Ppandilla de mentirosos.

Para cualquier persona decente y medianamente informada, la catarata de declaraciones de distintos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana sobre la corrupción, sobre la regeneración o sobre la ridícula línea roja del Sr. Fabra son sencillamente vomitivas. Tras el varapalo sufrido por el PPCV en las elecciones europeas, toda una pandilla de colocados, desinformados, embusteros o hipócritas se está dedicando a realizar manifestaciones de distinta índole, tomado de paso a los ciudadanos por idiotas, a ver si consiguen lavar la cara de un partido que ellos mismos han ensuciado con su actitud, con su cobardía o con su complicidad.

Hace unos días era la Sra. Bonig la encargada de mentir a la ciudadanía. Ayer mismo, le tocaba el turno a la portavoz del Consell y titular de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, quien, a propósito de las duras críticas realizadas por empresarios alicantinos a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo,  se apresuraba a señalar que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aplicado la línea roja en los cargos que dependen orgánicamente de él. Es decir, que ha aplicado la estrambótica línea roja a los cargos que él mismo, con el Diario Oficial en la mano, ha nombrado. Y, claro, como él no ha nombrado a Sonia Castedo no puede hacer nada ya que su trata un cargo municipal cuya acta de concejal le pertenece. Para remachar su engaño añadía que respecto a los cargos que no dependen orgánicamente del jefe del Consell es una circunstancia distinta, porque compete al ámbito del partido. Y uno se pregunta ¿acaso no es el mismo el Jefe del Consell que el jefe del partido (el PPCV) en este caso? Y sin pestañear terminó afirmando que “el Ejecutivo valenciano es el más comprometido con la tolerancia cero contra la corrupción”. Un ejecutivo que llega incluso a cargar la factura de “los arreglos del cocido” a los contribuyentes.

Fabra es el Presidente de la Generalidad Valenciana y simultáneamente Presidente del PPCV al igual que el Sr. Ciscar es vicepresidente de la Generalidad y Presidente Provincial del PP de Alicante. Así que mejor que no nos vengan con cuentos de desdoblamientos de personalidad según el cargo de que se trate. Y la actitud de uno y otro ante la corrupción es igual de falsa, complaciente y tolerante. No nos engañemos. En Alicante lo han demostrado y lo siguen demostrando con creces. Solo hay que remitirse a “la prueba del algodón” y no la pasan ni en sueños. ¿De qué nos sirve a los alicantinos que al Sr. Fabra le gusten o no las grabaciones entre Sonia Castedo y el Sr. Ortiz, “la polla insaciable”, si no hace nada al respecto? Porque hacer, claro que puede hacer. ¡Ya está bien de mentir a los alicantinos! Es cierto que no puede obligar a la Sra. Castedo a dejar la Alcaldía o a dejar su acta. Pero el Sr. Fabra sí que puede, en tanto que Presidente del PPCV, abrir un expediente disciplinario a la afiliada Castedo por conductas contrarias a los Estatutos del PP, puede ordenar a los concejales populares del consistorio alicantino que la expulsen, en compañía del vicealcalde procesado, del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Alicante y puede, además, destituirla como Coordinadora de los distritos del PP en Alicante, ese cargo que los Sres Ciscar y JJ Zaplana se inventaron para sortear la famosa línea roja del propio Fabra. Y al margen de grabaciones tiene sobrados motivos para intervenir de forma contundente: un gobierno municipal en Alicante bajo sospecha judicial y al servicio de un empresario, concursos millonarios fraudulentos, pelotazos por doquier, amaños en las contratas públicas y en el PGOU, destituciones ilegales de funcionarios, arbitrariedades por doquier, abandono de los intereses generales, facturas de campaña electoral pagadas con dinero negro por el Sr. Ciscar según la Guardia Civil, financiación paralela de las sedes populares, contabilidad opaca a la militancia, nepotismo, despilfarro,… ¿Qué más necesita?

Con ello, sí que podría empezar a tener cierta credibilidad esa supuesta tolerancia cero con estas conductas absolutamente deleznables. Y para reforzar su credibilidad podría destituir o promover la destitución de los cargos orgánicos del PP de Alicante, al Presidente Provincial, Sr. Ciscar, y al Secretario general, Sr. Zaplana, por haber permitido y favorecido esta situación tan poco edificante hasta el punto de haber destruido al PP de la Ciudad, para dividirlo en distritos y poder finalmente situar en la cúspide a la alcaldesa plurimputada.

Pero ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. El Sr. Fabra, sin liderazgo político y sin credibilidad ciudadana, responsable de la expulsión de los afiliados populares que hace tiempo empezaron a denunciar la deriva pestilente de la corrupción, no va a ser capaz de dar un golpe de timón semejante. Hay demasiado en juego y su debilidad política no le va a permitir reflejar con hechos contundentes su presunta apuesta por la honradez y por la ejemplaridad ante los ciudadanos. D. Alberto Fabra se va a seguir conformando con las continuas y patéticas declaraciones de sus voceros. Pero las palabras, sin hechos que las avalen ya no sirven. Los ciudadanos no quieren seguir creyendo a quienes no son capaces de poner orden en su propia casa que, cada día que pasa, huele peor.

