Aznar y los votantes populares.

La entrevista que la semana pasada concedió José María Aznar a Antena 3 ha levantado muchas ampollas y ha obligado a muchos a “retratarse”. La irrupción de Aznar en el debate público no ha sido, pese a lo que muchos opinan, una novedad. El ex Presidente del Gobierno y Presidente de Honor del Partido Popular ha entrado en escena en muchas ocasiones a lo largo de los últimos diez años en el debate político y en la vida interna del Partido Popular. La novedad ha estado principalmente en el contendido de su intervención que no ha agradado lo más mínimo ni a la izquierda recalcitrante, obsesionada de forma enfermiza y patológica con José María Aznar, ni al Gobierno y miembros de la estructura burocrática del Partido Popular. ¡Curiosa coincidencia!

Al margen de los “dimes y diretes” o de las variopintas interpretaciones sobre los motivos de esta entrevista, llama mucho la atención algunos mensajes lanzados por Aznar así como la reacción de algunos “líderes” del PP. La verdad es que hablar de “líderes” en el caso de algunos dirigentes populares resulta irrisorio. Gente que debe su puesto al “dedazo” superior, a sus cualidades personales genuflexas y a su sumisión absoluta, incapaces de ganarse el puesto en una competición en las urnas podrá ser todo lo dirigentes que quieran, pero calificarles de “líderes”, en el amplio sentido de la palabra, resulta francamente ridículo. Pero, en fin, hecho este paréntesis, lo cierto es que algunos de estos presuntos líderes han hecho públicas sus sesudas reflexiones sobre la intervención de Aznar concluyendo, y lo que es peor, manifestando públicamente que el Sr. Aznar “tiene a los votantes, pero no tiene al partido”. ¿Se puede ser más memo políticamente hablando? ¿No se percatan de que reconocer que Aznar tiene a los votantes y no al partido significa que el partido ha abandonado a los votantes? Es más ¿qué es un partido sin votantes?

Aznar dijo muchas cosas con las que se identifican muchísimos militantes y votantes del Partido Popular. Eso es una evidencia que sólo pueden negar quienes permanecen aislados de la realidad social y de las bases del Partido Popular. Es probable que los cargos políticos institucionales, los que deben su puesto a la superioridad y no a las bases, crean que Aznar está equivocado o que compartiendo sus opiniones hagan gala de la tradicional cobardía que asegura su supervivencia política y por eso se nieguen a admitirlo, pero cualquiera que se moleste en hablar con los militantes y con muchos cargos públicos en privado escucharán siempre lo mismo: “no es esto, no es esto”.

Los políticos valen lo que vale su palabra. Los programas no están para incumplirlos, como decía el viejo profesor. Muchos, sobre todo los llamados de la vieja guardia, hemos aprendido y asimilado que un programa es un compromiso con el elector, un auténtico contrato por el que los políticos ofrecen propuestas a los votantes a cambio de su voto. Incumplido el programa, se rompe el contrato y quiebra la legitimidad del gobernante. Y cuando se obtiene una mayoría electoral tan importante como la que recibió el Partido Popular hace un año y medio es porque se recibe un mandato claro y expreso para aplicar un programa determinado con todas sus consecuencias, sin dilaciones y sin excusas. No es tan difícil entender, como tampoco es tan difícil explicar desde el primer día las dificultades que puedan ir apareciendo y que no estaban previstas.

Las declaraciones de Aznar han sido, a muy juicio, muy oportunas porque, además, han reflejado el sentir de muchos votantes y militantes populares profundamente desorientados. Se podrá estar o no en desacuerdo con los planteamientos concretos que se deslizaron en esa entrevista pero es indudable, para muchos, que España necesita un liderazgo más sólido, un proyecto claro que desde el cumplimiento del mandato de los votantes responda a los graves desafíos plateados tanto en el campo económico, como el social, el político y el institucional. Decir las cosas claras, abrir el debate sobre las políticas emprendidas o sobre su ritmo, recordar la responsabilidad del Partido Popular con sus votantes o impulsar reflexiones sobre las respuestas que hay que articular ante los grandes desafíos de España no puede, ni debe ser interpretado de forma beligerante, sino que debería llamar sobre todo a la reflexión y al cambio de rumbo y más en el caso de esos “líderes” que reconocen que se han quedado con las siglas pero no con el programa, con los principios o con los votantes, únicos destinatarios de la acción política de un partido político.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

De mal en peor.

