Ppandilla de mentirosos.

Para cualquier persona decente y medianamente informada, la catarata de declaraciones de distintos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana sobre la corrupción, sobre la regeneración o sobre la ridícula línea roja del Sr. Fabra son sencillamente vomitivas. Tras el varapalo sufrido por el PPCV en las elecciones europeas, toda una pandilla de colocados, desinformados, embusteros o hipócritas se está dedicando a realizar manifestaciones de distinta índole, tomado de paso a los ciudadanos por idiotas, a ver si consiguen lavar la cara de un partido que ellos mismos han ensuciado con su actitud, con su cobardía o con su complicidad.

Hace unos días era la Sra. Bonig la encargada de mentir a la ciudadanía. Ayer mismo, le tocaba el turno a la portavoz del Consell y titular de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, quien, a propósito de las duras críticas realizadas por empresarios alicantinos a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo,  se apresuraba a señalar que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aplicado la línea roja en los cargos que dependen orgánicamente de él. Es decir, que ha aplicado la estrambótica línea roja a los cargos que él mismo, con el Diario Oficial en la mano, ha nombrado. Y, claro, como él no ha nombrado a Sonia Castedo no puede hacer nada ya que su trata un cargo municipal cuya acta de concejal le pertenece. Para remachar su engaño añadía que respecto a los cargos que no dependen orgánicamente del jefe del Consell es una circunstancia distinta, porque compete al ámbito del partido. Y uno se pregunta ¿acaso no es el mismo el Jefe del Consell que el jefe del partido (el PPCV) en este caso? Y sin pestañear terminó afirmando que “el Ejecutivo valenciano es el más comprometido con la tolerancia cero contra la corrupción”. Un ejecutivo que llega incluso a cargar la factura de “los arreglos del cocido” a los contribuyentes.

Fabra es el Presidente de la Generalidad Valenciana y simultáneamente Presidente del PPCV al igual que el Sr. Ciscar es vicepresidente de la Generalidad y Presidente Provincial del PP de Alicante. Así que mejor que no nos vengan con cuentos de desdoblamientos de personalidad según el cargo de que se trate. Y la actitud de uno y otro ante la corrupción es igual de falsa, complaciente y tolerante. No nos engañemos. En Alicante lo han demostrado y lo siguen demostrando con creces. Solo hay que remitirse a “la prueba del algodón” y no la pasan ni en sueños. ¿De qué nos sirve a los alicantinos que al Sr. Fabra le gusten o no las grabaciones entre Sonia Castedo y el Sr. Ortiz, “la polla insaciable”, si no hace nada al respecto? Porque hacer, claro que puede hacer. ¡Ya está bien de mentir a los alicantinos! Es cierto que no puede obligar a la Sra. Castedo a dejar la Alcaldía o a dejar su acta. Pero el Sr. Fabra sí que puede, en tanto que Presidente del PPCV, abrir un expediente disciplinario a la afiliada Castedo por conductas contrarias a los Estatutos del PP, puede ordenar a los concejales populares del consistorio alicantino que la expulsen, en compañía del vicealcalde procesado, del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Alicante y puede, además, destituirla como Coordinadora de los distritos del PP en Alicante, ese cargo que los Sres Ciscar y JJ Zaplana se inventaron para sortear la famosa línea roja del propio Fabra. Y al margen de grabaciones tiene sobrados motivos para intervenir de forma contundente: un gobierno municipal en Alicante bajo sospecha judicial y al servicio de un empresario, concursos millonarios fraudulentos, pelotazos por doquier, amaños en las contratas públicas y en el PGOU, destituciones ilegales de funcionarios, arbitrariedades por doquier, abandono de los intereses generales, facturas de campaña electoral pagadas con dinero negro por el Sr. Ciscar según la Guardia Civil, financiación paralela de las sedes populares, contabilidad opaca a la militancia, nepotismo, despilfarro,… ¿Qué más necesita?

Con ello, sí que podría empezar a tener cierta credibilidad esa supuesta tolerancia cero con estas conductas absolutamente deleznables. Y para reforzar su credibilidad podría destituir o promover la destitución de los cargos orgánicos del PP de Alicante, al Presidente Provincial, Sr. Ciscar, y al Secretario general, Sr. Zaplana, por haber permitido y favorecido esta situación tan poco edificante hasta el punto de haber destruido al PP de la Ciudad, para dividirlo en distritos y poder finalmente situar en la cúspide a la alcaldesa plurimputada.

Pero ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. El Sr. Fabra, sin liderazgo político y sin credibilidad ciudadana, responsable de la expulsión de los afiliados populares que hace tiempo empezaron a denunciar la deriva pestilente de la corrupción, no va a ser capaz de dar un golpe de timón semejante. Hay demasiado en juego y su debilidad política no le va a permitir reflejar con hechos contundentes su presunta apuesta por la honradez y por la ejemplaridad ante los ciudadanos. D. Alberto Fabra se va a seguir conformando con las continuas y patéticas declaraciones de sus voceros. Pero las palabras, sin hechos que las avalen ya no sirven. Los ciudadanos no quieren seguir creyendo a quienes no son capaces de poner orden en su propia casa que, cada día que pasa, huele peor.

Santiago de Munck Loyola

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Regeneración democrática: por sus obras los conoceréis.

 

El sistema político que padecemos, la feroz partitocracia, permite que algunos sujetos se permitan ciertos lujos que en una sociedad plural, viva, responsable y moralmente sana serían inadmisibles. Ciertos sujetos, cómodamente instalados a dedo en las cúpulas de los partidos y en las instituciones, se creen que la política es puro teatro y en consecuencia deambulan por la misma como simples actores interpretando aleatoriamente cualquier papel que se les encargue, prescindiendo de cualquier convicción ética y del más mínimo principio moral. Su problema y, por tanto, el de todos los ciudadanos es que la política no es teatro; su problema es que se nota, y mucho, que están actuando y que detrás de sus palabras y de sus discursos sólo hay vacío intelectual y oquedad moral; su problema es que sus actos, sus hechos ponen de relieve su auténtica catadura moral. Como bien dice el Evangelio de San Mateo “Por sus obras los conoceréis”.

Viene este reflexión a colación de la noticia publicada hoy, 4 de abril de 2014, en el Diario Información, en la que se da cuenta de la participación de un consumado actor político, José Juan Zaplana, Secretario Provincial del PP de Alicante, en una mesa redonda sobre la regeneración democrática: “El club Información acogió ayer por la tarde la mesa redonda «Vías para la regeneración democrática», enmarcadas dentro de las VII Jornadas Católicas y Vida Pública, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU Cardenal Herrera. Intervinieron José Juan Zaplana (PP), Loles Fernández (PSOE), Silvia Poveda (UPyD) y David Abad (Compromís). Francisco Sánchez moderó el debate”.

