Clase, casta y regeneración política.

Mucho se está usando y escribiendo sobre el concepto de “Casta política” desde que la gente de “Podemos” lo sacase del armario en la extensa y servil red de medios de comunicación que se ha puesto a su servicio. No hay que olvidar que dichos medios tienen propietarios y que, como en todas partes, hay empresarios dispuestos a todo con tal de obtener beneficios, incluso a suicidarse. Y tan de modo está el concepto que sin ir muy lejos, el Secretario General del PSPV, que acumula cuatro cargos entre los que paradójicamente se encuentra el de flamante Secretario del PSOE para la Regeneración Democrática, el Sr. Ximo Puig, ha descalificado recientemente el discurso de esa formación y el uso que hace de la idea de “casta política” calificándolo de viejo y atribuyendo su paternidad intelectual al italiano Gaetano Mosca, añadiendo de paso que «Gaetano Mosca por otra parte fue uno de los intelectuales a los que Mussolini en su momento acudió con frecuencia». Se trata, sin duda, de un fallido intento de vincular ideológicamente a Podemos y a cuantos usan el concepto de casta política con el fascismo. Ni que decir tiene que los “ramalazos” autoritarios y totalitarios de Podemos son más que evidentes, pero hay que tener más rigor a la hora de encuadrar las ideologías. ETA, por ejemplo, no es una banda fascista por mucho que algunos se empeñen, porque ideológicamente está y siempre ha estado en el espectro de las ideologías totalitarias de la izquierda que las hay y muchas.

 

La casta política es una idea vieja que desde el siglo XIX ha salido a la luz cada vez que en una sociedad política se entraba en una fase de profunda degeneración del sistema y en España se ha venido usando con profusión desde entonces de forma cíclica.

 

Políticos, clase política, casta política e incluso castuza son expresiones frecuentes en estos tiempos que sobrevuelan los debates políticos, que se emplean como armas arrojadizas y que, en definitiva, se han hecho presentes con fuerza en medio de un amplio rechazo ciudadano hacia todo lo que tenga que ver con la política, como respuesta al grave daño social que la crisis económica ha generado en muchos españoles. La imprevisión de los políticos ante la crisis y la propia gestión de la misma han provocado una profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema político que ha entrado también en crisis.

 

Cada cual usa esos conceptos a su conveniencia e interés, pero no está de más recordar que las generalizaciones no son buenas y que cada uno de esos términos (políticos, clase política, casta política o castuza) es diferente y deberían ser usados con mucho más seriedad de lo que se viene haciendo. Hay quien como Felipe González se ufana de pertenecer a esa “casta política” que protagonizó la transición y quizás debería haber usado mejor el término de “clase política” al referirse al conjunto de políticos protagonistas de aquella época histórica pues, aunque el pertenezca a la “casta política”, no toda aquella clase política terminó transformándose en una casta.

 

Hace pocos días, ante la celebración de elecciones internas el próximo 20 de septiembre, un miembro de VOX escribió lo siguiente: “El futuro de este partido pasa sin ninguna duda por Santi Abascal. No es casta, tiene la cabeza bien amueblada, ideas claras, sabe expresarlas en el lenguaje que entiende la gente, se sabe rodear bien…”. Nótese la promoción a la defensiva: no es casta. Es evidente que para el defensor de Santiago Abascal como futuro líder de VOX éste no es casta. Sería interesante conocer su idea sobre su concepto de casta, pero a priori parece que dista mucho de la idea que tiene la mayor parte de la gente. Santiago Abascal, actual Secretario General de VOX, tiene 38 años. En 1999, con 23 años  ocupó su primer cargo público como concejal del PP en Llodio (Álava) y desde entonces ha ido saltando de cargo en cargo sin bajarse prácticamente de los presupuestos públicos hasta finales de 2013.

 

Nadie discute el valor, el sacrificio y el patriotismo de un joven de 23 años para en 1999 atreverse a ser concejal en el País Vasco, ni el suyo ni el de otros tantos miles de personas que allí y en otras partes de España se han jugado la vida por unos nobles ideales, sin que hayan tenido las mismas oportunidades de promoción y protección política gozando de iguales o mayores capacidades que él. Y tampoco se pone en tela de juicio su capacidad o no de liderazgo. Pero los hechos son tozudos por evidentes. Alguien que nunca ha sabido o querido ganarse la vida fuera del paraguas que proporciona un partido político es, se quiera o no, para bien o para mal, miembro de la llamada casta política. Como lo era el anterior Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que salvo un breve paréntesis de tres años como ayudante de cátedra universitaria, desde 1986 se dedicó plenamente a la política, es decir, se desarrolló personal y profesionalmente bajo el paraguas protector de un partido político a diferencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y como ellos muchos otros que resulta ocioso citar ahora. No se trata de juzgar aquí como buena o mala esa circunstancia, sino de subrayar lo que es evidente y de enlazarlo con la coherencia o no de enarbolar un discurso regenerador de la política como el que proclama VOX.

 

Hablamos de clase política porque muchos políticos han construido un sistema que les privilegia frente a los auténticos soberanos de la democracia, los ciudadanos. La clase política goza de privilegios que todos conocemos: fiscales, retributivos, judiciales, en materia de pensiones, etc. Y dentro de la clase política existe, además, la casta política que a los anteriores privilegios suma unos rasgos específicos como pueden ser la cooptación en el origen de sus cargos, la ausencia de experiencia y de actividades profesionales previas a su dedicación política, su dependencia y protección, en su caso, de las redes partidistas, su profesionalización en la subsistencia política (es distinto un profesional político, un político profesional y un profesional de la política) y en no pocos casos la ausencia de la formación específica que la política y la gestión de las administraciones públicas debería requerir. La regeneración es ya una exigencia social y su desarrollo requiere ideas nuevas y audaces, coherencia política y, sobre todo, políticos que sean conscientes de que su valor y credibilidad política depende de su trayectoria vital y del valor de su palabra que es la que habrán de comprometer para firmar un contrato para el cambio con el ciudadano.

