PSOE y PSC, una relación imposible.

La votación en el Congreso, el pasado 26 de febrero, sobre la resolución a favor de la consulta independentista en Cataluña evidenció lo que muchos ya sospechaban desde hace tiempo que el PSOE ha dejado de ser un partido de ámbito nacional, de toda España, y, por tanto, ha dejado de constituir por si mismo una alternativa de gobierno. La ruptura del Grupo Socialista provocada por el alineamiento de los socialistas catalanes en el bando de los independentistas no es una buena noticia para la salud de nuestra democracia, todo lo contrario, se trata de un elemento más de preocupación y de estabilidad institucional que debería ser resuelto de la mejor manera y lo antes posible.

Pese a todos los intentos de edulcorar la posición de los socialistas catalanes manifestando que no están a favor de la independencia de Cataluña, sino sólo a favor de que se realice una consulta popular en Cataluña, y de que son partidarios de una España federal, lo cierto es que sus posiciones y sus actos coinciden milimétricamente con las estrategias rupturistas de los independentistas para quienes cualquier vulneración de la legalidad es válida siempre que se encamine hacia sus propósitos que no son otros que la independencia. Hoy, esta afirmación se ve confirmada por el hecho de que el Presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, ha decidido llevar a votación al Parlamento catalán, y a petición precisamente del Partido Socialista de Cataluña, la misma resolución a favor “del derecho a decidir” (es decir, de violentar la Constitución Española) que fue votada y rechazada por el Congreso de los Diputados la semana pasada y que evidenció la voladura intencionada del grupo socialista. Más claro el agua: los socialistas catalanes coinciden plenamente con las estrategias independentistas de Artur Mas y sus socios.

Es evidente que para los independentistas catalanes resulta indiferente lo que resuelva el Congreso de los Diputados porque, desde su perspectiva, no lo reconocen como depositario de la soberanía del pueblo. Parten de la existencia real, aunque aún no formal, de un sujeto político distinto y propio, de una nación diferente que excluye la existencia de cualquier otro sujeto político concurrente. Niegan por tanto la existencia del pueblo español como sujeto político soberano, tal y como se reconoce en el Artículo 1.2 de la Constitución Española, y consiguientemente de su representación institucional a través de las Cortes Generales, Congreso y Senado. Reclaman para si exactamente lo que niegan a los demás y lo hacen con el sentido propio de los movimientos excluyentes y totalizadores. Hay cierta involución conceptual en torno al alcance  del concepto de soberanía. Mientras las constituciones más modernas han ido sustituyendo el concepto de “soberanía nacional” por el de “soberanía popular o del pueblo”, los independentistas se aferran al concepto de nación y, por tanto, al de “soberanía nacional” estableciendo unos conveniente límites para sus intereses al mismo. El llamado “derecho a decidir” viene a ser un eufemismo para sortear el concepto de soberanía popular, la soberanía del pueblo español, establecido en Constitución de 1978 y del que emanan paradójicamente las actuales instituciones catalanas. Cabe preguntarse ¿quién tiene derecho a decidir? Y, sobre todo, ¿quién está legitimado para señalar quienes sí y quienes no tienen derecho a decidir? ¿Dónde se establece el nivel? ¿Tiene derecho a decidir el pueblo español? ¿El pueblo catalán? O una vez rota la delimitación constitucional ¿tendría derecho a decidir cualquier entidad local o provincial? ¿Tiene derecho una parte del pueblo soberano a excluir a otra parte del mismo en la toma de decisiones?

Parece claro que el acuerdo es prácticamente imposible si de lo que se trata es de romper unilateralmente las reglas de juego y de imponer unas nuevas reglas sin el consenso entre todos los participantes. Y parece aún más claro que los socialistas catalanes han apostado por “el derecho a decidir”, es decir, por la voladura de la soberanía del pueblo español en contra de las tesis y presupuestos ideológicos del PSOE. Por ello, parece difícil que la recomposición de los acuerdos que mantenías unidos a ambos partidos llegue a buen puerto. Son dos posturas irreconciliables por mucho que traten de “vender” otra cosa. Si el PSOE renueva algún tipo de acuerdo de colaboración con el PSC sin que éste renuncie a las tesis independentistas, el primero habrá dejado de ser de forma definitiva un partido de ámbito nacional o estatal como les gusta decir a ellos. Y ése es un lujo que España no se puede permitir.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Democracia avanzada.

