La izquierdona irredenta y Estrasburgo.

La sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot ha suscitado toda clase de reacciones entre la opinión pública y entre los dirigentes políticos españoles. Frente a la generalizada indignación que supone el hecho de que en virtud de esta sentencia muchos asesinos múltiples, violadores y terroristas sanguinarios vayan a salir de las prisiones y de que, por tanto, les haya salido muy barato el daño que han causado a sus víctimas se han alzado algunas voces, cuando no complacientes, sí profundamente satisfechas con el resultado de la sentencia. Y no, no se trata de la evidente satisfacción y alegría del entorno etarra tanto en su vertiente legalizada por el Constitucional como en su vertiente ilegal y clandestina, sino también de una parte de la izquierda española, la izquierdona irredenta a la que le ha faltado tiempo para congratularse por una sentencia que consagra una profunda injusticia y que propina un doloroso golpe a las víctimas, a sus familiares y a las personas decentes de nuestro país.
Los portavoces del PNV han sido más prudentes que otros a la hora de valorar esta sentencia y han pedido moderación al entorno etarra y le han recordado que no tienen motivos de orgullo que exhibir. No hay que olvidar que aunque excepcionalmente también gente próxima al nacionalismo moderado vasco ha sufrido en alguna ocasión los zarpazos de la banda asesina, pero es inevitable recordar igualmente la famosa frase del Sr. Arzallus “unos sacuden el árbol y otros recogemos las nueces”, para entender esa calculada ambigüedad que siempre ha caracterizado al nacionalismo vasco en relación a la violencia etarra. Las reacciones del mundo proetarra han sido más o menos las esperadas: satisfacción, alegría y ausencia absoluta de arrepentimiento.
Pero en el ámbito de la izquierda, una vez más, se han puesto al descubierto los verdaderos rostros y simpatías de algunos. Llama poderosamente la atención, sobre todo al que no conozca la auténtica trayectoria ideológica de ese furgón escoba que es Izquierda Unida, cómo muchos de sus dirigentes se han apresurado a aplaudir la sentencia de Estrasburgo subrayando su papel defensor de los derechos humanos y su supuesto triunfo sobre el anormal funcionamiento, a su juicio, de nuestro Estado de Derecho. El Diputado de IU, Alberto Garzón, se apresuró a escribir en su twitter lo siguiente “Buena noticia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado la condena a España por violar los derechos en la Doctrina Parot”. Ni una palabra del Sr. Diputado respecto a las víctimas, ni una línea sobre los derechos humanos de las mismas. Claro que lo de su jefe de filas, el Sr. Llamazares, es también de nota. El diputado comunista pidió lo obvio que el Gobierno acatase el fallo de Estrasburgo y que no buscase subterfugios, como «retenciones ilegales», que pudieran llevar a futuras condenas de Europa. Según él, la decisión de Estrasburgo era “justa”y «ajustada a derecho» y avergüenza al Gobierno y a las instituciones españolas, como el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, quienes han sufrido un gran «varapalo». Don Gaspar parece no saber distinguir entre una decisión legal, ajustada a derecho, y una decisión justa, ajustada a los cánones éticos y morales imperantes en una sociedad occidental. Al igual que su colega Garzón, Llamazares tampoco dedicó ni un minuto a valorar el dolor de las víctimas, ni el alcance y significado de la palabra Justicia para ellas. Aunque a alguien le pueda sorprender esta actitud no es nueva en Izquierda Unida, viene de lejos. En esta formación siempre ha existido una fuerte tendencia a posicionarse de forma extraña en relación al terrorismo y a su represión. Posición, en cierto modo, antisistema que termina por separarles de las víctimas y a acercarles, en nombre de su peculiar interpretación de la defensa de los derechos humanos, a la coincidencia con los planteamientos, supuestamente antirepresivos, de los defensores de los violentos. En perfecta sintonía con esa tendencia, allí donde gobierna IU, como en el caso de Rivas-Vaciamadrid, se emplea dinero público y se ceden espacios públicos para la organización de conciertos en los que los amigos y cómplices de los violentos encuentran acomodo. En ese municipio, año tras año, IU de Rivas abre las puertas del municipio a Fermín Muguruza, a Berri Txarrak, a Banda Bassotti o Riot Propaganda… ¿por qué será? Es lo de siempre, el mismo maniqueísmo que la izquierdona emplea a la hora de condenar unos regímenes totalitarios porque son de derechas y de bendecir otros porque son de izquierdas es el empleado a la hora de defender los derechos humanos de las víctimas o de los verdugos.
Y si examinamos la reacción socialista ante el varapalo judicial a la dignidad, la memoria y la justicia para las víctimas resalta sobre todo el profundo cinismo de algunos de sus dirigentes. No hay ninguna duda de que la derogación de la Doctrina Parot fue negociada con la banda asesina, así como la legalización del brazo político de la basura etarra. Hoy tenemos a terroristas sentados y subvencionados en las instituciones democráticas y el fin de la Doctrina Parot, fin en el que ha participado un juez designado por el Zapaterismo, el Sr. López Guerra. Aquella negociación, caso Faisán incluido, se hizo siendo Ministro del Interior el Sr. Rubalcaba quien entonces debía saber y haber previsto lo ahora está diciendo en relación a este asunto, que la sentencia va a tener “consecuencias muy dolorosas para mucha gente” y que el Estado “tendrá que estar atento para evitar y paliar el sufrimiento de la gente”. ¡A buenas horas, mangas verdes! Pero, al margen de la repetida simpleza sobre la necesidad de acatar la sentencia ¿alguien ha escuchado a Rubalcaba pronunciarse a favor o en contra de la Doctrina Parot?
Entre la izquierdona irredenta y la pastelera parecen olvidar que la defensa de los derechos humanos pasa, en primer lugar, por los de quienes con el sacrificio de su propia vida han conseguido que unos y otros puedan hoy expresarse con absoluta libertad y en los términos en los que lo hacen. Parece que muchos olvidan el tremendo precio que muchos españoles han tenido que pagar por la libertad y la democracia para todos. Y es que la gratitud no es una virtud al alcance de todo el mundo.
Santiago de Munck Loyola

Nuestro Bárcenas es su musa.