La cosa está mal, muy mal. La cosa está mucho peor de lo que nos dijeron, bastante peor de lo vemos y muy lejos de mejorar en poco tiempo. La cosa nos es otra que esta inmensa crisis económica, social y moral que está arrasando todo lo que toca. Ahora se constata que nadie, salvo que estuviese bien “colocado”, pudo vislumbrar el más mínimo y tierno brote verde porque ya había empezado a galopar por la pradera española el caballo del Atila del Siglo XXI. Esos insaciables mercados, con su desconocida prima hasta no hace mucho, no tienen bastante con todo lo que se han llevado por delante y cada día exigen más y más.

La situación parece que supera por momentos al Gobierno que, si tenía un Plan, debía ser gemelo del Programa Electoral, es decir, papel mojado por rebosantes orines de unos pañales que nadie se ocupó de cambiar durante años. La ahora oposición, que sí que debía saber lo que se cocía, tampoco sabe qué pieza bailar. En su seno, unos se pronuncian por la yenka y otros por el vals mientras los micrófonos indiscretos les pillan con las manos en la masa, bueno, mejor dicho, con la lengua en movimiento.

Un Programa Electoral no es un simple catálogo de promesas con el fin de captar votos. Un Programa Electoral es ante todo un Plan de Gobierno, una declaración de intenciones sobre lo que se va a hacer si se ganan unas elecciones. Un Programa Electoral, como cualquier plan o programa mínimamente serio, sólo puede ser diseñado desde un riguroso análisis de la realidad, de una evaluación concienzuda de dónde y cómo se está. Una vez establecida la foto del momento se establecen los objetivos, las metas a las que se quiere llegar si se gobierna y los caminos que se van a utilizar para alcanzarlas. Nos dicen ahora que la realidad con que se han encontrado es mucho peor de la que se esperaban o de la que conocían o que el Gobierno anterior les engañó en las cifras y que, por tanto, no se puede cumplir el programa electoral. Claro que entonces uno se pregunta ¿a qué se dedicaba la oposición entonces? ¿Cómo es posible que la oposición desconociese hasta tal punto la realidad que ahora no pueda cumplir ni por aproximación su programa electoral, su Plan de Gobierno? La oposición está para controlar al Gobierno de turno y para presentar alternativas. Pero ¿qué clase de control realizó durante los últimos años? Es evidente que si la oposición hubiese realizado bien su trabajo, si hubiese controlado de forma exhaustiva al Gobierno habría podido hacer un análisis certero de la situación, habría presentado un Programa Electoral adecuado a la realidad existente y no se habría llevado tantas sorpresas como parece que se está llevando. Vale, la oposición se equivocó y los españoles votamos mayoritariamente un programa electoral poco “adecuado” para sortear esta pesadilla de herencia de ZP. Pero ¿y los principios? Porque si algo debería quedar, algo por debajo de medidas programáticas concretas, es el conjunto de principios ideológicos de un partido político. No cuadra que, aparcadas ciertas promesas, se adopten medidas de emergencia absolutamente contrarias a las que se suponen inspiraban el programa. Antes nos decían: para recaudar más hay que bajar los impuestos, así se crea riqueza, se emprenden nuevas actividades, se crea trabajo y, finalmente, al haber más contribuyentes se recauda más. Ahora parece que eso ya no vale: ahora para recaudar más subo todos los impuestos y punto. ¿Y para éso se cambia de Gobierno?