 

Santiago de Munck Loyola

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El vómito de Estrasburgo.

Hoy ha sido un día triste y amargo no sólo para las víctimas del terrorismo, sino para todas las personas decentes de España. El fallo del Tribunal de Estrasburgo derogando la Doctrina Parot puede que sea el culmen de las más sofisticadas técnicas y elaboraciones intelectuales jurídicas en torno a la retroactividad o no en la aplicación de los beneficios penitenciarios a algunos sanguinarios delincuentes, pero es, sin lugar a dudas, una auténtica bazofia en cuanto a la defensa de la dignidad y la justicia de las víctimas y de sus derechos fundamentales que, digo yo, alguno tendrán también. La exquisita sensibilidad de tan altos magistrados hacia los derechos humanos de esta auténtica hija de puta, Inés del Río, contrasta con la burla y desprecio que este fallo supone para los 24 asesinados por ella y para los derechos humanos de sus familiares. Los jueces de Estrasburgo, entre los que se encuentra el Sr. López Guerra por designación de Zapatero y que ha votado a favor de este inmundo fallo, vienen a decir que, al final y en virtud de sus exquisitas disquisiciones, en España ha sido muy barato asesinar, que da lo mismo asesinar a 1 que a 24 ciudadanos y que esta tipeja ha pagado su deuda con la sociedad con un precio de menos de un año de cárcel por vida arrebatada.

Y como era de esperar, los de Sortu, legalizados por una también vomitiva sentencia de otra cuadrilla de magistrados (éstos nuestros, de la casa), tan contentos. Ningún regalo mejor para la rama política de la mafia etarra que está cómodamente instalada en las instituciones democráticas, sostenida con nuestros impuestos, gracias a la política del Sr. Zapatero. Nunca he llegado a comprender qué es lo que les debía el Sr. Zapatero para plegarse tanto a sus exigencias. Y la derogación de la Doctrina Parot parece que fue objeto de negociación entre el Gobierno socialista y la banda etarra, según se publicó en las actas incautadas a los terroristas. Pero no, no están solos los filoetarras en su alegría, están acompañados por la honda satisfacción que por el fallo han expresado los cabecillas comunistas de IU, por la incomprensible comprensión de algunos dirigentes socialistas y por la indisimulada “recogida de nueces” de los nacionalistas del PNV.

Siempre se ha subrayado como uno de los grandes hitos de la civilización humana la creación del derecho penal, la superación de la venganza privada ante los crímenes y la entrega de la satisfacción de los daños y de las ofensas a un ente superior, al estado como único depositario del monopolio de la justicia y, por tanto, de la imposición de penas con el doble fin de castigar al culpable y de satisfacer a la víctima. Si el Estado no es capaz de articular los mecanismos legales necesarios para hacer justicia, para satisfacer a las víctimas y castigar al delincuente ¿qué puede entonces garantizar la paz social? ¿Cómo podrán las víctimas satisfacer su derecho a la Justicia?

Defensa de los derechos humanos, sí, por supuesto, pero en primer lugar los derechos humanos de las víctimas, no de los verdugos. Y los primeros derechos humanos que han sido vulnerados y además de forma irremediable son los de las víctimas, los derechos humanos de centenares de españoles asesinados de forma cobarde y rastrera por una banda de cobardes y fanáticos, jaleados y aplaudidos por muchos otros desaprensivos durante décadas. Nadie podrá devolver a la vida a tanta víctima inocente, nada podrá consolar su sus familias y amigos por tanto dolor sin sentido pero carece de la más mínima lógica que los verdugos paguen tan bajo precio por tanto daño. No tiene sentido alguno que salgan a la calle asesinos que no se han arrepentido, que no han colaborado en el esclarecimiento de decenas de asesinatos, que se jactan de su inmundo pasado y que no pierden ocasión para seguir causando humillación y dolor a las familias de las víctimas. Si algo es evidente es que la reinserción social ha cosechado un clamoroso fracaso con la mayoría de esos delincuentes. Y junto a la cuadrilla de terroristas veremos, desgraciadamente, cómo se irán excarcelando a muchos otros delincuentes culpables de crímenes horrendos. Estrasburgo ha dejado indefensa y humillada a la gente de bien.

Y si no queda más remedio que acatar esta decisión, que, al menos, el Gobierno y la Justicia pongan en juego todos los mecanismos disponibles y todos los recursos legales para entorpecer al máximo la salida de las cárceles de esta escoria, que se persiga de forma implacable cualquier homenaje o exaltación de la excarcelación de la misma, que paguen hasta el último céntimo de las indemnizaciones a las víctimas y, puestos a ello, que los Ayuntamientos con un mínimo de dignidad empiecen a declarar personas non gratas a los magistrados coautores de esta indigna sentencia.

Santiago de Munck Loyola

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Galicia y País Vasco han hablado.

Tras dos semanas de campaña electoral y varios meses de tediosa precampaña, las urnas han hablado por fin en dos regiones históricas españolas: Galicia y en el País Vasco. Y lo han hecho con resultados muy diferentes. Es hora de balance, de análisis y de consecuencias y es muy probable que los que provengan de los dirigentes políticos difieran mucho de los que los ciudadanos y los analistas políticos vamos a hacer. Si en algo van a coincidir los primeros, sobre todo aquellos que han empeorado sus resultados, es en no hacer la más mínima autocrítica y en culpar a factores externos de los malos resultados obtenidos.