La incesante lluvia de noticias sobre el Partido Popular, sobre sus cuentas y sobre Bárcenas estará causando entre los votantes y, sobre todo, entre los militantes populares mucho desconcierto, desasosiego o indignación y más entre aquellos que llevan en el Partido Popular toda la vida, los que no provienen de otros partidos, porque seguramente se resistirán a creer lo que oyen o leen y porque no se identificarán con la imagen pública que se está creando. Hay que dejar cierto reposo y reflexionar bastante antes de otorgar credibilidad a lo que estamos escuchando.
Es cierto que esa supuesta contabilidad que se ha hecho pública y que nadie ha desmentido refleja gastos que no son acordes con lo que los populares hemos venido defendiendo como criterios de actuación política en el ámbito de las administraciones públicas. Esos gastos reflejados pueden desvelar muchas cosas, pero desde luego no se puede hablar ni de principios de austeridad ni de eficacia en el gasto cuando se analizan esas partidas: lencería, tabaco, ponis, comilonas, etc. No parece muy ético que la dirección provincial de Alicante se gastase tan sólo en el año 2011 más de 35.000 euros en comilonas, tal y como se ha publicado. Y más si se tiene en cuenta que un año después se pide un euro por afiliado para tapar un agujero de más de 100.000 euros sin explicarnos de dónde viene. ¿Qué militante daría el visto bueno a esos gastos? Más bien pocos. El dinero gastado de tan alegre forma provenía de subvenciones públicas, de donaciones y de cuotas de afiliados. Todo aquel que sienta que su dinero ha sido mal empleado, por usar un término suave, tendrá cuando menos el derecho a pedir las explicaciones que considere necesarias. Y el Partido Popular deberá darlas.
Pero el principal asunto que está ocupando las portadas y que tiene a todo el mundo en vilo es el asunto Bárcenas. Las últimas declaraciones del ex tesorero popular son de lo más inquietante y están siendo aprovechadas por la izquierda de forma bastante miserable, por cierto. Del asunto de los sobresueldos ahora se ha pasado a una presunta financiación ilegal del Partido Popular y se exige la comparecencia ipso facto del Presidente Rajoy tras cada nueva revelación, su inmediata dimisión y hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. Bárcenas se ha convertido en el perfecto aliado de la izquierda  que da por ciertas todas y cada una de sus afirmaciones las pruebe o no, se contradiga o no con declaraciones anteriores. ¿De qué estamos hablando realmente? Hay dos asuntos importantes en todo este embrollo: de una parta las afirmaciones de Bárcenas relativas a que ha ido repartiendo en la cúpula popular sobresueldos, a que dichos sobresueldos han podido ser en B (es decir, engañando a hacienda) y a que algunos de ellos podrían haber sido percibidos por ministros de Aznar, entre los que se cita a Rajoy, teniéndolo prohibido y, de otra parte, relativas a la posible financiación irregular o ilegal del Partido Popular. Salvo el famoso cuaderno de Bárcenas reflejando una hipotética contabilidad B del Partido Popular no ha aparecido aún prueba alguna que sustente todas las acusaciones del “cabrón” de Luis. Se sabe que el Sr. Bárcenas posee una considerable fortuna y se sospecha que su origen no es el que él cuenta. Se sospecha, pero aún no se sabe, que ese dinero puede provenir de donaciones superiores a las legalmente permitidas que el Sr. Bárcenas podría haber repartido con un exceso de caridad hacia si mismo, ya se sabe, la mitad para él, la mitad para el partido. De momento hay declaraciones suyas contradictorias, un cuaderno con una supuesta contabilidad B que él ha fabricado y unos SMS que no comprometen legalmente, aunque puede que moralmente sí, al Presidente Rajoy. Y con estos ingredientes el PSOE la está montando. Hay que reconocer que el Sr. Bárcenas le ha venido muy bien a los socialistas. Y en esta ocasión, como en el 11M, el Partido Popular está gestionando muy mal, muy torpemente la crisis. Por cierto, Bárcenas no chantajea al Estado de Derecho, si está haciendo algún chantaje será, en todo caso, al Partido Popular y a sus dirigentes. Las cosas claras.
Con la munición de Bárcenas, el PSOE ha aprovechado para pedir que Rajoy comparezca, para pedir su dimisión, para romper relaciones con el Partido Popular (¡qué les importa el paro o la ruptura de España!) y para anunciar hasta una hipotética moción de censura condenada al fracaso de antemano. El PSOE con un candidato al que ni en su casa lo quieren como tal, sin acuerdos parlamentarios viables y creíbles y sin los votos necesarios para que prospere está dispuesto a usar el mecanismo de censura con total y absoluta irresponsabilidad, sólo para hacer ruido y para desgastar más al gobierno. No hace falta insistir, por cierto, que a los socialistas además de un candidato solvente, además de los votos, les falta legitimidad moral para poder articular una moción de censura y es evidente que los responsables y encubridores en estos momento del latrocinio de más de 1.000 millones de los ERES andaluces carecen de legitimidad moral alguna, al igual que sus cómplices encubridores de IU de Andalucía. Estos no quieren moción de censura, quieren elecciones anticipadas para aprovechar el tirón vaticinado por las últimas encuestas. Su motivación es sólo pragmatismo electoral.
No hay por ahora prueba alguna de la existencia de sobresueldos ilegales en la cúpula popular (hechos en B o estando vigente alguna prohibición expresa como en el caso de los ministros). Tampoco hay prueba de financiación ilegal. Pero aún en este supuesto no está de más alguna observación. La financiación ilegal de los partidos políticos no es un delito. Puede que la haya en el Partido Popular, aún no se sabe y habrá de demostrarlo, pero hasta el día de hoy sí ha habido partidos condenados por casos de financiación ilegal. Tenemos el caso reciente de Unión Democrática de Cataluña y tenemos el lejano caso del PSOE con FILESA, MALESA Y TIME EXPORT. ¿Dimitió Felipe González por aquello? ¿Dimitió por haber nombrado en los cargos orgánicos de su partido a los que organizaron aquel tinglado? Evidentemente no. No resulta por tanto muy coherente que quienes entonces defendieron la continuidad de González reclamen ahora con tanto teatro la doctrina contraria. Y esto no quiere decir, ni mucho menos, que quienes creemos en la regeneración democrática no pensemos ni vayamos a dejar de exigir que se depuren responsabilidades, caiga quien caiga, si se demuestran irregularidades en la financiación de Partido Popular. Pero haya que exigir cada cosa en su momento y hacerlo cuando se puede hacer, es decir, cuando se tiene legitimidad moral y política para hacerlo.
A pesar de la desazón, de la tristeza y de la incertidumbre que muchos puedan sentir desde sus ideales políticos, ahora puestos en cuestión, hay que tener la certeza de que de esta negativa experiencia, de esta oscuridad política saldrá algo positivo. Más luz, más transparencia y más democracia interna que digan lo que digan sigue siendo el mejor antídoto contra estas situaciones.
Santiago de Munck Loyola

Del cordón sanitario a “un pacto por favor”.

