Clase, casta y regeneración política.

Mucho se está usando y escribiendo sobre el concepto de “Casta política” desde que la gente de “Podemos” lo sacase del armario en la extensa y servil red de medios de comunicación que se ha puesto a su servicio. No hay que olvidar que dichos medios tienen propietarios y que, como en todas partes, hay empresarios dispuestos a todo con tal de obtener beneficios, incluso a suicidarse. Y tan de modo está el concepto que sin ir muy lejos, el Secretario General del PSPV, que acumula cuatro cargos entre los que paradójicamente se encuentra el de flamante Secretario del PSOE para la Regeneración Democrática, el Sr. Ximo Puig, ha descalificado recientemente el discurso de esa formación y el uso que hace de la idea de “casta política” calificándolo de viejo y atribuyendo su paternidad intelectual al italiano Gaetano Mosca, añadiendo de paso que «Gaetano Mosca por otra parte fue uno de los intelectuales a los que Mussolini en su momento acudió con frecuencia». Se trata, sin duda, de un fallido intento de vincular ideológicamente a Podemos y a cuantos usan el concepto de casta política con el fascismo. Ni que decir tiene que los “ramalazos” autoritarios y totalitarios de Podemos son más que evidentes, pero hay que tener más rigor a la hora de encuadrar las ideologías. ETA, por ejemplo, no es una banda fascista por mucho que algunos se empeñen, porque ideológicamente está y siempre ha estado en el espectro de las ideologías totalitarias de la izquierda que las hay y muchas.

 

La casta política es una idea vieja que desde el siglo XIX ha salido a la luz cada vez que en una sociedad política se entraba en una fase de profunda degeneración del sistema y en España se ha venido usando con profusión desde entonces de forma cíclica.

 

Políticos, clase política, casta política e incluso castuza son expresiones frecuentes en estos tiempos que sobrevuelan los debates políticos, que se emplean como armas arrojadizas y que, en definitiva, se han hecho presentes con fuerza en medio de un amplio rechazo ciudadano hacia todo lo que tenga que ver con la política, como respuesta al grave daño social que la crisis económica ha generado en muchos españoles. La imprevisión de los políticos ante la crisis y la propia gestión de la misma han provocado una profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema político que ha entrado también en crisis.

 

Cada cual usa esos conceptos a su conveniencia e interés, pero no está de más recordar que las generalizaciones no son buenas y que cada uno de esos términos (políticos, clase política, casta política o castuza) es diferente y deberían ser usados con mucho más seriedad de lo que se viene haciendo. Hay quien como Felipe González se ufana de pertenecer a esa “casta política” que protagonizó la transición y quizás debería haber usado mejor el término de “clase política” al referirse al conjunto de políticos protagonistas de aquella época histórica pues, aunque el pertenezca a la “casta política”, no toda aquella clase política terminó transformándose en una casta.

 

Hace pocos días, ante la celebración de elecciones internas el próximo 20 de septiembre, un miembro de VOX escribió lo siguiente: “El futuro de este partido pasa sin ninguna duda por Santi Abascal. No es casta, tiene la cabeza bien amueblada, ideas claras, sabe expresarlas en el lenguaje que entiende la gente, se sabe rodear bien…”. Nótese la promoción a la defensiva: no es casta. Es evidente que para el defensor de Santiago Abascal como futuro líder de VOX éste no es casta. Sería interesante conocer su idea sobre su concepto de casta, pero a priori parece que dista mucho de la idea que tiene la mayor parte de la gente. Santiago Abascal, actual Secretario General de VOX, tiene 38 años. En 1999, con 23 años  ocupó su primer cargo público como concejal del PP en Llodio (Álava) y desde entonces ha ido saltando de cargo en cargo sin bajarse prácticamente de los presupuestos públicos hasta finales de 2013.

 

Nadie discute el valor, el sacrificio y el patriotismo de un joven de 23 años para en 1999 atreverse a ser concejal en el País Vasco, ni el suyo ni el de otros tantos miles de personas que allí y en otras partes de España se han jugado la vida por unos nobles ideales, sin que hayan tenido las mismas oportunidades de promoción y protección política gozando de iguales o mayores capacidades que él. Y tampoco se pone en tela de juicio su capacidad o no de liderazgo. Pero los hechos son tozudos por evidentes. Alguien que nunca ha sabido o querido ganarse la vida fuera del paraguas que proporciona un partido político es, se quiera o no, para bien o para mal, miembro de la llamada casta política. Como lo era el anterior Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que salvo un breve paréntesis de tres años como ayudante de cátedra universitaria, desde 1986 se dedicó plenamente a la política, es decir, se desarrolló personal y profesionalmente bajo el paraguas protector de un partido político a diferencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y como ellos muchos otros que resulta ocioso citar ahora. No se trata de juzgar aquí como buena o mala esa circunstancia, sino de subrayar lo que es evidente y de enlazarlo con la coherencia o no de enarbolar un discurso regenerador de la política como el que proclama VOX.

