tiempo que el PSOE ha dejado de ser un partido de ámbito nacional, de toda España, y, por tanto, ha dejado de constituir por si mismo una alternativa de gobierno. La ruptura del Grupo Socialista provocada por el alineamiento de los socialistas catalanes en el bando de los independentistas no es una buena noticia para la salud de nuestra democracia, todo lo contrario, se trata de un elemento más de preocupación y de estabilidad institucional que debería ser resuelto de la mejor manera y lo antes posible.

Pese a todos los intentos de edulcorar la posición de los socialistas catalanes manifestando que no están a favor de la independencia de Cataluña, sino sólo a favor de que se realice una consulta popular en Cataluña, y de que son partidarios de una España federal, lo cierto es que sus posiciones y sus actos coinciden milimétricamente con las estrategias rupturistas de los independentistas para quienes cualquier vulneración de la legalidad es válida siempre que se encamine hacia sus propósitos que no son otros que la independencia. Hoy, esta afirmación se ve confirmada por el hecho de que el Presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, ha decidido llevar a votación al Parlamento catalán, y a petición precisamente del Partido Socialista de Cataluña, la misma resolución a favor “del derecho a decidir” (es decir, de violentar la Constitución Española) que fue votada y rechazada por el Congreso de los Diputados la semana pasada y que evidenció la voladura intencionada del grupo socialista. Más claro el agua: los socialistas catalanes coinciden plenamente con las estrategias independentistas de Artur Mas y sus socios.

Es evidente que para los independentistas catalanes resulta indiferente lo que resuelva el Congreso de los Diputados porque, desde su perspectiva, no lo reconocen como depositario de la soberanía del pueblo. Parten de la existencia real, aunque aún no formal, de un sujeto político distinto y propio, de una nación diferente que excluye la existencia de cualquier otro sujeto político concurrente. Niegan por tanto la existencia del pueblo español como sujeto político soberano, tal y como se reconoce en el Artículo 1.2 de la Constitución Española, y consiguientemente de su representación institucional a través de las Cortes Generales, Congreso y Senado. Reclaman para si exactamente lo que niegan a los demás y lo hacen con el sentido propio de los movimientos excluyentes y totalizadores. Hay cierta involución conceptual en torno al alcance  del concepto de soberanía. Mientras las constituciones más modernas han ido sustituyendo el concepto de “soberanía nacional” por el de “soberanía popular o del pueblo”, los independentistas se aferran al concepto de nación y, por tanto, al de “soberanía nacional” estableciendo unos conveniente límites para sus intereses al mismo. El llamado “derecho a decidir” viene a ser un eufemismo para sortear el concepto de soberanía popular, la soberanía del pueblo español, establecido en Constitución de 1978 y del que emanan paradójicamente las actuales instituciones catalanas. Cabe preguntarse ¿quién tiene derecho a decidir? Y, sobre todo, ¿quién está legitimado para señalar quienes sí y quienes no tienen derecho a decidir? ¿Dónde se establece el nivel? ¿Tiene derecho a decidir el pueblo español? ¿El pueblo catalán? O una vez rota la delimitación constitucional ¿tendría derecho a decidir cualquier entidad local o provincial? ¿Tiene derecho una parte del pueblo soberano a excluir a otra parte del mismo en la toma de decisiones?

Parece claro que el acuerdo es prácticamente imposible si de lo que se trata es de romper unilateralmente las reglas de juego y de imponer unas nuevas reglas sin el consenso entre todos los participantes. Y parece aún más claro que los socialistas catalanes han apostado por “el derecho a decidir”, es decir, por la voladura de la soberanía del pueblo español en contra de las tesis y presupuestos ideológicos del PSOE. Por ello, parece difícil que la recomposición de los acuerdos que mantenías unidos a ambos partidos llegue a buen puerto. Son dos posturas irreconciliables por mucho que traten de “vender” otra cosa. Si el PSOE renueva algún tipo de acuerdo de colaboración con el PSC sin que éste renuncie a las tesis independentistas, el primero habrá dejado de ser de forma definitiva un partido de ámbito nacional o estatal como les gusta decir a ellos. Y ése es un lujo que España no se puede permitir.

Santiago de Munck Loyola

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Cataluña: ir por lana y salir trasquilado.

Si una cosa ha dejado muy clara Artur Mas es su propia incompetencia como político. De una parte, ha demostrado su incompetencia para gobernar su autonomía en una situación económica desastrosa heredada del tripartito hasta el punto de adelantar dos años el fin de su mandato. Y, de otra, ha demostrado largamente su incompetencia como estratega a la vista de los pésimos resultados electorales que ha alcanzado. Trató de encubrir su incapacidad para lidiar con la crisis sacando a pasear el estandarte independentista y convocó elecciones autonómicas solicitando de los votantes una “mayoría excepcional”, es decir absoluta, para poner en marcha su proyecto secesionista y lo hizo en términos plebiscitarios.

Los resultados de esta doble incompetencia, como gestor y estratega, son evidentes:

1º Artur Mas ha conseguido que su partido pierda 12 escaños en el Parlamento catalán, de 62 a 50. Es decir, el logro de este “brillante” estratega ha sido perder un 20 % de representación parlamentaria.

