Camps ¿y ahora qué?

El 20 de julio de 2011 el Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, presentó su dimisión al frente de esta institución a consecuencia de su procesamiento por el caso del presunto regalo de tres trajes realizado por la trama corrupta Gürtel. En las últimas elecciones autonómicas del 22 de mayo la inmensa mayoría de los votantes había preferido votar a un político bajo sospecha de haber recibido regalos poco recomendables antes que votar a cualquiera de los candidatos de la izquierda valenciana. No obstante, con ese gesto necesario e inteligente allanó su camino para su defensa judicial y despejó notablemente la agenda política. Fue juzgado y absuelto por un jurado popular. Los socialistas valencianos, insatisfechos con el veredicto, recurrieron y el Tribunal Supremo acaba de confirmar por cuatro votos contra uno de los Magistrados dicho veredicto de inocencia. Francisco Camps y Ricardo Costa han sido absueltos de nuevo y las reacciones a dicha resolución no se han hecho esperar. La oposición, la izquierda valenciana, dice respetar dicha sentencia pero no respaldarla. Es decir que, para los que acusaron falsamente al ex presidente de unos delitos que no cometió, éste sigue siendo culpable, digan lo que digan los Tribunales. Sin cortarse un pelo y haciendo gala de un absoluto desprecio al Estado de Derecho, la diputada de Compromis en las Cortes Valencianas Mireia Molla, ha afirmado que «para nosotros son culpables de los delitos que se les acusaron». Entonces, no cabe más remedio que preguntar ¿para qué sirven los Tribunales de Justicia? ¿Para qué sirven las garantías procesales de nuestro sistema jurídico? Habrá que reformar las leyes. Ya se sabe: un acusado de un delito es culpable si así lo deciden los presuntos ”demócratas” de Compromis. ¡Pues vamos listos con esta gente! Y los socialistas igual, erre que erre. Ni siquiera se han dignado a pedir disculpas por haber realizado unas acusaciones falsas que no han podido ser demostradas ni política ni judicialmente. Y es a ellos a quien correspondía la carga de la prueba, no al acusado.

Así las cosas ¿y ahora qué? Nos encontramos con que el que fue el Presidente más respaldado por los votantes de la Comunidad Valencianahubo de dimitir ante las múltiples presiones recibidas como consecuencia de unas acusaciones que finalmente han resultado ser falsas. No vale ahora intentar mezclar este asunto con todo el entramado Gürtel y demás casos en la escenario judicial. Francisco Camps y Ricardo Costa dimitieron por unas acusaciones concretas y han sido absueltos, no sólo por un jurado popular, sino también por la máxima instancia judicial española. Es evidente y, sobre todo a la vista de las manifestaciones de buena parte de la izquierda valenciana, que su reputación y credibilidad han resultado dañadas para siempre y que no hay forma de restaurarlas. Pero no es menos cierto que la razonable y elogiable dimisión de hace casi dos años debe tener tras la absolución judicial una compensación de carácter político.

Aquí nadie se pone de acuerdo cuando debe o no dimitir un político imputado en una causa judicial y en qué supuestos debería hacerlo. Cada partido tiene su vara de medir y aplica cuando así le conviene la ley del embudo. No habiendo por tanto ni norma escrita, ni hábito consensuado, parece que, en todo caso, la lógica política exige que cuando alguien tiene la gallardía y honradez política de dimitir ante una simple imputación debería ser repuesto en su cargo cuando sale limpio del proceso judicial al que se ha sometido. Es muy posible que la alegría oficial popular por el veredicto del Tribunal Supremo no se corresponda con los verdaderos sentimientos que albergan quienes de un modo u otro resultaron beneficiados políticamente con la dimisión de Francisco Camps. Ya se sabe que en un partido político en cuanto te levantas de la silla alguien la ocupará sin problemas y que será harto difícil que te la devuelva, aunque te la hayas ganado en las urnas. ¡Difícil, miserable y desagradecido mundo el de la militancia política!

Santiago de Munck Loyola

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Las cuentas del PP de la ciudad de Alicante.