 

Hablamos de clase política porque muchos políticos han construido un sistema que les privilegia frente a los auténticos soberanos de la democracia, los ciudadanos. La clase política goza de privilegios que todos conocemos: fiscales, retributivos, judiciales, en materia de pensiones, etc. Y dentro de la clase política existe, además, la casta política que a los anteriores privilegios suma unos rasgos específicos como pueden ser la cooptación en el origen de sus cargos, la ausencia de experiencia y de actividades profesionales previas a su dedicación política, su dependencia y protección, en su caso, de las redes partidistas, su profesionalización en la subsistencia política (es distinto un profesional político, un político profesional y un profesional de la política) y en no pocos casos la ausencia de la formación específica que la política y la gestión de las administraciones públicas debería requerir. La regeneración es ya una exigencia social y su desarrollo requiere ideas nuevas y audaces, coherencia política y, sobre todo, políticos que sean conscientes de que su valor y credibilidad política depende de su trayectoria vital y del valor de su palabra que es la que habrán de comprometer para firmar un contrato para el cambio con el ciudadano.

 

Santiago de Munck Loyola

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¿Hacia una República excluyente?

El 82 aniversario de la proclamación de la II República se ha celebrado en muchas ciudades españolas con una afluencia de público sensiblemente superior a las conmemoraciones de años anteriores. A ello ha contribuido, sin duda, el mal momento que la Monarquía española está atravesando ante la opinión pública, tal y como señalan las últimas encuestas, como consecuencia del comportamiento poco ejemplar del Rey y de algunos miembros de la familia real. Es evidente que en medio de una crisis como la que venimos padeciendo en la que la sensibilidad social está a flor de piel aquellos que encarnan la Institución Monárquica no han sabido estar a la altura que de ellos cabía esperar.

Sin embargo, la celebración de hoy no puede ser compartida, ni muchos menos, por quienes siendo republicanos no se sienten identificados con un modelo republicano como el del año 31 construido por media España contra la otra mitad y que fue un absoluto fracaso de convivencia. Una buena parte de la izquierda española, sobre todo la más radical, postula el advenimiento o la instauración de una tercera República en España sobre la base y la nostalgia del modelo republicano de 1931, con todo lo que ello conlleva de identificación con los errores y aciertos de mismo. Así, una vez más, se vuelve a cerrar la puerta política a quienes aspiran a la construcción de un modelo republicano desde posiciones de centro, de derechas o de izquierda moderada.

España cuenta hoy con la Constitución más abierta y democrática de su historia. Una Constitución nacida al amparo de la Monarquía, cuya contribución a su nacimiento es innegable, en circunstancias políticas y sociales tremendamente difíciles y que ha permitido a la sociedad española alcanzar niveles de convivencia pacífica y cotas de bienestar social nunca antes logradas. Sin embargo, es muy probable que la Monarquía, en las actuales circunstancias, haya agotado su papel en el desarrollo político de nuestra sociedad. Es evidente que una situación coyuntural no puede servir de argumento para un cambio de modelo tan profundo como podría ser el paso de la Monarquía hacia la República. Las tendencias de opinión fluctúan enormemente en breves espacios de tiempo y más hoy con la influencia de las redes sociales. Pero sí podría ser aconsejable reflexionar serenamente sobre la vigencia del papel de la Monarquía y sobre todo sobre su utilidad a la sociedad española. Lo que no cabe duda es que este debate debería plantearse sobre criterios de objetividad y no sobre criterios emocionales, sobre planteamientos de objetivos de futuro y no sobre nostalgias y planteamientos trasnochados.

Y si algo en las celebraciones del día de hoy podría poner en guardia a cualquier demócrata, sea republicano o monárquico, es el desfile paramilitar que se ha celebrado en Madrid para rememorar la II República. Banderas de la II República (que no republicanas ya que la I República mantuvo la bandera de España) con una estrella roja en el centro eran portadas marcialmente en paralelo con banderas comunistas. Esta identificación entre la II República, y al parecer con la futura III República, y la ideología comunista es todo un síntoma, un peligroso síntoma del triste fin que tendrían las libertades públicas que hoy disfrutamos, esas “libertades burguesas” que según los comunistas sólo son respetables en cuanto transitorias y como mero instrumento para la consecución del poder.

Bandera de España II República.

Bandera de España I República.

La identificación de una futura III República con el comunismo y con lo peor de la II República sólo puede servir para que los republicanos demócratas confíen en que dure mucho la Monarquía y las libertades consagradas en la Constitución de 1978. La legítima aspiración de cambiar la forma del estado español pasando de una Monarquía a una República no puede construirse mirando hacia atrás, sino hacia el futuro, no puede sustentarse sobre modelos excluyentes y sectarios como pocos, sino con una visión integradora de toda la sociedad española, no debe reclamarse adjetivando a la República con términos como popular o socialista, sino con la capacidad de permitir la alternancia política sin más limitación que la que imponga en cada momento el electorado en las urnas. Mal se empieza cuando la reclamación de una nueva República se simboliza tratando de imponer la bandera de un régimen concreto sobre la de la Nación, cuando se trata de identificar al futuro régimen con una ideología partidista y excluyente y cuando se justifica desde la nostalgia de un pasado muchas veces inexistente y no sobre convicciones políticas racionales y de integración nacional

Santiago de Munck Loyola

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El fin no justifica los medios.