2º Con su envite independentista, Artur Mas ha logrado que la representación parlamentaria de los partidos independentistas se reduzca en dos escaños pasando de 74 escaños a 72.

3º Ha conseguido radicalizar la posición del electorado independentista al propiciar un importante incremento de los radicales de ERC que pasan de 10 a 21 escaños y la aparición de la CUP con tres escaños, lo que contribuirá a dificultar la gobernabilidad y la estabilidad de la región.

4º Artur Mas ha logrado igualmente proyectar una imagen internacional negativa tanto para Cataluña como para el resto de España, transmitiendo una sensación de inestabilidad política sin precedentes lo que, sin ninguna duda, supone una pérdida de confianza de las instituciones internacionales y de los inversores extranjeros.

5º Ha hecho que el debate electoral sobre los graves problemas económicos y sociales que aquejan a Cataluña quede relegado a un segundo plano en beneficio del debate secesionista y en perjuicio del contraste electoral de diferentes opciones para resolver los graves problemas que diariamente afectan a los ciudadanos.

6º Ha dejado a Cataluña sin la aprobación de un Presupuesto para el próximo año cuya elaboración por el nuevo Gobierno que haya de constituirse tras estas elecciones se demorará muchos meses, precisamente cuando es más necesario que nunca comparecer ante las instituciones europeas con unas cuentas públicas rigurosas que avalen la recepción de fondos y ayudas para intentar salir de la crisis.

Éstos son algunos de los resultados obtenidos por la cobarde apuesta soberanista del Sr. Mas. En definitiva, no gobernar, no tomar decisiones solventes para solucionar los graves problemas de los ciudadanos a cambio de una aventura que se ha saldado con un estrepitoso fracaso electoral. Los sueños y los deseos no han podido con la dura realidad de la que intentaba evadirse el Sr. Mas. También ha conseguido poner sobre el tapete el espinoso asunto de la corrupción política, ésa que, de creer a la subvencionada prensa catalanista, no existe en el llamado “paraíso catalán”. Parece incomprensible que distintos informes policiales elaborados hace ya dos años en los que se alude a supuestas cuentas bancarias de dirigentes nacionalistas en paraísos fiscales no hayan salido a la luz hasta ahora. Es cierto que su filtración en estos momento ha respondido seguramente a intereses electorales, pero no lo es menos que resulta cuando menos curioso, sobre todo en un país como el nuestro en el que se filtran continuamente diligencias judiciales declaradas secretas, que hayan permanecido ocultos durante tanto tiempo. ¿A qué se debe este sigilo? ¿A que cuando se investiga a determinados políticos por supuestas irregularidades fiscales existe un mayor celo y sigilo que cuando se trata de ciudadanos normales? ¿No comunica la policía sus sospechas a los inspectores fiscales cuando se trata de políticos? ¿Hacienda no actúa con el mismo celo que con cualquier ciudadano cuando el sospechoso es un político? Se trata en todo caso de un grave asunto que no puede quedar en el anecdotario de una campaña electoral. Hacen falta luz y taquígrafos para que los ciudadanos sepamos la verdad. Tenemos derecho a conocer si se ha tratado de una simple sucia maniobra electoral o si, en realidad, existe una auténtica olla podrida, escondida durante tiempo por cierta prensa y determinados políticos, de la que se nutren partidos y dirigentes catalanes.

Como en todo proceso electoral, siempre hay consuelo para todos. Los socialistas aparentan cierto alivio por no haber perdido tantos escaños como pronosticaban las encuestas. Perder casi un 30 % de su representación parlamentaria y cosechar el peor resultado electoral de su historia es todo un éxito para algunos pensando que podía haber sido mayor la pérdida. Los populares catalanes satisfechos también porque, a pesar del desgaste producido por las duras medidas presupuestarias del Gobierno de la Nación,  han aumentado en un escaño su representación aunque ello signifique que no hayan alcanzado aún el porcentaje que en 1995 alcanzó Alejo Vidal Cuadras, el 13,1 %. Hay un dato curioso: en las generales del 2011, el PP obtuvo el 20,7 % de los votos en Cataluña (Ciudadanos no presentó candidaturas). Ahora, el PP ha obtenido el 12,99 % y Ciudadanos el 7,6 % de los votos. La suma de ambos porcentajes es casi idéntica al obtenido por el PP en solitario en las generales. En medio de tanta autocomplacencia popular no estaría de más que alguna cabeza pensante analizase este dato y realizase algún tipo de autocrítica para corregir o modular internamente determinados criterios porque hay un hecho evidente: más de un tercio del electorado popular en Cataluña no vota al PP en las autonómicas y prefiere hacerlo a un partido que no tiene complejo alguno respecto a su españolidad y a la crítica al actual sistema autonómico.

Ahora se abre un período mucho más difícil y posiblemente convulso que el terminado el pasado domingo. Ahora podremos comprobar cuales son las nuevas prioridades de la clase política catalana, si dan prioridad a la resolución de los graves problemas sociales y económicos de los ciudadanos o, por el contrario, la prioridad es otorgada a las metas secesionistas e identitarias. Es decir, si los políticos están con la gente o con su justificación existencial.

