El fiestorro de parte de la clase dirigente.

Si hay una práctica verdaderamente extendida en nuestro país se trata de las llamadas comidas de trabajo o de negocios. Muchas veces da la sensación de que no se termina de traspasar el umbral de la relevancia empresarial o política, en su caso, si no se celebran estos encuentros gastronómicos. Todo empresario o político que se precie ha de tener en su agenda un importante número de citas semanales para desarrollar esta peculiar forma de abordar asuntos que se suponen serios e importantes. A más ágapes, más relevancia social del comensal. Al margen de las dudas que cada cual pueda albergar sobre la eficacia y la conveniencia de estos eventos gastronómicos para la conclusión de operaciones mercantiles, lo cierto es que no son pocas las que terminan por frustrarse o por concluirse al calor de los manteles de los restaurantes. No son pocos los empresarios que utilizan estas comidas para agasajar e intentar impresionar a sus invitados o, simplemente, para conocerles un poco mejor en un ambiente diferente al estrictamente profesional. Cada empresario es muy libre de emplear su dinero como mejor le parezca y si considera conveniente hacerlo en nutrir a su invitado y posible socio comercial está en su derecho. Se trata de una inversión más que podrá o no terminar por reflejándose de forma positiva en su cuenta de resultados.

Esta costumbre de las comidas de trabajo o de negocios se ha introducido sin ninguna dificultad en el ámbito de la vida pública, en el de las administraciones, de los partidos políticos o los sindicatos. Lo cierto es que su celebración tiene más difícil justificación en muchos casos. Cuando se realizan con ocasión de la concertación de contratos entre particulares y las administraciones, procedimientos perfectamente reglados, no tiene ningún sentido que políticos o técnicos participen en las mismas con los empresarios “contratandos” o contratados. Pero no son éstas las únicas que se celebran. Hay muchas otras en las que entre los comensales no hay ni va a haber ningún vínculo económico, sino que se trata de encuentros entre políticos o entre éstos y otros sectores sociales encaminados a la negociación y a la consecución de acuerdos con repercusiones públicas.

Y nada habría que objetar a esta práctica en la vida pública si no fuera por un detalle sustancial que se produce cuando las facturas de estos encuentros gastronómicos las terminan pagando los contribuyentes. El dinero del contribuyente no está para pagar comidas en restaurantes, la mayor parte de ellas innecesarias, a gente que, además, recibe un sueldo público más que suficiente para atender a sus necesidades básicas, incluidas las comidas. La clase política y sindical está sostenida económicamente por los presupuestos públicos. Les pagamos para trabajar por la sociedad y no por comer por ella en restaurantes de lujo.

A lo largo de los últimos años se ha producido un tremendo relajamiento de los principios éticos y del concepto del servicio público que ha llevado a que no pocos de los miembros de la clase dirigente lo confundan con servirse de lo público. Hace pocos meses era noticia la cafetería-restaurante del mismo Congreso de Diputados en la que, al igual que en otras cámaras legislativas autonómicas, los contribuyentes subvencionamos a sus señorías hasta los cubatas que se atizan en nombre de la Patria. 

El pasado mes de julio se hacía pública parte de la contabilidad del PP y en la misma figuraban gastos escandalosos que no han sido desmentidos. El PP que como los demás partidos se sostiene gracias al dinero público gastó en la Provincia de Castellón parte de ese dinero en “lencería y tabaco para reuniones” y en la Provincia de Alicante sus dirigentes gastaron en 2011 más de 35.000 € en comidas de trabajo, síntoma evidente de la existencia o de mucho trabajo o de mucha hambre o de mucha cara dura. Ahora se comprende por qué no dejan votar en las elecciones internas a los afiliados que no pagan su cuota.

Y en estos días veraniegos estamos conociendo el no va más del “fiestorro” permanente de la clase dirigente de nuestro país, en su vertiente político-sindical. Al escandalazo de los cerca de 1.000 millones de euros que la Junta de Andalucía ha dilapidado en el caso de los EREs falsos, se suman ahora algunas revelaciones sobre el uso de fondos europeos de formación a los parados que ponen de manifiesto la catadura moral del socialismo español en su vertiente sindical. Más de 12.000 euros gastados en marisco, tapitas y alcohol en la Feria de Sevilla en la caseta de UGT a cuenta de los contribuyentes y todo ello, como no, disfrazado con la manipulación de facturas bajo el concepto de comidas de trabajo de la negociación colectiva. ¡Hombre! Hay que reconocer que bajo los efectos etílicos de una buena cogorza de fino se debe negociar con más soltura. Y cuando no se trata de comilonas, se encubren otros gastos como los correspondientes a movilizaciones para la huelga bajo otros conceptos pero siempre malversando fondos públicos destinados a la formación de los desempleados andaluces.

Es evidente que aquí no funcionan con eficacia los controles sobre el uso del dinero público. Las supuestas comidas de trabajo se han convertido en un auténtico coladero en unas ocasiones para encubrir las facturas de encuentros gastronómicos particulares y en otras para colar juergas de unos desaprensivos que usan el dinero público como si fuera suyo o como si no fuera de nadie. Y todo ello en un país donde la desnutrición infantil y las enfermedades asociadas a la misma han hecho aparición en no pocas localidades.

Dado que confiar en el buen juicio de la clase dirigente, honrada en su mayor parte, no evitará que se sigan produciendo semejantes abusos mucho más sencillo y práctico sería confiar en el sentido común y que cada uno se pague de su bolsillo lo que coma. Con dinero público, ni una comilona de trabajo más.

Santiago de Munck Loyola

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A escándalo por día.

No hay día que pase sin que se produzcan nuevas revelaciones en torno a las andanzas del Sr. Bárcenas, a la supuesta contabilidad del Partido Popular o a algún que otro escándalo que afecta al partido del gobierno. Y no es que a la vez no se produzcan también revelaciones tan escandalosas o más sobre el PSOE y su ristra charcutera de imputados por el caso de los EREs falsos y el latrocinio sistemático del dinero destinado a los desempleados, pero es evidente que estas revelaciones no alcanzan el mismo eco ni en los medios de comunicación que, salvo honrosas excepciones, utilizan sordina ni en las redes sociales en las que no pocos han dado rienda suelta a sus delirios y a sus instintos antidemocráticos apelando al golpismo de la peor especie.