Durante las últimas semanas se han venido sucediendo noticias relacionadas con la financiación o la contabilidad del Partido Popular, de sus sedes locales o de las últimas campañas electorales. De una parte, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha ordenado varias diligencias para desentrañar las cuentas de la campaña electoral de las autonómicas de 2007. El magistrado ha solicitado a nueve empresas, radicadas en Valencia, Castellón y Alicante, información detallada sobre la contratación de vallas publicitarias del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo de 2007. Hay también, al parecer, dificultades para conocer los gastos electorales populares en las municipales de la ciudad de Alicante. De otra, parece que está bastante extendida en sedes del PP de Alicante la costumbre de llevar un sistema de «contabilidades paralelas» a nombre de particulares o de asociaciones y no la contabilidad oficial del Partido. Una anómala práctica a la que, tras hacerse público por los medios de comunicación, ha decidido poner fin la Dirección Provincial Alicantina quien lo venía consintiendo desde hace tiempo, incumpliendo los Estatutos Nacionales del Partido Popular (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/03/29/pp-regulara-finanzas-juntas-locales-atajar-descontrol-dinero/1358435.html).

Esta forma de proceder, conocida y consentida al parecer por la Dirección Provincial, resulta más que sorprendente para cualquiera que haya tenido responsabilidades en el Partido Popular en otras zonas de España. La ausencia de una contabilidad oficial del Partido en una localidad, la inexistencia de cuentas bancarias a nombre del propio partido, el manejo de fondos a través de asociaciones paralelas y la opacidad contable para los propios militantes no sólo vulnera los Estatutos del propio partido, sino que además constituye una práctica absolutamente fraudulenta que debería saldarse con la exigencia y depuración de responsabilidades, tanto de los autores como de los consentidores o encubridores. Un servidor que durante catorce años presidió una junta local en un municipio madrileño nunca conoció semejantes prácticas. El partido local contaba con una cuenta bancaria abierta con la presentación previa del apoderamineto de la gerencia regional (el equivalente a la provincial en Alicante). Los militantes eran informados anualmente de los ingresos y gastos de la sede local y aprobaban en asamblea el presupuesto anual. Periódicamente, el tesorero local se reunía con el gerente regional que fiscalizaba los libros y las cuentas de la Junta local. Un funcionamiento que nada que ver con la práctica vivida en la Junta Local de Alicante durante los últimos diez años. 

Aquí no se da cuenta a los militantes de los gastos e ingresos de la Junta local, eso sí, desde la provincial se pide un euro por afiliado sin explicar nada a los interesados. ¿Será ésta una de las razones para acabar con la Junta Local de Alicante y sustituirla por Distritos? ¿No será multiplicar por diez el descontrol económico existente? Resulta lógico que estando tan ocupados en la provincial en perseguir a los militantes que pedimos transparencia, honradez y participación en el Partido no hayan tenido ni para cumplir ni para hacer cumplir los propios Estatutos del Partido, ni para poner en limpio las cuentas de las juntas locales de Alicante.

No necesitan inventarse nada ni improvisar supuestas medidas de control para contentar a la prensa. Todo ya está inventado y previsto. El Artículo 54.2 de dichos estatutos señala que los recursos del Partido estarán constituidos por las cuotas de todos los afiliados y por las aportaciones voluntarias de éstos; por las contribuciones económicas de los cargos públicos en el porcentaje que se determine por el Comité Ejecutivo Nacional; por las subvenciones oficiales que las Administraciones Públicas aporten al Partido y a todos los Grupos Institucionales; por los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto generado por las actividades que se organicen y por las donaciones, herencias o legados que reciba.

Y el Artículo 55 de los mismos Estatutos señala por su parte que 1.- Los ejercicios económicos de todas las organizaciones territorialestendrán la duración del año natural y se cerrarán a 31 de diciembre con el visto bueno del Presidente, autorización del Secretario e intervención del responsable correspondiente de finanzas.

2.- El Presupuesto anual de cada organización territorial deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo de ésta dentro de los cuarenta y cinco primeros días hábiles del nuevo ejercicio. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos comicios.

