Los dipujetas.

Contaba el ex premier británico Winston Churchill que de joven su máxima aspiración era llegar a ser diputado y que no dejaba de preguntarse cómo poder llegar hasta un escaño. Una vez elegido diputado, al observar a sus nuevos colegas, lo que no dejaba de preguntarse es cómo demonios habían conseguido llegar a diputados algunos de los elementos allí sentados.
Seguramente es lo mismo que deben preguntarse muchos parlamentarios serios, decentes y responsables, que haberlos los hay, cuando contemplan las actitudes y comportamientos de algunos de sus colegas, como en el caso de los diputados de la Asamblea de Madrid, Bartolomé González e Isabel Redondo, cazados esta semana in fraganti jugando en sus escaños con sus “aparatitos” mientras que en la Asamblea se discutían temas tan poco relevantes para dichos parlamentarios como el de la externalización de servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid.
¿Cómo han llegado ser diputados Bartolomé González o Isabel Redondo? Es difícil precisar de forma exacta la manera en que han conseguido llegar a la Asamblea de Madrid pero lo que sí es indudable, para quienes los conocemos personalmente, es que ninguno de los dos ha llegado gracias a sus conocimientos jurídicos, ni al respaldo de los militantes populares para su inclusión en las listas electorales. En el caso de Bartolo, de estudios desconocidos, tras su paso y expulsión de la Alcaldía de Alcalá de Henares, el Alcalde más caro de la historia de la localidad, ha terminado recalando en la Asamblea de Madrid. Seguramente su larga trayectoria política, única profesión que ha ejercido aunque al abrigo de la misma se haya convertido en empresario según se acredita en su parco curriculum en la página web de la Asamblea, ha debido ser su aval para que el divino dedo superior le haya designado para figurar en la lista autonómica del PP en las últimas elecciones autonómicas. Ya de jovencito, allá por el año 1994, hizo gala de sus dotes conspiratorias y de sus malas artes para desbancar a la entonces Presidenta popular alcalaína, Rosalía, que aún debe estar sacándose dagas y puñales de la espalda. Por tanto, este cóctel de trepador, desmedida ambición y carencia de formación jurídica han debido ser cualidades más que suficientes para elevarle a tan altas instancias parlamentarias, con el resultado que esta semana todos hemos podido constatar.
En el caso de Isabel, historiadora de estudios y de profesión política, sólo existe coincidencia con el anterior en su ausencia de formación jurídica, algo que, al parecer, no importa nada para ocupar un escaño en el órgano legislativo de la Comunidad de Madrid, pero siempre se ha sabido mover muy bien por los pasillos de la Calle Génova. Con su talante antiliberal que la caracteriza, hace pocas semanas, recriminó duramente a una afiliada popular de Rivas-Vaciamadrid por haberse atrevido a escribir en su muro de Factbook una crítica sobre la supresión de la paga extra a los empleados públicos; según la parlamentaria, no se puede ejercer la libertad de expresión en las redes sociales. Claro, luego pasa lo que pasa, que como hay libertad de expresión te pillan “estafando” a los contribuyentes, es decir, usando el sueldo que te pagan para jugar, en vez de trabajar, y encima van y lo publican.
Claro que el caso de estos dos dipujetas no es el único. Hay por la Asamblea de Madrid un diputado popular al que sus compañeros han tenido en más de una ocasión que llamarle la atención para que hable más bajo con el móvil a la hora de hacer sus transacciones comerciales en el mundo de la automoción. En otras ocasiones han sido noticia diputados que son cazados mientras hacen crucigramas en sus escaños, juegan con la tablet o simplemente duermen. En febrero de 2008 Lola Gay, diputada del PSPV por Alicante, fue ‘cazada’ por los fotógrafos navegando por la web de ‘Privalia.com’, un club privado de compras, mientras elegía modelitos exclusivos en lugar de realizar su trabajo parlamentario. Con estos jetas ¿le extraña a alguien que la clase política pierda cada vez más prestigio?
Resulta inadmisible que el Director de la Razón, Sr. Marhuenda, rompa una lanza a favor de estos dipujetas madrileños y de cuantos siguen sus mismas prácticas, afirmando que se pueden hacer dos cosas a la vez, jugar y atender al debate parlamentario. Es posible que se pueda, que tengan esa capacidad, pero no se debe por una simple razón: se les paga para que atiendan a su trabajo parlamentario, no para que jueguen en su escaño. Así de claro y sencillo. Dipujetas como Bartolomé González e Isabel Redondo desprestigian la labor y el trabajo de muchos otros parlamentarios decentes y trabajadores y no se merecen estar en la misma categoría política. Una vez más falla la ejemplaridad.
Es evidente que a estos dipujetas les aburría su trabajo, que les aburría el debate sobre la sanidad madrileña y sobre los problemas de los ciudadanos de Madrid, que no tienen ningún escrúpulo moral en cobrar por un trabajo que no hacen y que carecen de legitimidad moral para seguir ni un solo día más sentados en el parlamento madrileño. Si les queda algo de vergüenza deberían dimitir e irse a la calle a ganarse la vida como cualquier ciudadano, aunque después de tantos años viviendo a costa de su partido y de los ciudadanos lo tengan francamente difícil.
Santiago de Munck Loyola