Santiago de Munck Loyola

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Regeneración democrática: por sus obras los conoceréis.

 

El sistema político que padecemos, la feroz partitocracia, permite que algunos sujetos se permitan ciertos lujos que en una sociedad plural, viva, responsable y moralmente sana serían inadmisibles. Ciertos sujetos, cómodamente instalados a dedo en las cúpulas de los partidos y en las instituciones, se creen que la política es puro teatro y en consecuencia deambulan por la misma como simples actores interpretando aleatoriamente cualquier papel que se les encargue, prescindiendo de cualquier convicción ética y del más mínimo principio moral. Su problema y, por tanto, el de todos los ciudadanos es que la política no es teatro; su problema es que se nota, y mucho, que están actuando y que detrás de sus palabras y de sus discursos sólo hay vacío intelectual y oquedad moral; su problema es que sus actos, sus hechos ponen de relieve su auténtica catadura moral. Como bien dice el Evangelio de San Mateo “Por sus obras los conoceréis”.

Viene este reflexión a colación de la noticia publicada hoy, 4 de abril de 2014, en el Diario Información, en la que se da cuenta de la participación de un consumado actor político, José Juan Zaplana, Secretario Provincial del PP de Alicante, en una mesa redonda sobre la regeneración democrática: “El club Información acogió ayer por la tarde la mesa redonda «Vías para la regeneración democrática», enmarcadas dentro de las VII Jornadas Católicas y Vida Pública, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU Cardenal Herrera. Intervinieron José Juan Zaplana (PP), Loles Fernández (PSOE), Silvia Poveda (UPyD) y David Abad (Compromís). Francisco Sánchez moderó el debate”.

José Juan Zaplana, nada menos, que representando al PP para hablar sobre regeneración democrática. Increíble, pero cierto. Desconozco si la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU Cardenal Herrera invitó directamente a este sujeto sin conocer su forma de proceder en torno a la regeneración democrática y los problemas de corrupción. Es posible que sí le conociesen y que le invitaran precisamente por eso, por representar todo lo contrario a la regeneración democrática. Puede que simplemente formulasen una invitación al Partido Popular y que éste le enviase como su representante más cualificado para hablar sobre el tema o, simplemente, que este señor se ofreciese con tal de salir en la foto, una de sus obsesiones. Es igual. Es de suponer que como habitual intérprete secundario y cínico consumado intentaría aparecer como un defensor a ultranza de la regeneración democrática, pero sus obras, sus acciones y antecedentes le delatan.

Hay que recordar una vez más que cuando los tribunales imputaron a la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por cuatro delitos, el Sr. José Juan Zaplana acudió raudo y veloz a presidir una cena de homenaje a la misma, algo que dista mucho de lo que implica trabajar por la regeneración democrática. Hay que recordar que el Sr. Zaplana y su jefe el Presidente Provincial José Císcar promovieron la expulsión de los afiliados populares que promovían la regeneración democrática suscribiendo un documento oficial del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, redactado por otro pésimo actor, el ex diputado Felipe del Baño, en el que literalmente se dice: “criticar la política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, (imputada por cuatro delitos) es criticar la política del Partido Popular” o que “el mero hecho de impulsar una campaña bajo la regeneración, y apoyar el lema, en comentarios que inducen a pensar que la corrupción campa a sus anchas en la organización del Partido, lejos de ser una opinión admisible en el debate democrático, es una falsedad inadmisible en cualquier foro”.

Hay que recordar que impedir la democracia interna en un partido político, y los hechos lo demuestran, como hace el tandem Císcar – Zaplana tiene muy poco que ver con el concepto de regeneración democrática. Hay que recordar igualmente que vivir de la política sin haber sabido ganarse la vida fuera de ella tampoco tiene mucho que ver con la regeneración. Como tampoco lo tiene ocultar a los afiliados del partido que lo piden el examen las cuentas de las campañas electorales que están bajo sospecha judicial.

En fin, que constituye una auténtica decepción y un despropósito digno de una película de Almodóvar que la fuerza mayoritaria del centro derecha alicantino no cuente entre sus filas con personas suficientemente capacitadas para poder hablar en público, con convicción y con una sólida trayectoria ética, sobre la regeneración democrática y que se envíe a semejante representante. Es un síntoma más de que el Partido Popular de Alicante no sólo no cree en esta necesaria idea, sino que además se burla del conjunto de los sufridos ciudadanos designando a un embajador como éste, perfectamente conocido y retratado por sus obras. Salvando las distancias ¿se imagina el lector a Bárcenas participando en un coloquio sobre la transparencia en la contabilidad de los partidos? De pena.

Santiago de Munck Loyola

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Ciscar y sus lágrimas de cocodrilo.