José Juan Zaplana, nada menos, que representando al PP para hablar sobre regeneración democrática. Increíble, pero cierto. Desconozco si la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU Cardenal Herrera invitó directamente a este sujeto sin conocer su forma de proceder en torno a la regeneración democrática y los problemas de corrupción. Es posible que sí le conociesen y que le invitaran precisamente por eso, por representar todo lo contrario a la regeneración democrática. Puede que simplemente formulasen una invitación al Partido Popular y que éste le enviase como su representante más cualificado para hablar sobre el tema o, simplemente, que este señor se ofreciese con tal de salir en la foto, una de sus obsesiones. Es igual. Es de suponer que como habitual intérprete secundario y cínico consumado intentaría aparecer como un defensor a ultranza de la regeneración democrática, pero sus obras, sus acciones y antecedentes le delatan.

Hay que recordar una vez más que cuando los tribunales imputaron a la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por cuatro delitos, el Sr. José Juan Zaplana acudió raudo y veloz a presidir una cena de homenaje a la misma, algo que dista mucho de lo que implica trabajar por la regeneración democrática. Hay que recordar que el Sr. Zaplana y su jefe el Presidente Provincial José Císcar promovieron la expulsión de los afiliados populares que promovían la regeneración democrática suscribiendo un documento oficial del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, redactado por otro pésimo actor, el ex diputado Felipe del Baño, en el que literalmente se dice: “criticar la política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, (imputada por cuatro delitos) es criticar la política del Partido Popular” o que “el mero hecho de impulsar una campaña bajo la regeneración, y apoyar el lema, en comentarios que inducen a pensar que la corrupción campa a sus anchas en la organización del Partido, lejos de ser una opinión admisible en el debate democrático, es una falsedad inadmisible en cualquier foro”.

Hay que recordar que impedir la democracia interna en un partido político, y los hechos lo demuestran, como hace el tandem Císcar – Zaplana tiene muy poco que ver con el concepto de regeneración democrática. Hay que recordar igualmente que vivir de la política sin haber sabido ganarse la vida fuera de ella tampoco tiene mucho que ver con la regeneración. Como tampoco lo tiene ocultar a los afiliados del partido que lo piden el examen las cuentas de las campañas electorales que están bajo sospecha judicial.

En fin, que constituye una auténtica decepción y un despropósito digno de una película de Almodóvar que la fuerza mayoritaria del centro derecha alicantino no cuente entre sus filas con personas suficientemente capacitadas para poder hablar en público, con convicción y con una sólida trayectoria ética, sobre la regeneración democrática y que se envíe a semejante representante. Es un síntoma más de que el Partido Popular de Alicante no sólo no cree en esta necesaria idea, sino que además se burla del conjunto de los sufridos ciudadanos designando a un embajador como éste, perfectamente conocido y retratado por sus obras. Salvando las distancias ¿se imagina el lector a Bárcenas participando en un coloquio sobre la transparencia en la contabilidad de los partidos? De pena.

Santiago de Munck Loyola

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Ciscar y sus lágrimas de cocodrilo.

 

Desde hace tiempo, las encuestan indican que entre las preocupaciones que más importan a los ciudadanos españoles se encuentran la corrupción y los comportamientos de una buena parte de la clase política. Parece que en la C/ Génova empiezan a darse cuenta y por ello se van anunciando algunas medidas, a todas luces necesarias pero insuficientes, encaminadas a tratar de frenar esos comportamientos y, por tanto, a mejorar la percepción ciudadana sobre estos problemas. No parece sin embargo que en la rama popular valenciana se esté percibiendo de igual manera la gravedad y el alcance de la indignación de los ciudadanos. Hace tan sólo dos días, el vicepresidente del Consell y Presidente del PP alicantino, José Císcar, a preguntas de los periodistas llegó a reconocer que los imputados del PP sentados en su escaño de Las Cortes “perjudican” la imagen del partido, pero que les corresponde a ellos decidir si entregar el acta o si, por el contrario, prefieren aferrarse a ella. El Sr. Ciscar añadió que la permanencia de imputados y procesados “perjudica a la imagen pública del conjunto de políticos en general, y por supuesto también” del PP, algo que “preocupa” al partido. Y con ello, con expresar su supuesta preocupación da por zanjado el asunto y da a entender a los ciudadanos que ni él ni el PP pueden hacer otra cosa que preocuparse por la mala imagen que se proyecta ya que no pueden obligar a nadie a que deje su escaño o su acta de concejal.

 

Sin embargo, semejante obviedad no significa que no se pueda hacer algo más que preocuparse. El Sr. Ciscar lo sabe, pero lo oculta. Si estas personas dañan según él la imagen del PP, lo hacen porque están imputadas o procesadas y siguen permaneciendo en el Grupo Parlamentario Popular o en los Grupos Municipales Populares de los distintos Ayuntamiento y ahí sí que puede actuar el Sr. Ciscar y el PPCV. ¿Y Cómo? Pues excluyéndolas de dichos Grupos institucionales que con los reglamentos en la mano es factible. ¿Y por qué si está tan preocupado el Sr. Ciscar no lo hace o no pide que se haga? Por varias razones. En primer lugar porque peligrarían las votaciones en dichas instituciones ya que los así excluidos podrán revolverse y tumbar con su voto las propuestas populares. Los actuales dirigentes del PPCV no se mueven por principios éticos sino por pragmatismo. Yen segundo lugar, porque dicha preocupación no se corresponde con la realidad. Hay que recordar que hace pocos meses, estando imputada por tres presuntos delitos la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el Sr. Ciscar manifestó públicamente que seguía siendo el mejor activo electoral del PP de la ciudad de Alicante, lo que da una idea del nivel de los activos electorales populares.

 

Pero es que, además, la falta de principios y, por tanto, de preocupación sincera y honesta de algunos dirigentes populares se pone perfectamente de manifiesto en el documento del PPCV por el que se expulsa a varios militantes del PP. En dicho documento redactado por el exdiputado Felipe del Baño, acusado por cierto de corrupción y promovido por el Sr. José Ciscar y su ayudante el Sr. José Juan Zaplana, se dice que no se pueden criticar públicamente las actuaciones de la alcaldesa imputada, Sonia Castedo, porque sus actuaciones son las del Partido Popular y que no se puede pedir públicamente honestidad y regeneración democrática porque eso es tanto como dar a entender que todo el PPCV es corrupto. Es, por tanto, más que evidente que el Sr. Ciscar y todos los demás dirigentes del PPCV, al avalar y apoyar esta tesis, actúan en connivencia con la corrupción y son, por consiguiente, corresponsables del daño que la imagen pública del PP sufre.