Siempre me he manifestado desde estas páginas muy crítico con la actuación de la clase política en torno a la dación en pago de la vivienda, a su actitud ante a las entidades financieras y al drama de de los desahucios, Nuestra clase política ha reaccionado tarde y mal ante una situación que afecta gravemente a miles de ciudadanos españoles y no ha sabido ni prevenir, ni corregir a tiempo los graves problemas sociales que su propia ineptitud e insensibilidad ha venido generando durante los últimos años. Dicho esto no queda más remedio que denunciar también determinados comportamientos totalitarios promovidos por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y su representante mediática Dª Ada Colau.

Hace unos meses la Sra. Colau ya anunció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que su organización iba a hacer que sus Señorías se enterasen bien de lo que su organización pretendía, de sus objetivos, y que, para ello, les iban a “informar” detalladamente. ¡Y vaya que se están enterando! A nadie se le escapaba que ese anuncio no era otra cosa que la señal de partida de una campaña, no de información sino de coacción para intentar determinar el voto de los representantes de los ciudadanos en las instituciones. Y esta campaña informativa se ha convertido, como era de esperar, en la coacción sistemática y el acoso personal y familiar que están sufriendo los representantes del Partido Popular por parte de grupos de la Plataforma. Ahorabien, el desarrollo de esta campaña coactiva lo que plantea, en primer lugar, es el interrogante sobre su oportunidad. ¿Por qué ahora y no hace unos meses o unos años? ¿Simple casualidad? El 22 de febrero de 2011, con un Gobierno Socialista, el Pleno del Congreso rechazó por amplia mayoría la propuesta de IU e ICV para que las hipotecas pudieran ser saldadas mediante la entrega de la vivienda al banco ( http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/02/22/congreso-rechaza-saldar-hipoteca-entregando-piso/1098025.html) y no queda más remedio que preguntarse dónde estaba la Sra. Colau y sus partidarios y por qué no iniciaron entonces una campaña de acoso y coacción sobre todos los diputados, incluidos los socialistas, que se opusieron a la dación en pago. ¿Movilizarse contra un gobierno “progresista”? Pues fue que no. En marzo del mismo año, el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero volvió a oponerse a la dación en pago (http://youtu.be/1jS637PH82Q) y en repetidas ocasiones manifestó que la aprobación de la misma en los términos defendidos por sus promotores pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero. ¿Y dónde estaba entonces la Sra. Colau y sus partidarios? ¿Se movilizaron para “informar” en los domicilios de los dirigentes socialistas? ¿Los acosaron con la misma violencia verbal con que acosan hoy a los diputados del PP? Evidentemente no.

En segundo lugar, cabe también preguntarse sobre la validez y la naturaleza democrática de estas “campañas informativas” promovidas por la Sra. Colau.Es evidente que la finalidad de estas campañas no es la de informar. Por más que lo repita la Sra. Colaues una burda mentira. Los diputados están sobradamente informados. El objetivo es señalarlos, criminalizarlos y coaccionarlos para que modifiquen su intención de voto en torno a las propuestas de la Plataforma, propuestas que, incluidas hace poco más de un año en el programa electoral de algunos partidos, no alcanzaron en las urnas el voto mayoritario de los ciudadanos españoles. Admitir la validez de estos métodos coactivos sería admitir que cualquier otra causa pudiera ser promovida y defendida con métodos idénticos para conseguir que los parlamentarios se dobleguen por miedo a las pretensiones de sus promotores. Por muy noble que pueda ser un determinado fin no se puede alcanzar a través de cualquier medio. Es un principio elemental que define la esencia de la democracia.

Hay quien defiende estas actitudes coactivas argumentando que no pasa nada, que la gente tiene que desahogarse, que los afectados sufren más violencia institucional y financiera que los diputados, etc. Pero son argumentos falaces. La violencia estructural, como ellos la definen, no se combate con otro tipo de violencia, ni la soberanía popular puede expresarse a través de otros medios distintos a los constitucionalmente señalados. No entran en el fondo del asunto que no es otro que el de admitir o no el uso de cualquier medio, incluido el uso de la coacción y de la violencia moral, para la consecución de un determinado fin. Admitirlo es abrir una peligrosa puerta para la ruptura de la convivencia y del estado de derecho. Y quien no quiera verlo así, creo, sinceramente, que se equivoca.

Santiago de Munck Loyola

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Democracia avanzada.

Hace unos días, un amigo me envió un interesante enlace de Internet (http://demo4punto0.net/) en el que se formula una propuesta sobre la participación directa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Se trata de una iniciativa presentada en junio de 2010,  por Juan Moreno Yagüe, un abogado sevillano y que desde noviembre del 2010 duerme el sueño de los justos, como era de esperar con esta clase política, en un cajón de la Comisión de garantías constitucionales del Congreso de los Diputados. La propuesta de este abogado afecta directamente a las nociones de soberanía nacional, la representación política y a la participación directa del votante y supone la formulación práctica de una evidencia real: la superación de las teorías políticas tradicionales sobre las que se fundamenta nuestro esquema político, el de todas las democracias representativas.