 

Desde hace tiempo, las encuestan indican que entre las preocupaciones que más importan a los ciudadanos españoles se encuentran la corrupción y los comportamientos de una buena parte de la clase política. Parece que en la C/ Génova empiezan a darse cuenta y por ello se van anunciando algunas medidas, a todas luces necesarias pero insuficientes, encaminadas a tratar de frenar esos comportamientos y, por tanto, a mejorar la percepción ciudadana sobre estos problemas. No parece sin embargo que en la rama popular valenciana se esté percibiendo de igual manera la gravedad y el alcance de la indignación de los ciudadanos. Hace tan sólo dos días, el vicepresidente del Consell y Presidente del PP alicantino, José Císcar, a preguntas de los periodistas llegó a reconocer que los imputados del PP sentados en su escaño de Las Cortes “perjudican” la imagen del partido, pero que les corresponde a ellos decidir si entregar el acta o si, por el contrario, prefieren aferrarse a ella. El Sr. Ciscar añadió que la permanencia de imputados y procesados “perjudica a la imagen pública del conjunto de políticos en general, y por supuesto también” del PP, algo que “preocupa” al partido. Y con ello, con expresar su supuesta preocupación da por zanjado el asunto y da a entender a los ciudadanos que ni él ni el PP pueden hacer otra cosa que preocuparse por la mala imagen que se proyecta ya que no pueden obligar a nadie a que deje su escaño o su acta de concejal.

 

Sin embargo, semejante obviedad no significa que no se pueda hacer algo más que preocuparse. El Sr. Ciscar lo sabe, pero lo oculta. Si estas personas dañan según él la imagen del PP, lo hacen porque están imputadas o procesadas y siguen permaneciendo en el Grupo Parlamentario Popular o en los Grupos Municipales Populares de los distintos Ayuntamiento y ahí sí que puede actuar el Sr. Ciscar y el PPCV. ¿Y Cómo? Pues excluyéndolas de dichos Grupos institucionales que con los reglamentos en la mano es factible. ¿Y por qué si está tan preocupado el Sr. Ciscar no lo hace o no pide que se haga? Por varias razones. En primer lugar porque peligrarían las votaciones en dichas instituciones ya que los así excluidos podrán revolverse y tumbar con su voto las propuestas populares. Los actuales dirigentes del PPCV no se mueven por principios éticos sino por pragmatismo. Yen segundo lugar, porque dicha preocupación no se corresponde con la realidad. Hay que recordar que hace pocos meses, estando imputada por tres presuntos delitos la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el Sr. Ciscar manifestó públicamente que seguía siendo el mejor activo electoral del PP de la ciudad de Alicante, lo que da una idea del nivel de los activos electorales populares.

 

Pero es que, además, la falta de principios y, por tanto, de preocupación sincera y honesta de algunos dirigentes populares se pone perfectamente de manifiesto en el documento del PPCV por el que se expulsa a varios militantes del PP. En dicho documento redactado por el exdiputado Felipe del Baño, acusado por cierto de corrupción y promovido por el Sr. José Ciscar y su ayudante el Sr. José Juan Zaplana, se dice que no se pueden criticar públicamente las actuaciones de la alcaldesa imputada, Sonia Castedo, porque sus actuaciones son las del Partido Popular y que no se puede pedir públicamente honestidad y regeneración democrática porque eso es tanto como dar a entender que todo el PPCV es corrupto. Es, por tanto, más que evidente que el Sr. Ciscar y todos los demás dirigentes del PPCV, al avalar y apoyar esta tesis, actúan en connivencia con la corrupción y son, por consiguiente, corresponsables del daño que la imagen pública del PP sufre.

 

Y, por si fuera poco, la connivencia del Sr. Ciscar y de su equipo con el daño a la imagen del PP que ocasiona la corrupción se puso no hace mucho de manifiesto con la antidemocrática maniobra orquestada para que la alcaldesa imputada pudiera seguir controlando la organización popular de la ciudad de Alicante, sorteando con descaro la inexistente línea roja de Fabra. Para ello suprimieron la Junta local de la ciudad, la dividieron en distritos y sin elecciones democráticas situaron en la cúspide a la alcaldesa como directora de un órgano de coordinación recién inventado. ¿Qué credibilidad puede tener por tanto el Sr. Ciscar y todos cuantos participan y consienten silenciosamente estas sucias maniobras? Ninguna. La corrupción y la desafección ciudadana les trae al pairo. Sólo les preocupan los efectos electorales y no mucho porque para lo que les queda en el convento…

 

Y, a todo esto, vuelve a surgir con fuerza el rumor de que la Alcaldesa, Sonia Castedo, podría estar organizando su propio partido para concurrir a las próximas elecciones municipales. No es nuevo el rumor pero hoy en el Diario El Mundo, en la Sección de Alicante, se publica un interesante artículo al respecto (http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/23/5309d86bca47415d108b4572.html). Hay que decirlo: hoy por hoy, Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante es inocente. Está imputada por varios delitos, pero es inocente y es normal que intente actuar como tal. Otra cosa es que a la luz de las grabaciones publicadas y de los distintos testimonios conocidos hasta la fecha pueda afirmarse con rotundidad que su comportamiento con algún proveedor municipal diste mucho del que debería haber tenido quien representaba la dignidad de esta ciudad y de los alicantinos. Y otra cosa muy distinta, también, es que siendo inocente, por el momento, las acusaciones existentes contra ella dañan y mucho a la imagen del PP, de la clase política en general y de la propia ciudad que regenta. Considerándose inocente es lógico que no dimita, pero siendo consciente del daño que su situación procesal causa, no es tan lógico que no haya tenido un gesto de generosidad o de grandeza personal y haya suspendido voluntariamente su militancia o haya abandonado temporalmente el Grupo Popular.