En Galicia ha ganado el Partido Popular, encabezado por Núñez Feijó, revalidando y, lo que era más difícil, ampliando su mayoría absoluta. Mal hicieron los socialistas al insistir a lo largo de la campaña en que votar al PP era reforzar la política de austeridad del Gobierno de España, en convertir en definitiva las elecciones autonómicas gallegas en un auténtico test de la política nacional en lugar de centrarse en los problemas, las necesidades y la situación de Galicia. A la falta de liderazgo del candidato socialista se ha unido la ruinosa herencia del zapaterismo administrada por el Sr. Rubalcaba, una pesada losa que ha terminado por hundir al desfondado PSG. El tiro les ha salido por la culata y el tanto Feijó, como Rajoy, han salidos reforzados de estos comicios gallegos. 

Conviene tomar nota, además, de la fuerte irrupción del nacionalista gallego, Sr. Beiras, que con algún que otro exabrupto de más, ha sabido capitalizar buena parte del descontento social y de los vientos independentistas que en esta época tan fuerte arrecian en diferentes regiones españolas.  Y también es conveniente subrayar el segundo fracaso del Sr. Mario Conde con unos ridículos resultados. La abstención ha sido ligeramente superior que en 2009, un 0,8 % más, algo insignificante aunque, como era de esperar, al Secretario de Organización, Óscar López, le parezca el dato más preocupante de estos comicios. Con tan sesudo análisis de tan alto jerarca socialista no es de extrañar que el PSOE coseche lo que cosecha. Por último, hay que resaltar que Núñez Feijó es quizás el único gobernante que en la actual época de recortes y restricciones no sólo gana, sino que amplía su mayoría. Algo debe estar haciendo bien y más de uno, en vez de envolverse en la bandera regional, debería tomar nota.

Y en el País Vasco tenemos la otra cara de la moneda de la jornada electoral. El partido ganador, al igual que en las últimas autonómicas vascas, vuelve a ser el PNV aunque en esta ocasión pierde tres escaños. Los partidos constitucionalistas se llevan un batacazo, el PSOE, responsable del Gobierno vasco y del adelanto e estas elecciones, pierde nada menos que nueve escaños y el Partido Popular, su socio hasta hace unos meses, pierde tres pasando de trece a diez. El Sr. Basagoiti, en su comparecencia tras conocer los resultados, no ha hecho, como era de esperar, ninguna autocrítica y debería hacerla, al menos, en los próximos días porque estos resultados son malos para el PP vasco y confirman el progresivo distanciamiento que su particular liderazgo ha ido generando en torno al núcleo de dirigentes históricos populares y de importantes bolsas tradicionales de votos del Partido popular vasco. Pero lo más preocupante es que los verdaderos vencedores de estos comicios son los representantes de ETA, Bildu, que logra entrar en la cámara vasca con nada menos que 21 escaños, convirtiéndose así en la segunda fuerza política de la cámara de Vitoria, algo que habrá que agradecer, entre otros, a los miembros del Tribunal Constitucional. Con ello, los nacionalistas, la suma de PNV y Bildu, supone los dos tercios de la cámara vasca. Se abre ahora un período político cuando menos inquietante y preocupante para quienes defienden la convivencia pacífica, la desaparición definitiva de ETA y la tolerancia y respeto en el País Vasco. Hoy, sin ir más lejos, se ha podido ver claramente, cuando el Lendakari iba a votar, cómo se las gastan los energúmenos de Bildu y su respeto por el acto más importante en toda democracia, el ejercicio del voto en libertad y sin coacciones. Es posible que el PNV encuentre en Bildu el aliado imprescindible si decide situar prioritariamente en la agenda política el tema de la independencia. Pero, si no es así, no conviene olvidar que PNV y Bildu son enemigos ideológicos y que los puntos de encuentro en los temas sociales y políticos del día a día son muy escasos.

En todo caso, hoy ha vuelto a ser la fiesta de la democracia en estas dos regiones españolas y habrá que confiar en que próximamente se vayan despejando dudas e incertidumbres y que se haga en el mejor sentido posible para la sociedad española en su conjunto.

Santiago de Munck Loyola

La libertad de Bolinaga: una sentencia inacatable.

La decisión de la Audiencia Nacional de confirmar la libertad condicional del asesino y torturador Bolinaga será todo lo legal que se quiera, todo lo ajustada a derecho que se argumente, pero no por ello deja de molestar e indignar a las personas decentes. Es evidente que algo falla en nuestro sistema judicial y político cuando nuestra legalidad consagra que una persona condenada a más de 300 años de prisión por unos crímenes terribles e injustificables, en concreto por asesinar cobardemente y con ensañamiento a tres guardias civiles (y si descerrajar 18 tiros sobre una persona no es ensañamiento que venga Dios y lo vea) y por secuestrar y torturar a otra persona durante casi dos años estando dispuesto incluso a dejarla morir de hambre, puede salir de la cárcel y gozar de la libertad condicional por estar enferma sin haberse arrepentido, sin haber pedido perdón a las víctimas y animando a otros a practicar los mismos crímenes que a él le llevaron a prisión. Cuando eso es posible en nuestro sistema es que algo muy grave está mal. Cuando nuestro sistema de garantías legales favorece en la balanza el bienestar del asesino frente al dolor de las víctimas es que nuestro sistema está equivocado. Frente a la justicia con las víctimas, frente a la reparación del daño están prevaleciendo otras consideraciones que, siendo importantes, deberían tener una posición secundaria.

La inmensa mayoría de los dirigentes políticos se están apresurando a decir lo de siempre: que las sentencias hay que respetarlas y acatarlas aunque no las compartan. Es decir, lo que los cánones de lo “políticamente correcto” mandan. Es evidente que las sentencias deben ser cumplidas, no hay otra salida en un estado de derecho, pero una cosa es cumplir las sentencias cuando ya no cabe recurso alguno y otra muy distinta acatarlas. Según el diccionario de la Real Academia, acatar significa:

 

1. Tributar homenaje de sumisión y respeto.

2. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc.