En síntesis, la propuesta formulada plantea que los electores podamos intervenir, si así lo decidimos, en la toma de decisiones, en las votaciones que se desarrollan en el Congreso de los Diputados y, se entiende que, por extensión, en cualquier cámara representativa en la que los electores hayan delegado su voluntad. Se propone, por tanto y en relación al Congreso, que los 35 millones de electores representados por 350 diputados tengan la posibilidad de descontar la pequeña cuota de representación de cada uno (una treinta y cinco millonésima parte) votando cuando quieran a través de Internet. A todos los diputados se les restaría una pequeña parte de soberanía, la correspondiente a la cuota de soberanía del número de personas que decidiesen utilizar su derecho a votar.

Es un hecho evidente que las posibilidades que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías suponen una superación radical de las teorías políticas elaboradas en los últimos tres siglos y la concreción de las mismas en los modernos sistemas políticos.

Del mismo modo que el concepto político de la soberanía evolucionó a lo largo de los siglos desde el autoritarismo de Thomas Hobbes para quien la soberanía radicaba de forma exclusiva en el soberano, pasando por Rousseau que atribuyó la soberanía al pueblo, generador de la voluntad colectiva que era transferida al soberano, hasta llegar a Sièyes que matiza el concepto y lo transforma en el de soberanía nacional, ampliando los sujetos depositarios de la misma, el concepto de representación política también ha sufrido una evolución paralela pero su construcción intelectual, hoy por hoy, no se ajusta ni a las posibilidades técnicas, ni a las necesidades de una sociedad moderna en la que la información y la capacidad de decisión de individuos pueden hacerse efectivas en tiempo real.

El ejercicio práctico de la soberanía nacional se ha venido desarrollando a través del concepto de la representación política. Los ciudadanos ejercen su soberanía eligiendo a unos gobernantes o a unos representantes en los que delegan la misma para que actúen en su nombre durante un período determinado de tiempo transcurrido el cual podrán ver renovada o retirada la confianza. Los representantes hablan y actúan en nombre de los representados durante un período determinado de tiempo. Los partidos políticos se han venido convirtiendo, además, en instrumentos canalizadores de la soberanía nacional y en filtros que han matizado mucho la vinculación entre los representantes y los representados. Distorsionándole en ocasiones hasta extremos insospechados.

Hoy no existe ningún inconveniente técnico que impida al elector estar presente, si así lo desea, en la toma de decisiones políticas. Vivimos en una sociedad en la que la información, requisito esencial para un ejercicio efectivo de la libertad, circula a velocidad de vértigo y los ciudadanos no sólo tenemos acceso fácil a la misma, sino que, además, disponemos de los medios técnicos para poder manifestar nuestra voluntad de forma inmediata. Del mismo modo que podemos recibir notificaciones oficiales del Ministerio de Hacienda, pagar impuestas con nuestra firma digital a través de Internet o realizar compras a distancia podríamos poder emitir nuestro voto en determinadas circunstancias cuando así lo decidamos. Hace pocos días hemos visto como el Congreso (http://www.abc.es/20110721/espana/abci-congreso-cambia-reglamento-para-201107211401.html) ha adoptado las medidas necesarias par que una Diputada pudiera votar de forma telemática. Si sus señorías pueden hacerlo ¿por qué no el conjunto de los ciudadanos?

A la posibilidad técnica de hacerlo se añade además una necesidad evidente derivada del comportamiento fraudulento de los partidos políticos que, por una parte, nos imponen a los candidatos a representarnos sin permitirnos ningún tipo de vinculación que permitiese responsabilidades y exigencias ante los electores, y que, por otra, nos engañan en la oferta electoral que nos hacen a la hora de recabar nuestro voto y  que, una vez elegidos, no respetan sus compromisos electorales.

La recuperación de la soberanía por parte de los ciudadanos a través del voto digital no supondría la desaparición de los representantes políticos, instrumentos imprescindibles a la hora de elaborar, negociar y acordar la mayor parte de las tareas legislativas o gubernamentales, pero sí supondría una importantísima matización de su mandato, de su poder y, sobre todo, de su sintonía “on line” con el sentir del soberano, es decir, de nosotros mismos, en cada momento.

Santiago de Munck Loyola

El PP local de Alicante: suma y sigue.

Hoy, 30 de abril de 2012, a pesar de las distintas maniobras de los dirigentes populares alicantinos para evitarlo, se han celebrado las elecciones a compromisarios para el Congreso Regional. Las elecciones se han celebrado sin haber resuelto la impugnación presentada en fecha por incumplimiento de las Bases que habían de regir este proceso, en concreto, la no remisión a todos los afiliados de la ciudad de Alicante de la preceptiva carta señalándoles su derecho a presentar candidatura y los plazos y modo de hacerlo. El proceso seguido hasta llegar a la votación de esta tarde ha sido, cuando menos, curioso y merece la pena ser relatado para que cada cual saque sus conclusiones.

El jueves pasado unos afiliados, a pesar de no haber recibido la convocatoria, presentamos nuestra candidatura. El viernes por la mañana recibí la llamada, en nombre del PP provincial, de un concejal de apellido Zaplana. Su objetivo era persuadirnos amablemente para que retirásemos la candidatura. La conversación telefónica se desarrolló ante testigos. Dijo que la ciudad de Alicante contaba con 51 plazas de compromisarios, que dichas plazas ya estaban asignadas porque se había llegado a un consenso entre “las distintas familias y sensibilidades” del PP y que nuestras candidaturas sobraban porque si las manteníamos se verían obligados a realizar la votación.