Sin embargo, dejando al margen las informaciones sobre Bárcenas, que todavía no se sabe si mintió ante el juez cuando negó los sobresueldos o miente ahora cuando dice lo contrario aunque su palabra sea ahora dogma para la izquierda, y dejando también al margen el asunto de los ERES, el mayor latrocinio de la historia de la democracia aunque el robo a los parados no incite a la convocatoria de ninguna concentración ante las sedes socialistas, es preciso detenerse sobre las informaciones publicadas ayer en torno a la supuesta contabilidad oficial del PPCV porque son especialmente significativas para quienes hemos dedicado nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro dinero al mismo.

Ayer, el Diario Información de Alicante se hacía eco de la publicación de la supuesta contabilidad oficial del PP en una página de Internet. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los datos publicados se refieren exclusivamente a la supuesta contabilidad de las direcciones provinciales y no de las Juntas Locales del PP que, al parecer, campan a su aire en estos temas de contabilidad con asociaciones paralelas donde se reciben ingresos y se cargan gastos. Por tanto, no se habla del dinero movido por ciudades tan importantes como Alicante o Elche, en el caso de nuestra Provincia. En el caso concreto de la Junta Local de Alicante la contabilidad es un auténtico misterio. Los afiliados no hemos recibido jamás la más mínima información, ni se nos ha rendido cuenta de qué se ha hecho con nuestro dinero y algo raro debe pasar porque se niegan a mostrar las cuentas a los afiliados que lo hemos solicitado. Se niegan a decirnos, por ejemplo, qué presupuesto extraordinario de campaña electoral se aprobó en 2011 y cómo se gestionó. Y lo más lamentable es que tendremos que ir a los juzgados para conocer esa contabilidad de la Junta Local de Alicante.

Pero dicho esto y en un primer repaso de la supuesta contabilidad publicada hay algunos datos que sorprenden enormemente. Primero que nuestros diputados se premien a si mismos en plena crisis con sobresueldos, eso sí aparentemente legales, por casi 500.000 euros en 2011, un año en el que por cierto tuvieron poco trabajo parlamentario. Y ésta no es una cifra supuesta, sino cierta. No hay que olvidar que los parlamentarios se fijan a si mismos sus retribuciones y que es de suponer que la cuantía estipulada es la justa por el trabajo que realizan. ¿Entonces por qué se asignan cantidades extras como gastos de representación? ¿Por qué se disfrazan las retribuciones de forma tan vergonzante? Segundo, aparecen reflejados gastos de desplazamientos de campaña electoral en el Grupo Parlamentario por importe de 113.500 euros. Una vez más algunos confunden el Partido con el Grupo Parlamentario y caen en lo mismo que en su día denunciaban a los adversarios políticos. Que el Presidente Zapatero acudiera a los mítines de su partido en un avión oficial estaba mal porque con dinero público se cubrían gastos electorales de partido y eso, se quiera o no, es lo mismo que pagar los kilometrajes de los mítines de los diputados.

Y hay que ver lo bien que tenemos alimentados a nuestros dirigentes políticos. Como a los pobres no les llega el sueldo y, al parecer, el trabajo les cunde mucho más mientras comen en un establecimiento público y no en su casa, pues nada les pagamos las comidas. Así, los miembros de la ejecutiva provincial de Alicante se sacrificaron en 2011 por la causa y se gastaron 35.000 euros en comidas. ¡Ahí es nada! Por la diferencia de gasto entre provincias se ve que los dirigentes alicantinos son más comilones o tienen más trabajo gastronómico que sus conmilitones regionales. Y para qué hablar ya de algunos otros gastos en lencería o en tabaco para las reuniones.

Al final de todo esto quedan algunas sensaciones y se fortalecen algunas convicciones. Queda cierta sensación de engaño, de estafa, porque queda patente que mientras muchos miles de militantes han sacrificado su tiempo, su esfuerzo y su dinero generosa y desinteresadamente por unos ideales, otros se han aprovechado de ello y han puesto el cazo. Unos pocos, pero bien situados, han manejado y siguen manejando toda una estructura de forma poco escrupulosa. Y se fortalece la convicción de que con más democracia interna no ocurrirían estas cosas con la frecuencia que se producen porque más democracia interna implica más control sobre los dirigentes y más responsabilidad de los mismos antes las bases. Se fortalece igualmente la convicción de que los partidos políticos sólo deben ser financiados por las cuotas de sus afiliados, de que hay que acabar con las subvenciones que riegan tan generosamente sus arcas. Y, sobre todo, crece la convicción de que tarde o temprano los que hoy nos hacen sentir vergüenza terminarán por pagarlo.

Santiago de Munck Loyola

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Los partidos políticos y nuestro dinero.

El pasado 29 de abril, el Consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellanos, anunció que la cantidad con que la Generalidad subvencionaba a los partidos políticos iba a ser reducida en un 30 %. Es decir, que el millón setecientos mil euros al año que hasta ahora, y a pesar de estar arruinada la administración autonómica, se llevan los partidos políticos para mantenerse del dinero de los contribuyentes se reducía para este año a un millón doscientos mil euros. Esta decisión ha levantado ampollas en la oposición, sobre todo en el PSPV, que ha puesto el grito en el cielo al ver reducido el dinero que recibe del erario público y que en buena parte venía dedicando a interponer acciones judiciales que, además, pierde en muchos casos. Esta elogiable iniciativa del PPCV es, a su vez, criticable porque lo primero que hay preguntarse es ¿por qué una reducción del 30% de la subvención y no del 100%? ¿Por qué si no hay dinero para pagar la dependencia, a los farmacéuticos o a los colegios sí que hay 1.200.000 euros para sostener las estructuras de unos partidos políticos que deberían ser sostenidas únicamente con las cuotas de sus afiliados? ¿Son prioritarios los gastos de los partidos frente a las necesidades básicas vitales de miles de ciudadanos de la Comunidad? 