¡Cómo cambian los tiempos! Hace pocos años, ayer como quien dice, el Sr. Rubalcaba, junto a los demás miembros de su partido, era uno de los promotores de aquella estrategia antidemocrática llamada del “cordón sanitario” al PP o lo que es lo mismo, al “PP ni agua”. El PSOE promovió entonces un aislamiento político al Partido Popular a todos los niveles, promoviendo cualquier tipo de alianzas y pactos con cualquiera con tal de no acordar nada con el Partido Popular. De esta forma y durante dos legislaturas, el PSOE, con un respaldo electoral muy inferior al que obtuvo el Partido Popular en las últimas elecciones, tomó toda clase de decisiones e impulsó todo tipo de reformas legislativas sin sentarse a hablar con el Partido Popular, sin diálogos, ni consensos, que para eso estaba en vigor el llamado “cordón sanitario”. Si acuerdos con el principal partido de la oposición y con un visible ánimo revanchista, los socialistas deshicieron todo lo que pudieron y a veloces de vértigo: la reforma educativa, el Plan Hidrológico Nacional, la política antiterrorista, la política exterior renunciando al mayor peso obtenido para España en la Unión Europea, etc. Hasta la ley de aborto fue objeto de una importante reforma sin contar para nada con la oposición consiguiendo que España sea el único país del mundo en que las menores puedan abortar sin conocimiento ni autorización de sus padres.
Hoy, el panorama es muy distinto. El Sr. Rubalcaba y los suyos, además de seguir horadando su suelo electoral, por cierto con excelentes resultados, no dejan de ofrecer supuestos pactos y no paran de apelar al diálogo al Gobierno. Un diálogo que ellos nunca ofrecieron y un consenso que siempre negaron. Hoy cualquier reforma del nuevo gobierno es sistemáticamente descalificada, es tachada de contrarreforma al mismo tiempo que se ofrecen pactos. La experiencia demuestra cómo construye y cómo gestiona los pactos el PSOE y no hay más que recordar lo sucedido en torno al pacto antiterrorista.
La última generosa oferta del Sr. Rubalcaba versa sobre la política económica. Es verdad que el PSOE pide ahora muchas cosas que no quiso, pudo o supo hacer como se ha visto en el tema de la dación en pago pero, ahora, la nueva propuesta socialista introduce elementos tan novedosos como curiosos, algunos incluso fuera de la esfera del sentido común. El Sr. Rubalcaba acaba de presentar una serie de medidas para pactar con el Gobierno. Como era de esperar, los socialistas se decantan por seguir tirando del dinero público sin concretar de dónde piensan que se podrían obtener los recursos necesarios para ello sin subir los impuestos o sin incrementar el endeudamiento público, cuyos intereses nos están ahogando. El PSOE propone  créditos de hasta 30.000 euros por cada contrato indefinido de un desempleado, por ejemplo, o que las empresas de menos de 50 trabajadores que amplíen su plantilla con desempleados y la mantengan durante el tiempo de aplicación de los estímulos laborales, tengan una bonificación extraordinaria del 100 % de las cotizaciones sociales el primer año, el 75 % el segundo y el 50 % el tercero, aumentando así el desequilibrio de sus cuentas o la creación de un Fondo de Emergencia contra la Pobreza, con una dotación de hasta mil millones de euros para 2013, sin especificar de dónde se saca ese dinero.
La propuesta de pacto al Gobierno abarca la política de vivienda, control de precios, modelo fiscal, modelo de crecimiento y política industrial, reformas en el sector de la energía y de las profesiones reguladas, reforma de las administraciones públicas y una ley de transparencia pactada, como si no pudieran llegar a acuerdos en el trámite parlamentario de la que se está tramitando. Y tiene su miga que en cuanto a las pensiones, el PSOE advierta que no apoyará nuevas reformas sin el consenso de los integrantes del acuerdo tripartito que modificó el sistema en 2013, y aboga por mantener el pacto de Toledo, suscrito hace 20 años y que, afirma el documento, «es un activo intangible que debe ser preservado». Un activo intangible siempre y cuando que el que lo toque no sean ellos, se entiende.
Parece que ya ha quedado claro que esa ocurrencia de tocar el dinero del rescate bancario para otros fines diferentes a los que tenía asignado no tiene encaje legal en la Unión Europea y que la peregrina propuesta de dar dinero a las empresas a cambio de que no se produzcan despidos, se ha encargado el mismo Felipe González de tirarla por tierra.
Es evidente que los dirigentes socialistas siguen a lo suyo, en no reconocer los errores y las responsabilidades que nos han traído hasta aquí, en insistir en modelos y políticas económicas suicidas, en seguir profundizando en estrategias suicidas y en intentar hacer creer que tienen una alternativa cuando lo que en realidad proponen es una fotocopia de su pasado más reciente. Rubalcaba y los suyos van a conseguir hacer realidad de frase del recientemente fallecido Giulio Andreotti de que el “poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene”.
Santiago de Munck Loyola

El Debate del estado de la Nación 2013.

Tras el paréntesis del año 2012, hoy se ha iniciado el vigésimo tercer debate sobre el Estado de la Nación, continuando con una tradición parlamentaria que se remonta al año 1983. Mucho ha cambiado España en estas tres décadas y mucho ha cambiado también el nivel parlamentario si se compara con aquel primer debate protagonizado por Felipe González como Presidente del Gobierno y Manuel Fraga como líder de la oposición. Hoy, los principales adversarios se han estrenado en sus funciones. Por primera vez, Mariano Rajoy ha intervenido como Presidente del Gobierno y Alfredo Pérez como líder de la oposición. Uno y otro habrán gustado más o menos a los ciudadanos que hayan tenido las ganas y la paciencia de seguir el debate, pero seguramente cada uno habrá convencido a los miembros de su bancada y, por supuesto, a los tertulianos y comentaristas políticos afines que no suelen andarse con matices.
Y ¿cómo está la Nación? ¿Mejor o peor que hace un año y medio? Pues depende de los parámetros que usemos para medir ese estado. Si nos quedamos en los síntomas, la fiebre sigue subiendo. Si nos fijamos en las causas parece que la infección que causaba la fiebre ha empezado a tratarse adecuadamente y que los antibióticos administrados empiezan, lentamente, a hacer efecto. Es evidente que a muchos les molesta que se hable de la herencia y piensan que se trata de una excusa para justificar el actual estado económico y social de la Nación, pero un año en los ciclos económicos es muy poco tiempo aunque a los ciudadanos se nos haga eterno. Hoy estamos donde estamos porque hace 5 ó 6 años no se adoptaron las medidas ni las reformas que debían haberse tomado o, por el contrario, se adoptaron decisiones que sólo han servido para agravar la situación actual. Hay quien va más lejos y apunta que nuestros males actuales provienen de los gobiernos de Aznar. Si fuera así, si estaban convencidos de ello, no queda más remedio que preguntarse cómo es posible que durante los 7 años siguientes no se hiciese nada por corregir el rumbo de la economía ni se propiciase un cambio en el modelo productivo. Es más, resulta inexplicable que durante esos 7 años se incidiese en ese modelo y se exhibiese como propios los logros derivados del impulso de aquellas políticas. Sólo hay que recordar lo de la “Champion league” de las economías y otras simplezas similares.
La Nación sigue teniendo fiebre, tos y dolor de cabeza. Se han aplicado fármacos que parecen que pueden funcionar y no hay tratamientos alternativos creíbles a la vista. Y es evidente que estos fármacos tienen numerosos efectos secundarios que a nadie gustan.
Hoy, el Presidente del Gobierno ha reconocido la persistencia de los síntomas y ha anunciado una serie de medidas para tratar de fortalecer el debilitado cuerpo de la Nación: estímulos para la contratación de jóvenes, impulso a los emprendedores, nuevas inyecciones para el pago a proveedores, modificación del sistema de ingreso del IVA, etc. Ha ofrecido un pacto a todos los grupos para combatir la corrupción y ha anunciado igualmente medidas concretas para su erradicación. También hay que resaltar sus referencias al problema territorial originado por los independentistas y su compromiso con la defensa de la Constitución y al respeto a la soberanía del pueblo español. Su intervención ha sido paralela, en gran parte, a la escala de preocupaciones de los ciudadanos que recientemente subrayaba la encuesta del CIS. Sin embargo, siendo la corrupción una preocupación de los ciudadanos y que está vinculada a una preocupación aún más importante como lo es la actitud de la clase política no ha hecho un análisis, ni ha esbozado ninguna propuesta que pueda hacer cambiar esa negativa percepción ciudadana. Tampoco ha querido entrar en ese tema el líder de la oposición que no debe compartir esa percepción negativa que los ciudadanos tenemos sobre la clase política y se ha centrado en el problema colateral generado por parte de esa misma clase política para utilizarla como arma arrojadiza. Parece que el estado de la Nación no es bueno, pero el de la clase política es estupendo a juzgar por la falta de autocrítica evidenciada en el debate.
Ambos líderes están “tocados” en su credibilidad política. El Presidente del Gobierno ha tenido el gesto, poco habitual por cierto, de reconocer que no ha cumplido parte de sus compromisos electorales por culpa de la situación que se encontró al empezar a levantar las alfombras del poder. Pero no se puede olvidar que si el trabajo que el Partido Popular desarrolló en su última etapa de oposición hubiese sido distinto, habrían podido tener, pese a las reiteradas mentiras del anterior Gobierno, un análisis mucho más ajustado de la situación real y ello habría impedido realizar promesas electorales que, de momento, no se pueden cumplir.
Por otra parte, el líder de la oposición es co responsable de las acciones y omisiones del anterior gobierno causantes, en gran medida, de la situación actual. Por citar el mismo ejemplo escuchado esta tarde en el debate, si en el 2007 empezaron a crecer exponencialmente las ejecuciones hipotecarias y su Gobierno no adoptó ni una sola medida de reforma e incluso se opuso en 2010 a la consideración de la dación en pago ¿qué credibilidad pueden tener sus críticas a las medidas que hoy adopta el nuevo Gobierno? ¿Qué credibilidad puede tener el líder socialista cuando teniendo más de 120 causas abiertas por presuntos casos de corrupción en toda España su gobierno no propuso ni adoptó ninguna medida para su erradicación?
Habrá a quien le interese quién ha ganado o perdido este debate, quién ha estado mejor o peor. Pero lo relevante, lo importante es saber si este debate ha servido para que los ciudadanos ganemos algo o no, para que la Nación perciba o no que sus políticos están haciendo lo que deben para servir a los ciudadanos. España está para pocas peleas de gallos. Necesitamos soluciones a los problemas del día a día y esperanzas de un futuro próximo mejor. Lo demás, sinceramente, aburre bastante.
Santiago de Munck Loyola

