El PSOE contra la Iglesia Católica.

Hoy, todos los medios de comunicación se hacen eco de la ofensiva anticlerical del PSOE emprendida bajo la excusa de que la Iglesia debe pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La dirección socialista ha cursado las instrucciones precisas para que sus grupos municipales debatan en los Plenos una moción tipo exigiendo dicho pago. D. Gaspar Zarrías, ese pulpo tramposo a la hora de votar, ha sido el encargado de remitir a sus grupos municipales esa moción tipo. Se trata de una antigua técnica socialista: usar los Plenos municipales como caja de resonancia de asuntos cuya resolución no corresponde a los Ayuntamientos, sino a instancias superiores. Saben de sobra que los Plenos municipales no pueden modificar la Ley de Haciendas Locales, ni la Ley de Bases del Régimen Local, ni la Ley del Mecenazgo y Fundaciones, ni los Acuerdos con la Santa Sede, requisitos previos e indispensables para que pueda prosperar esta propuesta, pero a la dirección socialista eso no le importa. Su intención evidentemente es volver a convertir los Plenos de los Ayuntamientos en caja de resonancia de sus iniciativas, en provocar debates que fracturan y enfrentan a los vecinos sin que de ello pueda derivarse la efectividad de sus propuestas. Esta técnica de usar los Plenos municipales ya la desarrollaron en tiempos de los gobiernos de Aznar. Cada vez que una mujer era asesinada presentaban mociones a los Plenos culpando al Gobierno de España y criminalizándolo por desarrollar unas políticas cuyos frutos, según ellos, eran esas muertes. Parecía que era Aznar el asesino. Se trataba de una miserable utilización de las víctimas de la violencia machista como se puso en evidencia con el hecho de que durante los Gobiernos de Zapatero no se repitieran mociones similares, a pesar de los cientos de mujeres asesinadas en este período.

Se plantean muchos interrogantes sobre las razones y la oportunidad de esta iniciativa socialista. La primera es ¿por qué no lo han regulado los socialistas durante sus casi ocho años de gobierno? ¿No ha tenido tiempo el PSOE para hacerlo bajo los mandatos del Sr. Zapatero? Y no será porque el PSOE no tuvo tiempo, ni porque el PSOE no abordase la cuestión de la financiación de la Iglesia ante otras prioridades, porque sí lo hizo. Es más, la regulación actual es la que la Vicepresidenta Fernández de la Vega negoció y acordó con la jerarquía eclesiástica. Por tanto ¿a qué viene ahora esta campaña? Todo parece indicar que se trata de poner en apuros al Gobierno al introducir en la agenda política un asunto que distraiga la atención sobre la grave situación económica que han legado y que, a pesar de que apesta a rancio anticlericalismo, debe ser considerado electoralmente rentable por los estrategas electorales socialistas. Claro que en esta ceremonia de la confusión, no han faltado a la cita algunos alcaldes del PP bastante indocumentados como D. Bartolomé González de Alcalá de Henares.

Sin ir más lejos, hoy el secretario de Organización del PSOE, D. Óscar López, ese brillante candidato que un mitin no recordaba que tres razones iba a esgrimir para votar al PSOE, ha pedido a la Iglesia que «haga un esfuerzo» como «hace todo el mundo en épocas» de crisis como ésta y que pague el IBI. La duda es ¿por qué mencionan sólo a la Iglesia? ¿Por qué se centran en la Iglesia cuando no se trata de la más beneficiada de la exención de este impuesto? Es verdad que la moción tipo habla de las diversas confesiones religiosas, pero en sus discursos y declaraciones los socialistas centran su mirada en la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa con las Fundaciones de los Partidos Políticos y de los Sindicatos? ¿No tienen también que hacer ese esfuerzo fiscal? ¿Y la Cruz Roja y las demás instituciones y fundaciones deportivas o culturales que no pagan el IBI? De esas ni palabra. No queda más remedio que deducir lo dicho anteriormente que estamos ante una campaña anticlerical y anticatólica, ante una campaña oportunista e ineficaz.

No se discute que todos debamos hacer un esfuerzo superior en tiempos de crisis, no. Pero resulta francamente impresentable que el Sr. Óscar López pida ese esfuerzo fiscal mientras él disfruta de unos privilegios fiscales que no tenemos el resto de los españoles. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura? ¿Van a hacer también ese esfuerzo nuestros parlamentarios y se van a someter al régimen fiscal general y al Régimen general de la Seguridad Social? El Sr. Óscar López, el Sr. Zarrías y todos lo demás parlamentarios viven a costa de los impuestos de todos los ciudadanos y amparados en un paraíso fiscal: las Cortes Españolas. Estos señores que piden esfuerzos fiscales y sacrificios a todos son los primeros que se benefician de un régimen fiscal escandaloso. Pagan a Hacienda, independientemente de sus retribuciones, como si fueran mileuristas y dejan la mayor parte de sus ingresos exentos de tributación, además de beneficiarse de toda clase de prebendas como las relativas a los períodos de cotización para cobrar la pensión de jubilación máxima. Pues así no se tiene legitimidad alguna para pedir esfuerzos ni a la Iglesia ni a nadie. El día que la clase política no tenga esos privilegios fiscales, el día que nuestra clase política tenga un comportamiento ejemplar en cuanto al uso y destino de los fondos públicos que ponemos en sus manos para que nos representen, ese día podrán tener alguna credibilidad sus propuestas. Mientras tanto, que nos dejen en paz y que no nos traten de engañar con fuegos de artificio.

Santiago de Munck Loyola

Sobre el IBI, la Iglesia y la X.