No existe ni una sólo razón económica, ética o política que justifique que en tiempos de profunda crisis, de miseria y desesperación en muchos casos, se dedique dinero público a financiar a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que, indudablemente cumplen un papel esencial, deben ser capaces de autofinanciarse, de subsistir con las aportaciones de sus afiliados, de sus socios y sus simpatizantes y, para hacerlo, deberían ajustar sus modelos de organización y funcionamiento a sus ingresos reales o desaparecer en su forma actual. Si no lo consiguen, si no pueden mantenerse con el dinero de sus socios es porque los ciudadanos no las quieren y, por tanto, sustituir la falta de ingresos de su militancia con subvenciones detraídas de los impuestos de los mismos ciudadanos que voluntariamente no las quieren sostener es un fraude político en toda regla.

Sin embargo, esta reducción de las subvenciones a los partidos llevada a cabo a nivel autonómico contrasta poderosamente con las decisiones tomadas en el ámbito de Alicante por la Diputación Provincial. En efecto, el pasado 4 de abril, el Pleno de la Diputación alicantina presidido por Dª Luisa Pastor aprobó por vía de urgencia, fuera del orden del día y de tapadillo, una modificación del reglamento para la gestión de las subvenciones que reciben los grupos políticos que conforman la Diputación. ¿Y en qué consistió esta reforma? Pues básicamente en poder desviar parte del dinero destinado al funcionamiento de cada grupo político de la Diputación a las cuentas corrientes de sus respectivos partidos políticos. Es decir, a subvencionar de forma encubierta a los partidos políticos, que tanto el PP como el PSPV podrán ingresar la cuantía que estimen conveniente de esa asignación a las arcas que nutren a sus direcciones provinciales. En el Artículo 9 del reglamento aprobado se dice que «Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial». El único requisito es que, posteriormente, justifiquen el destino definitivo de esos fondos. Y para ello no hubo gran problema. Tanto el Partido Popular como el PSOE se pusieron de acuerdo de inmediato. Y, por si fuera poco, tanto el PP como el PSOE acordaron también abrir la vía para incrementar la asignación que reciben todos los años de las arcas provinciales. Y todavía habrá quien hable de austeridad o de ejemplaridad sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Es esta la sintonía política que existe entre el Sr. Ciscar y el Presidente Fabra? ¿Aquí va cada uno por su lado?

Y hablando de dinero público y de grupos y partidos políticos, no queda más remedio que subrayar la actitud del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante que hace pocos días, sin dar ninguna explicación, se negó a aprobar una moción de UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos. Hay que precisar que según el Artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local el Pleno del Ayuntamiento puede asignar determinadas cantidades de dinero a los grupos políticos constituidos en su seno para su actuación corporativa. Esta dotación económica no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, ni a desviarse como aportación a los partidos políticos, salvo que así expresamente lo autorizase el Reglamento municipal correspondiente. La Ley prevé que los Grupos Políticos de la corporación lleven una contabilidad específica de esa dotación económica que habrá de ser puesta a disposición del Pleno cuando así se apruebe. Pues bien, lo que ha hecho el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante es sencillamente impedir que los ciudadanos podamos conocer cómo y en qué se han gastado nuestro dinero todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ¿Hay alguien que pueda decir que eso es transparencia? ¿Hay alguien que pueda explicar esa decisión? ¿Hay miserias o ilegalidades que esconder?

Bien, como se puede apreciar estamos ante tres actitudes diferentes, pero muy sintomáticas y elocuentes, sobre el uso del dinero de los contribuyentes, sobre la forma de financiar en tiempos de crisis y de austeridad a los partidos políticos. Podrán contarnos lo que quieran, podrán entonar bellos discursos con huecas palabras, pero no hay nada más elocuente que los hechos. Y por sus obras los conoceremos.

Santiago de Munck Loyola

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Frente a la comprensión y paciencia, más esperanza.

La cifra de 6.202.000 parados, las nuevas medidas y las negras previsiones anunciadas por el Gobierno el pasado viernes y las distintas y contradictorias declaraciones de varios dirigentes gubernamentales conforman un paquete difícil de digerir para cualquiera. Hace poco menos de una semana los Ministros de Guindos y Montoro, incluso el propio Presidente, declaraban que no iban a hacer falta nuevos recortes, que las autoridades europeas no exigían más ante los recortes ya llevados a cabo y que no habría, en palabras del propio Rajoy, más “hachazos”. Días después, el propio Presidente Rajoy nos anunciaba recortes adicionales en 2013 por importe de 3.000 millones de euros ¿navajazo en vez de hachazo? El viernes pasado, la Vice Presidenta, Sáenz de Santamaría, pedía comprensión a los ciudadanos y el domingo era Rajoy era el que pedía paciencia a la vez que repetía que el gobierno “sabía a dónde iba”.

El problema no radica en “saber a dónde se va”, sino que lo que es discutible es el camino elegido para llegar al destino. Es muy probable que sin todas las reformas emprendidas por el Gobierno de Rajoy y todos los sacrificios impuestos a los ciudadanos hoy estaríamos mucho peor. Es muy probable que de haber seguido con las políticas socialistas hoy España estaría intervenida con muchos más recortes que los hasta ahora impuestos y con una tasa de paro todavía peor. Pero el problema es que para lograr esto, el Gobierno ha optado por unas medidas contrarias a su programa electoral y a los propios principios definidores de la acción política de un Gobierno del Partido Popular. Es decir, que el Gobierno del PP ha elegido un camino diferente al que prometió y que a la luz de los resultados y, sobre todo de las negras previsiones, es mucho más largo y tortuoso de lo esperado.