3.- Anualmente se someterán las cuentas del Partido a una auditoría externa.

¿Se han cumplido estas disposiciones en todas las Juntas locales de la Provincia? ¿Y en la Junta Local de Alicante? Si es así, nada que objetar. Y si no se han cumplido los Estatutos ¿se abrirán expedientes disciplinarios a los responsables o éstos sólo se reservan a los llamados críticos? Dado que en diez años de pagar puntualmente la cuota de afiliado un servidor nunca ha sido informado, a pesar del derecho que le asiste a ello según los propios Estatutos del partido Popular, sobre el estado de gastos e ingresos de su Junta Local, la de Alicante, ni de los presupuestos de la misma aprobados conforme a la norma antes citada y por ello el pasado 15 de marzo solicitó por escrito al Presidente local, D. Julio de España, la información económica pertinente. Y, a pesar de haber pasado quince días desde entonces, mutismo total, silencio absoluto, nada de nada. Luego dicen que les molesta tener que enterarse de estas cosas por la prensa. ¿Y cómo creen que nos sentimos los militantes cuando nos enteramos por la prensa de sus decisiones? ¿Cómo creen que nos sentimos cuando comprobamos, día a día, que se pasan por el arco del triunfo los Estatutos del Partido y que nos niegan a los afiliados los derechos de información y de participación? Pues nada, ahora le reitero en público, a ver si lo lee, la misma petición: copia de los presupuestos anuales, balances y acceso a la documentación económica de mi Junta local porque quiero saber cómo se ha gestionado mi dinero y porque me preocupan tantas noticias negativas sobre las cuentas de mi partido. ¿Hay algo de malo en ello?

Santiago de Munck Loyola

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Chorizos a granel.

¡Vaya semanitas que llevamos! Parece que ningún partido se libra de salir en los papeles de los trincones. Hace tan sólo unos meses se hablaba de los Gürtel, después de los ERES falsos andaluces, más tarde de Pepiño el campeón y sus entrevistas en gasolineras, hace unas semanas empezaron a correr noticias en torno a los cinco hijos millonarios de Pujol y sus aficiones a las montañas suizas y a los complejos hoteleros caribeños, hace unos días nos centrábamos en los independentistas de Durán y su amor a la formación remunerada con fondos europeos y ahora estamos en plena tormenta ocasionada por el Sr. Bárcenas, alias Luis “el cabrón” según las contabilidad gurteliana, y su pasión por el alpinismo suizo. 

Y seguiremos dentro de unas semanas con nuevos y jugosos casos protagonizados por parte de nuestra sacrificada clase dirigente. Aquí el que no corre vuela, desde el yerno del Rey hasta el ex presidente de los empresarios, pasando por políticos de distintos colores y jerarquías, desde independentistas a constitucionalistas. Todos ellos unidos por una misma “pasta”, todos ellos compartiendo afición al trinque de lo ajeno. Corrupción trasversal. Mal está que 30.000 ciudadanos cobren ilegalmente la dependencia de fallecidos, pero con el ejemplo que algunos dirigentes de este país ofrecen ¿qué menos se puede esperar? 

¡Ya está bien! Es hora de que los ciudadanos que nos las vemos y deseamos para cumplir con nuestras cargas familiares y con nuestras obligaciones tributarias, digamos ¡basta! Y nos posicionemos de forma clara y rotunda contras este estado de cosas. Nada de tibiezas porque con ellas no cambiarán, no reaccionarán quienes tienen la obligación de hacerlo. Con tanta tibieza lo que sí han conseguido es que la conducta inmoral de unos pocos manche el nombre de toda la clase política.

