Pobre España pobre.

No hace muchas horas, en los informativos de una cadena de televisión se podían ver unas imágenes en las que aparecían unos ancianos que esperaban a que se sacaran a la calle los contendores de la basura de un restaurante para registrarla y sacar comida para llevarse a casa. Después de coger lo que podían aprovechar, volvían a meter en los cubos la basura que no les servía. No eran éstas las únicas escenas de este estilo que últimamente se han podido ver en las televisiones. Cada vez son más los casos de gente que tiene que buscar en la basura para poder comer. Desempleados y jubilados, gente que hasta no hace mucho podía, con más o menos dificultades llegar a fin de mes, hoy ya no puede hacerlo. Los comedores sociales de Caritas, de esa Iglesia tan denostada por algunos, no dan ya  abasto, se han quedado pequeños. En nuestro país ya hay 1.425.200 familias en las que todos sus miembros están en paro y sin ingresos. El 4,3 por ciento de los españoles con 65 o más años se encuentra en estado de desnutrición y el 25,4 por ciento se halla en riesgo de padecerla. En 2011 más de 100.000 familias perderán su vivienda. Todos los datos estadísticos señalan que hoy muchos más pobres en España que en 2004 y que la brecha entre los ricos, que son más ricos que en 2004, y los pobres se ha agrandado de forma notable. Esta es la realidad que estamos viviendo, la realidad que existe en nuestras calles a pesar de la casi paradisíaca imagen que, salvo excepciones, nuestros medios de comunicación transmiten. Pan y circo para los que aún no les ha tocado la crisis. Entretenimiento, fútbol, chismorreos del corazón y banalidades para huir de una realidad estremecedora.

Que un país como el nuestro permita que muchos de sus ancianos, tras toda una vida de trabajo y esfuerzo, tengan que rebuscar en la basura para comer no tiene vergüenza. Que una sociedad como la nuestra atiborrada de estandartes y lemas sociales, tan grandilocuentes como huecos, abandone a su suerte a tanta gente no es digna de respeto.

No estamos hablando de cualquier país, no. Estamos hablando de España, de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras calles, de nuestros vecinos o de nosotros mismos. Hemos construido dos mundos, dos realidades diferentes que compartiendo tiempo y espacio se rehúyen. La España oficial, la que se refleja en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, la de la clase política y la de una gran parte de la sociedad española, instalada con mayor o menor comodidad, que prefiere mirar a otro lado. Y la España de los comedores sociales, del hambre y el frío, de los desalojos y el abandono que no es escuchada normalmente.

A la primera España pertenece la segunda mayor flota de coches oficiales del mundo porque nuestra clase política no usa su vehículo privado o los medios de transporte público para ir a trabajar, a cumplir sus obligaciones. A la primera España pertenecen los miles de asesores que necesitan nuestros políticos para intentar hacer aquello por los que les pagamos. De esa España forman parte las indemnizaciones millonarias de los banqueros que se embolsan tras vaciar las entidades financieras que tenían a su cargo y que los demás saneamos con nuestros impuestos. A la misma pertenecen las SICAV, las pensiones de oro de los políticos, los dobles y triples sueldos disfrazados y con origen en la caja pública, los privilegios en las pensiones, los más de 100.000 teléfonos móviles pagados con dinero público y sin control de uso alguno, los cientos de millones de euros en subvenciones repartidos entre partidos políticos y sindicatos, los ERES fraudulentos, las obras públicas inútiles que no hay quien mantenga tras su inauguración, los privilegios recaudatorios de la SGAE, los pelotazos urbanísticos, las burbujas inmobiliarias y financieras, las primas de riesgo y su “santa” madre…

Entre una y otra España hay un gran muro, un muro de la vergüenza que es negado e ignorado, pero que ahí está. Y la clase política, en la medida que se afianza, olvida cada vez más una realidad que no le gusta o, lo que es peor, que no conoce. En el fondo, la clase política sólo es un producto, un reflejo de la sociedad que la genera, la encumbra y la tolera. Una sociedad anestesiada e insensible sólo puede generar una clase política igual de anestesiada e insensible.