La clase política, la tercera preocupación de los españoles.

Durante las últimas semanas, la corrupción se ha situado en el primer plano de la agenda política y en titular permanente de los diferentes medios de comunicación. Este protagonismo, sin duda merecido, contrasta mucho con las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos según la última encuesta del CIS: el paro en primer lugar, la situación económica en segundo y la clase política en tercer lugar. A mucha distancia se sitúa la corrupción como principal preocupación para un 5 % de los ciudadanos. Es comprensible y saludable que los medios de comunicación conviertan a los diferentes casos de corrupción en titulares de sus portadas, pero no lo es tanto que los principales dirigentes de los partidos políticos, salvo excepciones, sigan el mismo camino. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de los partidos políticos, sino que existe en muy diferentes ámbitos de la actividad económica y social. La corrupción es, además, un problema que forma parte inseparable de la tercera preocupación de los españoles: el comportamiento de la clase política. El desapego y el hartazgo de muchos ciudadanos de la política y de los políticos no se debe únicamente por los casos de corrupción existentes, sino por actitudes y comportamientos de una parte de la clase política. Hay un desprestigio generalizado de la política y, por ello, la actuación de la clase política se ha convertido en la tercera preocupación de los españoles.
Proponer a estas alturas medidas concretas para luchar contra la corrupción no solamente es insuficiente, sino que, además, demuestra cierta ceguera o falta de perspectiva a la hora de abordar el problema de fondo. Es aplicar un tratamiento a sólo una parte del problema que es mucho mayor según percibe una buena parte de la población. El catálogo de medidas que recientemente ha propuesto el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, son, además de oportunistas, poco sinceras y bastante ineficaces porque no entran en el fondo del problema. Estamos viendo casos de corrupción imputables a la codicia de determinadas personas y casos de corrupción que responden a la necesidad de aplacar las insaciables maquinarias de los partidos políticos. Para los primeros, el mejor antídoto es la modificación de la Ley que rige las contrataciones de las administraciones públicas acabando con los criterios subjetivos de adjudicación existentes que permiten el uso de la discrecionalidad de políticos o técnicos. Para los segundos, además de lo anterior, es preciso reformar profundamente la ley de financiación de los partidos políticos para establecer una clara y pública contabilidad de los mismos, para acabar con las donaciones anónima y que todos podamos saber quién financia a quién y para eliminar cualquier subvención para los mismos. Los partidos deberían ser capaces de funcionar con las cuotas de sus afiliados y con las donaciones públicas recibidas y consecuentemente ajustar sus maquinarias y sus gastos a su propia capacidad de financiación. A lo mejor así, tendrían que volver a apelar al trabajo desinteresado de su militancia, al voluntariado y, con ello, se verían obligados a sustentarse en la democracia interna y en la participación de las bases.
Ha habido también quien en estos días ha ido más lejos en el problema que afecta a la imagen de la clase política, como Esperanza Aguirre. La Presidenta de los populares madrileños ha venido haciendo públicas algunas reflexiones que sí permiten aportar parte de las soluciones que habrían de impulsarse sino queremos que el sistema político se colapse. Algunas de estas ideas son interesantes y merecen ser desarrolladas. Ha hablado sobre la necesidad de que quien vaya a ocupar un cargo público haya cotizado previamente a la seguridad social, es decir, que sepa lo que es ganarse la vida por su cuenta, sin el paraguas del partido. Y tiene mucha razón. Todos conocemos a muchos cargos públicos, alcaldesa, concejales o diputados, que nunca han trabajado salvo en la política, que no saben lo que significa ganarse la vida en esta sociedad tan competitiva. No son políticos profesionales, algunos ni siquiera han sido capaces de terminar sus estudios, sino que son profesionales de la política. Sus méritos suelen ser la docilidad, el amiguismo o el parentesco. Empiezan con 23 ó 25 años a asesorar a un Ministro, como si supieran algo, y terminan sentándose en un escaño o dirigiendo un Ayuntamiento. Ahora bien, daña a la credibilidad de la propuesta cuando se formula teniendo a su lado al sonriente ex alcalde de Alcalá de Henares y diputado autonómico jugador de iPad en sesiones plenarias, Bartolomé González, que desde que tenía poco más de 20 años ha vivido siempre de la política.
Otra de las reflexiones lanzada por Esperanza Aguirre se refiere a la necesidad de implantar las listas abiertas para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes con más libertad y no mediante listas impuestas por los partidos. Sin embargo, de llevarse a cabo esta propuesta sin más no se cumpliría el objetivo deseado. Hoy tenemos listas abiertas en el senado y, sin embargo, los votantes señalamos con una cruz a unos candidatos impuestos por las cúpulas de los partidos políticos sin contar con la voluntad de sus propios militantes. Parece incongruente proponer más libertad al votante a la hora de elegir y no hacerlo en el ámbito interno de los propios partidos políticos. Una organización política con cientos de miles de afiliados a los que no deja pronunciarse sobre quiénes han de representarles en las instituciones públicas padece evidentemente de un déficit democrático. Sin abrir los cauces internos de participación previamente resulta insuficiente plantear las listas abiertas. Y lo mismo vales en cuanto al sistema vigente en la mayoría de los partidos para autoorganizarse: los procedimientos internos electorales van de arriba abajo y no a la inversa. Se eligen primero a los líderes nacionales, éstos después influyen para que resulten elegidos los regionales de su agrado y así hasta los locales. Con ello, todo el proceso electoral interno queda viciado.
Hay más cuestiones sobre las que se podría seguir hablando y que afectan a la mala imagen de la clase política: los privilegios fiscales, los beneficios en materia de pensiones, la falta de transparencia en sus gastos, el abuso de las instituciones públicas para la colocación de amigos o familiares, la falta de ejemplaridad de muchos, etc. Falta, en definitiva, un análisis más profundo sobre las causas que originan el desapego ciudadano hacia los políticos y la política en general. Hoy, más que nunca, cuando los problemas agobian a los ciudadanos volvemos nuestras miradas hacia quienes tienen en su mano la solución de nuestros problemas y, en muchas ocasiones, nos sentimos huérfanos porque percibimos que estamos en dos mundos, en dos realidades diferentes. Lo malo es que si no se corrigen a fondo esas causas, esos dos mundos terminarán por colisionar.
Santiago de Munck Loyola