Sáez de Santamaría nos pide comprensión y Rajoy paciencia. Sinceramente es muy difícil comprender por qué se han abandonado las políticas y los principios del programa del Partido Popular para aplicar unas medidas que sólo en parte obtienes resultados precarios, sobre todo en la contención del déficit, y es más difícil aún ser comprensivos cuando nadie se toma la molestia en explicar a los ciudadanos el por qué de dichos cambios. La paciencia pedida por el Presidente no es otra que la resignación ante el sufrimiento que la situación actual impone. Según se recoge hoy en vozpopuli.com el propio Gobierno admite que el impacto de las medidas que ha venido adoptando ha sido perjudicial para el crecimiento económico y para la creación de empleo. Los recortes y las subidas de impuestos del Gobierno son las responsables del desplome de la economía. En el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas para el año 2013 se admite que el crecimiento económico se ha frenado un 2,58% en un año como consecuencia de unas políticas que también han dado como resultado un aumento del 1,9% del paro. El Ejecutivo sostiene que esas cifras se tornarán positivas a en una década cuando, según sostiene, el empleo crecerá un 9,12% gracias a las que bautiza como «medidas de consolidación fiscal». Es decir, que sanear las cuentas públicas y el sector financiero, bases imprescindibles para crecer, han supuesto en un primer momento un frenazo al crecimiento y, consecuentemente, un mayor desempleo.

Los que hoy hablan sin pudor alguno de “austericidio”, aplaudieron ayer el “despilfarricidio” cuyas consecuencias estamos pagando ¡y a qué precio! Hay que saber que no podemos volver a esas políticas socialistas fracasadas. Todavía tenemos que gastar menos e ingresar más para equilibrar las cuentas públicas. Se ha hecho evidente que aumentar los ingresos subiendo los impuestos ha sido contraproducente porque ha implicado reducir la actividad económica y generar más paro. A lo mejor es hora de volver al programa popular y bajar la presión fiscal para dinamizar la actividad, generar consumo, empleo e incrementar así la recaudación. Y gastar menos se puede seguir haciendo pero no a través del recorte de las prestaciones sociales sino acometiendo de verdad la reforma y recorte de un estado insostenible y plagado de duplicidades. Es decir, acometiendo de una vez una profunda reforma política.

Estos días dos voces se han alzado frente a la comprensión y a la paciencia y merece la pena analizar lo que dicen. Desde posiciones ideológicas distintas tanto Mikel Buesa como Esperanza Aguirre vienen a coincidir en que la situación económica exige la adopción de medidas con más contenido político que económico, pero cuyas consecuencias serán de calado económico. Parece que el fuerte impulso reformista que caracterizó los primeros meses del Gobierno de Rajoy ha perdido fuelle. 40 de las 70 reformas anunciadas en el último año no se han llevado a cabo y un análisis de las mismas permite subrayar que son precisamente las reformas de más contenido político las que se han quedado aparcadas.

El Gobierno debería volver la vista y centrar su actividad en la puesta en marcha de todas las reformas de contenido político que permitirán reducir el gasto público y aumentar la eficiencia de nuestras administraciones públicas. Y hacerlo venciendo las notables resistencias que esas reformas levantan entre la clase política y especialmente entre los propios barones del Partido Popular. Lo que no resulta admisible ni comprensible es que el peso de las reformas siga recayendo sobre el sufrido ciudadano mientras no se acometen reformas estructurales profundas. Sabemos el destino al que nos llevan pero no puede haber paciencia cuando se elige un camino que no era el previsto, que resulta ser el más largo y cuando las mochilas más pesadas las tienen que llevar los de siempre, los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

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Populares de la “casa” y para la “casa”.

Tras la presentación del Manifiesto por la Regeneración del PP de Alicante promovido por el Foro Plataforma Popular ( https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts) y la candidatura a la Junta Local del PP “Esperanza Popular” parece que algunos miembros del “aparato” del partido están haciendo correr toda clase de rumores sobre las intenciones de quienes participamos y promovemos este movimiento con el único fin desacreditarnos y de impedir la expansión de nuestras propuestas.

Lo primero que hay que dejar claro es que no existe la más mínima intención de promover ninguna candidatura independiente de cara a las futuras elecciones municipales, ni de provocar una escisión interna, ni, por supuesto, de crear un nuevo partido en la ciudad de alicante. Quien afirma lo contrario sencillamente miente.

Somos un grupo, cada día más numeroso, de afiliados del Partido Popular, algunos por ejemplo desde mucho antes de que lo fuese nuestro Presidente Provincial, que compartimos una misma preocupación por la forma de funcionar nuestro partido, que creemos que hay muchas cosas que mejorar internamente y que propugnamos una forma de hacer política sustentada en determinados valores y principios bastante ausentes, hoy por hoy, en la vida política de nuestro entorno. No es tan difícil de entender: queremos mejorar nuestro partido, corregir errores y ofrecer a los ciudadanos un proyecto político basado en la honestidad, la ejemplaridad, la austeridad, la transparencia y la eficacia en la gestión pública. ¿A quién le puede parecer mal eso?

Sabemos, porque lo sufrimos y porque así nos lo reconoce la inmensa mayoría de nuestros compañeros, que durante años los afiliados y los militantes de la ciudad de Alicante no han tenido el papel protagonista que legítimamente les corresponde. El PP de la ciudad de Alicante no ha funcionado como una organización política participativa y democrática. Por no tener no ha contado ni con una sede propia, ni tan siquiera con una simple página web. Ha sido un gueto, un coto cerrado en el que determinados grupos y “familias” se han repartido los puestos y en el que el militante sólo ha sido llamado para llenar mítines, cenas o realizar funciones de apoderados o interventores en las elecciones. Unos pocos han hecho y desecho a su antojo. ¿A quién puede molestarle que queramos acabar con este panorama? Evidentemente a quienes se han servido de nuestro partido, a los acomplejados que temen la competencia que la participación de cientos de afiliados más preparados que ellos les pudiera suponer y a quienes no creen en los principios y valores que inspiran el ideario político del Partido Popular. Así de sencillo, así de fácil y, por ello, tratan de de descalificarnos adjudicándonos objetivos e intenciones falsos.