La cosa está mal, muy mal. Es verdad. Y hasta tal punto está mal que nuestros socios europeos nos dicen ahora que no son suficientes todos los recortes, reformas y sacrificios adoptados en tiempo record en los últimos meses. Nos dicen que tenemos que sacrificarnos más. Es decir, que tenemos que gastar mucho menos para que dediquemos el dinero ahorrado con ello a seguir pagando los intereses de la creciente deuda pública. Cada euro que retiramos de la sanidad, de la educación, de las prestaciones sociales, de las infraestructuras se va a pagar deuda e intereses. Y nos dicen que tenemos que retirar más euros. Para empeorar las cosas algunas Cajas y Bancos están empezando a exhibir sus vergüenzas, tan complacientemente escondidas durante los últimos años. Muchas de esas entidades son las que han dejado ya sin casa a 300.000 familias españolas y ahora necesitan del dinero de todos, incluido el poco que puedan tener esas 300.000 familias, para ser rescatadas. ¡Perfecto! Menos euros para los ciudadanos.

No nos engañemos, si las cosas siguen así, pronto nos van a anunciar más subidas de impuestos que recortarán el consumo y generarán más paro, más recortes en prestaciones públicas, menos derechos sociales y una larga batería de medidas para contentar a Europa y a los mercados, prima incluida. Estamos ante una auténtica situación de emergencia social a punto del colapso del sistema. Y, mientras tanto, ni Gobierno, ni oposición son capaces de aparcar diferencias para subrayar puntos de encuentro. Mientras tanto se ha aparcado uno de los principales problemas que tenemos: que nos guste o no, no podemos seguir costeando este Estado de las autonomías tan caro y tan ineficiente, digan lo que digan. Mientras tanto nuestra clase política sigue sin ser austera, sin dar ejemplo, sin sacrificarse como nos exige a los demás que lo hagamos. Nuestra clase política sigue disfrutando de privilegios fiscales, de un sistema de pensiones privilegiado, de ingresos múltiples, de prebendas inadmisibles. No es de recibo que los diputados y senadores viajen gratis en desplazamientos privados y que sólo el Congreso pagase en 2011 más de 7 millones de euros a Renfe e Iberia. No es de recibo que siga disfrutando de más de 22.000 coches oficiales o que por cada cargo electo haya 1,5 asesores, como en el Ayuntamiento de Alicante. No, no es de recibo. Los sacrificios deben ser para todos y la ejemplaridad debe ser primordial.

Tanto el Estado del Bienestar como la sociedad del Bienestar se están escapando por el sumidero aunque no así el bienestar de la clase política que no parece dispuesta a “apearse” del burro ni a reconocer que nuestros males tienen su origen en sus decisiones y omisiones.

Santiago de Munck Loyola

El programa oculto.

Parece que, a medida que avanza la campaña electoral, las cosas no le están saliendo bien al PSOE: el efecto Rubalcaba se está convirtiendo en el defecto Rubalcaba. Un defecto que está mermando las, ya de por si escasas, expectativas iniciales de los socialistas.

Encaró su mejor oportunidad, la del debate, asumiendo resignadamente la posición inicial de perdedor y otorgándole a Mariano Rajoy la de próximo Presidente del Gobierno de España. Una oportunidad evidentemente perdida que lo único que ha puesto de manifiesto es quizás una vocación tardía y frustrada de periodista inquisidor.

De las insinuaciones de Rubalcaba en el debate sobre la existencia de un programa oculto del Partido Popular, el PSOE ha pasado a establecer y a centrar su estrategia electoral en denunciar la certeza de la existencia de ese supuesto programa oculto. Flacos de memoria son estos chicos. Primero nos machacaron durante años pregonando que no había alternativa porque el PP no tenía programa. Rubalcaba demostró en debate que habían mentido, que era falso que el PP no tuviera programa y lo hizo formulando preguntas a Rajoy sobre el contenido del programa popular una y otra vez. El PP tiene programa y Rubalcaba se lo conoce. Otra cosa es que no lo entienda o que no le guste. Ahora, los socialistas han dado un paso más: el PP no sólo tiene un programa de gobierno, sino que tiene dos.

El PP tiene el programa que es público y que también se conoce Rubalcaba y otro programa, el oculto. Y tras este brillante descubrimiento, los socialistas se han lanzado en tromba a enviar mensajes denunciando la existencia de ese supuesto programa oculto. Es decir, que están montando su campaña sobre una falacia que dan por cierta sin prueba alguna. Confunden sus deseos con la realidad y tratan de convencer de ello al electorado.