3. Mirar con atención.

4. Considerar bien algo.

 

Desde esta consideración, un servidor no acata la sentencia de la Audiencia Nacional que deja en libertad a este individuo. Ni respeto, ni acato semejante sentencia. Para ella todo el desprecio y desconsideración posible. Así de sencillo y de claro.

Sorprende que, entre las declaraciones de los políticos, alguno como José Ignacio Wert, Ministro de Educación afirme que «hay que ser capaces de identificar que la fortaleza del estado de derecho está en que desconoce entre sus principios el de la venganza y también contempla el de la humanidad». Se trata de una obviedad pero no exenta de cierta “maldad” para justificar una sentencia judicial nacida de una decisión política del Gobierno. Traer a colación el concepto de venganza es un dardo envenenado dirigido, sobre todo, a las víctimas quienes han encabezado la oposición a la concesión de la libertad condicional del asesino etarra. Reclamar que no se suelte a Bolinaga no es cuestión de venganza, sino de simple y elemental justicia porque fue por Justicia por lo que fue condenado a una pena de prisión que ahora no va a cumplir. Y la justicia deja de ser digna de tal nombre cuando no puede ni siquiera satisfacer la reparación del daño moral a las víctimas y, menos aún, cuando acrecienta su dolor y desamparo.

No puede olvidarse que si la Audiencia Nacional ha terminado dictando una sentencia concediendo la libertad condicional es porque el Director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, es decir, el Gobierno, decidió conceder el tercer grado a Bolinaga, requisito indispensable para que el Juez de Vigilancia Penitenciaria pudiese posteriormente conceder la libertad condicional. Sin tercer grado no podía haber libertad condicional. Y el Gobierno podía o no conceder el tercer grado. Tan legal era adoptar una decisión como la contraria. No estaba el Gobierno obligado a conceder el tercer grado. Nadie habría prevaricado si no se hubiese concedido, algo evidente a pesar de la simpleza y demostración de ignorancia del Ministro de Interior afirmando lo contrario. Pero lo hizo. El Gobierno atendiendo a razones humanitarias e ignorando a las víctimas decidió conceder el tercer grado y esa decisión ha desembocado en la sentencia de la Audiencia Nacional. No es descabellado, por tanto, afirmar que el Gobierno ha adoptado una decisión claramente política que supone una ruptura con toda una trayectoria en relación al terrorismo y a las víctimas y que, como es natural, levantará muchas sospechas sobre el fondo de tal decisión. El Gobierno y no los jueces es el que ha allanado el camino para la libertad condicional de Bolinaga. Acertado o no, el tiempo lo dirá.

Hoy no queda más que intentar solidarizarse y compartir el profundo dolor de los familiares de las víctimas de Bolinaga que por desgracia nunca volverán, para los que nunca hubo ni compasión, ni trato humanitario y cuya ausencia seguramente será hoy más dolorosa que ayer.

Santiago de Munck Loyola

El Gobierno con Bolinaga y no con las víctimas.

El pasado viernes, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado al asesino, secuestrador y torturador etarra Jesús María Uribetxeberria Bolinaga. Con esta clasificación penitenciaria, Bolinaga podrá solicitar la libertad condicional al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que decidirá la semana que viene.

El Director General de Prisiones, Ángel Yuste, ha adoptado esta decisión después de que el parte médico del centro sanitario pronosticase que el etarra tiene un 90 por ciento de posibilidades de morir en el plazo de un año dado el cáncer que padece. El ministerio de Interior apela en un comunicado a “razones humanitarias”, pese a “la entidad de los delitos cometidos”, tres asesinatos (Mario Leal Baquero, Pedro Galnares Barreda y Antonio López Martínez Colmenero)  y dos sonados secuestros por los que el etarra nunca ha pedido perdón.

El Gobierno ha basado su decisión en lo dispuesto en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario que prevé la posibilidad de otorgar el tercer grado a un preso por razones humanitarias o por enfermedad grave. Es decir, nos encontramos ante una decisión del Gobierno absolutamente legal sustentada en el carácter discrecional de una norma: se puede otorgar el tercer grado en algunos casos, pero ello no significa que se deba otorgar. Tan legal habría sido otorgarlo como denegarlo y la opción entre ambas posibilidades depende de valoraciones subjetivas de las autoridades.

Con ello, la decisión de otorgar el tercer grado a este sujeto es, cuando menos, sorprendente y más si se tienen en cuenta las noticias hoy publicadas sobre el tratamiento que reciben otros delincuentes en la misma o peor situación que la del etarra. Según publica hoy el Diario el Mundo, entre los años 2005 y 2010, 799 presos enfermos de cáncer fallecieron en las prisiones españolas, es decir, que no se les concedió el mismo trato que a Bolinaga, no se les concedió el tercer grado y, por tanto, no pudieron acceder a la libertad condicional para terminar sus días fuera de prisión. Y si a este dato se suma además el hecho de que este asesino no se ha desvinculado de la banda terrorista, no ha pedido perdón a las víctimas, ni ha satisfecho sus responsabilidades civiles, tal y como exige la reforma del Código penal del año 2003, su probable puesta en libertad por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, constituiría una burla legal y una afrenta más a las víctimas.

Frente a las palabras de presunta firmeza del Ministro Interior parece que la realidad que se está abriendo paso no es otra que la de la claudicación y cesión frente a las presiones de los terroristas y, correlativamente, el olvido y la humillación a las víctimas del terrorismo. Es moralmente inaceptable que el denostado por tantos funcionarios de prisiones, el Director General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, con el beneplácito del Gobierno de España, haya adoptado una decisión legal, a la que no estaba obligado en modo alguno, que abre la puerta grande a la excarcelación de un terrorista no arrepentido, de un sanguinario asesino, de un implacable torturador como Bolinaga.  No es ésto lo que votaron los que eligieron al PP hace unos meses, ni mucho menos.