Hace unos días, un amigo me envió un interesante enlace de Internet (http://demo4punto0.net/) en el que se formula una propuesta sobre la participación directa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Se trata de una iniciativa presentada en junio de 2010,  por Juan Moreno Yagüe, un abogado sevillano y que desde noviembre del 2010 duerme el sueño de los justos, como era de esperar con esta clase política, en un cajón de la Comisión de garantías constitucionales del Congreso de los Diputados. La propuesta de este abogado afecta directamente a las nociones de soberanía nacional, la representación política y a la participación directa del votante y supone la formulación práctica de una evidencia real: la superación de las teorías políticas tradicionales sobre las que se fundamenta nuestro esquema político, el de todas las democracias representativas.

En síntesis, la propuesta formulada plantea que los electores podamos intervenir, si así lo decidimos, en la toma de decisiones, en las votaciones que se desarrollan en el Congreso de los Diputados y, se entiende que, por extensión, en cualquier cámara representativa en la que los electores hayan delegado su voluntad. Se propone, por tanto y en relación al Congreso, que los 35 millones de electores representados por 350 diputados tengan la posibilidad de descontar la pequeña cuota de representación de cada uno (una treinta y cinco millonésima parte) votando cuando quieran a través de Internet. A todos los diputados se les restaría una pequeña parte de soberanía, la correspondiente a la cuota de soberanía del número de personas que decidiesen utilizar su derecho a votar.

Es un hecho evidente que las posibilidades que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías suponen una superación radical de las teorías políticas elaboradas en los últimos tres siglos y la concreción de las mismas en los modernos sistemas políticos.

Del mismo modo que el concepto político de la soberanía evolucionó a lo largo de los siglos desde el autoritarismo de Thomas Hobbes para quien la soberanía radicaba de forma exclusiva en el soberano, pasando por Rousseau que atribuyó la soberanía al pueblo, generador de la voluntad colectiva que era transferida al soberano, hasta llegar a Sièyes que matiza el concepto y lo transforma en el de soberanía nacional, ampliando los sujetos depositarios de la misma, el concepto de representación política también ha sufrido una evolución paralela pero su construcción intelectual, hoy por hoy, no se ajusta ni a las posibilidades técnicas, ni a las necesidades de una sociedad moderna en la que la información y la capacidad de decisión de individuos pueden hacerse efectivas en tiempo real.

El ejercicio práctico de la soberanía nacional se ha venido desarrollando a través del concepto de la representación política. Los ciudadanos ejercen su soberanía eligiendo a unos gobernantes o a unos representantes en los que delegan la misma para que actúen en su nombre durante un período determinado de tiempo transcurrido el cual podrán ver renovada o retirada la confianza. Los representantes hablan y actúan en nombre de los representados durante un período determinado de tiempo. Los partidos políticos se han venido convirtiendo, además, en instrumentos canalizadores de la soberanía nacional y en filtros que han matizado mucho la vinculación entre los representantes y los representados. Distorsionándole en ocasiones hasta extremos insospechados.

Hoy no existe ningún inconveniente técnico que impida al elector estar presente, si así lo desea, en la toma de decisiones políticas. Vivimos en una sociedad en la que la información, requisito esencial para un ejercicio efectivo de la libertad, circula a velocidad de vértigo y los ciudadanos no sólo tenemos acceso fácil a la misma, sino que, además, disponemos de los medios técnicos para poder manifestar nuestra voluntad de forma inmediata. Del mismo modo que podemos recibir notificaciones oficiales del Ministerio de Hacienda, pagar impuestas con nuestra firma digital a través de Internet o realizar compras a distancia podríamos poder emitir nuestro voto en determinadas circunstancias cuando así lo decidamos. Hace pocos días hemos visto como el Congreso (http://www.abc.es/20110721/espana/abci-congreso-cambia-reglamento-para-201107211401.html) ha adoptado las medidas necesarias par que una Diputada pudiera votar de forma telemática. Si sus señorías pueden hacerlo ¿por qué no el conjunto de los ciudadanos?

A la posibilidad técnica de hacerlo se añade además una necesidad evidente derivada del comportamiento fraudulento de los partidos políticos que, por una parte, nos imponen a los candidatos a representarnos sin permitirnos ningún tipo de vinculación que permitiese responsabilidades y exigencias ante los electores, y que, por otra, nos engañan en la oferta electoral que nos hacen a la hora de recabar nuestro voto y  que, una vez elegidos, no respetan sus compromisos electorales.

La recuperación de la soberanía por parte de los ciudadanos a través del voto digital no supondría la desaparición de los representantes políticos, instrumentos imprescindibles a la hora de elaborar, negociar y acordar la mayor parte de las tareas legislativas o gubernamentales, pero sí supondría una importantísima matización de su mandato, de su poder y, sobre todo, de su sintonía “on line” con el sentir del soberano, es decir, de nosotros mismos, en cada momento.

Santiago de Munck Loyola