La respuesta fue que no habían respetado las normas pues habían omitido las cartas a los afiliados, que no era la primera vez que ocurría, que un anuncio en prensa no era lo establecido en las normas y que el mencionado consenso no era tal, era simple pasteleo entre los de siempre y que, por tanto, no íbamos a retirar la candidatura. El interlocutor argumentó que era muy caro enviar tantos miles de cartas, que el consenso era tan democrático como la votación y que reconsiderásemos nuestra postura. Se le contestó que no, que íbamos a ejercer nuestros derechos y, de paso, que queríamos la relación de los 51 agraciados por el divino consenso. Se negó a enviarnos la relación de candidatos.

Hoy por la mañana, mi jefa, la Alcaldesa de cuyo Ayuntamiento soy funcionario, ha recibido la llamada de un alto cargo para “interesarse” por el asunto, ya se sabe, por si se me podía presionar por ahí. Casualmente se trata de un alto cargo del PP alicantino con el que la Alcaldesa lleva mucho tiempo tratando de contactar para resolver asuntos municipales y que nunca está disponible. Pero, mira por donde, para este asunto sí tenía tiempo.

Bueno, sin cartas a los afiliados, se han realizado las votaciones. Varios afiliados colapsaban la entrada al edificio para entregar la papeleta “oficial” a los votantes, es decir, una papeleta con los nombres de la “lista pastel” con su cruz impresa y en blanco los nombres de los “disidentes”. Como a los “disidentes” no se nos quiso entregar la relación de todos los candidatos no hemos tenido la oportunidad de imprimir papeletas con las cruces ya marcadas. Mientras un servidor deambulaba por la sede, ha escuchado como una diputada, al percatarse de mi presencia, mandaba a uno de los repartidores de papeletas que no hiciera dentro del local. Para colmo, al interventor de los “disidentes” no se le han facilitado los listados de los afiliados por lo que no ha podido ejercer sus funciones. Tan sólo un 6 % de los miles de afiliados del PP de la ciudad de Alicante ha acudido a votar, es decir, a los que desde la provincial se supone que han movilizado vía telefónica.

Creo en la participación y en la democracia interna, pero este proceso y esta votación me plantean muchas dudas e interrogantes. Ni la impugnación del proceso de febrero para el Congreso Nacional, ni la formulada para este viernes han sido contestadas. Agotada la vía interna toca acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y solicitar como medida cautelar la suspensión del Congreso Regional. Misión casi imposible y más conociendo el funcionamiento de la Justicia, pero cuando se tratan de derechos básicos y elementales en una organización política no queda otra vía. Es cuestión de principios.

Santiago de Munck Loyola

La invasión de los tecnócratas: todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

Los mercados internacionales decidieron que había que acabar con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, cuyo partido, el Polo de la Libertad, había ganado las últimas elecciones generales, y sustituirlo por un técnico, Mario Monti. Tras tiras y aflojas, Mario Monti ha sido nombrado primer ministro, ha compuesto un gobierno sin políticos y en breve habrá de someterse a la cámaras para obtener el respaldo de los partidos políticos, es decir, de los representantes de la soberanía popular. Esta complicada operación parece reunir todas las formalidades exigibles por la Constitución italiana, pero siendo un proceso técnicamente legal se plantean dudas más que razonables sobre su legitimidad y, por tanto, sobre la calidad de la democracia italiana. A lo mejor, con ello mejora la calificación de la deuda italiana, pero indudablemente empeora la calificación sobre la calidad democrática del sistema político italiano.

Los italianos no han sido consultados en las urnas sobre esta decisión que sus representantes han tomado para complacer a los mercados internacionales. El poder del dinero se ha impuesto sobre la soberanía popular. Hay quien saluda esta decisión y justifica la legitimidad de la misma argumentando que los parlamentarios son los legítimos representantes de los ciudadanos y, por tanto, los únicos con capacidad decisoria al respecto. Una vez más, se confunde la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio. Los parlamentarios lo son porque fueron elegidos presentando un programa a los electores que, en virtud del mismo, les confirieron el voto. Ninguno de esos programas electorales contemplaba una eventualidad como ésta y, por tanto, los parlamentarios carecen de mandato alguno de los electores para adoptar una decisión tan trascendental como ésta.

A esta circunstancia hay que sumar otra que resta aún más legitimidad al nuevo gobierno italiano. Ninguno de los nuevos ministros propuestos por el Profesor Monti son políticos, ninguno ha comparecido ante las urnas y ninguno de ellos, por tanto, ha recibido mandato alguno de los votantes.

Las democracias reales, las democracias serias no funcionan así. Nos encontramos ante una recuperación del viejo principios del absolutismo ilustrado de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Es muy posible que los italianos eligieran mal en las últimas elecciones y que el gobierno surgido entonces haya resultado un desastre, pero es lo que eligieron y si ahora es preciso rectificar el rumbo debería ser la propia ciudadanía la que tomase una nueva decisión.