Queremos que restituyan a los afiliados alicantinos todos sus derechos, empezando por la propia Junta Local de la Ciudad eliminada, sin consultar por supuesto con los militantes, en contra de lo establecido en los Estatutos Nacionales del PP y con el único fin de impedir un proceso interno democrático que pudiera poner en peligro el estatus de quienes de siempre han venido controlando la organización local y se han servido de ella.

Queremos que, una vez restituida, se convoquen elecciones internas con todas las garantías democráticas para lo que es imprescindible que se depure el censo de afiliados que está artificialmente inflado como consecuencia de las cainitas y estúpidas guerras internas entre campistas y zaplanistas.

Queremos presentar una candidatura sustentada en las bases de militantes, sin padrinos políticos ni tutelas, ofreciendo un programa y unos compromisos de actuación para la Junta Local basados en la democracia interna, en la participación permanente de los afiliados, en la formación política, en el debate interno, en la colaboración con los agentes sociales de la ciudad y en la exigencia a nuestros afiliados en cargos públicos de conductas honestas, ejemplares, transparentes y austeras. ¿A quién le parece mal esto? ¿Quiénes y por qué combaten con insidias estos objetivos?

Porque somos vecinos alicantinos comprometidos con nuestro partido y con nuestra ciudad nos duele profundamente el panorama muchas veces bastante desolador que se ofrece ante nosotros. No queremos permanecer inactivos ni pasivos, porque no podemos ser cómplices de una realidad que no nos gusta. Las cosas se pueden corregir desde dentro y si hubiese canales internos de debate y participación no haría falta salir a los medios de comunicación, muchos de los cuales por cierto nos ignoran, para expresar estas ideas. Cada uno de los militantes del PP de la ciudad de Alicante tenemos una responsabilidad que no podemos, ni debemos eludir por comodidad, cobardía o simple desánimo. En nuestras manos está poder cambiar las cosas.

Santiago de Munck Loyola

La paga extra para la ONG “políticos sin fronteras”.

A medida que se acercan las fiestas navideñas y se hacen más evidentes las consecuencias de la supresión de la paga extra para los empleados públicos crece la indignación, el cabreo y la impotencia de los afectados. Esta mañana, sin ir más lejos, charlando con dos compañeros la irritación y la indignación eran más que evidentes. El que más y el que menos contaba en su presupuesto personal y familiar con la paga extra y ahora su supresión borra de un plumazo muchas previsiones y desbarata las economías de millones de familias. Como es natural se lanzaban muchas preguntas al aire ¿por qué tienen que pagar los empleados públicos las consecuencias de la mala gestión de los políticos? ¿Por qué se rebaja el sueldo a los empleados públicos año tras año y ahora se elimina además la paga extra mientras que sigue habiendo gente que gana cientos de miles de euros con cargo a los presupuestos públicos? ¿Por qué se consiente que miles de políticos cobren de las arcas públicas más de un sueldo bajo el disfraz de dietas y complementos? ¿Por qué la clase política, responsable de esta crisis, sigue disfrutando de toda clase privilegios? ¿Por qué hay dinero público para rescatar a los bancos y no lo hay para pagar con justicia el trabajo de los empleados públicos? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que ayudar a los bancos hundidos por la pésima gestión consentida por los gobernantes? ¿En qué clase de país vivimos que unos empleados públicos se quedan sen paga y otros no según el territorio? La lista de preguntas era muy larga y el dedo acusador señalaba como culpable, curiosamente, al actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De poco valía intentar explicar que no era así porque el afectado sólo ve al que ha suprimido, en este caso, la paga extra y no ha quien nos ha conducido hasta aquí.

No me cabe la más mínima duda de que la supresión de la paga extra a los empleados públicos es profundamente injusta, sobre todo, porque no va acompañada de un sacrificio similar para toda la clase política cuya ejemplaridad vuelve a brillar por su ausencia. No basta con que los políticos hayan decidido aparentar ser solidarios prescindiendo ellos también de dicha retribución. No basta porque siguen conservando toda una clase de privilegios que se han otorgado ellos a si mismos tales como ventajas fiscales para los parlamentarios, coches oficiales, pagos en especie de toda clase, viajes gratis, comidas subvencionadas, cotizaciones privilegiadas para el cobro de sus pensiones, indemnizaciones injustas, percepciones retributivas públicas simultáneas de diferentes administraciones o empresas públicas, cuantías salariales inmorales e injustificables y todo un largo etcétera que define y caracteriza perfectamente la existencia de una casta superior que impone sacrificios a los demás mientras mantiene casi intacto su estatus. ¿Con qué cara se puede pedir a un empleado público que asuma este sacrificio mientras esa clase política permite que con dinero público se paguen sueldos de 100.000, 180.000, 750.000 ó 900.000 euros anuales? Porque estas cifras son ciertas y reales. No se trata sólo de sueldos de alcaldes o presidentes de comunidades autónomas, sino también de todos esos miembros de la casta partidista colocada en empresas públicas o en cajas y bancos sostenidos con ayudas públicas que se asignan tan estimulantes salarios. Ésa es una realidad incuestionable que ni éste ni ningún otro gobierno ha querido o ha podido abordar. Y que no nos cuenten que esas retribuciones tienen su justificación en las altas responsabilidades que sus trabajos conllevan porque es un cuento chino. Más responsabilidad tiene el Presidente del Gobierno o el Ministro de Hacienda y ganan diez veces menos que el Presidente de Bankia, entidad nacionalizada a la que van a parar miles de millones de euros públicos. Y para responsabilidad de verdad la de cualquier cirujano de la seguridad social, por poner un ejemplo, al que se le rebaja el sueldo y se le quita la paga extra en nombre de una austeridad y una solidaridad que en el fondo sirve también para que los intocables de la política se sigan forrando en nombre de España o de su sagrada autonomía.