Es muy probable que el actual estado de cosas será aprovechado por los simples y por los manipuladores de siempre para decir que todo es culpa del año de gobierno del PP, como si no fuera más que evidente que la corrupción no nace de un día para otro. Están aflorando casos que durante años y bajo distintos gobiernos se han ido fraguando. Y ello ha sido posible porque los distintos gobiernos han carecido de la voluntad política necesaria para establecer mecanismos preventivos. Hay corrupción porque nuestras leyes otorgan un gran margen de discrecionalidad a los políticos a la hora de contratar con las administraciones públicas; hay corrupción porque se ha pervertido la independencia judicial; hay corrupción porque no se ha querido establecer una Ley de financiación de partidos políticos seria y transparente; hay corrupción porque se han aflojado los mecanismos de control que antes ejercían, por ejemplo, los habilitados nacionales en las corporaciones locales; hay corrupción porque nadie ha acometido una reforma sería de las normas que rigen los procedimientos judiciales para implantar criterios de sumariedad en las causas abiertas o hay corrupción porque los partidos políticos no permiten que sus militantes decidan quienes les representan en las instituciones y utilizan los cargos públicos como recompensa para los fieles, sea cual sea su preparación, a las cúpulas dirigentes. Son muchas las causas que propician la aparición de casos de corrupción pero pocas las inequívocas manifestaciones de voluntad política, traducida en hechos concretos, para acabar con ellas.

Hoy afirmaba el Presidente Fabra en relación a cargos populares imputados o procesados que el Partido Popular ha establecido una clara línea roja: los imputados o procesados no pueden ostentar cargos internos dentro del partido ni permanecer en puestos de designación directa, de confianza. Vale, muy bien. Pero eso quiere decir que quien está imputado o procesado, a pesar de la presunción de inocencia, no es apto para ese tipo de puesto, pero sí, al parecer, para seguir ostentando cargos electos. O sea que un imputado no puede ser secretario general del PPCV, por ejemplo, pero sí puede ser alcaldesa de Alicante. Es curioso que se considere necesario preservar de la presencia de un imputado un cargo de partido y no un cargo público. ¿Es lógico?

Por otra parte, hoy también, Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia, ha hecho un llamamiento para que «los más preparados, los más comprometidos y los más íntegros»  entren en política con el objetivo de que «no la copen los peores». ¡Perfecto! Pero a ver si la leen en Alicante porque bastó que en septiembre se anunciase a la Dirección Provincial la intención de un grupo de modestos militantes de base alicantinos (sin pretender presentarse como los más preparados, comprometidos e íntegros) de presentar una candidatura a la Junta Local del PP de Alicante por la regeneración del partido para que un mes después se suprimiese la Junta Local de Alicante con el fin de evitar elecciones a la misma.

Cada día se hace más evidente la necesidad de una reacción ciudadana en contra de todas estas tropelías, de los sinvergüenzas de cualquier color que han confundido las instituciones con una charcutería. Y es necesario no callar, condenar sin tibieza, marcar líneas rojas más claras aún y hacerlo con frecuencia porque si no lo hacemos así los escándalos de hoy serán simples anécdotas dentro de unos meses y serán sustituidas con normalidad por otras noticias similares. Nada hay peor que terminar por acostumbrarse al sonido atronador porque termina imponiéndose la sordera.

Santiago de Munck Loyola

Camps inocente, de momento.

El jurado del proceso seguido contra el ex Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha declarado que tanto él, como Ricardo Costa son no culpables de los cargos por los que estaban siendo enjuiciados, es decir, por el delito de cohecho impropio. El jurado entiende que ni Camps, ni Costa recibieron regalos por razón de su cargo y que no se ha demostrado en el juicio que hubiese regalos pagados por la trama corrupta de Gürtel. Esta decisión del jurado deberá plasmarse en los próximos días en una sentencia absolutoria a partir de la cual podrán presentarse recursos ante el Tribunal Supremo por lo que el asunto no está definitivamente zanjado.

Ahora se producirá una auténtica explosión de reacciones y declaraciones de toda índole en función de la posición ideológica de cada uno. Es evidente que quienes durante estos últimos tres años han ignorado y pisoteado el derecho a la presunción de inocencia van ahora a pisar y a desacreditar esta resolución favorable a los Sres. Camps y Costa. Los impulsores o autores del escandaloso linchamiento político y moral al que durante tanto tiempo han sometido a los acusados van a seguir haciéndolo porque “su verdad” está, como siempre, por encima de los pronunciamientos de la Justicia y del respeto a los más elementales derechos tutelados en un estado de Derecho. Es su modus operandi y no van a renunciar a él ante ninguna evidencia que desmonte sus difamaciones.