 

Y, por si fuera poco, la connivencia del Sr. Ciscar y de su equipo con el daño a la imagen del PP que ocasiona la corrupción se puso no hace mucho de manifiesto con la antidemocrática maniobra orquestada para que la alcaldesa imputada pudiera seguir controlando la organización popular de la ciudad de Alicante, sorteando con descaro la inexistente línea roja de Fabra. Para ello suprimieron la Junta local de la ciudad, la dividieron en distritos y sin elecciones democráticas situaron en la cúspide a la alcaldesa como directora de un órgano de coordinación recién inventado. ¿Qué credibilidad puede tener por tanto el Sr. Ciscar y todos cuantos participan y consienten silenciosamente estas sucias maniobras? Ninguna. La corrupción y la desafección ciudadana les trae al pairo. Sólo les preocupan los efectos electorales y no mucho porque para lo que les queda en el convento…

 

Y, a todo esto, vuelve a surgir con fuerza el rumor de que la Alcaldesa, Sonia Castedo, podría estar organizando su propio partido para concurrir a las próximas elecciones municipales. No es nuevo el rumor pero hoy en el Diario El Mundo, en la Sección de Alicante, se publica un interesante artículo al respecto (http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/23/5309d86bca47415d108b4572.html). Hay que decirlo: hoy por hoy, Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante es inocente. Está imputada por varios delitos, pero es inocente y es normal que intente actuar como tal. Otra cosa es que a la luz de las grabaciones publicadas y de los distintos testimonios conocidos hasta la fecha pueda afirmarse con rotundidad que su comportamiento con algún proveedor municipal diste mucho del que debería haber tenido quien representaba la dignidad de esta ciudad y de los alicantinos. Y otra cosa muy distinta, también, es que siendo inocente, por el momento, las acusaciones existentes contra ella dañan y mucho a la imagen del PP, de la clase política en general y de la propia ciudad que regenta. Considerándose inocente es lógico que no dimita, pero siendo consciente del daño que su situación procesal causa, no es tan lógico que no haya tenido un gesto de generosidad o de grandeza personal y haya suspendido voluntariamente su militancia o haya abandonado temporalmente el Grupo Popular.

 

Si es cierto que está “montando” su propio partido, y algo debe haber cuando el río suena, no es posible creer que en la Dirección Provincial del PP no sepan nada o que la estén dejando actuar con toda libertad. Organizar un partido desde la Alcaldía de Alicante, con los inmensos recursos a su disposición para hacerlo, es relativamente sencillo y, desde luego, no se puede llevar en secreto. Lo que sí es evidente es que si se consuma será gracias a la pasividad, cuando no complicidad, de muchos ediles que hoy son del PP y de la funesta dirección provincial popular encarnada en ese tétrico dúo compuesto por los Sres. Ciscar y Zaplana.

 

Santiago de Munck Loyola

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Ciscar ya se ha puesto la venda, por si acaso.

Recién apagados los ecos de las campanadas de fin de año, se ha reiniciado el curso político, a pesar de las largas vacaciones parlamentarias de sus señorías, con encuestas y declaraciones varias. Hay que tener en cuenta que iniciamos un año electoral que tendrá su momento culminante con las elecciones europeas que servirán, sin duda, como termómetro no sólo de las preferencias electorales de los ciudadanos, sino también del grado de afección al sistema político y a las instituciones europeas. Y entre las diferentes declaraciones de responsables políticos cabe destacar y comentar las del Presidente del PP de Alicante y Vicepresidente del Consell Valenciano, José Ciscar, que ha sido difundidas por casi todos los medios de comunicación regionales.

A la frase “en el PP no tenemos miedo al crecimiento de UPyD y Ciudadanos” le ha sucedido la afirmación de José Ciscar, destacada por la prensa, de que el Partido Popular estaría dispuesto a pactar con cualquier formación siempre y cuando “acepte los postulados que pasan por defender siempre el interés general de la Comunitat Valenciana”. Eso es ponerse la venda antes de la pedrada, porque pedrada la habrá con toda seguridad y merecida, por cierto, según vaticinan casi todas las encuestas. Parece poco coherente afirmar que no se teme la irrupción de esos dos partidos y a renglón seguido mostrar la predisposición al pacto con los mismos. Si uno no teme el crecimiento de otros partidos es porque cree que va a ser irrelevante así que carece de sentido estar planteándose la necesidad de formalizar pactos con ellos. Hay que deducir que el Sr. Ciscar da por perdidas las amplias mayorías que hasta ahora venía disfrutando el Partido Popular en una gran parte de las instituciones valencianas.

Según Ciscar a los votantes populares que están hoy en la abstención hay que convencerles de que la alternativa del PP es “la más importante para el futuro de la Comunitat” añadiendo que si se tiene en cuenta que la máxima alternativa posible al PP sería “un tripartito radical y de izquierdas”. Si sólo contempla como alternativa al PP un tripartido “radical y de izquierdas” ¿por qué se plantea pactar con partidos irrelevantes según él?

Más adelante, el Presidente Popular alicantino señala que lo que los ciudadanos quieren es “salir de la crisis, que se genere empleo y se mantengan las políticas sociales” y para ello, aseguró, “no quieren inventos de ningún tipo, solo que se gestione de forma razonada y con sentido común”. Parece que tiene claro lo que quieren los ciudadanos pero lo que no parece tener claro es que el PPCV no ha sabido ni mantener las políticas sociales, ni gestionar de forma razonada ni con sentido común. Si el Sr. Ciscar en lugar de mantenerse en su torre de marfil y de rodearse de aduladores y mercenarios de partido pisase un poco más la calle y palpase lo que a diario viven los ciudadanos no se pondría en evidencia con declaraciones como éstas.

Y para terminar de redondear sus declaraciones, el Sr. Ciscar no ha tenido inconveniente alguno en hacer gala, una vez más, del cinismo e hipocresía que viene caracterizando su gestión política al frente del PP de Alicante al que está conduciendo a un desastre electoral con su autoritarismo y falta de principios éticos. Así ha asegurado que en las listas electorales del PP valenciano “no va a haber personas imputadas por supuestos delitos que tengan que ver con la corrupción”, algo que, según ha dicho, lo dijo el presidente del Partido y de la Generalitat, Alberto Fabra, “y lo mantiene. A lo mejor podría explicar cómo se puede conciliar esa posición que además incluía la exclusión de imputados en los cargos orgánicos del PP con la fraudulenta maniobra que con la inestimable ayuda de su lacayo, el Sr. Zaplana, ha organizado en la ciudad de Alicante con el fin de poner lo que queda del PP alicantino en manos de los imputados del Ayuntamiento. Como sea tan creíble la promesa de que no habría imputados en los cargos orgánicos del PP como la de que no habrá imputados en las listas electorales, los ciudadanos pueden tener la seguridad de que, salvo milagro de última hora, sí los habrá.