Si el Sr. Yuste o el Ministro de Interior fuesen capaces de explicar claramente por qué se le concede el tercer grado al Sr. Bolinaga y por qué no se concede a los demás delincuentes en situación similar, a lo mejor podría entenderse semejante decisión. Pero seguramente no lo harán porque la razón, como sospechan las víctimas, puede que sea inconfesable.

¿Por qué se esgrimen razones humanitarias en el caso de Bolinaga y no en el caso de los demás presos? ¿Por qué hay que ser compasivo con quien no lo fue con sus víctimas y con quien, además, no se ha arrepentido de los irreparables daños que ha causado? ¿Es más importante el bienestar de este tipejo que el de los demás presos con dolencias similares?

No concederle el tercer grado era también una decisión legal y, además, una decisión más justa, más ética y más comprensible para quienes detestamos la violencia y la historia de las ratas de la ETA y de sus cómplices. Hacer lo contrario se llama simplemente traición a las víctimas.

Santiago de Munck Loyola

A favor de una huelga de hambre abertzale.

Los palmeros de los asesinos de la ETA andan revueltos estos días y sus iniciativas están siendo, una vez más, noticia. Ya se sabe que el mes de agosto suele ser un mes más bien flojo a nivel informativo y esa circunstancia la aprovechan los etarras y sus colaboradores para obtener réditos informativos. El esquizofrénico mundo de la ETA ha encontrado su “causa” veraniega en el estado de salud del torturador y asesino frustrado de Antonio Ortega Lara. Parece que dicho delincuente, Josu Uribetxeberría Bolinaga, se encuentra enfermo de cáncer y exige ser excarcelado al margen de los procedimientos legales establecidos. Y para reforzar su exigencia se ha declarado en huelga de hambre quizás estimulado por el recuerdo de las tres huelgas de hambre que pocos años atrás protagonizó, con foto trucada en el The Times incluida, su conmilitón, el sinvergüenza y asesino en serie, José Ignacio de Juana Chaos, autor de 25 asesinatos por los que sólo cumplió 18 años de cárcel.

Y cómo era de esperar (el guión lo suelen seguir estos tipejos) a la huelga del torturador de Ortega Lara se están sumando poco a poco y bajo distintas modalidades los demás presos de la banda criminal. De momento se han sumado más de 159 etarras incluido el Sr. Otegui (el hombre de paz de Zapatero) que siguiendo los dictados de la banda confirma, una vez más, que Batasuna – Bildu – Sortu y la ETA son la misma bazofia digan lo que digan algunos magistrados sin vergüenza del Tribunal Constitucional.. Eso sí, en esto de las huelgas de hambre los etarras son muy sibaritas, las hacen a la carta: unos la hacen de un día porque tampoco hay que excederse, otros la transforman en huelga de patio (no salen al patio de la prisión y que se fastidien los carceleros), otros hacen huelga de comida del centro penitenciario pero se comen los productos de la tierra recibidos seguramente gracias a subvenciones de administraciones públicas gobernadas por su compañeros, Otegui por su parte inicia la huelga tras meterse un generoso desayuno entre pecho y espalda, en fin, un amplio catálogo de variedades huelguísticas para salir en los medios. Ya se sabe que la valentía nunca ha sido el punto fuerte de estos “gudaris” del tiro por la espalda o la bomba a distancia y que, por tanto, una huelga de hambre como es debido es un riesgo innecesario y no apto para ellos.

En definitiva, el mundo etarra, el del interior de las prisiones y el exterior de las administraciones vascas por ellos controladas, pretende con esta farsa presionar al Gobierno de España para que excarcele a este tipejo eludiendo las normas que regulan dichas excarcelaciones y aducen de cara a la opinión pública unos motivos presuntamente humanitarios. Es decir quieren que se trate al secuestrador de Ortega Lara con una compasión que él jamás se planteó con su víctima a la que retuvo en unas condiciones francamente infrahumanas durante 532 días y a la que estaba dispuesto a asesinar de hambre. Hay que recordar que en el momento de su rescate, Ortega Lara había perdido 23 kilos, masa muscular y densidad ósea. Sufría de trastornos del sueño, estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Pues nada, pelillos a la mar y a excarcelar al “pollo” este que es un valiente “gudari”. Pero para conseguirlo, los abertzales deberían presionar mejor al Gobierno. Deberían ponerse todos, presos y políticos etarras, en huelga de hambre y sed de verdad, sin concesiones y con dos coj… Hasta el final. Ni lonchitas de jamón a lo “Chaos”, ni zumitos, ni agua. Nada de nada. Desde Garitano hasta Josu Ternera, desde el primero hasta el último por favor. Todos en huelga absoluta y solidaria hasta el final. ¡Anímense por favor! Se lo agradeceremos todos.

Santiago de Munck Loyola

Si la Constitución ampara a los violentos, habrá que cambiarla.

Hoy el Tribunal Constitucional, con el voto de los Magistrados Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa, Luis Ortega y la ponente, Elisa Pérez Vera, ha decidido legalizar al brazo político de ETA, Sortu, y enmendar la plana, una vez más, al Tribunal Supremo (a lo mejor habría que eliminar lo de “Supremo”, visto lo visto). Parece que lo políticamente correcto en estos casos es decir que se “respeta la decisión, aunque se discrepe”. Pues bien, como uno no está obligado a decir lo que no siente, un servidor ni respeta la decisión, ni respeta a los mal llamados magistrados que han decidido por seis votos contra cinco que Sortu es un partido político tan respetable como lo puedan ser el PSOE, el PP o el PNV.