¿No estábamos en la Champions League de las economías según Zapatero? ¿No teníamos el sistema financiero más sólido de Europa según este nefasto personaje? ¿No afirmaba sin el más mínimo rubor que hasta los franceses nos envidiaban? ¿No decía que esto no era una crisis sino unos simples desajustes temporales? ¿Y los brotes verdes? ¿Se los comió o se los fumó? Nada de nada. Y por dejarnos semejante herencia, en lugar de comparecer ante la justicia como en Islandia, ahí está, tan ricamente, cobrando 6.000 euros limpios al mes a costa de los españoles. Y como él muchos otros, todos tan tranquilos, sus cómplices sindicales y empresariales, sus palmeros subvencionados,  sus socios políticos y todos los que por acción u omisión nos han traído hasta aquí. Él fue el médico que no supo diagnosticar ni tratar adecuadamente la infección y ahora Rajoy es el médico que tiene que amputar y, por eso, se lleva la ira y el odio del paciente, entre otras cosas, porque no explica claramente  el parte médico. Una vez más, los fallos en comunicación son mortales.

Eliminar la paga de los empleados públicos es una chapuza con consecuencias inevitables en la caída del consumo y en la recaudación del IVA. Es un parche, un tratamiento sintomático poco eficaz porque sigue sin abordarse un tratamiento radical, ejemplar y profundo del uso del resto del dinero público que sigue siendo derrochado a manos llenas por una buena parte de la clase política, siempre instalada en el País de las Maravillas.

Santiago de Munck Loyola

Ellos se lo guisan, ellos se lo comen y los demás lo pagamos.

Al que madruga Dios le ayuda. Es lo que seguramente han pensado los diputados más despistados, los treinta primeros diputados que en los últimos nueve meses han “perdido” su iPad porque a partir de ahora la Mesa del Congreso ha decidido dejar de reponer las tabletas que pierdan sus señorías ya que en lo que llevamos de legislatura el Departamento de Informática del Congreso ha agotado las reservas que tenía para atender estas incidencias.

La austeridad ha asomado tímidamente su patita en el templo de la Democracia, el Congreso, y a partir de ahora no se van a reponer las tabletas que los sufridos diputados pierdan. Sus Señorías dicen haber perdido 30 de las 350 tabletas que recibieron al principio de legislatura y las 30 han sido repuestas a razón de 700 € por cada una. Se ve que algunos diputados no son muy cuidadosos con los bienes públicos que les confían y que, acabado su mandato, debían devolver y eso que en este caso se trata de bienes para su uso y disfrute personal, eso sí por exigencias patrióticas. Y es que como el sueldo de sus señorías es escasito, según parece, al ser elegidos, los diputados reciben un ‘kit tecnológico’, a saber, un móvil de última generación, tipo iPhone, línea ADSL en su domicilio para estar conectados a Internet y, desde esta legislatura, una tableta iPad. Hay que ser comprensivos, sus señorías no pueden desempeñar correctamente sus altas funciones sin Internet a costa del contribuyente, la democracia correría peligro si tuvieran que pagarse la línea con sus magros sueldos.

Pero como todo es poco para que sus señorías nos representen como nos merecemos nos gastamos 6.750.000 € al año en los desplazamientos de los diputados, es decir 19.285 € al año por cabeza en billetes de avión, dietas, taxis o aparcamientos pagados en los aeropuertos. Ah y otros 1.714 euros por diputado al año en concepto de kilometrajes. Y para hacer más llevadera su sacrificada labor, los españoles contribuyentes les subvencionamos la comida y la bebida que consumen en la cafetería del congreso con 850.000 € al año, es decir, que pagamos más de 2.400 € por diputado al año para subvencionarles comida, café y copa (se supone que el tabaco corre por cuenta del parlamentario). Para que luego se diga que no somos rumbosos los españoles a pesar de la crisis y del hambre existente en las calles. Y para el año que viene aumentaremos esa subvención en 42.500 €. ¿Para qué aumentar otras partidas sociales? ¿Acaso hay algo más social que subvencionar el sustento de los representantes de todo el pueblo? Claro que siempre hay quien se lo monta mejor porque sus correligionarios de la Asamblea de Madrid tienen el Menú a mitad de precio, a 4,25 €, más barato como bien han señalado muchos que el precio del menú de los escolares.

Pero volviendo a las Cortes Generales y a las nuevas tecnologías hay que subrayar la abnegada y nunca suficientemente reconocida labor del Senado. El Senado, reserva espiritual de la inutilidad institucional, “invierte en democracia” según sus máximos representantes. Eso es, al menos, lo que han manifestado para justificar los 437.000 € del ala que se han gastado en su nueva página web a la que, por cierto, todos los grupos parlamentarios han ensalzado por ser un «instrumento de transparencia e información». Conociendo los precios del mercado parece que esa cantidad es desorbitada, claro, que un servidor se reconoce desconocedor de la rentabilidad de las “inversiones en democracia” como la presente y confía plenamente en que no se encuentre al nivel del “bono basura” que últimamente es el que más se prodiga en las administraciones de nuestra sacrificada clase política.

Todo es poco para nuestros excelsos parlamentarios: kits tecnológicos, menús anticrisis, viajes gratis total, sueldos, dietas (y no la Dunkan precisamente), tributación en hacienda como mileuristas, cotizaciones privilegiadas para sus pensiones, etc. Todo a cargo del contribuyente, todo. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. ¿Sacrificios? Los justos. ¿Austeridad? Para los demás. ¿Ejemplaridad? ¿Ejem… qué? Visto lo visto, la Indecencia política ocupa el grupo parlamentario más grande de la democracia… casi 350 escaños.

Santiago de Munck Loyola

Quo vadis, Cospedal?

El lanzamiento de algunos “globos sondas” sobre reformas, como la posible reducción de concejales para generar ahorros en las arcas públicas o la reducción del número de parlamentarios autonómicos, responde, sin ninguna duda, al deseo de una parte de la clase política de atenuar la creciente indignación que la diferencia de la repercusión de los costes de la crisis tiene entre la clase política y el resto de los ciudadanos. El último “globo sonda” lo soltó ayer la Presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien no sólo propuso reducir a la mitad el número de parlamentarios autonómicos, justo lo contrario de lo que ella promovió en su Comunidad, sino que además apostó por la supresión de los sueldos a los diputados “para que vivan de sus profesiones y no de la política”, según dijo.