Ya vimos que Rubalcaba en el debate fingió no conocer a Zapatero ni sus políticas. En ningún momento enarboló o exhibió logro alguno del gobierno que él mismo ha vicepresidido. También se pudo constatar que ningún momento sacó a la palestra su propio programa electoral que seguramente existirá, pero del que nadie habla.

De programas ocultos, los españoles ya conocemos uno: el del PSOE en 2008. Porque, como bien recordó Mariano Rajoy, en el programa socialista de 2008, por mucho que uno se lo lea, no aparece el recorte de los salarios de los empleados públicos, ni la congelación de las pensiones, ni la supresión del cheque bebé, ni la desaparición de la desgravación de 400 euros, ni las negociaciones con los etarras, ni el retraso de la jubilación a los 67 años, ni el aumento del período de cotización para percibir una pensión, ni la destrucción sistemática de empleo, ni las medidas restrictivas para la financiación de los municipios ni ninguno de los “logros” con que los socialistas han obsequiado a la ciudadanía durante esta lúgubre legislatura que afortunadamente concluye ahora. Había un programa oculto del PSOE y todos los ciudadanos lo hemos podido sufrir en nuestras propias carnes.

Y si hubo programa socialista oculto en 2008 nada permite hacer suponer que no exista ahora otro programa oculto del PSOE. Y vete a saber que nuevas fechorías esconden. Mejor no saberlo, aunque uno se las pueda imaginar. Mejor mirar el futuro con ilusión y con esperanza sabiendo que sin ellos en el Gobierno cualquier programa será mejor.

Santiago de Munck Loyola

Con el programa del PP el SEPES debería desaparecer.

En el Programa Electoral que el Partido Popular presenta en estas elecciones generales de 2011 figura, entre otras cosas, lo siguiente:

Delimitaremos con precisión las competencias de las distintas administraciones para evitar las duplicidades de gasto o la demora en la atención de las necesidades de los ciudadanos. Dotaremos a cada administración de los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios públicos, y que éstos sean asignados eficientemente y con respeto al principio de lealtad institucional.

Reduciremos el número de entes y organismos del sector público para asegurar una gestión más transparente y eficiente. Suprimiremos todos aquellos entes que no respondan a una racionalidad económica o administrativa, supongan merma de transparencia o de garantías jurídicas o cuya actividad pueda ser realizada por la administración con sus actuales medios.

Es un hecho evidente que, con el desarrollo del Estado de las Autonomías, se ha producido en las últimas décadas una exagerada proliferación de administraciones, organismos y sociedades públicas que en una gran mayoría duplican funciones y, lejos de proporcionar una mejor eficiencia en el uso de los recursos públicos, constituyen un constante despilfarro del dinero de los contribuyentes. Piénsese en el caso de las Islas Baleares con cientos de organismos públicos y de empresas en las que más de 400 políticos están cobrando sueldos de altos directivos. El despilfarro generalizado ha sido y es evidente y la grave situación económica exige hacer una reestructuración del sector público para acabar con esta sangría económica y con estos nichos de colocación de políticos. En unos casos deberán ser las Comunidades Autónomas las que realicen la poda y prescindan de entes y organismos que duplican funciones que corresponden al Estado o que estarían mejor gestionadas por el Estado a través de estrategias de carácter nacional y, en otros casos, deberá ser el Estado el que elimine organismos públicos que por su finalidad y razón de ser estará, sin duda, mejor gestionados por las Comunidades Autónomas o, incluso, por determinados entes locales.

En España hay, al día de hoy, decenas de Empresas públicas autonómicas dedicadas a la promoción y desarrollo de suelos industriales. Partiendo de la base que debería ser el mercado, los empresarios, quienes en primera instancia deberían ser los promotores de espacios industriales y no las administraciones públicas, lo cierto es que si se admite y asume la intervención pública como agente corrector de las ineficiencias del mercado parece que las sociedades de las comunidades autónomas pueden ser el instrumento idóneo: un mejor conocimiento de la realidad económica inmediata, de las necesidades y prioridades de la región, de las estrategias de desarrollo regional e, incluso, de las particularidades legislativas en materia de suelo.