Hoy mandan los mercados, los especuladores y la clase política hace lo que sea menester para tranquilizarlos. Si hace falta hasta se cambian gobiernos sin que el pueblo vote siquiera. Y si hay que reducir gastos porque no se puede seguir gastando más de lo que se tiene, se empieza siempre aplicando unos retoques cosméticos a cuanto afecta a la propia clase política (ejemplaridad dicen) y se continúa con cirugía de campaña, sin anestesia, para los demás. Y así no se puede seguir por mucho tiempo. Torres más altas han caído.

Santiago de Munck Loyola

Por la dación en pago, ahora o nunca.

El Consejo General del poder Judicial acaba de hacer públicos los datos relativos a los desahucios del primer semestre del presente año. Los datos son estremecedores: más de 30.000 nuevos procedimientos, es decir, un 28,5 % más que en el mismo período del año 2010. 30.000 familias españolas más que pierden sus casas y lo que es peor, en la mayoría de los casos, pierden sus casas y siguen manteniendo deudas millonarias con las entidades financieras que se quedan con sus viviendas (http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3433226/10/11/vivienda-los-desahucios-crecen-un-285-en-el-primer-semestre-hasta-los-32010-procesos.html ).

Hace ya varios meses que el Congreso de los Diputados rechazó la iniciativa para que la deuda hipotecaria de las familias que no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudiera ser saldada con la entrega de la vivienda ( http://santiagodemunck.blogspot.com/2011/02/me-parece-asombroso-y-me-produce.html ). Nuestros representantes parlamentarios decidieron que la dación en pago no era buena idea porque con ello se ponía en peligro la solidez de nuestro sistema financiero y que, por tanto, era preferible que los españoles afectados no sólo perdieran su casa sino que, además, una vez en la calle, siguieran siendo deudores de los bancos de modo que tuvieran muy difícil, por no decir imposible, poder reiniciar su vida y conseguir una nueva vivienda. Así de claro, los representantes de los ciudadanos se pusieron del lado de los bancos, de los poderosos, y no de sus representados en un ejercicio de inmoralidad política sin precedentes.

No me cabe la más mínima duda de que la decisión del Congreso de rechazar la dación en pago supone perpetuar un sistema profundamente injusto e inmoral diseñado a la medida del capital, del beneficio sin escrúpulos de los bancos. Las entidades financieras, los bancos son empresas que buscan el máximo beneficio para sus accionistas y, por tanto, en un sistema de libre mercado deben estar sujetos a los mismos riesgos a los que se somete cualquier empresario. Si uno monta un negocio y no tiene suerte o lo gestiona mal o no hace bien los deberes pierde y no hay red para la caída. Es el libre mercado, se puede perder o ganar. Pero no ocurre lo mismo con los bancos, con las entidades financieras que tienen una excelente red para las caídas sujetada con mimo y fuerza por la clase política. Si en plena crisis se pone de manifiesto que los bancos han hecho mal sus deberes con las hipotecas concedidas, les toca perder, al igual que le ocurre a todo el mundo. Si los bancos han sobrevalorado los bienes para prestar más dinero y, por tanto, ganar más y ahora resulta que dichos bienes valen menos de la tasación que en su día hicieron, les debe tocar perder al igual que le toca perder a todo empresario que ha metido la pata.

Pero no, nuestra clase política ha decidido que no sea así, ha decidido, amparándose en grandilocuentes argumentos, que los bancos no sólo no pueden perder sino que, además, deben seguir obteniendo beneficios a costa de las familias sin recursos de modo que las entidades financieras se quedan con la vivienda y, además, con un desorbitado crédito a las espaldas del desahuciado. Más inmoral no se puede.

Claro que, bien pensado, la culpa la tenemos los ciudadanos porque, por una parte, somos incapaces de ponernos de acuerdo para boicotear a aquellas entidades financieras que se están aprovechando de la crisis para hacer caja, a aquellos bancos que, además, retribuyen escandalosamente a sus directivos y, por otra parte, somos incapaces de exigir a la clase política, a los partidos políticos que acaben de una vez con esta insostenible situación.