Es evidente que estas declaraciones del Sr. Ciscar ponen de manifiesto una tremenda falta de realismo y de sensatez política. El PP está sufriendo un enorme desgaste electoral como consecuencia no sólo de las políticas impuestas por el Gobierno de la Nación, sino también como consecuencia de los resultados de la mala gestión popular en la Comunidad Valenciana, malos resultados debidos a los sistemáticos incumplimientos de los programas y principios del PP en la gestión de la Generalitat. Y a ello hay que añadir la estela de casos de corrupción y la incapacidad de la dirección popular para frenar y atajar en seco esta situación. Si a ello se añade la incapacidad de los actuales dirigentes populares para reconocer y asumir que es imprescindible abordar un proceso de regeneración democrática del Partido Popular y de muchas de las instituciones está completándose el cóctel necesario para cosechar malos resultados electorales. Y especial responsabilidad tiene en ello el Sr. Ciscar y su equipo, enemigos acérrimos de cualquier regeneración y de cualquier proceso democrático que permita al PP volver a conectar con las necesidades reales de los ciudadanos y de convertirse en un referente de participación, de debate, de transparencia, de libertad, de honestidad y de confianza ciudadana. Pero lamentablemente esas suelen ser las consecuencias de una determinada forma de hacer política que termina entregando toda una gran y noble organización al primer chaquetero y arribista que llega, es decir, consecuencia de la ausencia de democracia interna.

Finalmente hay un dato que parece obviar el Sr. Ciscar y es que el previsible crecimiento electoral de UPyD y Ciudadanos se basará, sobre todo, en el voto de los ciudadanos descontentos con el Partido Popular. Pensar que estos partidos traicionarían a la primera de cambio a sus electores para que haya “más de lo mismo” es cuando menos ingenuo. No somos pocos los antiguos votantes del PP los que pensamos que mientras el PP siga en manos de personajes como las actuales, enemigos declarados de la honestidad, de la transparencia y de la regeneración democrática, lo mejor que le puede pasar al PP y a la ciudadanía es que el Partido Popular se marche una temporada a la oposición a ver si, lejos de las moquetas, de los asesores y de los privilegios políticos, inicia una tan profunda como imprescindible renovación y regeneración interna.

Santiago de Munck Loyola

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Carta abierta a D. Alberto Fabra.

Sr. D. Alberto Fabra:

Le escribo en mi calidad de ex militante del Partido Popular al haberme expulsado usted y sus acólitos por pedir más honradez, más democracia interna y la regeneración del que era, si no lo remedian los Tribunales, mi partido en el que he militado desde su fundación, arriesgando incluso, como muchos otros, mi vida como cargo público del mismo. Y le escribo porque he leído con indignación sus palabras en los medios de comunicación sobre la necesidad de hacer un pacto con las demás fuerzas políticas contra la corrupción. Ha pedido usted un «gran pacto entre partidos» para luchar contra la corrupción y se ha comprometido a apostar por la «tolerancia cero» ante «cualquier comportamiento inadecuado». Y no sólo eso, además, ha añadido que va a impulsar más medidas de regeneración porque si no se genera «confianza» con los ciudadanos se producirá un «desencuentro» que no se podrá superar.

Sr. Fabra o bien es usted un cínico y actor consumado o bien no se entera de nada o bien es tal su debilidad política que se “la cuelan” por todos sitios y, en especial, desde Alicante. ¿De qué pacto habla usted contra la corrupción? ¿De qué tolerancia cero habla? ¿Se trata de otra falacia como la de la línea roja? ¿A quién quiere seguir engañando? Mire usted, Sr. Fabra, cuando las palabras no van acompañadas por los hechos, de poco sirven. Y sus hechos, las actuaciones suyas y las de sus subordinados alicantinos indican muy claramente otra cosa.

Usted nos ha expulsado del PP a mí y a otro compañero por pedir cosas tan básicas como honradez, honestidad, democracia interna y participación y por pedirlo públicamente ante la imposibilidad de obtener respuestas en una organización que desde hace años no funciona. Y para ello nos abrió un expediente cuyo instructor ¡Oh! casualidades de la vida, está denunciando en anticorrupción por graves irregularidades en su Ayuntamiento. El Partido que usted preside, o que parece que preside, nos ha dicho por escrito que no se puede pedir la regeneración del PPCV porque hacerlo es tanto como dar a entender que todo el PPCV es corrupto. Y se han quedado tan anchos. ¿Y viene usted a hablar de medidas de regeneración? ¿Tolerancia cero? ¿Es la misma tolerancia cero que practica la inmensa mayoría del grupo Parlamentario del PPCV en las Cortes Valencianas que suscribe peticiones de indulto para políticos delincuentes, Sr. Fabra? Y su línea roja, D. Alberto, ¿dónde ha quedado? Porque, según los planes del Sr. Ciscar, en Alicante, nada de nada. ¿O acaso no se ha enterado usted de que el fragmentado PP de la ciudad de Alicante ha creado un ilegal Consejo de Dirección que estará coordinado por la alcaldesa imputada? Éste y no otro es el valor que parece que tiene su palabra Sr. Fabra.

Ofrecer un pacto contra la corrupción a los demás partidos, Sr. Fabra, con estos antecedentes y con esa credibilidad que le otorgan sus propios hechos es hacer el ridículo más espantoso. Alguien que utiliza a personajes de dudosa actuación para expulsar y silenciar a los compañeros que piden la regeneración interna no tiene ninguna credibilidad, ni autoridad moral o política para proponer ese tipo de pactos. Y el primer pacto que debería proponer lo es con los sufridos militantes y afiliados del Partido Popular que tienen que padecer diariamente el bochorno que muchos de sus dirigentes en la Comunidad Valenciana les producen. El mejor antídoto contra la corrupción, Sr. Fabra, es la democracia interna, es la transparencia, la participación y el control de las bases sobre la actuación de sus cargos públicos. De manual, Sr. Fabra, le guste o no (que está claro que no le gusta). Tiene usted lo que tiene porque los militantes no pintan nada, porque colocan en las listas a los amiguetes, a los parientes y a los enchufados y no a los mejores, ni siquiera a los que reciben más apoyos de la militancia. Y así les luce el pelo.