Esta propuesta, relativamente novedosa, merece algunas consideraciones. En primer lugar, para valorar realmente el calado y la validez de la misma, no es posible ignorar la realidad política y personal de quien la formula.  María Dolores de Cospedal, hace poco más de un año, recibía dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, y como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibía otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Es decir, un auténtico dineral con origen en las arcas públicas. Por tanto, que cada uno saque sus conclusiones.

Por otra parte, lo que plantea Mª Dolores de Cospedal es que algunos políticos, en este caso parlamentarios, no cobren por hacer su trabajo y para ello se apela a los precedentes de la transición. Así, los parlamentarios vivirían de su profesión habitual y su dedicación parlamentaria vendría a ser algo así como una segunda actividad o una afición justificada por su carácter vocacional. Sin embargo, con esta propuesta se corre el riesgo de devaluar el carácter de una parte de la actividad política, la que desarrollan precisamente los representantes de los votantes. Tan vocacional es dedicarse a la política como puede ser el ejercicio de la medicina y, sin embargo, a nadie se le ocurre plantear que los médicos trabajen gratis por el carácter vocacional de la medicina. Bien es cierto que para ser político, para ser parlamentario o alcalde, no se exige una formación o preparación específica como en el caso de otros profesionales. Resulta paradójico que en España para ser peón en un Ayuntamiento, por ejemplo, haya que tener graduado escolar y aprobar una oposición y que para ser Alcalde o Diputado no se exija nada, ninguna titulación, salvo ser elegido. El problema es que el poder de las urnas no confiere unos conocimientos mínimos y así nos va.

Por último, todo parece indicar que buena parte de la clase política está equivocada respecto a las causas que generan la indignación ciudadana y su alejamiento de los políticos. Lo que causa indignación es que la inmensa mayoría de los recortes que la crisis generada por parte de la clase política está suponiendo duros sacrificios a los ciudadanos mientras que los políticos siguen instalados en una situación privilegiada. La mayor parte de los ciudadanos no pedimos que los políticos no cobren por su trabajo, pero queremos que sólo cobren de él y no de diversas fuentes públicas simultáneas. No queremos que cobren sueldos, pensiones o indemnizaciones a la vez. Los ciudadanos, en su mayoría, no pedimos que los políticos trabajen de forma altruista pero sí exigimos que no gocen de privilegios inadmisibles: queremos que paguen el IRPF como todos, que coticen lo mismo que los demás para cobrar una pensión de jubilación, que sus retribuciones sean absolutamente transparentes y que no se encubran con pagos en especie, que sus salarios estén perfectamente regulados y tasados de forma uniforme en todo el territorio nacional y en todas las administraciones públicas. Queremos, en definitiva, que los políticos que nos gobiernan y representan tengan una conducta austera y ejemplar lo que implica que renuncien a todos sus privilegios y que sean los primeros en aplicarse los sacrificios y recortes que sufrimos los ciudadanos. En medio de esta crisis generada y mal gestionada por la clase política que un diputado o la Presidenta del Parlamento Catalán se descuelguen con afirmaciones como las que han hecho recientemente denunciando que tienen dificultades para llegar a fin de mes con sus sueldos, dietas y privilegios constituye una auténtica burla a los ciudadanos. No es de extrañar que digan tales estupideces quienes para llegar a tan altos puestos no han tenido que acreditar formación alguna. Se les nota.

Santiago de Munck Loyola

Los partidos políticos siguen "de fiesta" con nuestro dinero.

Un Diario publica hoy una noticia relativa a la financiación de los Partidos Políticos que teniendo en cuenta la escasez de dinero para todo llama bastante la atención. Según este diario, los partidos políticos reciben subvenciones hasta por dieciocho conceptos distintos y, entre ellos, destaca especialmente la cantidad que percibirán en el año 2012 para sus gastos de funcionamiento y seguridad y que ascenderá a 65 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta cantidad se refiere exclusivamente a la asignación que el Estado distribuye entre los partidos y que se reparte en su mayoría entre el PP y el PSOE. No hace falta subrayar que en esta cantidad no se incluye lo que, al margen de sus sueldos, perciben los parlamentarios en concepto de dietas, compensaciones, móviles, ordenadores, viajes, etc. ni otras asignaciones que las cámaras pudieran dedicar en sus presupuestos a los Grupos Parlamentarios. De igual modo, esta importante cantidad tampoco hace referencia a las cantidades que los partidos políticos reciben a través de los grupos institucionales en los diferentes parlamentos autonómicos o en las diputaciones provinciales, allí donde existen.

Al día de hoy es materialmente imposible conocer con exactitud las cantidades totales que los partidos políticos reciben, en dinero o en especie, de las diferentes administraciones públicas. La fiscalización que el Tribunal de Cuentas realiza sobre el dinero público percibido por los partidos políticos es absolutamente insuficiente y la legislación aplicable es lo suficientemente sesgada y ambigua como para permitir que los partidos políticos oculten de forma legal a los ciudadanos la cantidad total de dinero público que perciben y el destino que al mismo dan.

Sin embargo, existe además una importante fuente de financiación legal de los partidos políticos que casi siempre pasa desapercibida y que supone una impresionante cuantía en medios materiales, personales y económicos. Se trata de los Ayuntamientos. La Ley de Bases del Régimen Local señala que cada Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, deberá poner a disposición de los Grupos Municipales los medios personales y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta disposición se traduce que los grupos municipales usan despachos, teléfonos, ordenadores y personal, en función de la capacidad de cada consistorio, y lo hacen teóricamente para el desempeño de su trabajo como representantes locales, pero que en la práctica se usan al servicio de cada partido político. A ello hay que añadir las asignaciones económicas a los grupos Municipales, es decir, la cantidad de dinero que mensualmente cada ayuntamiento entrega a los grupos y que se devide en dos partes: una fija igual para todos los grupos y otra variable en función del número de concejales con que cuenta cada grupo. El Artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que “el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”. En el mismo Artículo se añade que “los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” Esto significa que esta subvención no está sujeta a las mismas normas de control y fiscalización que las demás subvenciones que los Ayuntamientos conceden. Los grupos municipales, los partidos, sólo deben justificar el empleo de la subvención cuando así lo requiera el Pleno de la Corporación, algo que casualmente no suele ocurrir, a diferencia de la justificación de las demás subvenciones que deben ser fiscalizadas por la Intervención municipal. Esto significa que estas subvenciones carecen de cualquier control técnico, ni pasan por el Tribunal de Cuentas, ni tan siquiera por la Intervención Municipal.