Ataques irresponsables y defensas estúpidas.

Hay que lo que está dando de si todo el asunto de los supuestos papeles de Bárcenas tan aireados por el Grupo Prisa y tan aplaudidos los socialistas. Y lo que te rondaré, morena, como decía aquel. Acusaciones, desmentidos, pruebas caligráficas, contra pruebas caligráficas, ruedas de prensa, comparecencias, declaraciones, ruedas de prensa y lo que queda por venir. Hay que resaltar algunas cosas en medio de tanto lío, de esta ceremonia de la confusión y de este ensayo de deslegitimación y derribo callejero del Gobierno de España.
De una parte, la irresponsable actuación del principal partido de la oposición, el PSOE, y de su líder, con mando pero sin liderazgo, Sr. Pérez Rubalcaba. Hay lujos que se pueden permitir los líderes de los grupos minoritarios, siempre dispuestos a la algarada y a los exabruptos, como el Sr. Cayo Lara que no tiene sobre su formación excesivas acusaciones de corrupción por la sencilla razón de que no gobierna en muchos sitios pero que si lo hiciera le pasaría como en Rivas-Vaciamadrid, donde el dinero público se usa de forma poco escrupulosa y donde procesan a algún que otro concejal de su formación política por actitudes poco ejemplares y presuntamente ilegales, eso sí, con el silencio cómplice de la prensa local. Pero el Sr. Pérez Rubalcaba al que la presunta vacunación recibida con ocasión de Filesa no le ha debido hacer ningún efecto visto el caso de la Fundación Ideas y de los EREs andaluces (1.000 millones de euros saqueados por un entramado organizado en la Junta de Andalucía) no se puede permitir esos lujos, ni mucho menos. No se trata sólo de que no está libre de pecado, sino que, además, demuestra una baja catadura moral quien sobre la base de pruebas más que dudosas pone en cuestión la honorabilidad de muchas personas y, nada menos, del propio Presidente del Gobierno cuya trayectoria, en este campo, ha sido siempre ejemplar. La inocencia no hay de demostrarla. Al revés, quien acusa debe probar sus acusaciones y sin haberlo hecho no de puede ir pidiendo la dimisión de nadie cuando ni siquiera hay acusaciones o imputaciones sobre ninguna persona de la cúpula del Partido Popular. Hacerlo además cuando hay tanto en juego en el exterior, repito, sin indicios sólidos, es, además, una muestra del que “todo vale” con tal de volver a la Moncloa. Todo suena demasiado a lo ocurrido hace casi 9 años, fabricación de pruebas falsas, testimonios inverosímiles, agitación en las redes sociales, algarada callejera, asedio a las sedes de Partido Popular,… típico del “comando Rubalcaba”. Claro que quien no ha querido reabrir las investigaciones pendientes de aclaración, tampoco está ahora en condiciones de quejarse de que se repita, sin sangre esta vez, la historia. A lo mejor el Sr. Rubalcaba debería estar explicando ahora de donde proviene su fabuloso patrimonio ( 1.223.154.- €) amasado durante el mismo tiempo que Rajoy se ha dedicado a la política o cómo bajo su mandato algunos policías colaboraron con banda armada en el llamado caso “Faisan” o por qué bajo su mandato desaparecían cientos de kgs. de cocaína de la Comisaría de Sevilla o muchos otros interrogantes dejados sin responder tras su paso por la política y por diferentes Gobiernos.
De otra, hay que destacar que algunos estarían mejor calladitos en vez de decir estupideces a la hora de defender la actuación del Partido Popular. Si uno no sabe qué decir, mejor callarse, Si uno no sabe de qué se habla, mejor no abrir la boca. Y si uno tiene que mentir, mejor no hacerlo. Es el caso del Sr. Floriano. Hoy se ha cubierto de gloria y ha hecho un espantoso ridículo ante los medios de comunicación. Cuando le han preguntado por qué el ex marido de Ana Mato seguía estando contratado por el Partido Popular pese a estar imputado en el caso “Gürtel” no se le ha ocurrido otra cosa que decir que “es funcionario de esta casa” que tiene derecho a seguir cobrando un sueldo mientras no se le despida y que “a partir de ahí no podemos hacer más, los imputados no pueden ser despedidos legalmente”. Vamos a ver, Carlitos, ¿por qué mientes? El Partido Popular no es, por si no lo sabes, una administración pública y por tanto no tiene funcionarios, sino contratados laborales. Y como cualquier contratado puede ser despedido, esté o no imputado. Cuestión muy distinta es que dicho despido sea declarado procedente o improcedente y que en este último caso, y no readmitiéndole, se le hayan de abonar las cantidades que le Ley señala. Pero no cuentes películas, no tomes por idiotas a los ciudadanos. Si hay una cosa clara es que, en las actuales circunstancias, Jesús Sepúlveda debería haber sido despedido hace tiempo y si no lo ha sido es por puro amiguismo. Exactamente por la misma razón por la que fue promovido en 2003 a candidato a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón.
Haciendo memoria hay que recordar que Jesús Sepúlveda desplazó como candidato a Martín Crespo que llevaba 19 años como Alcalde de Pozuelo de Alarcón, mayoría absoluta tras mayoría absoluta, y que fue una imposición de las alturas de Génova pasándose, como suele ser habitual, la opinión de los militantes de Pozuelo de Alarcón  por el arco del triunfo. ¿Sus méritos? Ser el marido de Ana Mato, nepotismo puro, y pertenecer al llamado Clan de Valladolid, amiguismo puro. Los resultados de tan brillante elección a la vista están, imputado en el caso “Gürtel” y presunto beneficiario de pagos hechos por Bárcenas. Una vez más se demuestra que mientras no se abra paso la democracia interna en el seno del Partido Popular y en los demás partidos se seguirán repitiendo estos escándalos. Y si no que nos pregunten en Alicante qué militante pudo votar a los ediles que hoy nos representan en el Ayuntamiento de Alicante, cuya Alcaldesa también está imputada.
Lo dicho al principio, desgraciadamente ésto va para largo y cuando la tormenta pase, empezará otra porque nuestra clase política no parece estar por erradicar las verdaderas causas de la corrupción y porque para algunos todo vale cuando pierden el poder.
Santiago de Munck Loyola

Poca munición para Rubalcaba.