 

Si es cierto que está “montando” su propio partido, y algo debe haber cuando el río suena, no es posible creer que en la Dirección Provincial del PP no sepan nada o que la estén dejando actuar con toda libertad. Organizar un partido desde la Alcaldía de Alicante, con los inmensos recursos a su disposición para hacerlo, es relativamente sencillo y, desde luego, no se puede llevar en secreto. Lo que sí es evidente es que si se consuma será gracias a la pasividad, cuando no complicidad, de muchos ediles que hoy son del PP y de la funesta dirección provincial popular encarnada en ese tétrico dúo compuesto por los Sres. Ciscar y Zaplana.

 

Santiago de Munck Loyola

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El PP de Alicante ahora en pijama.

Si alguien pensaba que en el fraccionado Partido Popular de Alicante sus militantes iban a poder acudir a las urnas para elegir a los dirigentes de las Juntas de Distrito ilegalmente creadas por José Ciscar y se equipo, se ha equivocado. José Ciscar y su sicario político, José Juan Zaplana, padecen una profunda alergia a las urnas, a la libre y democrática concurrencia de alternativas y candidaturas en las organizaciones locales. Siempre han expresado públicamente su preferencia por eso que, en un alarde de ignorancia política, denominan “consenso” sobre la libre elección de los cargos orgánicos del PP mediante votaciones en las que los afiliados puedan con absoluta libertad elegir a sus líderes. Con ese profundo talante antidemocrático que les caracteriza, cada vez que se abre un proceso electoral interno intentan por todos los medios, incluidos los menos éticos, que no haya más de una candidatura y presionan y coaccionan a los posibles candidatos a presidentes locales para que renuncien a presentarse o a que se integren como segundones en las listas oficialistas. Ya el simple hecho de que se hable de candidatos o de listas oficialistas, afines por tanto a José Ciscar, es un síntoma evidente de la baja calidad democrática de la organización popular en la Provincia de Alicante. Confunden libre concurrencia con división y consenso con pasteleo. Es evidente que no se podía esperar otra cosa de alguien que carece de raíces en el Partido Popular y que hace poco más de diez años militaba en otra formación política en contra de su actual partido; ni se puede esperar tampoco otra cosa de alguien que sin oficio ni beneficio ignora lo que es ganarse la vida fuera de las moquetas y despachos oficiales.

Es muy decepcionante comprobar cómo los arribistas, los chaqueteros y los mercenarios de la política pueden hacerse con el control de una importante organización política y la mansedumbre, sumisión y cobardía de muchos honestos e históricos militantes populares con que lo aceptan.

Hace poco más de un año que los dirigentes provinciales decidieron impedir que el Partido Popular de Alicante pudiera resurgir como una organización local fuerte y renovada y que pudiese adquirir el protagonismo y la importancia que le corresponde en la Provincia. Y para lograrlo no dudaron en violentar los Estatutos del Partido Popular, en ocultar sus maniobras a los militantes populares, en perseguir, coaccionar y finalmente expulsar a quienes denunciaban sus enredos y en mentir con absoluto descaro a los medios de comunicación, a los militantes y a la propia sociedad alicantina. Baste recordar que el 12 de octubre de 2012, el Secretario Provincial compareció ante los medios de comunicación para anunciar que la Junta de Alicante había sido disuelta, que su Presidente Julio de España había cesado y por ello se le nombraba vocal del Comité Ejecutivo, que se creaba una Gestora y que se sustituía dicha junta por Juntas de Distrito. Y alguien debió mentir cuando Julio de España ha convocado hace unas semanas por escrito las elecciones a dichas juntas firmando en su calidad de “Presidente de la Junta de Alicante”. O bien el Sr. Zaplana mintió a los medios de comunicación el 12 de octubre del año pasado o bien D. Julio de España ha usurpado funciones o ha enviado un documento falso a los afiliados. Pronto se sabrá en los Tribunales de Justicia. Sea como fuere el talante democrático de los personajes queda perfectamente retratado con estas maniobras.