RIVAS: LA CAÑADA REAL GALIANA.

Nada puede haber peor para abordar un problema con rigor y seriedad que hacerlo en un período preelectoral en el que, lejos de buscar puntos de consenso, los intervinientes lo usarán, sin ninguna duda, como un arma arrojadiza. La Cañada Real Galiana constituye desde hace muchos años un auténtico problema social, urbanístico y medioambiental. En este contexto hablar hoy de culpas y responsabilidades por parte de los políticos constituye una simpleza y una estupidez. Señalar a éste o a aquél político como responsable de la grave situación que atraviesa la Cañada Real a su paso por los distintos municipios afectados no conduce a nada ni sirve para resolver los problemas y cualquier asignación concreta de responsabilidades será, sin ninguna duda, una tremenda mentira. Porque lo cierto es que la responsabilidad está absolutamente repartida entre los regidores de los municipios afectados y de los distintos Gobiernos de la Comunidad que se han venido sucediendo. Y esa responsabilidad alcanza a todos los partidos del arco parlamentario madrileño. Siempre han mirado hacia otra parte, dejando que el avispero creciera. Ninguno de ellos, a lo largo de los últimos 30 años ha tomado medida alguna efectiva en el ámbito de sus competencias para defender lo que constituía un patrimonio histórico y medioambiental de todos los ciudadanos. Si lo hubiesen hecho, hoy no estaría la Cañada Real como está y no se habría convertido en lo que es: un expolio consentido del patrimonio común y un gueto casi institucionalizado.
En 1999, el Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid elaboró junto con dirigentes de Covibar un proyecto que permitiría recuperar como espacio público más de 1,5 Km. de cañada a su paso por el municipio, realojando a los vecinos que lo necesitasen. El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid no quiso saber nada de la propuesta por la sencilla razón que provenía del PP. Pero también hay que señalar que tanto el Ayuntamiento de Madrid, como el Gobierno Regional si bien vieron con buenos ojos la propuesta, tampoco es que se volcaran para hacerla realidad.
Ahora, por primera vez, la Asamblea de Madrid ha tomado una decisión valiente, encaminada a resolver este grave problema, aunque quizás el momento elegido no haya sido el más oportuno, con la aprobación de la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana. Se podrá o no estar de acuerdo con la fórmula adoptada, se podrá discutir sobre la constitucionalidad o no de la Ley, pero, en todo caso, se trata de la demostración de la existencia de una voluntad política para solucionar una realidad que no hace más que deteriorarse día a día. Y, a partir de ahora, los Ayuntamientos afectados deberán demostrar, porque así lo prevé la Ley, su capacidad de gestión y su voluntad política para ordenar un territorio que, hasta ahora, era un territorio sin Ley.
Es hora de elaborar y desarrollar propuestas sociales, creíbles y justas. Es hora de consensos en cada municipio para lograr un resultado bueno para todos. De lo que no es hora es de apuntar con el dedo a los presuntos culpables de lo ocurrido porque además de correr el riesgo de equivocarse existe la posibilidad de que le pillen a uno la punta del dedito acusador.
Santiago de Munck Loyola.