Todo este jaleo que han organizado las informaciones sobre las cuentas suizas del Sr. Bárcenas está dando mucho juego político aún antes de que hayan aparecido todos los cabos sueltos que parecen existir. La corrupción siempre ha sido un arma arrojadiza entre los partidos políticos; el “y tú más” está y ha estado siempre a la orden del día. Pero en todo este lío aparecen algunas declaraciones y actitudes muy significativas. No estamos ante un asunto aislado, un posible caso de corrupción en el paraíso de la honestidad pública, sino de un caso más, cuyo alcance e implicaciones está aún por conocer, entre una larguísima lista de casos que alcanzan a prácticamente a todos los partidos que tocan o han tocado poder. Y por eso, porque no es el primer caso, ni desgraciadamente el último, llaman la atención las declaraciones de unos y otros.
Sin señalar a nadie resulta extremadamente sospechoso el silencio de algunos en torno a las cuentas suizas del clan Pujol o del padre del Presidente de la Generalidad catalana; o la afonía crónica que han venido padeciendo otros respecto al fraude de los ERES en Andalucía que han supuesto la desaparición de muchos más millones de euros que los apuntados al Sr. Bárcenas en Suiza o del escándalo de Santa Coloma; qué decir de la falta de petición de  excusas a los españoles por haber montado toda una trama de financiación ilegal de su partido a través de empresas como Filesa, Malesa y Time Export; o el silencio ante el latrocinio de fondos reservados, el BOE, los huérfanos de la Guardia Civil; o el mirar hacia otro lado cuando se habla de la operación Campeón. En fin que la lista de los silencios, y no de los corderos precisamente, es interminable. Sin ir más lejos, cuando hoy mismo se preguntaba a algún responsable socialista sobre el pago de 600.000 euros de una Fundación socialista, nutrida con fondos públicos, a familiares y amiguetes de los más altos dirigentes socialistas responden sin despeinarse que se trata de “pagos legales y, por supuesto, morales”. Y se quedan tan frescos. La Sra. Soraya Rodríguez no debe saber lo que el nepotismo. Y para qué mencionar los problemas tributarios de la Sra. Valenciano en la Comunidad Valenciana, en Alicante sin ir más lejos.
Sin embargo, al que hoy le ha debido traicionar el subconsciente es al Sr. Pérez Rubalcaba. Interrogado sobre la propuesta del Presidente Rajoy para concluir un pacto contra la corrupción el Sr. Rubalcaba se desmelena y lo rechaza diciendo que PSOE y PP no pueden dar la impresión de que llegan ahora a un acuerdo para tapar las vergüenzas de un caso de corrupción. No, no se trata de eso, un pacto contra la corrupción no se formula para tapar las vergüenzas de nadie, sino para adoptar de forma conjunta las medidas legales y políticas que conduzcan a imposibilitar que se vuelvan a producir casos de corrupción. ¿En qué estaría pensando el Sr. Rubalcaba? ¿Qué quiere tapar? Y tratando de sacar pecho, como lo describe algún medio de comunicación, el Sr. Pérez Rubalcaba ha proclamado que “en el PSOE no hay un euro negro, ni cuentas en B, ni comisiones ilegales”. Estupendo, ya era hora. Pero esa afirmación ¿qué significa? ¿Qué en los demás partidos sí las hay? ¿Tiene pruebas de ello?
Estamos atravesando no solamente una dura crisis económica, sino también una peligrosa crisis política e institucional. En este contexto los partidos políticos deberían hacer un gran esfuerzo por recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos, cada vez más hartos de estos denigrantes espectáculos que manchan a toda una clase política compuesta en su mayoría por gente honesta. Hoy, como ayer, hay problemas de corrupción porque los partidos políticos no han resulto de forma clara el problema de su propia financiación y porque no han querido adoptar mecanismos de garantía y control en los procedimientos de contrataciones de las administraciones públicas o las regulaciones urbanísticas, ni han querido acabar con las grandes dosis de discrecionalidad que en ambos campos se aprecian. Es una asignatura pendiente y no se pueden permitir el lujo de volverla a suspender.
Le guste o no a la oposición socialista, la respuesta que el Partido Popular ha dado ante las informaciones publicadas sobre posibles irregularidades económicas ha sido rápida y certera. Tanto desde un punto de vista del funcionamiento interno del partido mediante una doble revisión de sus cuentas, como desde el punto de vista político con la próxima comparecencia de Montoro, el Presidente Rajoy ha establecido un camino transparente y lo ha hecho con una rapidez muy superior a la empleada por otros años atrás. Otra cosa es, y lo estamos viendo, que con estas medidas esté dejando sin munición a algunos francotiradores.
Santiago de Munck Loyola

La izquierda incoherente y sin memoria reciente.