Ayer, tras forzar la retirada de los candidatos a presidir cuatro de las Juntas de Distrito del PP de Alicante han quedado proclamados los candidatos oficiales que no son otros que los de la Alcaldesa, Sonia Castedo, que por estar imputada por diversos delitos no podía aspirar a presidir ningún cargo orgánico popular. Estos presidentes de Juntas de Distrito, sin someterse a votación alguna, formarán parte del ilegal Consejo de Dirección del PP que estará presidido por Sonia Castedo sin tampoco pasar por las urnas populares. Con ello se cierra la operación diseñada por José Ciscar: el PP de la ciudad de Alicante queda dividido, cautivo y desarmado una vez que las tropas castedistas han alcanzado sus últimos objetivos. Cualquier posibilidad de una regeneración democrática en el PP de Alicante queda definitivamente alejada y el Sr. Ortiz podrá, además de ejercer su influencia sobre el Ayuntamiento de Alicante, extenderla sobre los anestesiados restos del Partido Popular alicantino. Los alicantinos contamos ahora con un PP en pijama. ¡Chapeau!

Santiago de Munck Loyola

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Las "apuntaladas" elecciones del PP de la ciudad de Alicante.

Reproduzco aquí la información publicada el 31 de octubre de 2013 en el Diario El Mundo, edición de Alicante, en el que se pone de manifiesto lo que algunos veníamos vaticinando y denunciando: que las elecciones internas del PP de la ciudad de Alicante son un fraude político y democrático, un montaje para que en el fondo nada cambie, para que el partido en el ciudad siga controlado, es decir, muerto e inactivo, por la Alcaldesa, Sonia Castedo, y sus peones – concejales, bien directamente o a través de parientes. Una vez más, el nepotismo, el amiguismo y la sumisión servirán para que la regeneración democrática se una simple utopía. El Presidente Provincial, Ciscar, y su Secretario, Zaplana, han liquidado cualquier posibilidad de celebrar unas elecciones modélicas, limpias y transparente. No les interesa un Partido Popular en Alicante fuerte y renovado que pueda poner en evidencia sus sucios y caducos hábitos políticos. Al que sobra lo eliminan y punto.

Ciscar liquida la regeneración del PP.

La dirección provincial popular de Alicante acaba de convocar las elecciones internas a la Presidencia de las recientemente creadas cinco Juntas de Distrito de la ciudad de Alicante. Con ello se pretende culminar un proceso electoral desarrollado de espaldas a los afiliados e iniciado hace más de un año con la supresión ilegal de la Junta Local de la ciudad de Alicante que se ha saldado, entre otras cosas, con la expulsión de quienes lo hemos venido cuestionando. No se trata de un asunto menor, tras ese cambio de estructura organizativa del Partido Popular de la ciudad de Alicante se esconden importantes cuestiones de fondo que tienen que ver con la democracia interna y con la regeneración democrática de un partido profundamente necesitado de las mismas.

Los ilustres vecinos de Teulada y San Vicente, Sres. Ciscar y Zaplana respectivamente, decidieron que los afiliados de la ciudad de Alicante ni siquiera debían opinar sobre cómo se debía organizar el partido en la ciudad y acordaron suprimir la Junta Local de la ciudad, sustituirla por cinco Juntas de Distrito e inventarse un nuevo órgano, el Consejo de Dirección, coordinado por la Alcaldesa de Alicante. Es decir, que los afiliados alicantinos pasarían a ser afiliados de segunda comparados con los de las demás localidades de la Provincia. Y ¿por qué han retorcido de esta manera los propios Estatutos del PP creando este engendro? ¿Por qué este fraude político y electoral? Pues hay varias razones.

De todos es conocido que la Junta Local del PP no funcionaba desde hace muchos años y que la democracia interna brillaba por su ausencia como lo demuestra el hecho de que no se celebrasen elecciones internas desde hace 8 años o que los afiliados careciesen de cauces de participación. La inexistente organización local solo era unas siglas, un coto cerrado de reparto de puestos y prebendas entre grupos y “familias”. La nueva dirección provincial, en lugar de optar por abrir un proceso electoral limpio, abierto, transparente y participativo, optó por cortar el paso a cualquier alternativa interna regeneradora nacida de las bases con el fin de seguir controlando el dinero de los militantes alicantinos, de impedir que el PP alicantino pudiera resurgir fuerte y renovado haciendo sombra al provincial y, sobre todo, de controlar a la militancia para perpetuar los viejos hábitos. Pero, conseguidos estos objetivos, existe uno aún más importante y que tiene que ver con la famosa línea roja trazada por el Presidente Fabra según la cual ningún político imputado puede optar a cargos orgánicos del PP. Nada impide estatutariamente que Sonia Castedo, pese a estar imputada por diversos delitos, pudiera optar a presidir el PP de la ciudad. Hoy por hoy, ella goza de toda la presunción de inocencia y no tiene limitados sus derechos políticos. Lo impide una directriz, no una norma, del Presidente Fabra que pocos se atreven a cuestionar públicamente, pero que José Ciscar y su equipo han decidido sortear para conseguir que, sin ser elegida por los afiliados, Sonia Castedo se sitúe en la cúpula de los PP’s de la ciudad de Alicante.