Santiago de Munck Loyola

Las personas importan, no las banderas.

La historia está repleta de ejemplos de gobernantes que, ante su propia necesidad de supervivencia, han sabido dirigir la atención de sus conciudadanos hacia metas o enemigos imaginarios desviando así la atención de la realidad más próxima y que más les podría perjudicar. Hoy casi todos estamos pendientes del capote independentista que el Sr. Mas está agitando con cierta soltura y nos fijamos en las estrafalarias afirmaciones de su entorno: que si los aviones españoles les amenazan, que si Cervantes y Cristóbal Colón eran catalanes, que si Cataluña perdió 600 años de “autogobierno”… No importa la majadería que suelten, todos entramos al trapo.

Es cierto que hay muchos catalanes, inducidos o convencidos, que sienten que la independencia es su sueño, pero también es cierto que la independencia o no de Cataluña no es el principal problema que ensombrece la vida de millones de catalanes. El Sr. Mas y su partido heredaron una administración arruinada por el tripartito pero ha sido incapaz de poner remedio a dicha herencia y los problemas no han hecho otra cosa que crecer.

Los datos están ahí y no se trata de frías estadísticas sino que detrás de cada número hay personas sufriendo, auténticos dramas familiares que no van a encontrar remedio con el simple debate sobre la independencia. Durante el tercer trimestre de 2012 el paro ha subido en Cataluña en 18.000 personas más, alcanzando un total de 840.000 desempleados, es decir, el 22,56%. Simultáneamente, en el conjunto de España, el paro ha subido en 85.000 personas, un 1,5% más que el trimestre anterior, hasta situarse el número total de desempleados en 5.778.100,  el 25,02%. Mientras discutimos sobre la independencia, Cataluña es una de las comunidades en las que mayores incrementos de parados se han dado en el último año, un 13,26 % más que en el tercer trimestre del año pasado.

En este contexto político, económico y social, en Cataluña el 57% de los ciudadanos lo tienen crudo para llegar a fin de mes, el 39% de las familias no pueden permitirse ni una semana de vacaciones al año y el 12,7% no puede siquiera poner la calefacción. Mientras se inflaman los sentimientos independentistas y se emplea mucho dinero en ello, el número de las familias que viven de alquiler se ha disparado en cinco años (del 14% al 24%). Mientras el Sr. Mas prometía hoy que en una Cataluña independiente bajaría los impuestos resulta que hoy uno de cada tres catalanes está bajo el umbral de la pobreza, más de 2.200.000 pobres. Claro que habrá quién rápidamente argumentará que eso es porque Cataluña entrega al Estado mucho más de lo que recibe y no le importará lo más mínimo que según los últimos datos oficiales es la Comunidad de Madrid la que más dinero ingresa a las arcas del estado, recibiendo a cambio mucho menos que las demás o que Cataluña, por ejemplo.

Muchos economistas han rebatido una y otra vez el manido argumento de la balanza fiscal desfavorable para Cataluña, pero les da igual. Lo de la solidaridad, principio básico en todo estado moderno y rector de la construcción europea, no cuenta para ellos, para los que siendo incapaces de resolver los problemas de la sanidad, la educación, las pensiones o la simple convivencia, buscan en la independencia la tapadera de su ineptitud. Pues gracias a esa solidaridad tan denostada por los independentistas es por la que en Cataluña o en el País Vasco se pueden seguir pagando las pensiones desde el año 2010. Son los excedentes de cotización a la Seguridad Social de Canarias, Madrid y Baleares los que pagan en este momento el déficit que arrojan las pensiones en Cataluña y el País Vasco entre otras regiones de España. Según estos datos, durante 2010, la aportación total de Cataluña a la Seguridad Social fue de18.422 millones de euros, pero sus pensiones costaron 18.842 millones. El desfase se acentuó en 2011, el último ejercicio cerrado, cuando los ingresos por cotizaciones de Cataluña ascendieron a 18.373 millones y los gastos en pensiones fueron de 19.541 millones.

Pueden seguir agitando el referéndum o la bandera de la independencia pero lo cierto es que mientras tanto los recortes sanitarios han disparado un 42,1% las listas de espera el último año en Cataluña, debido al primer ajuste presupuestario de la historia en este ámbito con un recorte del 10% en sanidad. Y son los ciudadanos, no los políticos, quienes lo pagan. Los políticos siguen en su mundo virtual, dedicando millones de euros a la promoción del independentismo, a sus pseudo embajadas donde sus familiares y amigos están al abrigo del desempleo y de los recortes, alejados del umbral de la pobreza que cada día se hace más grande para el resto.

Ahora más que nunca es cuando se puede medir la talla de cada uno y qué prioridades son las que rigen sus actos. ¿Las personas o las banderas? Cuando el barco hace agua en medio de una tremenda tormenta, pretender salvarse abandonándolo en un bote salvavidas en lugar de contribuir a cerrar las vías de agua y de achicar arrimando el hombro, es posiblemente un tremendo error. Un error que dice muy poco de quienes lo intentan.

Santiago de Munck Loyola