Las reglas de juego básicas en cualquier democracia pasan porque los ciudadanos elijan un programa de gobierno y un determinado gobierno o que adopte decisiones que permitan a los partidos políticos llegar a determinados acuerdos para hacerlo cuando no hay un mandato claro al respecto. En este caso, estas reglas no se cumplen.

Es muy posible y lo hemos visto recientemente en España que un gobierno no esté compuesto precisamente por personas preparadas para abordar situaciones tan difíciles como las actuales pero ese error, si así lo aprecian los ciudadanos, se debe pagar en las urnas. Si los llamados tecnócratas tienen que gobernar un país deben recibir el mandato de los ciudadanos para ello, es decir, deben presentarse a las elecciones con las siglas de su preferencia (no nos engañemos, por muy técnicos que sean cada uno tiene su ideología política) o formalizar programas y candidaturas independientes. Pero si los tecnócratas llegan al poder por vías diferentes estamos ante una auténtica prostitución de la democracia y ante una estafa legal a los ciudadanos. De seguir con esta vía, cualquier día nos quitan las elecciones y convocan oposiciones a Presidente del Gobierno. Y, si no, al tiempo.

Santiago de Munck Loyola

¡Manda huevos! Con la candidatura alicantina del PP.

La elaboración de las candidaturas de los partidos políticos, sean para la convocatoria que sean, siempre conlleva tensiones en las organizaciones políticas y terminan deparando, en muchas ocasiones, sorpresas, unas agradables y otras no tanto.

Y sorpresa, no precisamente agradable, es la que más de uno se ha llevado al conocer las informaciones que en el día de hoy se han publicado en torno a la candidatura del PP para las próximas elecciones generales del 20-N (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/10/14/pp-auna-sectores-lista-20-n/1178496.html) y ello a pesar de la presencia en la misma de personas de contrastada capacidad y experiencia como Macarena Montesinos.

Pase que no se considere la opinión de los afiliados y militantes del Partido Popular de Alicante para elaborar las listas. Así lo establecen los Estatutos del Partido y cuando uno se afilia debe conocerlos y respetarlos. Ya se sabe, los afiliados y militantes del Partido Popular de Alicante o de cualquier Provincia están para pagar la cuota, para ser apoderados e interventores el día de las elecciones y para rellenar los actos públicos cada vez que se les convoca. Pero no valen ni para opinar sobre quién ha de representar a los alicantinos en el Congreso o el Senado ¡faltaría más! Y, en ocasiones, los afiliados o militantes no pueden opinar en libertad porque te pueden eliminar de la página del Partido de Facebook y ya se sabe lo que ocurre con Facebook: o estás o es como si no existieras o, al menos, eso creen algunos mentecatos.

Para hacer la lista están los que están, aunque no sean ni siquiera miembros del Comité electoral pertinente. No son pocos los que intentan, y en ocasiones consiguen, meter la cuchara en el plato de la lista electoral. Unas veces es Madrid, desde la Calle Génova, quien decide quien encabeza la lista de una Provincia. Siempre hay alguien al que colocar y aunque su vinculación con la Provincia sea escasa o su dedicación al partido provincial sea nula se les sitúa en cabeza. Es de suponer que por razones de estado que al común de los mortales se nos escapan. Otras veces es desde las Casas Consistoriales con peso desde donde se procura buscar un hueco en la lista para algún conocido o amigo. Otras es desde Valencia. En definitiva que desde muchos sitios distintos se procura, se intenta y se consigue un puesto para alguien afin. Claro que todo ello sería asumible, un amargo cáliz que tragar, si las razones a tan variopintas intervenciones fueran la defensa mejor de los intereses de los alicantinos.

Pero cuando se constata que un determinado nombre es incorporado en la lista para compensarle por haber cedido el puesto del puerto a Ripoll, otro porque es familiar de no sé quienes, otra como Amparo Ferrando porque hizo el trabajo sucio que alguien le encomendó pidiendo el voto contra el PP en las últimas elecciones municipales y finalmente, la guinda, porque se trata de la secretaria de Federico Trillo y éste la ha impuesto pues ¡manda huevos!

Ya en tiempos Federico Trillo nos obsequió con el fulgurante ascenso de la pluriempleada Adela Pedrosa que, afortunadamente y vista su labor en el Congreso, no repite esta vez y ahora nos coloca a los alicantinos a Dª Julieta De Micheo Carrillo de Albornoz, con tan largo e ilustre apellido como inexistente curriculum profesional, al menos, en las redes sociales. ¿Su mérito? Ser Secretaria de D. Federico. ¿Su vinculación con Alicante? Muy escasa. ¿Con el PP de Alicante? Ninguna.

Sinceramente, la utilización de los cargos públicos representativos para satisfacer cuestiones y agradecimientos personales y no para servir a los ciudadanos representados resulta deleznable y constituye la antitesis de lo que una sana regeneración democrática debería suponer. Estas prácticas caciquiles merecen la máxima repulsa y rechazo. Pase tener que admitir candidatos paracas o semiparacas, pero tener que admitir además a su equipaje resulta demasiado. ¿No se merecen un mínimo de respeto las bases del Partido Popular y los alicantinos en general? Esta vez y por primera vez un servidor se va a replantear su voto para la lista del Congreso. ¡Qué remedio!