Para lograrlo se han inventado un Consejo de Dirección de los cinco distritos que será coordinado casualmente por quien ostente la Alcaldíade Alicante, o sea, Sonia Castedo. Confunden así el partido con el Ayuntamiento, resucitando prácticas totalitarias, sacrifican los derechos políticos de los afiliados a la situación procesal de la Alcaldesa y propinan una sonora bofetada a las directrices del Presidente Fabra, a la democracia interna y a la imprescindible regeneración democrática de una organización cuyos sacrificados militantes no se merecen tanto desprecio y manipulación como la que están haciendo gala algunos dirigentes provinciales. Ahora se comprende que el Secretario Provincial presidiera una cena de homenaje a la Alcaldesa tras ser imputada, que se reuniera con ella para “apuntalar” el proceso electoral interno, que se haya perseguido a los militantes que han reivindicado más ejemplaridad, más honradez y más democracia y que el Presidente Provincial, José Ciscar, declarase el 1 de octubre que Sonia Castedo seguía siendo la mejor candidata popular a la Alcaldía de Alicante. Con dirigentes así, el PP alicantino no necesita adversarios. Algunos recogerán muy pronto lo que están sembrando y desgraciadamente lo veremos en las urnas.

Santiago de Munck Loyola

Presidente del Foro Esperanza Popular

– Movimiento de Bases de Alicante.

El PP expulsa a los afiliados alicantinos que piden honradez pero mantiene a Castedo.

Noticia aparecida hoy, 27 de julio de 2013, en el Diario El Mundo de Alicante. Me limito a reproducirla pero en los próximos días la iré analizando para tratar de explicar a los lectores lo que puede haber detrás. Hoy sólo adelantaré que coincide con la próxima convocatoria de elecciones internas y que se produce tras haber solicitado por segunda vez que rindan cuentas del dinero de la Junta Local de Alicante.

Con AVE y con foto por los pelos.

Tal y como vaticinaban muchos comentaristas en los diferentes medios de comunicación, el trato protocolario que ha recibido hoy la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con ocasión de los actos de inauguración del nuevo AVE a Alicante, ha sido objeto de un detallado seguimiento y análisis. Todos los medios de comunicación, casi sin excepción, han coincidido en varias cosas: que la Alcaldesa de Alicante ha sido relegada en el protocolo oficial, que Mariano Rajoy la ha eludido cuanto ha podido y que la Alcaldesa ha conseguido finalmente “salir” en la foto, aunque fuera a costa de la Bellea del Foc y del Presidente de las Hogueras de San Juan. Incluso a última hora, la Presidenta de Castilla la Mancha y Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal, ha tenido que acudir a los medios para aclarar que ella no ha tratado de evitar a la Alcaldesa de Alicante durante la ceremonia. ¡Cómo habrá sido la cosa para tener que realizar esta aclaración!

Al ver las imágenes y leer las diferentes crónicas sobre este importante día para Alicante, como vecino, tengo cierta sensación de malestar y de vergüenza. Malestar porque cuando alguien evita a la Alcaldesa de nuestra ciudad porque está imputada por tres graves delitos o cuando se la margina en los actos protocolarios, con diferentes excusas, pero se la margina al fin y al cabo, a quien se está evitando o marginando es a la representante de todos los vecinos de Alicante, a la máxima autoridad de la ciudad de Alicante. Vergüenza por los intentos, aparentemente desesperados, de la máxima autoridad municipal por arrancar una foto con quienes no tienen muchas ganas de fotografiarse con ella.

Da la sensación de que hace tiempo que la dignidad política ha desaparecido de nuestro entorno próximo. Cuando se leen las transcripciones de las grabaciones de las conversaciones de toda una Alcaldesa con un proveedor municipal se siente bochorno por el tono cutre que se emplea. Cuando se leen determinadas declaraciones judiciales en las que se reconoce abiertamente que se usa el más alto cargo de la ciudad para pedir empleo para los amigos y conocidos, se siente bochorno. Cuando se conocen las informaciones sobre cómo se realizan determinadas adjudicaciones y a quien en una ciudad como la nuestra, se siente bochorno. Y cuando se ven determinadas escenas como las de hoy se siente también bochorno y vuelve la pregunta ¿dónde está la dignidad inherente al desempeño de un cargo político representativo?

Es francamente difícil entender la situación porque quienes deberían haber tomado determinadas decisiones no lo han hecho o lo han hecho de forma bastante tibia. Y ello sólo contribuye a aumentar el desconcierto de los ciudadanos. Es bastante difícil comprender que alguien que esté imputado no pueda ostentar ningún cargo interno en el PPCV, tal y como ha establecido el Presidente Fabra, y simultáneamente no exista inconveniente alguno para que siga perteneciendo al Grupo Popular en las Cortes Valencianas o en su Ayuntamiento. Es difícil de entender que el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante presida una cena de homenaje a la Alcaldesa organizada tras su imputación y el Presidente Nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, evite saludarla o fotografiarse con ella. Tiene poca lógica que los cargos de designación directa que resultan imputados sean cesados fulminantemente y que los cargos electos igualmente imputados no reciban la petición pública de dimisión, aunque dicha petición resulte inútil en la mayoría de las ocasiones. Era imprescindible trazar una línea roja como hizo el Presidente Fabra, pero resulta bastante desconcertante que esa línea roja sea discontinua. No es sencillo el problema, hay muchas variables a tener en cuenta, pero es imprescindible un criterio único y muy claro.

