¿Bautizos y comuniones por lo civil?

La vida está siempre llena de sorpresas de todo tipo, unas más agradables que otras y algunas, cuando menos, anecdóticas. Hace tan sólo unos días me pidieron un informe sobre los denominados “bautizos civiles”, “ceremonia civil de imposición de nombre” o más pomposamente “entrega de la carta de ciudadanía” o “bienvenida democrática”. Pensaba que esta cuando menos original e inútil ceremonia estaba circunscrita a tres Ayuntamientos en España, como el de Rivas-Vaciamadrid en el que además también utilizan el dinero de los contribuyentes en una oficina municipal para apostatar, pero navegando por Internet puede comprobarse que este esnobismo laicista tiene sus seguidores.
En algunas páginas de Internet pueden leerse cosas curiosas: Un nuevo paso hacia la sociedad laica es el bautizo civil. Se despoja de todo matiz religioso a la ceremonia del bautismo, convirtiéndolo en un acto civil. El bautizo civil es una opción laica al bautizo religioso. Es decir que para construir una sociedad laica parece que es imprescindible imitar un sacramento, un “signo sensible de un efecto interior y espiritual que Dios obra en las almas”, pero sin Dios y sin almas. Uno no tiene más remedio que preguntarse cómo se puede despojar a un signo exclusivamente religioso del matiz que le otorga su propia esencia religiosa y, sobre todo, para qué se hace semejante exorcismo laico. Claro que para poder intentar comprender tan profunda transformación hay que aproximarse a los sólidos conocimientos jurídicos de los promotores del invento que dicen cosas como la siguiente: “parece que el dar oficialmente un nombre a nuestro hijo es exclusivamente religioso y no tiene por qué serlo”. ¿Y dónde “parece” que los nombres de los hijos son dados oficialmente en el bautismo religioso?  ¡Hombre! A nadie se le pide conocer el Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil, ni siquiera se le pide conocer la existencia de tal norma, pero todo el mundo sabe y si lo ignora se lo dicen en la maternidad cuando, donde y como debe inscribir el nacimiento de su hijo que incluye, sin que se lo mande la Santa Madre Iglesia, la imposición del nombre de la criatura. Créanselo o no, se puede asegurar con absoluta certeza de que en España se trata de un trámite estrictamente civil.
Y si se trata de organizar algún fasto bajo la supuesta entrega de la llamada “carta de ciudadanía” no hace falta, desde una perspectiva legal, ningún trámite ante el Ayuntamiento de turno, administración manifiestamente incompetente para el otorgamiento de derechos ciudadanos, bastando acudir al Código Civil que para eso está.
No crea el lector que el asunto concluye aquí porque, al parecer, como en nuestro país debemos andar sin problemas y algunos se aburren o quieren dar rienda suelta a sus instintos laicistas también están promoviendo las “primeras comuniones civiles”. En cierta página de Internet puede también leerse lo siguiente: “La Primera Comunión Civil es una Primera Comunión pero” sin comunión”, que no difiere mucho de las originales, a no ser por la ausencia del acto religioso. Por lo demás se mantiene igual: banquete, regalos, parabienes y reunión familiar”. Laico cien por cien. ¿Quién da más? De momento estas comuniones civiles no han llegado al ámbito de los Ayuntamientos, pero es muy probable que pronto Rivas-Vaciamadrid, reserva material de materialismo dialéctico, se tire al charco y dedique buena parte de los impuestos de sus vecinos a promover estos eventos. Y, digo yo, puestos a ello podrían también organizar las confesiones civiles en estos Ayuntamientos tan ávidos de secularizar al mismo Creador. Imagínense, se crean unas plazas de confesores laicos mediante concurso oposición en el que además de valorar la lengua vernácula, por descontado, se puntuaría como es debido el grado de ateismo y, por supuesto, la capacidad de paciente escucha del opositor. Previo pago de una módica tasa gallardoniana el ciudadano podría confesar sus pecadillos laicos, manifestar su propósito de enmienda y cumplir una penitencia social y democrática, regulada en una ordenanza municipal específica.
Combinar esnobismo e ignorancia es ridículo y poner en evidencia los planteamientos y objetivos serios de los movimientos laicistas con bufonadas civiles, por muy solemnes que sean, es un auténtico despropósito. Es absolutamente legítimo propugnar una separación total y real entre el fenómeno religioso y el estado y los procedimientos civiles, pero se bordea el ridículo cuando para conseguirlo se opta por imitar y copiar nada menos que los sacramentos cristianos, hechos exclusivamente religiosos, dando prueba con ello de una profunda ignorancia o de una obsesiva y enfermiza fobia. El que quiera organizarse bautizos que no son tales, comuniones sin comunión, confirmaciones laicas o confesiones similares que lo haga como mejor le parezca pero los escasos recursos municipales no están para eso.
Santiago de Munck Loyola

Sobre el IBI, la Iglesia y la X.