En los últimos tiempos y especialmente en la última semana buena parte de los dirigentes de la izquierda  nos están ofreciendo todo un recital de incoherencia, de amnesia selectiva y de cinismo político. Cuando uno escucha determinadas declaraciones y observa algunos comportamientos no tiene más remedio que preguntarse si estos dirigentes políticos se creen realmente lo que dicen y hacen o si creen que los ciudadanos somos tontos o desmemoriados. Cuanto más grandilocuentes son sus descalificaciones sobre las diferentes medidas que ha ido tomando el Gobierno de Rajoy más se pone en evidencia, de una parte, la urgencia de su adopción y, de otra, que los causantes de las mismas son sobre todo los solemnes vociferantes socialistas y sus satélites sindicalistas.
El actual aparato dirigente de lo que queda del PSOE tras el émulo de Atila, Zapatero, parece que ha hecho suyo el enunciado de Goebbels “una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad” y, por ello, se han lanzado a una frenética carrera para condenar la revalorización de las pensiones para el año 2013 aprobada por el Gobierno de Rajoy. Sin cortarse un pelo repiten mil y una vez que el Gobierno no sube las pensiones o que las ha congelado y poniéndose al frente de la manifestación, los socialistas, los únicos que en las historia de la democracia congelaron las pensiones en 2010, tratan con la complicidad de los amnésicos grupos parlamentarios de la oposición de utilizar como tercera cámara legislativa al Tribunal Constitucional. Y sin despeinarse. Hay que ser muy cínicos, tener mucha cara dura y despreciar mucho al ciudadano para enarbolar una falsedad semejante y presentar un recurso de inconstitucionalidad. Si presentan un recurso contra este incremento de las pensiones ¿por qué no lo presentan de paso contra la congelación del año 2010? Si por una de esas extrañas cosas que a veces pasan en el Tribunal Constitucional ganasen el recurso todos los pensionistas se lo agradecerían eternamente.
No ha habido ninguna congelación de las pensiones para el año 2013. El Gobierno ha aprobado una revalorización de las pensiones que, eso es cierto, no alcanza el incremento que el IPC ha sufrido en el último año pero que, en todo caso, sí supone una mejora de las pensiones superior desde luego a la que el tandem Zapatero-Rubalcaba aprobó en el año 2010. Seguramente el Gobierno habría deseado poder subir las pensiones incluso por encima del IPC pero no lo ha podido hacer, entre otras cosas, por el inmenso agujero en las cuentas públicas dejado por el Sr. Rubalcaba y sus conmilitones. Ni tenemos un Gobierno masoquista al que le encanta fastidiar a los votantes para perder votos, ni tenemos un Gobierno irresponsable subido en una nube fumando brotes verdes, ni tenemos, afortunadamente, un Gobierno de conjunciones planetarias. Se podría comprender que el incremento aprobado fuese discutido en cuanto a su distribución en función de la cuantía de las pensiones para reclamar más incremento para las mínimas y menor para las más altas, pero no a eso se han dignado los amnésicos pirómanos de las calles.
Otro de los aspectos en los que buena parte de la clase dirigente de la izquierda está dando sobradas muestras de su maestría en la incoherencia y el cinismo es de la sanidad pública y, en especial, la madrileña cuyo Gobierno Regional ha iniciado un plan de reformas que incluye la privatización de algunos servicios hospitalarios y de 23 centros de salud. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha venido insistiendo en que los centros sanitarios van a seguir siendo públicos y sólo va a privatizar determinados servicios complementarios. Algo que se parece mucho al modelo que se viene siguiendo en la Junta de Andalucía desde hace muchos años. El modelo de conciertos significa que centros sanitarios que son privados, «con gestión privada y actividad propia», realizan «alguna actividad programada que se encarga por parte del SSPA», afirmaba hace unos días  la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía. Puede, y aún no se sabe, que haya diferencias cuantitativamente en función de la cantidad de servicios complementarios a privatizar pero una cosas es cierta: cualitativamente parecen el mismo modelo.
Por último y por citar sólo un ejemplo más de la incoherencia y el cinismo de parte de esta izquierda poszapateril tenemos el caso de los ERE puestos en marcha por los sindicatos al amparo de la denostada reforma laboral y especialmente por CCOO. Tiene lo suyo que este sindicato, tan dócil y subvencionado con el Gobierno anterior, haya hecho un “casus belli” de la Reforma Laboral y que simultáneamente se apreste a aplicarla con devoción a centenares de sus propios empleados. ¿Cabe mayor prueba de incoherencia y de cinismo?
Mal camino es éste para que la credibilidad en la clase dirigente española pueda recuperarse. Cuando no es la derecha es la izquierda y cuando no las dos juntas. Los ciudadanos nos merecemos más respeto y algunos, que no todos, parecen empeñados en hacernos comulgar con ruedas de molino. Mal camino, sí señor.
Santiago de Munck Loyola

El PSOE tiene un problema y los demás también.

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, el que no recordaba en campaña las tres razones por las que se debía votar al PSOE, afirmó hace un par de días que su partido «no está de acuerdo con el derecho a decidir», concepto incluido el jueves en una resolución impulsada por el PSC en el Parlamento catalán y que no prosperó. La que sí prosperó fue la resolución independentista de CiU con la abstención de los socialistas catalanes. 

Según el Sr. López «la posición de los socialistas de Cataluña es una posición que defiende la legalidad, la Constitución y que en España decidimos todos juntos». Debe ser por eso que los socialistas se han abstenido ante la resolución independentista del Sr. Mas. Auténticos malabares y toda clase de filigranas políticas están haciendo estos días los socialistas para tratar de explicar a los ciudadanos la posición de sus correligionarios en Cataluña.
Por su parte, el ex Presidente socialista extremeño se ha descolgado con una pintoresca propuesta: ha exigido a Cataluña que si se independiza devuelva a las 150.000 personas que «fueron sustraídas» de la comunidad, «más sus hijos y sus nietos». «El ‘president’ nos tendría que devolver antes lo que se llevó hace 30 o 40 años. No me refiero a las riquezas materiales, sino a seres humanos», ha escrito en su blog. Y se ha quedado tan ancho confirmando con ello lo que muchos sospechábamos  que cualquiera puede llegar a presidir una Comunidad Autónoma.
Más al sur, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, aseguró que “no entendía la posición del PSC en relación con la abstención sobre la convocatoria del referéndum aprobado por el Parlamento catalán”. Según él, “lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña es una huida muy peligrosa y un mensaje que no es de recibo en el momento que estamos viviendo y en el que está atravesando nuestro país”. El número dos del PSOE andaluz reclamó además una posición de los socialistas catalanes “más clara y más contundente en defensa de Cataluña, de España y de la Constitución” o sea, pedir peras al olmo. Esta petición responde, a todas luces, a la falacia permanentemente instalada en seno del PSOE de que sus colegas catalanes comparten criterios constitucionales. Sólo se engaña a si mismo quien desea permanecer en la ignorancia: el Estatuto catalán fue una muestra inequívoca de que los socialistas catalanes, con la bendición de Zapatero, no compartían los principios de cohesión territorial que tanto ha proclamado el PSOE. 
Y como para tapar estas vergüenzas propias no hay nada mejor que intentar señalar las ajenas, aunque para ello haya que inventárselas, el Sr. Rubalcaba, patriota donde los haya, y dispuesto a cerrar filas con el Gobierno de España ante un desafío independentista como éste se ha apresurado a equiparar la defensa de la Constitución que hace Rajoy con el desafío independentista de Mas. Para Rubalcaba, Mas es un irresponsable por promover la confrontación y Rajoy es otro irresponsable por defender la Constitución. ¡Toma ya!
Hay que recordar de paso que gracias a Rubalcaba y a Zapatero el Gobierno de España dispone de un instrumento menos para poner en su sitio a Mas. Fue el PSOE el que en 2005  anuló la ley que tipificaba como delito la convocatoria ilegal de referendos, aprobada por Aznar para parar los pies a Ibarretxe.
Hoy el PSOE tiene un problema y, además, grave. Ha dejado de ser un partido de ámbito nacional y sus principios no están representados en Cataluña. Los socialistas catalanes son un partido diferente al PSOE y como tal decidirá su propio rumbo. Pero si el PSOE se queda cojo en Cataluña es España la que tiene un problema añadido.
El desafío independentista constituye un gravísimo problema para todos los españoles y su solución no puede ser responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino de todos los partidos, de todas las entidades y de todos los ciudadanos que creen en la Constitución y en la igualdad entre todos los ciudadanos. Y toda nuestra clase política ha sido y es la responsable de la actual situación: por haber diseñado un inadecuado modelo territorial en la Constitución y no haber tenido la valentía política para perfeccionarlo, por haber cedido siempre a las pretensiones de los independentistas, camuflados de nacionalistas a secas, por mantener un sistema electoral que prima a los independentistas, por haber cedido la educación para que fueran cultivando durante décadas sentimientos antiespañoles sustentados en manipulaciones de la historia, por ceder tributos a cambio de votos o por hablar catalán en la intimidad para lo mismo, por vender toda una herencia histórica a cambio de míseras y coyunturales cuotas de poder. El PSOE tiene un problema y el PP y Cataluña y España. Un enorme problema para el que nuestra clase política no parece estar preparada.
Santiago de Munck Loyola

La Diada, los sindicatos y los socialistas.