Santiago de Munck Loyola.

El debate sobre el estado de la Nación.

Hoy se inicia, una vez más, el debate parlamentario sobre el estado de la Nación. Se supone que de la Nación española, ese concepto discutido y discutible según el Presidente Rodríguez Zapatero. Asistiremos, una vez más, al ritual habitual: discursos autocomplacientes, reproches, insultos, descalificaciones, pateos en las distintas bancadas y votación final de iniciativas que raramente se cumplen. Se abren las apuestas: ¿ganará Zapatero? ¿ganará Rajoy? Pues ganarán todos, como siempre, menos la Nación.

No hay que ser un lince para realizar un diagnóstico sobre el estado de nuestra Nación, la española,  aunque ni en éso serán capaces de ponerse de acuerdo nuestros representantes. Y mucho menos aún para prescribir un tratamiento adecuado a las graves dolencias de España.

Nuestra nación está enferma, muy enferma. No se trata sólo, con ser importante, del grave estado de nuestra economía expulsada de la “champions league” de las economías, de los cinco millones de desempleados, de la desbordante deuda financiera de las administraciones públicas, de los recortes sociales impuestos por el gobierno socialista o de la entrada de los terroristas en las instituciones del País Vasco.

Nuestra Nación está enferma, muy enferma, y los síntomas, como el propio concepto de Nación, son mucho más amplios y profundos. Los síntomas de la enfermedad se manifiestan en las actitudes y valores de la sociedad que forma parte de esa Nación.

Lo políticamente correcto ha sustituido a lo éticamente irrenunciable. El relativismo absoluto empuja a la eliminación de valores y principios mínimos. El respeto a las creencias religiosas ha dado paso a la intolerancia y a la burla pública. La reconciliación entre los españoles es sustituida por el rencor y la revancha. Las obligaciones han venido a ser sustituidas por la preeminencia de los derechos. La responsabilidad personal ha dado paso a la reivindicación permanente del subsidio y del auxilio estatal. La autonomía familiar y la responsabilidad educativa por la intromisión y la tutela de los poderes públicos. La igualdad en derechos ha laminado el principio del mérito y del esfuerzo individual. Las cuotas han abierto el camino a la incompetencia. La existencia de la responsabilidad social del empresario es ignorada y sustituida por el beneficio puro y duro. Las legítimas reivindicaciones laborales se truecan por subvenciones. El respeto y la veneración a los mayores por su marginación social y familiar. El disfrute de los hijos por sucesivas colocaciones lejos del hogar. La ejemplaridad de la clase dirigente por privilegios constantes. La democracia de los partidos por la burocracia endogámica. La caridad por turismo solidario. El voluntariado social por chiringuitos de colocaciones. El ahorro y el esfuerzo por el pelotazo a todos los niveles.

¿Y cómo va a estar la Nación? Pues mal. Porque sobre todo lo anterior se pretende construir una política cada vez más alejada de los males profundos que afectan a la sociedad. Porque nuestra clase política, anclada en permanentes privilegios, está cada vez más lejos de la realidad de nuestras calles. Porque las Instituciones democráticas en manos de esa clase política cada vez sirven menos a los ciudadanos y más a los dirigentes políticos.

Podrá cambiarse el tratamiento para la enfermedad, pero como se limite a los aspectos visibles de la misma será ineficaz.

Santiago de Munck Loyola.

15 M: a mi no me representan.

Hace unos días, la exministra María Antonia Trujillo, a propósito del movimiento 15 M, decía en un medio de comunicación que los gobiernos tenían que escuchar la voz del pueblo que se expresaba a través de este movimiento. Ella, al igual que muchos otros, otorgaba al movimiento 15 M una representatividad que no se corresponde en absoluto con la realidad y la legalidad. Resulta paradójico que quienes reivindican una “democracia real” ya traten de erigirse en portadores y valedores de unas aspiraciones que no están representadas, salvo excepciones, en las instituciones democráticas.

Cien o doscientas mil personas en la calle no son ni pueden ser la expresión de la voz del pueblo y menos aún de la soberanía popular salvo que se pretenda suplantar el sistema democrático constitucional.

Los llamados indignados son muy libres de gritar que los legítimos representantes del pueblo, los cargos públicos electos, no les representan. Pero su declaración de apostasía sobre los legítimos representantes del pueblo no les confiere derecho alguno de representatividad ni legal ni formal. Y menos aún cuando hace poco más de un mes más de 22 millones de ciudadanos han otorgado su voto y confianza a los cargos públicos electos municipales y autonómicos.

Durante los últimos años, las calles y plazas españolas se han llenado esporádicamente de cientos de miles o millones de indignados. Unos estaban indignados con la política entreguista y negociadora del PSOE con ETA, otros estaban indignados con la liberalización del aborto o con la política educativa del Gobierno o contra el paro galopante. Pero ni estos indignados representaban la voz y voluntad de la ciudadanía, ni los gobernantes de turno exhibieron respecto a ellos y a sus reivindicaciones la sensibilidad y deferencia de trato que ahora parecen dispuestos a desarrollar respecto a los indignados del 15 M. Es evidente que este trato tan distinto obedece a múltiples causas, algunas de las cuales más próximas a móviles electorales poco confesables que a súbitas reconversiones ideológicas.