No es difícil lograr hoy en día que un cargo público sea imputado y, en muchas ocasiones, la imputación se ha convertido en un estigma y en un instrumento de la lucha partidista. Hay quienes tratan de ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas. Sin embargo, establecer un criterio en función de las circunstancias de cada caso parece bastante complicado. Habría que atender a la gravedad de las acusaciones, el origen de las mismas o a los indicios incriminatorias existentes lo que terminaría por promover unos juicios paralelos inaceptables. Más fácil parece el caso de los cargos públicos procesados porque en esos casos, el juez ya aprecia indicios racionales de criminalidad. Y no se trata de vulnerar, como algunos argumentan, la presunción de inocencia. Al día de hoy el Sr. Blesa es inocente de cualquier delito y, sin embargo, está en la cárcel de forma preventiva sin vulnerar su derecho a la presunción de inocencia.

Sin embargo y a pesar de las dificultades que entraña establecer un criterio claro y ejemplarizante, lo cierto es que cuando el egoísmo o la falta de altura de miras de los imputados dañan gravemente a la imagen de las instituciones a las que representan y a los partidos que los han aupado a esas responsabilidades, no queda más remedio que tomar una decisión que signifique públicamente que no se comparte su situación y que no se les protege. Y más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Santiago de Munck Loyola

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El AVE a Alicante ¡por fin!

El AVE a Alicante ¡por fin!

La llegada del Ave a Alicante es, se mire por donde se mire, una excelente noticia para la ciudad y para la Provincia. Tras no pocas dificultades, rumores e incertidumbre la nueva línea será inaugurada el próximo lunes 17 de junio, unos pocos días antes de las Hogueras, por el Príncipe Felipe, el Presidente Rajoy y el Presidente Fabra. En el anecdotario de ese día quedará seguramente lo que ocurra protocolariamente con nuestra Alcaldesa imputada, Sonia Castedo, si interviene o no entre los oradores, aunque todos los pronósticos apuntan a que no lo hará, y dónde o con quién es fotografiada ya que según algunos medios de comunicación existe entre los dirigentes políticos cierta alergia a dejarse fotografiar junto a ella. Algunos comentaristas apuntan a que el hecho de que no hable en el acto o sea marginada protocolariamente por su imputación judicial supondrá nuevamente un “feo” a Alicante y a los alicantinos. No creo que sea para tanto, pero de ser así la responsabilidad incumbe solamente a quien por sus acciones se ha situado bajo el ojo de la Justicia y, con ello, a la institución y a los ciudadanos a los que representa.

Pero al margen de estos dimes y diretes, lo relevante es que el AVE va a suponer un importante revulsivo para la economía de la Provincia. Según las previsiones de la Generalitat, la llegada del AVE a Alicante tendrá un impacto económico en el PIB de la provincia de Alicante de unos 70 millones de euros al año y generará 735 nuevos empleos. Con el AVE, según estas previsiones, el número de viajeros ferroviarios se incrementará en 650.00 al año, un 40 % más, alcanzándose una cifra total de 2.250.000 viajeros al año. De acuerdo con estas previsiones, el AVE servirá también para impulsar el sector inmobiliario de la provincia, líder en la venta de inmuebles a extranjeros, y que ya el año pasado fue la preferida para los madrileños que adquieren una segunda residencia produciéndose más 4.300 ventas a los mismos. Es indudable que poder llegar desde Madrid a Alicante en poco más de dos horas, y esperemos que una vez probada y consolidada la línea pueda reducirse este tiempo, supone un importante aliciente para adquirir y disfrutar de una segunda residencia en la provincia.

Es evidente que no todo está hecho y que quedan aún pendientes de resolver y organizar muchas cuestiones en torno al AVE, sobre todo para tratar de rentabilizar al máximo esta infraestructura para beneficiar a todas las localidades alicantinas que puedan aprovechar sus beneficios. Se está trabajando en la organización de todos los enlaces de otros medios de transporte para conectar mejor esta infraestructura, aunque parece evidente que estas cuestiones ya deberían haber sido planificadas y resueltas hace tiempo.

Desde otra perspectiva habría que subrayar que la llegada del AVE a la provincia supone una mejora respecto al deficitario saldo que presentan las inversiones de la Generalitat y el Estado en nuestra provincia. Del mismo modo que las cifras señalan que la Generalitat está infrafinanciada respecto a las demás autonomía, no es menos cierto que la Provincia de Alicante está a la cola de las inversiones públicas por habitante tanto en la Comunidad Autónoma como en el Estado. Y si existe una “deuda” histórica del Estado hacia la Generalitat, también existe respecto a la Provincia de Alicante. Y el AVE no la salda.