Es un hecho incuestionable que las interpretaciones y las lecturas que se hacen sobre las numerosas manifestaciones que se desarrollan en nuestra Nación dan para mucho. Siempre resulta llamativa la disparidad sobre las cifras de los asistentes a una manifestación. Como es lógico cada uno barre para su casa. Los convocantes no tienen ningún empacho en inflar el número de asistentes, aunque sea a costa de dinamitar las leyes físicas más elementales. De hacer caso a sus cifras habría que admitir que en España es físicamente posible que en un metro cuadrado puedan manifestarse sin problema alguno hasta 10 personas. En el otro extremo suele situarse el Gobierno de turno que siempre trata de rebajar, si así sirve a sus intereses políticos, el número de participantes en una convocatoria. ¿Y la prensa? Pues, como es lógico, también arrima el ascua a su sardina en función de su color político y de su sintonía con el gobernante de turno.
Hace pocos días, coincidiendo con la Diada de Cataluña, se celebró una manifestación independista en Barcelona. Fue, sin lugar a dudas, una manifestación impresionante. Cientos de miles de personas, entre 600.000 según la Delegación del Gobierno y 1.500.000 según los organizadores, se dieron cita para reclamar la independencia de esta región española. Niños, jóvenes, mayores de toda condición social se dieron cita en una convocatoria estimulada y apadrinada por el Gobierno autonómico. Cientos de autocares de todas las esquinas de Cataluña se dieron cita la capital y el resultado fue una enorme manifestación. No es un hecho menor, todo lo contrario. Es un signo inequívoco que no puede ser pasado por alto por las fuerzas políticas y que, a pesar de que seguramente hoy lo prioritario deba ser buscar soluciones para los millones de ciudadanos exhaustos por la crisis, debe ser anotado en la agenda de prioridades políticas de nuestra clase política.
Dicho lo anterior, seguramente habrá que poner también el debate y el análisis de lo ocurrido en sus justos términos. En primer lugar, porque si realmente se ha manifestado por la independencia de Cataluña un millón de catalanes lo cierto es que otros seis millones se han quedado en casa. Una abrumadora mayoría de catalanes no se ha sumado a este acto independentista celebrado en un día y en un clima festivo. Tras la manifestación, transportado quizás por una euforia propagandística, el Diputado de Esquerra Republicana Alfredo Bosch se despachaba así en el Congreso de los Diputados: «Yo les pido que… reaccionen a tiempo, que no se retrasen, que lean en los labios del pueblo lo que el pueblo sabio y libre les está exigiendo por igual aquí y en Barcelona… Si el pueblo pide independencia, díganlo, no es tan difícil, no hace falta buscar el enésimo eufemismo. De hecho es muy fácil y se quedarán muy descansados. In-de-pen-den-ci-a. No es difícil, pruébenlo. Les gustará. In-de-pen-den-ci-a. Lo dijeron millones de personas, lo pueden decir ustedes, no es difícil de pronunciar». Hombre, puestos así, Sr. Diputado se le podrían deletrear a usted muchas palabras para que aprenda algo, por ejemplo, de-ma-go-go. El pueblo no ha pedido independencia, no. Una parte de él, sí, pero no todo, ni siquiera la mayoría. El pueblo catalán, en su inmensa mayoría, se quedó en su casa en la Diada. Al igual que cuando se trató de aprobar el vigente Estatuto de Cataluña. El 52% de lo catalanes no votó, se quedó en su casa o en la playa. Y un dato más, Sr. Bosch, los catalanes votan más cuando se trata de las elecciones generales que cuando se trata de las autonómicas. ¿Por qué será? Por cierto, los señores de ERC y algunos otros cuando atribuyen a un grupo más o menos numeroso de manifestantes la “voluntad del pueblo” recuerdan con nitidez a Franco que hacía exactamente lo mismo cada vez que la Secretaría General del Movimiento le llenaba la Plaza de Oriente. Ni entonces, ni ahora el pueblo manifestaba su voluntad soberana. Hoy por hoy sólo es posible expresarla en las urnas.
A propósito de la manifestación independentista hay que resaltar el doble lenguaje, una vez más, de los socialistas. A la manifestación independentista acudieron muchos dirigentes del PSC y hoy se ha podido ver a los mismos aplaudir al Sr. Rubalcaba al afirmar en la Fiesta de la Rosa que el Sr. Mas tendría enfrente a los socialistas si optaba por el camino independentista. ¿En qué quedamos? ¿A qué juegan los socialistas?
Y para interpretaciones paranoicas sobre asistentes a manifestaciones las de hoy a propósito del nuevo fracaso cosechado por los sindicatos con las manifestaciones de ayer. Con la que está cayendo, con todos los recortes que se están imponiendo como consecuencia de la herencia socialista, con el descontento social existente y con el tremendo esfuerzo y movilización que han llevado a cabo los sindicatos, el número de participantes ayer en Madrid en la convocatoria sindical sólo puede ser considerado de fracaso. Y lo cierto es que no faltan motivos para protestar y manifestarse, pero cuando quien convoca son los cómplices del desastre económico heredado, jaleados por los autores del desaguisado, lo más normal es que muchos ciudadanos decidan quedarse en casa. Unos sindicatos incapaces de subsistir sin el dinero de los contribuyentes, unos sindicatos inmóviles mientras se rebasaban los cuatro millones de parados, unos sindicatos que hasta el último momento apoyaron al anterior Gobierno no es que tengan mucha legitimidad para abanderar el descontento social y, menos aún, enarbolando lemas tan estúpidos como el de que “quieren arruinar el país” o “quieren acabar con todo”. Simplezas las justas, por favor. 

Y una vez más, el Sr. Rubalcaba, se descuelga con una interpretación, no por peregrina menos peligrosa desde una perspectiva democrática, afirmando que, visto el “éxito” de la manifestación de ayer, el Gobierno ha perdido la mayoría social. Sinceramente, cuando la AVT o la Iglesia inundaron de manifestantes la Castellana no le oímos al Sr. Rubalcaba decir que su partido había perdido la mayoría social ¿a que no? Las únicas mayorías que valen para gobernar nuestra Nación son las parlamentarias, le guste o no al Sr. Rubalcaba y a los sindicatos. Y todo lo que no pase por ahí sólo es golpìsmo.
Santiago de Munck Loyola