Sogepsa (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, SA) en Asturias, la empresa Navarra de Suelo Residencial, S.A. en la Comunidad Foral, SPRILUR, S.A. en el País Vasco, Gasteizko Industria Lurra, S.A., GILSA en la Provincia de Álava, Sigalsa en Galicia, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León,  SICAN en Cantabria, SEREMUR en la Región de Murcia, SOFIEX Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, conocida como EPSA, SODIAR Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, INCASÒL, Instituto Catalán del Suelo, SEPIVA en la Comunidad Valenciana, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A. o Arpegio en la Comunidad de Madrid son algunos de los ejemplos de empresas públicas destinadas al desarrollo de suelos industriales en el territorio de sus respectivas Comunidades Autónomas.

Junto a ellas sobrevive SEPES, la sociedad estatal dedicada al desarrollo de suelos industriales y heredera directa de dos organismos públicos: la Gerencia de Urbanización y el Instituto Nacional de Urbanización (INUR). SEPES opera en todo el territorio nacional y, por tanto, superpone su actividad a la de los entes autonómicos. Se trata de un claro ejemplo de duplicidad de funciones que hay que corregir. Además, a través de mi experiencia profesional de estos últimos años, he comprobado que SEPES es además una herramienta al servicio de políticas partidistas. Sus actuales gestores y directivos no han dudado en usar esta potente herramienta al servicio de directrices partidistas vulnerando el interés general lo que supone añadir un motivo más para que, en su día, se disuelva esta entidad y sean transferidos sus activos a las entidades autonómicas para el desarrollo de espacios industriales.

D. Pedro Saura y su amiguete.

D. Félix Arias Goytre

Los señores Félix Arias, Pedro Saura o Álvaro Couso han dado un claro ejemplo estos años de cómo no se debe gestionar una empresa pública y de cómo el interés general puede ser pisoteado por mezquinos intereses partidistas. Su actuación no tiene desperdicio.

D. Álvaro Couso.

Por ello, si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales, tal y como pronostican todas las encuestas, la disolución del SEPES, a la luz de las propuestas programáticas, constituye una obligación ineludible por higiene democrática, por eficiencia económica y por el interés general. Ojala sea así.

Santiago de Munck Loyola

La puja electoral: escaparate de ofertas cosméticas.

En el zoco electoral acaban de aparecer dos ofertas destinadas a hacer un guiño a los que se sienten indignados con el funcionamiento de nuestro sistema democrático. De una parte, el candidato socialista P. Rubalcaba ha propuesto (http://www.laverdad.es/alicante/rc/20111008/espana/rubalcaba-propone-reducir-parlamentarios-201110081405.html) que los políticos sólo cobren un sueldo y, además, no le hace “ascos” a la propuesta (la segunda oferta) de su adversario, Mariano Rajoy, de reducir el número de diputados y concejales en España (http://www.larazon.es/noticia/3192-rajoy-asegura-que-el-pp-sabe-como-se-sale-de-la-crisis-aunque-llevara-tiempo).

Se deduce claramente de la propuesta del candidato socialista que hay políticos, y no deben ser pocos, que cobran más de un sueldo de las administraciones públicas y no sería, por tanto, un mal ejercicio de transparencia democrática que los ciudadanos pudiéramos conocer los nombres y las cuantías que están cobrando de los presupuestos públicos.

La propuesta de Mariano Rajoy parece guardar una finalidad exclusivamente económica: reducir el gasto de las administraciones públicas ahorrando sueldos de cargos electos, de políticos. Reducir el número de diputados del Congreso supone un importante ahorro pero si la reforma que ha de hacerse de la Ley electoral no entra a fondo en los criterios que determinan la representatividad para corregirlos, la reducción del número de diputados llevará, inevitablemente, una importante pérdida de representatividad de nuestros diputados y un aumento de la desigualdad del voto entre los ciudadanos. Y ¿por qué no reformar la Constitución y suprimir el Senado? Hay prácticamente unanimidad a la hora de valorar como inoperante el actual funcionamiento del Senado. Llevan años nuestros políticos hablando de la necesidad de reformarlo y no lo hacen. El Senado nos cuesta casi 10.000 millones de las antiguas pesetas al año. Suprimirlo supondrá un gran ahorro y seguro que su inexistencia no será echada de menos, salvo por los que viven de él.