Prefiero estar al lado de las víctimas del terrorismo que del lado del Tribunal Constitucional y los de Sortu. Prefiero estar del lado de las Fuerzas de Seguridad del estado, que por activa y pasiva han demostrado que ETA y Sortu son lo mismo, que del lado de los Magistrados del Constitucional que han favorecido al brazo político de ETA. Prefiero estar del lado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que consideró a Sortu “testaferro de ETA”. Prefiero estar del lado del Tribunal Supremo que ilegalizó a Sortu que del lado de un Tribunal Constitucional que, deliberadamente o no, sigue casualmente cierta “hoja de ruta” denunciada mil veces por las víctimas de ETA. Prefiero estar del lado de quienes se oponen a la presencia de terroristas o de jaleadores de los mismos en las instituciones que de un Tribunal Constitucional más político que jurídico. Vamos, que el Tribunal Constitucional se pasa por el arco del triunfo todos los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que confirman que Sortu es Batasuna y que Batasuna es ETA y se pasa por el miso arco la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que considera a Sortu un simple instrumento político de ETA y las mismas sentencias del Tribunal Supremo. O sea que todo el mundo está en un error menos los ilustres seis magistrados del Constitucional. Claro que para formar parte de este alto tribunal no hace falta ser juez o magistrado, sino que basta con ser “jurista” y contar con el apoyo de los partidos políticos.

Parece que para los magistrados avalistas de Sortu la simple declaración contraria a la violencia terrorista que se hace en los estatutos de Sortu es decisiva para determinar que se trata de una organización perfectamente democrática y que, por tanto, ha de ser legalizada con su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior. ¡Faltaría más! ¿Puede alguien con un mínimo de rigor intelectual plantearse la posibilidad de que Sortu hubiese expresado en sus estatutos su simpatía o comprensión hacia la violencia terrorista? Son terroristas pero no tontos de remate. Sabían perfectamente qué debía figurar en sus estatutos para poder colarse en las instituciones que pretenden derribar sea con las urnas o con la violencia cuando les conviene. Es puro sentido común, pura estrategia que, misteriosamente, no ha sido percibida por los seis ilustres juristas del Constitucional. Los estatutos del partido nazi en la República de Weimar o los de los Partidos Comunistas en la posguerra mundial eran todos formalmente respetuosos con la legalidad vigente de sus respectivos países, pero una vez en el poder liquidaron las instituciones democráticas. Por tanto, el argumento esgrimido para legalizar a Sortu centrado en el contenido de sus estatutos es un argumento falaz, injustificable e interesado.

Esta vergonzosa e inaceptable sentencia del Tribunal Constitucional no es fruto de la casualidad. Responde a todo un proceso político generado por el anterior Gobierno con su correspondiente reflejo en la propia composición del Tribunal Constitucional. Pero, si existe en este desenlace una evidente y gran responsabilidad del anterior Gobierno, no es menos cierto que el actual Gobierno también tiene una parte de responsabilidad en que el resultado final haya sido el que es porque no hay que olvidar que la renovación del Tribunal, pendiente desde hace mucho, no se ha producido tras seis meses de Gobierno del Partido Popular. No parece muy coherente que el Gobierno venga ahora con lamentos sobre el resultado de esta sentencia cuando pudiendo y debiendo actuar antes dejó pasar el tiempo.

Lo cierto, al día de hoy, es que la interpretación de nuestra Constitución permite que quienes apuestan por la violencia o la justifican como medio de acción política y quienes pretenden derribar el propio edificio constitucional que les da cobijo puedan actuar libremente en el juego democrático. Un Estado democrático puede y debe articular los medios legales necesarios para defenderse. Un Estado democrático, y ahí tenemos la experiencia de lo que ocurrió en la Alemania de los años 30, puede y debe excluir del juego político a cualquier fuerza política que no sea democrática o cuyos fines atenten contra la propia supervivencia de las garantías constitucionales que no son otras que los derechos fundamentales de todos los ciudadanos españoles. Y si esta Constitución no es capaz de hacerlo con la interpretación que de la misma hacen estos “juristas” de medio pelo, habrá que ir pensando en reformarla.

La lección que deberíamos extraer de este penoso episodio es que hay que movilizarse a favor de quienes apuesten de verdad por la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que esa defensa pasa por dos propuestas esenciales: la primera, modificar la Constitución para garantizar la exclusión de la vida política de los violentos, de sus cómplices y de todas las fuerzas políticas cuyos fines no encajen con los valores democráticos; la segunda, que es preciso poner orden en el edificio jurisdiccional español y que el Tribunal Supremo sea de verdad la cúspide de este edificio. No puede haber, en el ámbito interno, dos cúspides coronando el edificio. La implantación del sistema de garantías constitucionales a través de un órgano específico como el Tribunal Constitucional, ajeno al poder judicial y completamente politizado, se ha demostrado un error. Con una nueva sala de Garantías Constitucionales en el Tribunal Supremo sería más que suficiente y se acabaría con este dislate jurídico aunque sea en detrimento de la permanente interferencia de los Partidos Políticos en el mundo de la Justicia.

Santiago de Munck Loyola

Devolver el voto a los exiliados vascos: una reparación histórica.

Estos días estamos asistiendo al debate abierto por la posibilidad de que los vascos exiliados por culpa de ETA, entre 150.000 y 300.000 según las distintas fuentes, pudieran participar en los procesos electorales que se celebren en su tierra. El anuncio efectuado por el Ministro del interior de que el Gobierno está estudiando esta reforma legislativa, propuesta por el Presidente de los Populares vascos Antonio Basagoiti, ha provocado diferentes reacciones, algunas de ellas muy significativas que han retratado a sus autores, una vez más, a la perfección.