No puede haber pactos contra la corrupción cuando quien lo propone no está dispuesto a limpiar su casa, ni siquiera está dispuesto a cumplir su propia palabra y deja que los mercenarios políticos sigan haciendo y deshaciendo a su antojo. Pacte con su militancia, Sr. Fabra, devuélvale la palabra de verdad, sin filtros, sin intermediarios y verá como las cosas cambian de verdad y a mejor. Y, si no, al menos no haga más el ridículo, ni siga avergonzando a tanta gente honrada que en su día votó al PP.

Santiago de Munck Loyola.

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PPCV y UGT a la par.

Dos importantes noticias de esta semana subrayan la importancia del nivel de degeneración de parte de la clase dirigente de nuestro país, tanto en su vertiente política como sindical. El PPCV, personificado en Carlos Fabra, y la UGT, en su versión andaluza, aunque no sólo allí, son los protagonistas de las noticias en torno a la catadura moral de quienes “lideran” nuestra sociedad. Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y ex muchas otras cosas, amasador de fortunas inexplicables y progenitor de la insigne y culta diputada popular, Andreita “que se jodan”, ha tomado el relevo en los titulares periodísticos de su conmilitón popular Pedro Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja y ex diputado popular. El primero, tan agraciado él con las loterías del Estado, ha sido declarado culpable de cuatro delitos contra la hacienda pública, aunque ha sido absuelto de los delitos de tráfico de influencias y cohecho y habrá que esperar a la resolución de los recursos pertinentes que confirmen o no esta condena. El segundo, condenado ya por el Tribunal Supremo y declarado, por tanto, delincuente, diga lo que diga al respecto el Presidente del PP de Valencia Sr. Rus cuyas aportaciones jurídicas seguramente pasarán a la historia, está a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto, que tan entusiásticamente ha solicitado la inmensa mayoría de los diputados del Partido Popular, para entrar o no en prisión.

Por su parte, diversas informaciones están poniendo de relieve la peculiar forma de buena parte de la clase sindical de administrar los fondos públicos que reciben de los contribuyentes. Al mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los EREs falsos, protagonizado por sindicalistas de UGT, empresarios y miembros del PSOE andaluz que supuesto el saqueo de casi 1000 millones de euros hay que añadir ahora el incesante goteo de informaciones del tinglado montado por el sindicato socialista, y no sólo en Andalucía, para financiarse con dinero público y para desviar esos fondos hacia fines no precisamente altruistas. Tiene lo suyo que un sindicato pague con fondos destinados a la formación de desempleados cenas multitudinarias, mariscadas o viajes al Caribe para la “formación” de centenares de sindicalistas pero que, además, encargue bolsos falsificados hechos por mano de obra explotada en países asiáticos pone perfectamente de relieve la catadura moral de estos sindicalistas. Y qué decir de los globos a un euro comprados y cargados a cuenta de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Alcorcón y pagados sin rechistar por el Alcalde de entonces, hoy senador socialista. 

Si a alguien le sorprende todo esto es porque quiere o porque la memoria es frágil. Después de la que montaron los de UGT con aquella famosa promotora de viviendas, la PSV, que tanto dinero costó a los contribuyentes ¿a quién le puede extrañar que sigan haciendo de las suyas con el dinero que no es de nadie, como diría la Sra. Salgado? Se comprende perfectamente que los sindicatos españoles sean tan reacios a ser incluidos en la Ley de Transparencia. En cuanto se les pide la más mínima explicación sobre el uso del dinero público o, incluso de algo tan sencillo como el uso de los créditos sindicales que muchos representantes usan para su beneficio particular, ponen el grito en el cielo alegando que se pretende atentar contra la libertad sindical.

El PPCV y la UGT comparten unos mismos “méritos”: con sus acciones contribuyen al desprestigio de la actividad política y sindical, ambas organizaciones ensucian la vocación de servicio público que debía primar en su seno y ambas necesitan una profunda regeneración porque las dos cuentan con miles de afiliados honestos que sienten una profunda vergüenza por la actuación o la pasividad de sus dirigentes. Las declaraciones de los líderes de ambas formaciones no se corresponden con la realidad tozuda de los hechos. No es posible pintar líneas rojas y convertirlas en discontinuas a capricho, no cabe proclamar con cada caso de corrupción que se trata de casos aislados cuando por su proliferación es evidente que hay algo interno que los facilita, no es admisible tratar de circunscribir responsabilidades alegando que existe autonomía interna y no vale esconderse denunciando la existencia de campañas de acoso contra los sindicatos o para encubrir otros casos como el de Bárcenas.

El PPCV de Fabra y Ciscar y la UGT de Méndez son el ejemplo perfecto de por qué nuestro país necesita una profunda regeneración democrática. Son el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando las organizaciones políticas y sindicales desconectan de sus bases, controlan y limitan la democracia interna, ahogan el debate interno, impiden la autocrítica y se enquistan en las redes del poder y de la administración de tal modo que para subsistir necesitan retorcer la Ley, tolerar comportamientos abusivos y alimentar parásitos políticos con redes clientelares. Más claro el agua.

Santiago de Munck Loyola

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El PPCV corrupto que Fabra y Ciscar amparan.

El diario digital http://www.elconfidencial.com publica hoy un artículo, que por su interés reproduzco a continuación, y en el que avanza el contenido del libro del periodista Sergi Castillo que se presentará el próximo 3 de diciembre haciendo un repaso bastante completo del mugriento panorama de escándalos y corrupción que muchos cargos públicos del Partido Popular han dejado a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana.A su vista, no parece muy prudente hablar de casos aislados para tratar de exculpar a los responsables de una organización política cuya inmensa mayoría de miembros está compuesta por personas honradas y decentes, aunque eso sí, también hay que decirlo, por personas profundamente acobardadas porque rechazando como rechazan estas sucias conductas las avalan con su silencio y su pasiva complicidad. Los autores de esta larga lista de hechos y sus jefes son los responsables además de una mala gestión de las administraciones públicas valencianas que se ha traducido en su quiebra y que se ha debido, sobre todo, a un constante y sistemático incumplimiento de los principios éticos del Partido Popular y de sus programas electorales. Es evidente que cuando la política se convierte en el modus vivendi de gente sin escrúpulos, sin ideología y sin preparación intelectual y técnica termina ocurriendo lo que aquí ha ocurrido. Se gobierna sin guías políticas, sin objetivos programáticos y a golpe de ocurrencia, de encuestas o de pelotazos. No lo dice un servidor de forma gratuita, lo dicen los hechos.