Santiago de Munck Loyola

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Sobre imputados y procesados.

Hace pocos días, Alfonso Rus, Presidente Provincial del PP de valencia, a propósito de la sesión de control en Las Cortes Valenciana que se convirtió casi en un monográfico sobre el diputado Rafael Blasco,  defendió, por un lado, la presunción de inocencia del parlamentario imputado en el “caso Cooperación” y, por otro, dejó caer que no era libre en el PP para decir lo que piensa al respecto. Así, manifestó que discrepa de los planteamientos del Presidente Regional con su doctrina sobre los imputados y dejo que “Creo en la presunción de inocencia y hasta que el juez no diga lo contrario creo que las personas son inocentes”.

Por su parte, hoy lunes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha señalado que es «fundamental» una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el consenso de todos los partidos, para establecer que ninguna persona con «indicios» de haber cometido «delitos pueda estar presente en ninguna institución».Según Fabra esta reforma debe garantizar que «esa necesaria tranquilidad pueda estar presente en la sociedad» ya que ha constatado «la desafección» que produce entre la ciudadanía con respecto a los políticos los casos de corrupción. Ha insistido en que manteniendo el derecho a la presunción de inocencia trata de establecer «una línea roja» en que la que «los imputados no tengan responsabilidades» en el partido. Y ha insistido en que «el tema de las imputaciones y de los procesados» debe abordarse «a nivel nacional».

Se mire por donde se mire, lo cierto es que pocas herencias más envenenadas habrá que la recibida por el Presidente Fabra. De una parte, una administración autonómica sumamente endeudada a la que la crisis ha cogido con los “deberes” sin hacer o mal hechos. De otra, un partido fracturado por viejas rencillas personalistas, aún hoy soterradas, y un pavoroso panorama de escándalos de corrupción repartidos entre distintas administraciones y empresas públicas que culminan en un grupo parlamentario con nueve miembros imputados y algunos incluso procesados. Es cierto que el Presidente Fabra está intentando abordar de forma directa ambos frentes, el de la administración regional y el del partido, pero no es menos cierto que estos esfuerzos no están encontrando el suficiente eco y el reconocimiento público por parte de la mayoría de los electores, tal y como señalan las encuestas.

No es un tema fácil de abordar el de los políticos imputados o procesados en casos de corrupción. Simplificar en exceso las soluciones supondría con seguridad un error y una injusticia. Ambos líderes, Rus y Fabra, abordan el problema principalmente desde una perspectiva jurídica. De una parte. Es indudable, de acuerdo con nuestro estado de derecho, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y, en sentido estricto, no le falta razón al Presidente Rus cuando afirma que hasta que no exista una sentencia firme es preciso sostener la presunción de inocencia. Pero, la aplicación de este principio equivaldría a sostener que hasta que no se agote el último recurso procesal no se podría exigir la renuncia, no ya de un imputado o procesado, sino de un condenado en primera instancia. Cabría objetar que incluso el delincuente sorprendido in fraganti es inocente hasta que no haya sentencia firme, aunque se le haya encontrado junto al cadáver y con el cuchillo en la mano.

De otra parte, el Presidente Fabra aboga por una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, consensuada entre todos los partidos, para delimitar el momento en que el imputado o procesado en un caso de corrupción debería abandonar sus responsabilidades institucionales. Nuevamente, se trata de una consideración de índole jurídica cuya resolución no se vislumbra, hoy por hoy, muy cercana y, menos aún, con un amplio respaldo parlamentario.

Sin embargo, no se trata de ofrecer hoy una respuesta jurídica porque lo que hay delante es un problema esencialmente político, no jurídico. La desafección que los ciudadanos muestran ante la clase política a causa de los casos de corrupción es un problema de carácter esencialmente político, no jurídico, y por ello requiere, en primer lugar, respuestas políticas. Y respuesta política es la que el Presidente Fabra ha venido sosteniendo, aunque de forma insuficiente, a este problema político al plantear el trazado de una “línea roja” en virtud de la cual un imputado no puede ostentar responsabilidades orgánicas dentro del Partido Popular. Sin embargo, esta respuesta política, que en si misma ya es positiva, parece insuficiente a la hora de “visualizar” ante los ciudadanos la persecución de conductas reprochables. No hace falta ninguna reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal para reforzar esa línea roja y ganar credibilidad. Se puede hacer excluyendo del los Grupos Populares municipales o de las Cortes a aquellos cargos públicos que estén imputados o procesados. No es fácil, pero hoy en día parece los más ejemplarizante que con las normas existentes en la mano se puede hacer. Si alguien por su situación procesal no es digno de ocupar un cargo orgánico del PP tampoco debería permanecer en un Grupo Municipal del PP. Eso sería lo coherente. Y hay que destacar que se hace un flaco favor a la política del Presidente Fabra hechos como condicionar la democracia interna del propio partido, es decir, los derechos de miles de militantes, a la situación judicial de personas concretas como ocurre en la ciudad de Alicante. Eso es dinamitar las líneas rojas.

Santiago de Munck Loyola

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