Las elecciones del 20 de noviembre son una excelente ocasión para exigir a los partidos políticos, a todos, que incluyan en sus programas el compromiso de hacer realidad la dación en pago de la vivienda para poder permitir que miles de familias españolas puedan rehacer sus vidas. Tenemos los instrumentos y la oportunidad para exigirlo. Yo, desde luego, me apunto.

Santiago de Munck Loyola

La confusión ideológica y la pérdida de identidades.

Cuando se examina la trayectoria del PSOE durante estos últimos años y la naturaleza de muchas de las iniciativas y medidas políticas que ha ido poniendo en marcha su gobierno es difícil encontrar cierta coherencia ideológica y una identidad clara respecto a lo que implica su teórico posicionamiento político y social. De un partido socialdemócrata o simplemente de izquierdas se esperan acciones de gobierno que respondan a esas etiquetas. Sin embargo, no ha sido siempre así durante el mandato del Sr. Rodríguez Zapatero. Habrá quien lo intente justificar aludiendo a los estrechos márgenes de actuación que una economía globalizada y dependiente imponen pero lo cierto es que, aún dentro de esos márgenes, cabía esperar la adopción de signos y medidas que respondiesen a una identidad ideológica concreta. Bien es cierto que, en determinados aspectos políticos, sí se ha producido esa esperada coherencia, pero en lo relativo al desarrollo de la cohesión social o a la consecución de una mayor justicia social no ha sido así.

Olvidado ya el internacionalismo proletario y sustituido por el imperialismo bancario, se ha renunciado a la propia cohesión jurídica y social nacional para afianzarse en el particularismo aldeano. Hoy, los ciudadanos españoles no gozan de iguales derechos, pese al mandato constitucional, en los diferentes territorios que componen la nación. Esto es perfectamente constatable en los derechos a determinadas prestaciones sanitarias que varían en función de cada autonomía.

El Art. 31.1 de la Constitución, constantemente ignorado en las diferentes decisiones tributarias que se han venido adoptando, señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Es evidente que el principio de igualdad ha desaparecido desde el momento en que los ciudadanos tributamos en diferente cuantía según nuestra Comunidad Autónoma. Pero lo que más llama la atención es que el principio de progresividad, es decir, una mayor tributación según la mayor  capacidad de pago, ha sido constantemente ignorado por un Gobierno y un partido de izquierdas. El concepto de progresividad fiscal, tan denostado por los ultraliberales, no es un capricho, es un mandato constitucional cuya inclusión en los debates constitucionales se promovió desde la izquierda.

Un ejemplo de la ignorancia de este principio lo acaba de proporcionar el Gobierno con la reducción del IVA en la adquisición de viviendas nuevas. La medida adoptada consiste en rebajar de un 8 a un 4 % el IVA que hay que pagar el comprar una nueva vivienda independientemente de la capacidad del contribuyente. Hay quien afirma que esta medida ha sido un nuevo favor a los bancos cuyo excedente de viviendas ha aumentado en exceso como consecuencia de la crisis. El Gobierno socialista ha pensado, una vez más, en los bancos y no en las necesidades de los ciudadanos. Es un problema, al parecer, que los bancos en el año 2010 hayan obtenido un beneficio neto de solo  14.940 millones de euros. No lo es tanto que muchos millones de españoles no tengan vivienda en propiedad, especialmente los que tienen edades comprendidas entre los 26 y los 45 años. La bajada del IVA beneficia a los bancos y a todos los españoles que quieran comprar una nueva vivienda, pero sin distinciones. Es decir que el beneficio es igual para todos, ya se trate de comprar la primera vivienda o una segunda, tercera o décima vivienda. Pensar en resolver el problema del stock de viviendas de los bancos, reactivar el sector de la construcción y ayudar simultáneamente a quienes necesitan comprar su primera vivienda debería haber llevado, desde la óptica de la progresividad, a una medida diferente. Por ejemplo, rebajar el IVA al tipo marginal para quien quiera comprar su primera vivienda y aumentar el IVA a los que quieran ir aumentando su patrimonio con las compra de más viviendas.