Y es este ambiente de impunidad total, de servilismo al superior, de mercenarios de la política y de indocumentados con traje y gomina en el que tanto aprovechado se mueve tan a gusto es en el que ha florecido lo peor de lo peor. Y a la responsabilidad individual de cada uno de los implicados hay que sumar la responsabilidad corporativa encarnada en los dirigentes populares quien han consentido, ignorado o avalado con su pasividad todo ello y, lo que es peor, han expulsado del Partido Popular a quienes hemos venido reclamado más honradez, más ejemplaridad y más democracia interna que es, en el fondo, el verdadero antídoto contra la corrupción. En este sentido Alberto Fabra en la Comunidad y José Ciscar en Alicante son los impulsores y los promotores de las expulsiones de quienes reclamamos la regeneración del Partido Popular y, por tanto, son los auténticos cómplices políticos de quienes manchan y siguen manchando el buen nombre el Partido Popular.

El saqueo de Valencia: el PP ya tiene 100 imputados por corrupción en la comunidad.

José L. Lobo

Expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat, exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, funcionarios… El virus de la corrupción se ha contagiado a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas supera los cinco millones de habitantes.

«No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más», afirma irónicamente el periodista Sergi Castillo, que el próximo 3 de diciembre presentará en Madrid Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que destripa el cáncer de la corrupción en la Comunidad Valenciana, que se ha extendido como en ninguna otra región hasta alcanzar todas las terminales del poder político. Y que ha alcanzado una fase terminal que puede resultar letal para las aspiraciones electorales del PP, tanto en Valencia como en el resto de España.

«Mi libro es, en realidad, una obra colectiva», asegura Castillo, «porque parte de las investigaciones previas de varios medios de comunicación, entre ellos El Confidencial». El hilo conductor que le ha servido para desenredar el ovillo de la corrupción ha sido la rama valenciana del caso Gürtel. Pero las tramas del saqueo son muchas más: los casos Nóos (que tiene también bajo sospecha al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá), Brugal, Emarsa, Cooperación, Terra Mítica, aeropuerto de Castellón, Canal Nou…

La lista negra de la corrupción supera ya los 100 imputados. Entre ellos, un expresidente de la Generalitat (José Luis Olivas, que también fue presidente de Bancaja), dos exvicepresidentes (José Víctor Campos, ya condenado en el llamado caso de los trajes, y Vicente Rambla), cinco exconsellers (Rafael Blasco, Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Fernando Cartagena, también condenado), nueve diputados autonómicos y un sinfín de altos cargos de empresas públicas controladas por la Generalitat.

En ese sombrío listado del saqueo de las arcas públicas aparecen también una expresidenta de las Cortes Valencianas (Milagrosa Martínez, que fue además consellera de Turismo), un exsecretario general del PP regional (Ricardo Costa, antiguo hombre de confianza del expresident Francisco Camps y hoy enfrentado a él), dos expresidentes provinciales del partido (Carlos Fabra, de Castellón, y José Joaquín Ripoll, de Alicante), los actuales alcaldes de estas dos ciudades (Alfonso Bataller y Sonia Castedo) y varias decenas de alcaldes, directores generales y jefes de gabinete.

Todos ellos están imputados por un repertorio de delitos que van de la prevaricación al tráfico de influencias, pasando por el cohecho, la malversación, la estafa o el blanqueo de capitales. Y hasta el abuso sexual: Vicente Sanz, exsecretario general y jefe de personal de Radio Televisión Valenciana (RTVV), abusó de varias trabajadoras de Canal Nou con amenazas y falsas promesas de ascensos laborales. El auto de procesamiento recoge frases como esta: «Mostró su sexo erecto y le decía: dame una chupaeta». El expresident Eduardo Zaplana buscó a Sanz un retiro dorado en la televisión pública tras verse implicado en un escándalo urbanístico y pronunciar una frase inolvidable: «Estoy en política para forrarme».

Rebelión y deslealtad

El presidente de la Generalitat, que aún no ha pasado el trago amargo del cierre de la radiotelevisión pública (cinco de cuyos exdirectivos están imputados), se enfrenta ahora a una rebelión en sus propias filas protagonizada por aquellos a los que ha salpicado de lleno la corrupción. Nada menos que nueve diputados autonómicos del PP lo están, y Alberto Fabra ya ha advertido a todos ellos que no repetirán en las candidaturas del partido para las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Ni ellos ni ningún otro cargo bajo escrutinio judicial.

Los nueve parlamentarios imputados no tienen nada que perder, porque saben que ya no ocuparán su escaño en la próxima legislatura. Por eso se permiten incluso exhibir en público su deslealtad hacia Fabra, promoviendo, en contra del criterio de su propio líder, el indulto para otro imputado y ya condenado por corrupción: el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo. Nada menos que 45 de los 54 parlamentarios del PP pidieron la semana pasada esa medida de gracia para Mateo, que está a punto de ingresar en prisión por prevaricación.

Santiago de Munck Loyola

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La indignidad política en las Cortes Valencianas.

María del Carmen García

Hace muy pocos meses, 21 asociaciones y 1.500 firmas respaldaron una petición de indulto presentada ante la Subdelegación del Gobierno de Alicante para la mujer de Benejúzar, María del Carmen García, condenada por pegar fuego al violador de su hija. Que se sepa, los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas siguieron a lo suyo y no se movilizaron para recoger firmas suscribiendo esta solicitud de indulto.

En 2007, una joven, Melani López, fue condenada a tres años y tres meses de prisión junto a otro joven por cultivar marihuana en una finca en Cervera del Maestrat (Castellón). Según la primera sentencia, el valor del producto que habrían podido obtener habría podido llegar a los 50.000.- €, por lo que además se les impuso una multa de 108.000.- €. Tras varios recursos en los que los jóvenes alegaban su inocencia, la sentencia fue firme en noviembre de 2012 y la joven que ya había rehecho su vida, se había casado y tenía dos hijos, uno de tres años y otro recién nacido, solicitó en marzo de 2013 el indulto al Gobierno. Y que se sepa, los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas siguieron a lo suyo y no se movilizaron para recoger firmas suscribiendo esta nueva solicitud de indulto.

Pedro Hernández Mateo

En 2004, el entonces alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateó, cometió los delitos de falsedad en documento oficial y de prevaricación en el procedimiento de adjudicación del mayor contrato de su Ayuntamiento, el servicio de recogida de basura, adjudicado por más de 96 millones de euros a la unión de empresas integrada por Necso Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios, según sentenció en noviembre de 2012 el Tribunal Superior de Justicia, condenando al exalcalde a tres años de prisión y siete de inhabilitación. El 22 octubre de 2013, el Tribunal Supremo confirmó dicha condena a tres años de cárcel y siete de inhabilitación.