IU y sus asociaciones satélites han estado recogiendo firmas para que la Iglesia Católica pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles entre otras cosas y las 35.000 recogidas las han entregado en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, algunos Ayuntamientos han hecho pública su intención igualmente de cobrar dicho impuesto a la Iglesia Católica. Una cosa es presentar firmas en el Congreso para que esta cámara proceda a la modificación, si la mayoría parlamentaria así lo entiende necesario, de las leyes vigentes para que se pueda cobrar el IBI o para que se deroguen los acuerdos con la Santa Sede y otra muy distinta es que algunos Ayuntamientos decidan por su cuenta cobrar ilegalmente dicho impuesto. Una cosa es evidente o los responsables de esos Ayuntamientos están engañando a los ciudadanos anunciando esa medida o están poniendo en marcha procedimientos recaudatorios ilegales que terminarán en los tribunales y que costarán mucho dinero a esos consistorios. La Ley de Haciendas locales regula claramente quienes están exentos de pagar el IBI y no se  puede cobrar dicho impuesto mientras esa Ley no se modificada parlamentariamente ni a la Iglesia, ni al Estado, ni a las Comunidades Autónomas, ni los de cualquier confesión religiosa legalmente reconocida, ni a la Cruz Roja, ni a embajadas u oficinas similares, ni a la RENFE o a Adif, ni a determinados bienes comunales, etc.
Parece que tras estas iniciativas no se esconde otra cosa que un odio y una animadversión profunda hacia la Iglesia Católica, sobre quien se centran todos los ataques, y no un sincero deseo de justicia fiscal. Desde una perspectiva laicista se olvida con frecuencia que nuestro Estado es aconfesional pero que la el Artículo 16.3 de la Constitución señala expresamente que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Las exenciones tributarias de la Iglesia, las ayudas o subvenciones públicas o la asignación tributaria de la discutida X del IRPF responden a ese reconocimiento constitucional expreso y, en definitiva, al reconocimiento del peso de una mayoría sociológica de los católicos en España.
Desde esas posiciones de IU y anticlericales se pretende acabar con la libertad de los contribuyentes para decidir si quieren o no aportar una pequeña parte de sus impuestos a la Iglesia y/o a otros fines sociales. Cada año son más los contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia y ese hecho excita paralelamente los deseos de una parte de la izquierda de acabar con una de las pocas libertades que los contribuyentes gozamos a la hora de opinar sobre el destino de nuestros impuestos. No podemos opinar ni decidir si queremos que nuestros impuestos se dediquen a armamento, a subvencionar artistas, a engordar a la SGAE, a financiar a los partidos y sindicatos por poner unos ejemplos y, al parecer, tampoco deberíamos poder opinar sobre si queremos o no destinar una pequeña parte de nuestros impuestos a la Iglesia. Curioso concepto el de algunos sobre la libertad.
Hoy, más que nunca, la Iglesia y sus organizaciones desarrollan una labor social ingente supliendo la incapacidad de las administraciones públicas para llegar y socorrer a los más necesitados. La Iglesia y sus organizaciones trabajan en el campo de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de la inmigración y extienden su labor incluso más allá de nuestras fronteras, usando sus recursos con muchísima más eficiencia que los entes públicos.
No son los sindicatos, ni los partidos políticos, ni todos los demás que están exentos de pagar el IBI quienes están junto a los más pobres, quienes atienden a enfermos y ancianos o quienes dan de comer a miles de personas diariamente, no, no son ellos. Y de eso no se habla cuando se critican los ingresos que percibe la Iglesia. De eso parece que no interesa hablar.
Por ejemplo, el programa de acogida de Caritas, uno de los más emblemáticos y por el que pasaban antes de la crisis unas 400.000 personas al año, atendió en el último ejercicio a un millón y medio. La mayoría de personas atendidas tenían cargas familiares y una media de edad de 40 años. Por otra parte, el 67% de las personas que acuden a Caritas vienen derivadas desde los servicios sociales públicos, incapaces de ofrecer respuestas rápidas y eficaces. Mientras el tiempo para concertar una primera cita o entrevista inicial en los servicios sociales públicos es, como media, de casi un mes (25,9 días), en los servicios de Acogida de Caritas la espera para concertar una primera cita o entrevista inicial es, por término medio, de 4 días. Otro tanto sucede con las respuestas, ya que si el plazo de tramitación y gestión de las respuestas efectivas es de algo más de dos meses en los servicios sociales públicos (65,3 días), en Caritas el tiempo medio entre la primera cita y la respuesta efectiva es de 7,3 días. En el campo de la Educación, otro de los campos de batalla, las Escuela católicas atienden a más de 1.200.000 alumnos, lo que supone el 16 % del total del sistema educativo. Y mientras el coste medio abonado por el Estado a los centros concertados es de 2.480 euros anuales, en la escuela pública es de 5.299 euros al año.
Y para qué hablar de los comedores, albergues, centros de asistencia sanitaria, hogares de acogida o residencias de ancianos de la Iglesia y sus organizaciones. Si no los pudieran sostener los católicos,  sería el estado quien tendría que asumir su coste. Dejando al margen cualquier posicionamiento ideológico y pensando de una manera fría y calculadora solo se puede concluir que la Iglesia, con las ayudas y beneficios que recibe, ahorra además miles de millones de euros al erario público. Según algunas fuentes, este ahorro para el estado se podría situar en torno a los 30.000 millones de euros anuales.
En fin, parece que las fobias ancestrales de algunos pueden más que la lógica y la racionalidad económica, sin mencionar la sensibilidad social y el respeto a las libertades individuales. Allá cada cual. Un servidor lo tiene claro, seguirá poniendo las X en el impreso del IRPF en favor de la Iglesia y de los fines sociales.
Santiago de Munck Loyola