No es este el único caso de la ausencia de progresividad o de justicia social. Dar un cheque-bebé a todo el mundo por igual, independientemente de que el perceptor esté en el paro o posea una fortuna, fue tremendamente injusto. Ahora no hay dinero ni para unos ni para otros. Como injusto y anti social fue la decisión parlamentaria de situarse a favor de los bancos y no de los ciudadanos en el tema de la dación en pago de las viviendas en los litigios hipotecarios. Y al igual que estos casos, se podría ir desgranando todo un rosario de decisiones políticas y sociales que no responden, ni tan siquiera, a los principios rectores de nuestra Constitución. O bien no la conocen, o bien han desaparecido los principios ideológicos o bien los mercados y las encuestas han acabado con la identidad ideológica de nuestros gobernantes.

Santiago de Munck Loyola

EJECUCIONES HIPOTECARIAS: LA CLASE POLÍTICA CON LA BANCA.

Me parece asombroso y me produce vergüenza que hoy el Pleno del Congreso haya rechazado por amplia mayoría la propuesta de IU e ICV para que las hipotecas puedan ser saldadas mediante la entrega de la vivienda al banco.

http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/02/22/congreso-rechaza-saldar-hipoteca-entregando-piso/1098025.html

Tanto PSOE como PP y las minorías nacionalistas han unido su votos para rechazar esta loable y necesaria propuesta sin ofrecer una alternativa que venga a paliar o a solucionar el grave problema al que solo el año pasado se han tenido que enfrentar más de 100.000 familias. Para este año se esperan más de 300.000 embargos. Y lo han hecho argumentando cada formación política las más diversas y peregrinas razones. Para el Portavoz Popular esta iniciativa es rechazable porque vulnera las competencias autonómicas provocando «más gasto, más déficit y más intervencionismo». Y se ha quedado tan fresco este nuevo adalid del estado autonómico. Habría que replicarle que si la actual configuración del estado autonómico impide solucionar el problema de la vivienda de cientos de miles de familias españolas ahogadas por la crisis, a hacer gárgaras el estado autonómico. Con similares argumentos han rechazado la iniciativas los nacionalistas vascos y catalanes. Era de esperar. Y en cuanto a la Portavoz socialista resulta difícil entender sus motivos, pero baste señalar que también se ha opuesto. En definitiva, que los representantes de la banca, perdón, de los ciudadanos se han alineado claramente, con un pretexto u otro, con las instituciones financieras y una vez más han sido incapaces de ofrecer una solución a miles de familias.

El sentido común dice que la banca es un negocio y que, como tal, no está exento de riesgos. Unas veces se gana y otras se pierde. Ésa es la esencia de los negocios y en la existencia de riesgo se justifica la generación de ganancias. Cuando un banco presta dinero y pide como garantía de la devolución del dinero la vivienda, debería bastar con ésta para saldar la deuda. Pero no, no es así en nuestro sistema. Los bancos siempre ganan y lo hacen con la inestimable ayuda de los políticos. El más elemental sentido de la justicia señala a cualquier persona decente que debería ser suficiente con entregar la garantía del préstamo, la vivienda previamente tasada y valorada por el banco, para saldar la deuda en caso de una imposibilidad sobrevenida de pago. Si el banco ha sobrevalorado la vivienda es su problema. Si la vivienda se ha depreciado, es su problema. Unas veces se gana y otras se pierde. Es el riesgo que deberían asumir las instituciones financieras. Y como parece que no sólo no es así, sino que además de perder la vivienda muchos se ven con que siguen debiendo dinero al banco es evidente que nos encontramos con una legislación profundamente inmoral e injusta. Y ante ese tipo de leyes y ante unos parlamentarios alineados con la banca sólo hay una salida posible, la desobediencia civil. Y no hace falta remontarse a los clásicos del derecho para justificarlo. El sentido de la decencia es suficiente.

Santiago de Munck Loyola