Lo que nadie admite en voz alta es el fondo del asunto y que va mucho más allá de que los exiliados por culpa del terrorismo puedan o no votar. Será seguramente políticamente incorrecto pero el fondo de la cuestión es que la presencia ininterrumpida de la violencia etarra ha generado, entre otras cosas, un déficit de legitimidad de las instituciones vascas. Para que unas instituciones democráticas gocen de legitimidad de origen plena es imprescindible, y en ello coinciden todos los politólogos como Duverger, que se den una serie de requisitos básicos y esenciales de modo que el voto ciudadano pueda ejercerse con total y absoluta normalidad. En las últimas décadas, en el País Vasco, las libertades y derechos fundamentales consustanciales a un estado democrático pleno no se han desplegado con total y absoluta normalidad. Empezando por el derecho a la vida y a la integridad física y moral y siguiendo por el derecho de reunión, la libertad de asociación o de prensa, la libertad para elegir o ser elegido no han sido plenos en los territorios vascos. Las elecciones que se han venido celebrando allí siempre han estado bajo la amenaza de la violencia y la coacción permanente de los etarras y su entorno por lo que las instituciones surgidas de las mismas se han constituido mediante unos resultados electorales que de no haber mediado la violencia hubieran sido distintos. Es un hecho y una evidencia incuestionable, guste o no.

Y a esa situación perturbadora de la vida democrática hay que añadir que los resultados electorales y las instituciones nacidas de los mismos se han realizado con la exclusión de miles de ciudadanos que tuvieron que marcharse por miedo.

Ahora parece que existe en el Partido Popular cierta voluntad de reparar esa injusticia histórica. No obstante, al anuncio del Ministro, ha seguido la rápida matización del portavoz Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, aclarando que la propuesta tiene “dificultades técnicas” y que debe ser analizada jurídicamente, por lo que se han convocado unas jornadas de estudio en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Por su parte, desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha interpretado la iniciativa como una «cortina de humo» del Ejecutivo y ve esta propuesta «de difícil solución constitucional» porque, según él, en propiedad en España no existen exiliados y la disminución del censo electoral en Euskadi puede obedecer a muchos otros factores que no tengan nada ver con la presión de ETA.

Pero, como siempre, los que se han vuelto a retratar con precisión son los del PNV. El PNV ha trasladado a Europa este debate. Los nacionalistas quieren que la Comisión Europea dictamine si esta propuesta es factible dentro de los estándares de la UE. Consideran que esta medida daría “lugar a un votante con doble derecho a voto inédita en el panorama jurídico europeo”, e indican que la reforma propuesta por Fernández Díaz “se basa en un concepto, como el de las personas que han abandonado el País Vasco por la presión terrorista, imposible de objetivar desde una perspectiva material y en consecuencia jurídica”.       

Claro que al considerar el recelo de los nacionalistas vascos a que se devuelvan los derechos políticos y civiles a los vascos expulsados de su territorio por la violencia etarra, no queda más remedio que recordar la frase de Arzalluz: “Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”. Y no es difícil adivinar quién ha estado sacudiendo el árbol y quién ha estado recogiendo las nueces para repartirlas, reparto que con el voto de los exiliados podría variar sustancialmente.

Por muchas dificultades técnicas y jurídicas que pudieran plantearse, lo cierto es que son perfectamente salvables. Hoy se puede devolver el voto a quienes se han visto injustamente privados de ello y hay mecanismos legales y técnicos para hacerlo, además con absolutas garantías para su ejercicio libre y secreto. Es una cuestión de justicia y de voluntad política. Lo que no puede el Partido Popular es esperar el más mínimo respaldo de quienes han estado repartiendo las nueces durante todos estos años.

Santiago de Munck Loyola

Otegui y Hitler en la misma categoría.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua ofrece sobre la palabra absurdo, da las siguientes definiciones:

(Del lat. absurdus).

1. adj. Contrario y opuesto a la razón; que no tiene sentido. (Usado también como sustantivo).

2. adj. Extravagante, irregular.

3. adj. Chocante, contradictorio.

4. m. Dicho o hecho irracional, arbitrario o disparatado.

Y es ésta la palabra que me viene a la mente al enterarme de algunos acontecimientos o al escuchar algunas de las noticias de actualidad difundidas por los medios de comunicación. Vivimos en una sociedad y en un mundo plagado de absurdos, de situaciones contrarias y opuestas a la razón, que no tienen sentido, que son extravagantes, irregulares, chocantes y contradictorias.

Durante décadas el mundo ha estado dividido en dos grandes bloques enfrentados y en el seno de la confrontación subyacía, como causa última justificativa de la misma, diferentes concepciones sobre la forma de organizar las relaciones económicas y el alcance de las libertades públicas. Dicho de otra forma y simplificando, en un bloque se defendían las libertades incluida la de explotar económicamente a los semejantes y, en el otro, primaba la defensa de los explotados quienes teóricamente administraban también las libertades públicas. Millones de seres humanos murieron en este período a causa de este enfrentamiento. Cada bloque intentaba imponer sus posiciones a lo largo y ancho del mundo.

Hoy, del segundo bloque, el comunista, sobreviven poco más de tres estados y uno de ellos es el estado chino. Y lo absurdo es que la República Popular China, con un 1.333.000.000 de habitantes, último gran exponente del comunismo es uno de los mayores bastiones de la explotación económica entre seres humanos. Conviven allí ejemplos de inmensas fortunas con niveles de extrema pobreza ampliamente extendida. Es decir, que en nombre de la igualdad, de la justicia proletaria y del anticapitalismo, 1.333 millones de seres humanos sufren las consecuencias de un sistema económico explotador, capitalista, y sin los más esenciales derechos políticos y libertades públicas. Absurdo ¿no?

