Dos importantes noticias de esta semana subrayan la importancia del nivel de degeneración de parte de la clase dirigente de nuestro país, tanto en su vertiente política como sindical. El PPCV, personificado en Carlos Fabra, y la UGT, en su versión andaluza, aunque no sólo allí, son los protagonistas de las noticias en torno a la catadura moral de quienes “lideran” nuestra sociedad. Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y ex muchas otras cosas, amasador de fortunas inexplicables y progenitor de la insigne y culta diputada popular, Andreita “que se jodan”, ha tomado el relevo en los titulares periodísticos de su conmilitón popular Pedro Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja y ex diputado popular. El primero, tan agraciado él con las loterías del Estado, ha sido declarado culpable de cuatro delitos contra la hacienda pública, aunque ha sido absuelto de los delitos de tráfico de influencias y cohecho y habrá que esperar a la resolución de los recursos pertinentes que confirmen o no esta condena. El segundo, condenado ya por el Tribunal Supremo y declarado, por tanto, delincuente, diga lo que diga al respecto el Presidente del PP de Valencia Sr. Rus cuyas aportaciones jurídicas seguramente pasarán a la historia, está a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto, que tan entusiásticamente ha solicitado la inmensa mayoría de los diputados del Partido Popular, para entrar o no en prisión.
Por su parte, diversas informaciones están poniendo de relieve la peculiar forma de buena parte de la clase sindical de administrar los fondos públicos que reciben de los contribuyentes. Al mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los EREs falsos, protagonizado por sindicalistas de UGT, empresarios y miembros del PSOE andaluz que supuesto el saqueo de casi 1000 millones de euros hay que añadir ahora el incesante goteo de informaciones del tinglado montado por el sindicato socialista, y no sólo en Andalucía, para financiarse con dinero público y para desviar esos fondos hacia fines no precisamente altruistas. Tiene lo suyo que un sindicato pague con fondos destinados a la formación de desempleados cenas multitudinarias, mariscadas o viajes al Caribe para la “formación” de centenares de sindicalistas pero que, además, encargue bolsos falsificados hechos por mano de obra explotada en países asiáticos pone perfectamente de relieve la catadura moral de estos sindicalistas. Y qué decir de los globos a un euro comprados y cargados a cuenta de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Alcorcón y pagados sin rechistar por el Alcalde de entonces, hoy senador socialista.
Si a alguien le sorprende todo esto es porque quiere o porque la memoria es frágil. Después de la que montaron los de UGT con aquella famosa promotora de viviendas, la PSV, que tanto dinero costó a los contribuyentes ¿a quién le puede extrañar que sigan haciendo de las suyas con el dinero que no es de nadie, como diría la Sra. Salgado? Se comprende perfectamente que los sindicatos españoles sean tan reacios a ser incluidos en la Ley de Transparencia. En cuanto se les pide la más mínima explicación sobre el uso del dinero público o, incluso de algo tan sencillo como el uso de los créditos sindicales que muchos representantes usan para su beneficio particular, ponen el grito en el cielo alegando que se pretende atentar contra la libertad sindical.
El PPCV y la UGT comparten unos mismos “méritos”: con sus acciones contribuyen al desprestigio de la actividad política y sindical, ambas organizaciones ensucian la vocación de servicio público que debía primar en su seno y ambas necesitan una profunda regeneración porque las dos cuentan con miles de afiliados honestos que sienten una profunda vergüenza por la actuación o la pasividad de sus dirigentes. Las declaraciones de los líderes de ambas formaciones no se corresponden con la realidad tozuda de los hechos. No es posible pintar líneas rojas y convertirlas en discontinuas a capricho, no cabe proclamar con cada caso de corrupción que se trata de casos aislados cuando por su proliferación es evidente que hay algo interno que los facilita, no es admisible tratar de circunscribir responsabilidades alegando que existe autonomía interna y no vale esconderse denunciando la existencia de campañas de acoso contra los sindicatos o para encubrir otros casos como el de Bárcenas.
El PPCV de Fabra y Ciscar y la UGT de Méndez son el ejemplo perfecto de por qué nuestro país necesita una profunda regeneración democrática. Son el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando las organizaciones políticas y sindicales desconectan de sus bases, controlan y limitan la democracia interna, ahogan el debate interno, impiden la autocrítica y se enquistan en las redes del poder y de la administración de tal modo que para subsistir necesitan retorcer la Ley, tolerar comportamientos abusivos y alimentar parásitos políticos con redes clientelares. Más claro el agua.
Santiago de Munck Loyola
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