Y no se trata de cantidades pequeñas, no. Un Ayuntamiento como el de Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, con una población de  73.000 habitantes, dedica anualmente 590.000.- € a cargos de confianza, es decir, cargos de los partidos políticos, despachos y toda clases de medios para los grupos municipales y, además, 130.000.- € de subvención para los Grupos Municipales. Y estamos hablado de un municipio gobernado por IU, teóricos abanderados de la austeridad. Eso sí, al menos publican la cifra, no como en otros Ayuntamientos, como el de Alicante, en el que si se entra en su página web resulta imposible conocer la cuantía exacta dedicada a financiar a los Grupos Municipales. Por hacerse una idea aproximada de lo que puede suponer este gasto de los grupos municipales, si aplicásemos las cantidades que el Ayuntamiento de Rivas dedica a los grupos al conjunto de la población española nos saldría una cifra de 450 millones de euros, es decir, prácticamente lo que el Gobierno espera ahorrar con el “repago” de los medicamentos. Bien es cierto que es poco riguroso dar por buena esta hipótesis ya que hay muchos Ayuntamientos con escasos medios, pero la falta de transparencia de los partidos políticos y de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos no permite conocer la cifra exacta con que los españoles estamos financiando a los partidos.

En todo caso, la financiación anómala y descontrolada de los partidos a través de los entes locales es un hecho cierto e incontestable y supone una cantidad de dinero muy elevada. Es una exigencia de higiene democrática que la transparencia sea absoluta en torno al dinero que los partidos reciben. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto y cómo se gastan nuestro dinero los partidos. En tiempos de crisis y de austeridad, en medio de una penosa situación económica y social a la que nos han llevado los diferentes partidos, éstos deberían ser los primeros en ser austeros, en ser transparentes con el dinero público y en apretarse el cinturón en vez de exigirnoslo a los ciudadanos. Y, además, deberían autofinanciarse y, si no son viables, que cierren el chiringuito.

Santiago de Munck Loyola

Facturas informativas políticas.

Poco a poco se ha ido extendiendo la costumbre en determinados servicios públicos básicos entregar al usuario una factura informativa en la que se detallan los costes en los que la administración ha incurrido por el servicio prestado. Dicho de otro modo, se le entrega al usuario una factura con lo que se supone que debería haber pagado si no estuviese protegido por el sistema. En la Comunidad Valenciana, uno va al Centro de Salud a recoger las recetas que le ha prescrito el médico, en el caso por ejemplo de los enfermos crónicos, y junto a las mismas se le entrega amablemente la factura informativa con el importe total de las medicinas. En el caso de la Comunidad Andaluza te entregan, por ejemplo, la factura informativa del tratamiento o de la estancia hospitalaria en su caso. Parece que en la Comunidad de Madrid también se están emitiendo este tipo de documentos.

Nos dicen los responsables políticos que esto se hace con el fin de sensibilizar y concienciar a los ciudadanos del valor que tienen los servicios que se nos prestan desde las administraciones públicas. Se desconoce de dónde ha surgido la idea de que los ciudadanos no estamos sensibilizados, ni valoramos los servicios públicos que nosotros mismos pagamos, pero, en fin, doctores tiene la Iglesia, y si los expertos en estas cuestiones creen que es una buena iniciativa y que es necesaria pues adelante. Sin embargo, hay quien sostiene que esta iniciativa persigue en el fondo hacer que el ciudadano se sienta algo culpable por generar tanto gasto poniéndose enfermo y que así se desincentive de forma subconsciente el uso de los servicios públicos.

Hace pocos meses, a propósito de estas iniciativas, las redes sociales se “incendiaron” con una contrapropuesta original: entregar a cada político una factura informativa del gasto que origina cada vez que usa el coche oficial, o la tarjeta Visa o realiza un viaje con cargo a los presupuestos públicos. Sin embargo parece que esta propuesta peca de cierta ingenuidad. Por una parte, los políticos saben perfectamente lo que cuesta cada una de sus actuaciones porque son ellos mismos los que las presupuestan y las aprueban, por lo que la efectividad de esta propuesta resultaría muy limitada. Además, a ello hay que añadir que los gastos en los que incurren los políticos los abonamos nosotros, los contribuyentes, y consiguientemente deberían ser los pagadores los que tuvieran conocimiento detallado de esas facturas informativas.

Factura Informativa imaginaria del Congreso.

Es casi seguro que si se publicaran facturas informativas, en cada uno de los niveles de las diferentes administraciones, detallando los gastos de los políticos sí que se produciría un efecto desincentivador. Nada teme más un político que la transparencia y la publicidad en los gastos que él mismo origina. Si se publicasen mensualmente en los municipios las facturas informativas de los gastos que los alcaldes y concejales realizan en comidas, en desplazamientos, atenciones protocolarias o en móviles, por ejemplo, seguro que se produciría de forma inmediata un brusco descenso en sus cuantías. Imagínese el lector que el Congreso de los Diputados, en su página Web, publicase mensualmente los nombres de los diputados y las cantidades abonadas por sus viajes privados. Seguro que al mes siguiente pocos diputados volverían a aparecer en la siguiente factura informativa. No existe complicación alguna para hacerlo. Tan sólo se necesita voluntad de transparencia.

Nadie debería poner objeción alguna a que los pagadores, los contribuyentes, recibieran o pudieran tener acceso a esas facturas informativas. Ya que tenemos que pagar de todos modos, sepamos al menos por qué, cuánto y a quién. No es mucho pedir ¿no? Bueno, tratándose de nuestra clase política es sencillamente pedir peras al olmo.

Santiago de Munck Loyola