Y qué decir ya del régimen de Corea del Norte, otro de los supervivientes del mundo comunista. Allí, la economía sigue fiel a los cánones estalinistas con la consecuencia de hambrunas y miseria. Pero el régimen coreano se identifica además por ser una “monarquía semidivina” comunista. En este reducto del materialismo histórico, “los cielos” se alegraron el día que nació su actual líder y presidente, Kim Jong-un, uno de los pocos “gorditos” que habita en aquellas lejanas tierras. La proletaria igualdad entre los seres humanos tiene una excepción, la jefatura del estado, que se hereda de padre a hijo en este paraíso comunista. Absurdo ¿no?

Sin ir tan lejos uno puede toparse con muchos otros absurdos, algunos más relevantes y significativos que otros. Circula por ahí la iniciativa de unos cuantos descerebrados, con no sé qué RH, para solicitar la concesión del Premio Nobel de la Paz al terrorista Arnaldo Otegui.

Para los promotores de semejante idea, el hecho de que este individuos forme parte de una organización responsable del asesinato de cientos de ciudadanos españoles no es “óbice, obstáculo o valladar infranqueable” para elevarle a la misma categoría que a la de la Madre Teresa de Calcuta o de Martin Luther King. Claro que puestos a recordar absurdos ya hubo en 1934 un diputado sueco al que se le ocurrió proponer para el mismo galardón a Adolf Hitler, iniciativa que evidentemente no prosperó.

Para no caer en lo absurdo, bueno será que la iniciativa a favor de Otegui también se quede en una propuesta frustrada, como la de Hitler, y permanezcan los dos consecuentemente en la misma categoría.

La verdad es que este mundo está lleno de absurdos y no tenemos que irnos muy lejos para observarlos.

Santiago de Munck Loyola.

¿Por qué ofende a los cabrones, Sra. Juez?

«¡Pobre mujer! ¡Y encima se ríen estos cabrones!». Esta frase se le ha escapado a la juez de la Audiencia Nacional Ángela Murillo durante el juicio contra el exjefe de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, acusado del asesinato el 14 de julio de 2001, después de que le colocaran una bomba lapa en su furgoneta, del concejal de UPN en Leitza (Navarra), José Javier Múgica. Parece que la Sra. Juez no se ha enterado de las últimas noticias sobre la ETA. ¡Muy mal, Sra. Juez! Casi todo el mundillo político y social anda festejando el último comunicado de la banda y usted en Babia.

¿Acaso no ha escuchado al insigne experto en política y fogones, Sr. Arguillano? Pero, si está muy clarito, mujer, que los de ETA ya no van a matar ¡palabrita del Niño Jesús! Y cada pueblo tiene derecho a decidir su destino. Sí, cada pueblo, como lo oye. Lo dicen los de ETA también en su comunicado. Hay algún problemilla para delimitar qué se entiende por cada pueblo porque no está claro si hay que incluir a los que se han tenido que marchar del País Vasco o se puede prescindir de ellos, al igual que se prescinde de los que han sufrido en carne propia y de modo irreversible los efectos colaterales del “conflicto armado”. Pero, en fin, si Arguiñano lo tiene claro y con fundamento para qué molestarse en hacer análisis sobre las soluciones a este tema. Él tiene la receta y la comparte con los ilustres mediadores internacionales que nos han visitado y nos han dicho lo que hay que hacer. No, no se preocupe Sra. Juez, que lo tienen muy clarito: lo de las voluntad emanada de las urnas no cuenta, no. Cuenta mucho más la voluntad humeante surgida de los 9 mm parabellum y de las bombas lapa. ¿Cómo se va a comparar a la hora de decidir el futuro la autoridad y prestigio moral de los asesinos de inocentes que las de las víctimas y el resto de los ciudadanos?

Y si se ha perdido las magistrales declaraciones del indocumentado cocinero, ahí tiene las del nacionalista Durán y Lérida que dirigiéndose a las víctimas les ha dicho que no es hora de venganza, sino de generosidad. Es normal que este señor confunda venganza con justicia que para eso milita donde milita, pero que su opinión sea secretamente compartida por muchos debería ser preocupante.

En fin, Sra. Juez, que debería haberse enterado de que ahora las cosas son diferentes, que hay que situar en el mismo plano a víctimas y verdugos. ¿Acaso tampoco ha escuchado al Sr. Urkullu? Vaya por Dios. Dése cuenta que los familiares de los etarras sufren muchísimo porque a veces tienen que recorrer muchos kilómetros para visitar en las prisiones a sus angelitos y se han dado casos, fíjese, de que se han producido accidentes en los desplazamientos. ¿Y de quién es culpa, eh? Pues del “conflicto armado” que el represor estado español se obstina en mantener. Ni más, ni menos. Los familiares y amigos de los angelitos etarras son víctimas por culpa del estado represor que encierra a sus criaturitas, esas que se suelen mear encima cuando las detienen, por haberse visto obligadas a matar niños en casas cuartel, a funcionarios, a periodistas, a jubilados o a cualquiera que se haya hecho acreedor de la justicia de los valientes gudaris.

¿Cómo ha podido Sra. Juez llamar cabrón a este angelito “Txapote”? Este “valiente” gudari que descerrajó un tiro en la nuca a un indefenso y maniatado Miguel Ángel Blanco o a Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, José Antonio Santamaría, José Manuel Olarte, Alfonso Morcillo, Enrique Nieto, Francisco Arratibel, Juan José Baeza, Tomás Caballero, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Francisco Javier Gómez Elosegi o Manuel Zamarreño entre otros, no es un cabrón, no. Es algo mucho peor e incalificable al igual que los que le apoyen y jalean con sus votos. Sinceramente, Sra. Juez, no comprendo su actitud. ¿Qué le han hecho a usted todos los cabrones de este país para que usted les ofenda de esta manera tan cruel situándoles al mismo nivel que esta alimaña?

Santiago de Munck Loyola