Estas ofertas que salen ahora al mercado electoral no terminan de entrar en el fondo del asunto que no es otro que la mala imagen de la clase política y la desconfianza que genera, tal y como señalan todos los estudios sociológicos. La brecha entre el ciudadano y el político es cada vez mayor y, por consiguiente, la identificación ciudadana con el sistema.

Nuestro sistema político presenta síntomas de agotamiento y de ahí que sea necesario ir planteando medidas que impliquen su regeneración democrática. Medidas que implican reformas profundas de las instituciones, de las leyes y un cambio profundo de la mentalidad de la clase política. No se trata pues sólo de ahorrar, sino de algo mucho más profundo.

Buena parte del origen del problema radica, en el fondo, en la aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley de los españoles. Es evidente que a lo largo de los últimos años la clase política ha ido construyendo todo un sistema que permite a sus componentes eludir el principio de igualdad ante la ley y dotarse a si mismos de numerosos privilegios y excepciones. Si los ciudadanos no pueden percibir por ley más de un ingreso proveniente de las administraciones públicas ¿por qué los políticos sí pueden? Si los ciudadanos somos los que teóricamente decidimos ¿por qué nuestro voto no vale igual dependiendo su valor de la provincia en la que residamos?

A las ofertas anunciadas por lo candidatos bien podrían añadirse muchas otras que contribuirían, sin duda, a sanear la economía de las administraciones y, lo que es más importante, a regenerar nuestro sistema político:

1º Reforma constitucional eliminando el senado.

2º Reforma constitucional para eliminar duplicidades de competencias entre las administraciones.

3º Reforma de la Ley Orgánica del Régimen electoral para reducir el número de cargos públicos, reformar las Diputaciones y mejorar la representatividad del voto.

4º Aprobación de un Estatuto de los Cargos Públicos que incluya, entre otras, las siguientes medidas:

–          Establecimiento de incompatibilidades absolutas (prohibición de ostentar más de un cargo público).

–          Prohibición de percibir más de un ingreso económico (sueldo, dietas, pensiones, indemnizaciones, etc.) proveniente de las administraciones públicas.

–          Dedicación exclusiva de diputados nacionales y regionales.

–          Prohibición de dedicaciones exclusivas de los ediles (salvo los alcaldes) en los municipios de menos de 100.000 habitantes.

–          Sometimiento de los cargos públicos al régimen general de la seguridad social en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.

–          Sometimiento de los cargos públicos al IRPF en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
–          Supresión de pensiones o indemnizaciones especiales de los cargos públicos.
–          Prohibición del ejercicio de la política para miembros del poder judicial o, en su caso, de retorno a la carrera judicial.

5º Eliminación de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.

6º Remover los obstáculos legales que impidan la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en los diferentes territorios.

7º Reforma del poder judicial reforzando los mecanismos que aseguren su independencia del poder político.

8º Reforma del Tribunal constitucional en cuanto a la designación de sus miembros y su competencia.

La lista de medidas que podrían adoptarse puede ser muy larga. Sirvan las anteriores a modo de ejemplo, pero no conviene olvidar que no se trata de un arreglo cosmético y superficial de nuestro sistema, sino que es preciso y urgente revisarlo en profundidad.

Santiago de Munck Loyola

Incógnitas del programa del PP que deberían despejarse.

A medida que se acercan las elecciones, el ruido de los partidos políticos va aumentando. Estamos acostumbrados a que las campañas electorales se conviertan en una carrera de descalificaciones, en muchos casos de una gran simpleza, más que en un debate serio y constructivo sobre las diferentes propuestas de los programas de los partidos políticos.

España está en una situación sumamente delicada que algunos califican incluso de emergencia nacional. Hoy más que nunca es necesario que todos los partidos concurran a las elecciones con programas y propuestas claras en las que nos digan a los electores cómo piensan sacarnos de esta desastrosa situación.