Conocida la sentencia, el 23 de octubre de 2013 José Ciscar, Presidente del Partido Popular de Alicante, al valorar el fallo judicial destacó lo “mucho” que el exalcalde condenado había hecho por Torrevieja. Eso sí, no precisó si lo “mucho” que había hecho por Torrevieja era bueno o malo. Y he aquí, que de pronto, unos días después, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas despertó de su letargo y en un abrir y cerrar de ojos el 85 por ciento de los diputados del mismo firmó una petición de indulto para que su excompañero, el exalcalde de Torrevieja y exdiputado “popular” en la cámara autonómica, Pedro Ángel Hernández Mateo, no entrase en prisión. 

Andrés Ballester Costa

El promotor de esta excepcional y “humanitaria” iniciativa es el diputado por Alicante (¡Qué vergüenza!) Andrés Ballester. Y se le ha entendido todo perfectamente cuando ha justificado ante los medios de comunicación su iniciativa. El Sr. Ballester ha declarado que no entiende el revuelo causado y que  “lo haría por cualquier otro compañero, incluso por los de la oposición. No es un asesino ni un violador, ni siquiera le han condenado por robar dinero público. Por eso entiendo que, por razones humanitarias, tendría sentido el indulto”. El ilustre diputado alicantino ha añadido que «no me gusta que nadie vaya a la cárcel”, pero se le ha olvidado añadir lo que sus actos indican, es decir, que no le gusta que los políticos vayan a la cárcel, porque si se trata de un ciudadano de a pié eso es harina de otro costal.

Enseguida, el jefe de los diputados firmantes, el presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, ha afirmado que la formación que preside no respaldará ningún indulto a condenados como partido o grupo y ha destacado que los apoyos de sus diputados se han prestado «a título personal». O sea que los diputados populares firman como diputados pero a título personal. Puede que, una vez más, estemos ante una clara señal de debilidad política de Alberto Fabra o de una doble moral. La misma que le permite proclamar que los imputados no ostentarán cargos orgánicos en el Partido Popular mientras que autoriza a su Vicepresidente José Ciscar a violentar los Estatutos del Partido para que, creando un nuevo órgano, la imputada Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pueda hacerse con el control del PP en Alicante. Por tanto, poca credibilidad hay que otorgar a estas manifestaciones del Presidente Fabra.

Lo cierto, es que los diputados del Partido Popular que han suscrito esta petición de indulto, lejos de escenificar una acción humanitaria, lo que han hecho es expresar públicamente un corporativismo de lo más indecente posible. El mensaje que han lanzado a la ciudadanía es que no quieren que uno de los “suyos”, un político, vaya a la cárcel por prevaricar y por falsificar documentos públicos, acciones delictivas que a buen seguro tenían una determinada finalidad. Los señores diputados populares firmantes han dejado muy claro que apuestan por la impunidad de los corruptos. Y, por ello, estos señores tan sensibles con sus conmilitones y tan insensibles con los demás ciudadanos no merecen seguir manchando con su presencia las instituciones democráticas. La dignidad política y la ejemplaridad ni están ni se las espera en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas.

Santiago de Munck Loyola

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Al rescate de los valores traicionados.

El cierre de la RTVV es la constatación del fracaso, no de unas ideas ni de un proyecto político, sino de un determinado modo de hacer política que desde hace muchos años se ha ido instalando en buena parte de la clase política y, especialmente, de aquella que al acceder y perpetuarse en el poder olvida por qué y para qué está ahí. Y esa especial forma de hacer política consiste en olvidarse del objetivo fundamental de toda acción política, la vocación de servicio público de transformación del entorno de acuerdo con unos principios y programas, de acuerdo con una ética política concreta. Cualquier parecido entre la gestión del ente RTVV durante los últimos 18 años y los principios y programas del Partido Popular es pura coincidencia. Si esta gestión hubiese estado presidida por la austeridad, la eficacia, la ejemplaridad, la imparcialidad, la honradez o el respeto a las más elementales normas de transparencia democrática, conceptos todos ellos que se pueden leer y releer en infinidad de documentos y programas del Partido Popular, hoy la RTVV seguiría funcionando y lo estaría haciendo como un ente informativo de servicio público ejemplar. Pero no ha sido así y el resultado está a la vista, como lo está también en muchos otros ámbitos de la gestión pública en la Comunidad Valenciana. Es evidente que esa forma de hacer política que prescinde de los principios y los programas es la causa de tanto desacierto y de tantos errores que nadie asume como se hace en una democracia, dimitiendo.

No somos pocos los que, compartiendo esos principios y esos programas por los que, además, hemos trabajado durante años, nos sentimos profundamente desilusionados y avergonzados. Algunos hemos constatado que es imposible intentar desde dentro promover cambios que desde la regeneración permitan una recuperación de los valores y los principios en los que seguimos creyendo. Y también hemos llegado a la conclusión de que no podemos permanecer pasivos ante una situación política que nos produce rechazo. Ninguna organización política, por poderosa que sea, tiene el monopolio de las ideas y los valores en los que creemos. Cuando una bandera deja de representar nuestros valores y quienes la enarbolan son mercenarios de la política es mejor ir al rescate de esos valores y volverlos a situar en primera línea de la acción política.

Los ciudadanos que creemos en el valor de la persona, de la vida humana, de la libertad, de la unidad de España, de la igualdad de derechos y de obligaciones entre los ciudadanos de cualquier territorio; los ciudadanos que creemos que los derechos son de las personas y no de los territorios, que la economía debe estar al servicio de la política y no a la inversa, que la educación, la sanidad, las pensiones y la prestaciones sociales básicas han de estar garantizadas para todos y por igual con independencia de la región, que hay que promover vínculos de unión y no de separación; los ciudadanos que queremos que la clase política sea ejemplar, que no goce de los privilegios que hoy ostenta, que se regulen y limiten todos los sueldos públicos, que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales vivan exclusivamente de las cuotas de sus afiliados y no de las subvenciones públicas, que se persiga la corrupción y que los corruptos no se beneficien de indultos; los ciudadanos que aspiramos a una paz con vencedores y vencidos, que exigimos más firmeza frente a los terroristas, que cumplan íntegramente sus condenas y que no se les beneficie con anómalas sentencias de Estrasburgo; los ciudadanos que creemos imprescindible una reforma fiscal que suponga el fin de la asfixia a la clase media, que queremos menos estado y más sociedad, menos impuestos y más crédito, menos recortes y mejor inversión pública; los ciudadanos que, en definitiva, creemos que hay una forma diferente de hacer política, una forma basada en la participación ciudadana, en la permeabilidad de los partidos a las corrientes de opinión, en la responsabilidad política del gestor frente a los administrados y en el respeto a los programas electorales y a los compromisos adquiridos, tenemos la obligación de ponernos en movimiento. Nada cambiará si no lo hacemos nosotros.