IU y sus asociaciones satélites han estado recogiendo firmas para que la Iglesia Católica pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles entre otras cosas y las 35.000 recogidas las han entregado en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, algunos Ayuntamientos han hecho pública su intención igualmente de cobrar dicho impuesto a la Iglesia Católica. Una cosa es presentar firmas en el Congreso para que esta cámara proceda a la modificación, si la mayoría parlamentaria así lo entiende necesario, de las leyes vigentes para que se pueda cobrar el IBI o para que se deroguen los acuerdos con la Santa Sede y otra muy distinta es que algunos Ayuntamientos decidan por su cuenta cobrar ilegalmente dicho impuesto. Una cosa es evidente o los responsables de esos Ayuntamientos están engañando a los ciudadanos anunciando esa medida o están poniendo en marcha procedimientos recaudatorios ilegales que terminarán en los tribunales y que costarán mucho dinero a esos consistorios. La Ley de Haciendas locales regula claramente quienes están exentos de pagar el IBI y no se  puede cobrar dicho impuesto mientras esa Ley no se modificada parlamentariamente ni a la Iglesia, ni al Estado, ni a las Comunidades Autónomas, ni los de cualquier confesión religiosa legalmente reconocida, ni a la Cruz Roja, ni a embajadas u oficinas similares, ni a la RENFE o a Adif, ni a determinados bienes comunales, etc.
Parece que tras estas iniciativas no se esconde otra cosa que un odio y una animadversión profunda hacia la Iglesia Católica, sobre quien se centran todos los ataques, y no un sincero deseo de justicia fiscal. Desde una perspectiva laicista se olvida con frecuencia que nuestro Estado es aconfesional pero que la el Artículo 16.3 de la Constitución señala expresamente que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Las exenciones tributarias de la Iglesia, las ayudas o subvenciones públicas o la asignación tributaria de la discutida X del IRPF responden a ese reconocimiento constitucional expreso y, en definitiva, al reconocimiento del peso de una mayoría sociológica de los católicos en España.
Desde esas posiciones de IU y anticlericales se pretende acabar con la libertad de los contribuyentes para decidir si quieren o no aportar una pequeña parte de sus impuestos a la Iglesia y/o a otros fines sociales. Cada año son más los contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia y ese hecho excita paralelamente los deseos de una parte de la izquierda de acabar con una de las pocas libertades que los contribuyentes gozamos a la hora de opinar sobre el destino de nuestros impuestos. No podemos opinar ni decidir si queremos que nuestros impuestos se dediquen a armamento, a subvencionar artistas, a engordar a la SGAE, a financiar a los partidos y sindicatos por poner unos ejemplos y, al parecer, tampoco deberíamos poder opinar sobre si queremos o no destinar una pequeña parte de nuestros impuestos a la Iglesia. Curioso concepto el de algunos sobre la libertad.
Hoy, más que nunca, la Iglesia y sus organizaciones desarrollan una labor social ingente supliendo la incapacidad de las administraciones públicas para llegar y socorrer a los más necesitados. La Iglesia y sus organizaciones trabajan en el campo de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de la inmigración y extienden su labor incluso más allá de nuestras fronteras, usando sus recursos con muchísima más eficiencia que los entes públicos.
No son los sindicatos, ni los partidos políticos, ni todos los demás que están exentos de pagar el IBI quienes están junto a los más pobres, quienes atienden a enfermos y ancianos o quienes dan de comer a miles de personas diariamente, no, no son ellos. Y de eso no se habla cuando se critican los ingresos que percibe la Iglesia. De eso parece que no interesa hablar.
Por ejemplo, el programa de acogida de Caritas, uno de los más emblemáticos y por el que pasaban antes de la crisis unas 400.000 personas al año, atendió en el último ejercicio a un millón y medio. La mayoría de personas atendidas tenían cargas familiares y una media de edad de 40 años. Por otra parte, el 67% de las personas que acuden a Caritas vienen derivadas desde los servicios sociales públicos, incapaces de ofrecer respuestas rápidas y eficaces. Mientras el tiempo para concertar una primera cita o entrevista inicial en los servicios sociales públicos es, como media, de casi un mes (25,9 días), en los servicios de Acogida de Caritas la espera para concertar una primera cita o entrevista inicial es, por término medio, de 4 días. Otro tanto sucede con las respuestas, ya que si el plazo de tramitación y gestión de las respuestas efectivas es de algo más de dos meses en los servicios sociales públicos (65,3 días), en Caritas el tiempo medio entre la primera cita y la respuesta efectiva es de 7,3 días. En el campo de la Educación, otro de los campos de batalla, las Escuela católicas atienden a más de 1.200.000 alumnos, lo que supone el 16 % del total del sistema educativo. Y mientras el coste medio abonado por el Estado a los centros concertados es de 2.480 euros anuales, en la escuela pública es de 5.299 euros al año.
Y para qué hablar de los comedores, albergues, centros de asistencia sanitaria, hogares de acogida o residencias de ancianos de la Iglesia y sus organizaciones. Si no los pudieran sostener los católicos,  sería el estado quien tendría que asumir su coste. Dejando al margen cualquier posicionamiento ideológico y pensando de una manera fría y calculadora solo se puede concluir que la Iglesia, con las ayudas y beneficios que recibe, ahorra además miles de millones de euros al erario público. Según algunas fuentes, este ahorro para el estado se podría situar en torno a los 30.000 millones de euros anuales.
En fin, parece que las fobias ancestrales de algunos pueden más que la lógica y la racionalidad económica, sin mencionar la sensibilidad social y el respeto a las libertades individuales. Allá cada cual. Un servidor lo tiene claro, seguirá poniendo las X en el impreso del IRPF en favor de la Iglesia y de los fines sociales.
Santiago de Munck Loyola