Todas las encuestas vaticinan un claro triunfo del Partido Popular y un derrumbe del PSOE. De ahí que existan dos riesgos, dos tentaciones contrapuestas de enfocar la campaña electoral. Desde la perspectiva del Partido Popular es muy posible que la tentación estribe en ajustarse lo máximo posible a la “doctrina Arriola”: ya que el viento es favorable, mejor no hacer nada o hacer lo menos posible para no incurrir en errores o no movilizar el voto ajeno. Esta tentación, de prosperar, se traducirá sin duda en muchas inconcreciones programáticas, en no detallar medidas que pudieran resultar “dolorosas” aunque sean necesarias e inevitables. Por parte del PSOE la tentación puede traducirse en descentrar sus propuestas para captar los votos que pierde por su izquierda y centrar sus mensajes en la resurrección de viejos fantasmas: apelar el voto del miedo a ver si funciona una vez más. Parece que algunos editorialistas del Diario El País así como los habituales grupos de agitadores subvencionados ya están en ello.

Para quienes durante estos últimos años hemos seguido apoyando al Partido Popular lo que haga o diga el PSOE nos da más o menos igual, pero no ocurre lo mismo con la actitud que vaya a adoptar el Partido Popular. Desde una perspectiva de la regeneración democrática es perfectamente exigible la claridad, la transparencia y el compromiso electoral y programático. Desear un triunfo del Partido Popular no puede ser, ni mucho menos, la entrega de un cheque en blanco. El respaldo electoral debe venir avalado, en primer lugar, por la plena coherencia con los postulados mantenidos durante los años de oposición. Sería francamente decepcionante contemplar cómo se dan por amortizadas las críticas y propuestas sostenidas en el período de oposición. Y, en segundo lugar y en consonancia con la anterior, el respaldo electoral debería estar avalado por la presentación y oferta de un programa de gobierno claro, preciso, valiente y coherente.

Por ello, hay una serie de cuestiones que, a pesar de los que digan los bien retribuidos “gurús” electorales, el Partido Popular debería clarificar en la campaña electoral. A título de ejemplo, no estaría de más saber si, en caso de gobernar, el Partido Popular va a:

–          Promover la reforma constitucional para garantizar la igualdad de derechos entre todos los españoles.

–          Desarrollar las reformas legislativas precisas para garantizar un sistema educativo, un sistema sanitario y prestaciones sociales de ámbito nacional.

–          Promover la ilegalización de todas las marcas de ETA.
–          Clarificar todas las dudas sobre el 11-M y depurar responsabilidades en el Ministerio del Interior.
–          Eliminar la pseudo asignatura de Educación para la Ciudadanía.
–          Profundizar en el sistema de incompatibilidades de los cargos públicos.
–          Acabar con los privilegios fiscales de los parlamentarios.
–          Reformar las administraciones públicas para acabar con las duplicidades.
–          Reforzar la independencia del Poder Judicial y adoptar medidas para despolitizar la Justicia.
–          Reformar la legislación sobre el aborto.
–          Acabar con las tributaciones privilegiadas de las grandes fortunas (SICAV, etc.).
–          Recortar o eliminar las subvenciones a Partidos, sindicatos y patronales.
–          Aprobar la dación en pago de la vivienda en las ejecuciones hipotecarias.
–          Reformar la legislación sobre menores.
–          Reformar la legislación que atenta contra la igualdad de sexos.
–          Poner en marcha el Plan Hidrológico Nacional.
–          Garantizar la libre elección de lengua en la educación en todo el territorio nacional.
–          Liberalizar realmente el Sector Eléctrico.
–          Hacer aflorar los balances reales de las entidades bancarias.
–          Garantizar la financiación de las entidades locales.

La lista de cuestiones que debería concretar el partido Popular no se acaba con estas que he apuntado. Quedan más que intentaré ir desgranando próximamente, aunque mucho me temo que la mayor parte de ellas no se clarificarán en la campaña electoral. Ya se sabe que las campañas no sirven de mucho y que se rigen fundamentalmente por cuestiones de marketing más que por la voluntad de apelar a la razón y al convencimiento.

Santiago de Munck Loyola