Somos muchos los indignados con muchas y variadas cuestiones y males que afectan a nuestra sociedad y a la calidad democrática de nuestro sistema político: una política económica torpe, balbuceante e ineficaz para generar empleo y bienestar, unos partidos políticos mantenidos artificialmente mediante subvenciones públicas, endogámicos y con un funcionamiento interno escasamente democrático, unos sindicatos dóciles y subvencionados, una clase política cargada de privilegios aislada de las necesidades y preocupaciones ciudadanas, una clase bancaria y empresarial ostentosa e insolidaria en tiempos de crisis, un clan de artistas y pseudo intelectuales ávidos de la subvención pública vendidos al poder con la ceja en alto, una legislación hipotecaria injusta e inmoral, una ley electoral injusta, etc. Pero, hoy por hoy, el cauce más democrático para transmitir nuestras indignaciones está en las urnas, ese denostado invento cuyo más noble fin para algunos era el de ser destruidas. No hay democracia alternativa fuera de las urnas. Otras vías solo conducen al totalitarismo y a la imposición.

Es lo que hay y aunque algunas de las reivindicaciones del 15 M pueda compartirlas y desearlas, solo puedo decir que mi no me representan. Yo he elegido a mis representantes en las urnas.

Santiago de Munck Loyola

Bono insuficiente, Aguirre incoherente.

Hoy han hecho declaraciones dos importantes dirigentes políticos, José Bono Y esperanza Aguirre, que muchos medios informativos las han relacionado como respuestas a algunas de las demandas del movimiento 15-M.

Bono ha puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar mayor transparencia en cuanto a los ingresos y bienes de los cargos públicos, apuntando la conveniencia de publicar has el patrimonio de los mismos, de suprimir los complementos de las pensiones de los parlamentarios y de una mayor observancia de la ley de incompatibilidades. Se ha quedado muy corto el Sr. Bono. Estas propuestas son claramente insuficientes respecto a la demanda, no ya del movimiento 15-M, sino de una inmensa mayoría de los ciudadanos que considera a la clase política como uno de los mayores problemas de nuestro país. Si de verdad la clase política quiere recuperar el aprecio de los ciudadanos y mejorar su valoración, lo que debe hacer es acabar con todos los privilegios que a lo largo de los años ha ido sumando a su favor: sus señorías deberían someterse al régimen general de pensiones, como todo el mundo, tributar a hacienda como cualquier ciudadano, sin los enormes privilegios de los que goza. La clase política debería hacer realidad las incompatibilidades y no sólo en cuanto a la prohibición absoluta de percibir ingresos públicos de más de una fuente, cosa que no se hace, sino también en cuanto a la ocupación de más de un cargo institucional. Ya está bien de alcaldes que son a la vez diputados o senadores: un político, una sola función y un solo sueldo. Y al que no le convenga que vuelva al sector privado. Y no hace falta que vayan publicando elk patrimonio de los cargos públicos, con que esa información sea accesible y con que se cree una Unidad Inspectora específica en Hacienda sería suficiente. Lo que es evidente es que hoy más que nunca es necesario un Estatuto de los Cargos Públicos que regule todas estas cuestiones.

Por su parte, Esperanza Aguirre ha lanzado la idea de reformar la Ley electoral madrileña para implantar el sistema de listas abiertas que permita una mayor capacidad de decisión de los electores. Sin embargo, esta propuesta queda hueca si los partidos políticos no hacen realidad el mandato constitucional del funcionamiento interno democrático. ¿De qué sirve al elector poder tachar  nombres de una lista que responde a decisiones de designación antidemocrática y no es fruto de un proceso de participación interna? El elector podrá tachar algún nombre de la lista, pero todos los componentes de la misma responderán al mismo perfil, al de quien los ha designado. No resulta por tanto coherente mantener un discurso político presuntamente liberal y simultáneamente practicar o consentir el autoritarismo dentro de su propio partido político. El reciente proceso electoral ha puesto de manifiesto que en muchos municipios los afiliados del partido Popular han tenido poco o nada que ver con la designación de los candidatos. Desde la regional madrileña se han vulnerado, en no pocas ocasiones, los Estatutos del Partido, como en Rivas-Vaciamadrid, para imponer candidatos ajenos a la organización local con el resultado final de que, en este caso, de 7 concejales elegidos tan sólo dos viven en el municipio y están vinculados con la organización local. ¿Es esto democracia interna? No puede haber nada peor para la regeneración democrática que el uso de las instituciones representativas para colocar amiguetes o agradecer favores. Y lo mismo ha ocurrido en muchos otros puntos de España donde las cúpulas regionales o provinciales han ignorado a las bases del partido. Por tanto, la mejora de la calidad de nuestra democracia solo puede pasar por la mejora de la democracia interna de los partidos políticos. Todo lo que no sea así son brindis al sol destinados más bien a lavar la cara que a sanear, de verdad, nuestro sistema democrático.

Santiago de Munck Loyola.