En nuestra Comunidad, el desencanto de los electores de centro y centro derecha ha ido propiciando la aparición de multitud de pequeños grupos y organizaciones de ámbito local o comarcal. Y al margen de la existencia de posibles personalismos, como algunos pretenden de forma maliciosa  justificar su aparición, lo cierto es que en la inmensa mayoría de estos grupos subyace una profunda sensación de decepción, de estafa política. Hoy por hoy, muchos electores de centro derecha, si tuvieran que votar, o bien se quedarían en casa o bien terminarían por votar, paradójicamente, a un partido de izquierdas como UPyD. Nada más absurdo. El rescate de los valores usurpados, abandonados o traicionados por algunos debería pasar necesariamente por un movimiento de convergencia y de coordinación de todos esos pequeños grupos y, además, con la generosidad política tan ausente en otro sitio.

Los ciudadanos en movimiento podemos rescatar esos valores y principios que los hechos han demostrado que no se aplican, que sólo son la tapadera de incompetentes y medradores de la política. No es tarea fácil, pero es ilusionante. Hay viento favorable y tenemos la ventaja de saber a qué puerto queremos llegar.

Santiago de Munck Loyola

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¡Pío, pío que nadie ha sido!

Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible. Si no hay dinero para sostener a la RTVV, es imposible sostenerla a no ser que se quite de otro sitio. Hay que reconocer que la dolorosa decisión de cerrar la RTVVy dejar en la calle a más de 1.700 personas que ha tomado el Presidente Fabra es valiente y, posiblemente, la única que se podía tomar tras conocer el varapalo judicial propinado por la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana.Podrá discutirse sobre la necesidad o la conveniencia de que las Comunidades Autónomas dispongan de medios de comunicación propios y, sobre todo, de que  en medio de esta profunda recesión dediquen ingentes recursos públicos al sostenimiento de unos medios de comunicación que, además, nunca han estado al servicio de los ciudadanos, sino de la casta política y de los intereses partidistas del gobierno de turno. Pero sobre lo que no debería caber duda alguna es sobre las prioridades que cualquier gobierno debería tener. Hay servicios públicos que son esenciales y otros que no lo son tanto. Y, por cierto, decenas de asesores, chófer y un cocinero no son esenciales.

Sin embargo, desde una perspectiva política llama mucho la atención la ausencia de la más mínima autocrítica en la comparecencia del Presidente Fabra y en las declaraciones de los principales dirigentes populares. Y llama mucho la atención igualmente que tras un hecho que implica la expresión de un auténtico y rotundo fracaso de gestión, ningún político asuma responsabilidad política alguna, que ningún político pague por su incompetencia y negligencia y que los platos rotos los paguen los de siempre, los empleados despedidos y el conjunto de la sociedad. Y para qué comentar las declaraciones de algunos dirigentes del PP que repiten como loros las consignas de los “argumentarios” oficiales. ¡Lástima de sueldos y de dinero desperdiciados en tanto descerebrado en tal altos cargos!

No queda más remedio que plantearse algunas preguntas para tratar de comprender cómo y por qué se ha llegado a esta situación. La RTVVha sido cerrada por el Gobierno Autonómico tras conocer la sentencia del TSJ que anulaba el ERE planteado por la dirección del ente público. ¿Por qué el TSJ ha anulado el ERE? Pues la razón de fondo no es otra que la constatación de que el ERE, entre otras cosas, no se ajustaba a los procedimientos legales e implicaba, como denunció la fiscalía, una vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué se ha tenido que llegar a plantear un ERE? Porque la caída de ingresos de la Generalitat Valenciana no ha permitido seguir con lo que era una práctica habitual, con la transferencia continua de fondos públicos a lo que se había convertido en un pozo sin fondo y no quedaba más remedio que redimensionar la RTVV para tratar de frenar sus pérdidas constantes. ¿Por qué la RTVV era un ente ruinoso? Porque los políticos de nuestra Comunidad así lo han querido o consentido. Lejos de atender a los informes técnicos que desde hace diez años venían denunciando que la situación económica de la RTVV era peligrosa e insostenible a largo plazo, nuestros gobernantes no sólo se han dedicado mirar hacia otro lado, sino que, además, no han tenido ningún recato ni vergüenza para usarla como instrumento político al coste que fuera.

No está de más recordar que cuando el Partido Popular accedió en 1995 al Gobierno de la Comunidad Valenciana, heredó una RTVV con unos 600 empleados, con una deuda de 6 millones de euros y una audiencia del 14 %. Dieciocho años después, el gobierno del PPCV deja una RTVV con más de 1.700 empleados, con una deuda acumulada de más 1.200 millones de euros y una audiencia por debajo del 5%. El balance es demoledor y absolutamente vergonzoso. Las cifras cantan y resulta inadmisible que nadie asuma responsabilidad alguna. Entre todos la mataron y ella sola se murió, pensarán algunos. Puede, pero algunos la han matado mucho más que otros. Culpar a la intransigencia de los sindicatos en la negociación del ERE es una muestra de intolerable cinismo. Claro que los sindicatos, que durante años se han venido beneficiando de la “fiesta” del canal público, tendrán su parte de responsabilidad. No se puede ignorar tampoco que las televisiones privadas con mucho más audiencia funcionan con menos de un tercio de personal que la televisión valenciana. Nadie puede honradamente sostener que los más de 1.700 empleados de la RTVVeran necesarios por la sencilla razón de que no había “tajo” para todos. Hay responsabilidades, sin duda, en los sindicatos pero mucho más pequeñas de quienes recibieron la confianza de los ciudadanos para gestionar los bienes públicos como si fuesen propios, con honradez, con ejemplaridad y con eficacia. Y no cabe ninguna duda de que estas cualidades han brillado por su ausencia en la gestión del ente público. No es casualidad que cuatro directivos del mismo estén ahora mismo imputados en diversos casos de corrupción.

El PPCV debe unas disculpas a los ciudadanos de la Comunidad Valencianay se las debe no sólo por no haber sabido gestionar la RTVV, entre otras cosas, sino también por no asumir sus responsabilidades políticas y por mentirles al no realizar la más mínima autocrítica. No es posible olvidar que el reconocimiento público de los errores, la autocrítica y la rectificación son ingredientes indispensables de la decencia política. Y deben también excusas a los ciudadanos todos esos profesionales que ahora se acuerdan de la ética profesional pero no lo hacían cuando se veían “obligados” a “desinformar” a cambio de sus sueldos.

Santiago de Munck Loyola

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