Llama la atención alguna reacción inmediata, como la del Secretario general Socialista en el Congreso, Eduardo Medina, que se ha apresurado a mentir a la ciudadanía afirmando lo siguiente: «Francisco Camps absuelto de la trama Gurtel. Garzón… en el banquillo de los acusados por investigarlo”. El Sr. Medina es un mentiroso con todas las letras. De semejante afirmación puede deducirse fácilmente el nivel intelectual del personaje y su catadura moral. El Sr. Camps no ha sido enjuiciado por la trama Gürtel, no. Fue acusado de un presunto delito de cohecho impropio, recibir tres trajes de regalo, del que ha sido, por segunda vez, absuelto. Y el Sr. Garzón, por su parte, no ha sido juzgado por investigar dicha trama, no. El Sr. Garzón ha sido enjuiciado por vulnerar la Ley ordenando grabar las conversaciones de los abogados con sus defendidos cuando dichas grabaciones no tienen amparo legal para su ejecución. Es decir, por violar un derecho elemental, como el derecho de defensa, sin un amparo legal que lo justificase. Así de sencillo y de claro. Posiblemente el público afín al Sr. Medina requiera de simplificaciones, o mejor dicho de simplezas, como las que profiere el Portavoz Socialista, pero tales simplezas son falsas y manipulan la realidad. Como también constituye una falsedad monumental la afirmación tan repetida últimamente de que el Sr. Garzón también está siendo juzgado por investigar los crímenes del franquismo. No es así. Está siendo juzgado por saltarse la Ley, por tratar de instruir procesos para los que legalmente no era competente.

Y qué diferencia de tratamiento mediático entre ambos casos. Abismal. Como también ha sido muy diferente la actitud ante los tribunales de ambos acusados. Era de esperar, además, que el respeto por la Justicia que los seguidores de Garzón tienen se pusiera hoy de manifiesto al conocer la sentencia absolutoria de Camps. Coherentes con su ideología su reacción ha sido insultar al acusado absuelto y lanzar objetos contra su vehículo. Era de esperar: de tal juez, tales defensores.

Todo parece indicar que habrá recursos contra la absolución de Camps y Costa y también señalan los expertos que será difícil que tales recursos prosperen. Ahora, con la absolución “provisional” en la mano, y más adelante, si ésta deviene firme, será imposible restituir a los acusados lo que se les ha arrebatado: su dignidad. No habrá, con seguridad, reparación posible al daño causado. ¿Quién pagará los platos rotos? Seguro que nadie.

Santiago de Munck Loyola.

Camps debe dimitir.

El pasado 27 de junio, el Secretario General del PPCV, Antonio Clemente, exigía al Portavoz Socialista, Jorge Alarte, que dimitiera por haber resultado imputado por un supuesto delito contra el honor por injurias y calumnias con publicidad contra sesenta cargos del PP valenciano.

Ahora, es el propio Presidente del PPCV y Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, el que ha resultado, no ya imputado, sino procesado por un presunto delito de cohecho impropio, es decir, por el caso de los tres trajes que recibió, presuntamente, como regalo de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel.

La justicia ha dado un paso más al dejar atrás la siempre discutible condición de “imputado” de Francisco Camps y ahora le ha procesado. Esto significa que la Justicia aprecia en la conducta de Francisco Camps indicios racionales de criminalidad que han de ser examinados a fondo y, en su caso, sancionados o ignorados por no confirmarse.

En este contexto no está de más recordar que el Partido Popular tiene un Código de Buenas Prácticas en el que se señala que los cargos públicos del Partido deben mantener una conducta ejemplar y que deben abstenerse de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización (Art. 1.a). Igualmente en el art. 7 del citado código se determina que los cargos públicos populares tienen prohibido aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales. Por último, el art. 8 señala que los cargos públicos del Partido Popular tienen el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública.

Es evidente que el Comité Nacional de Derechos y Garantías tiene la obligación política y moral de determinar si la permanencia en el cargo del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, una vez procesado, daña a la propia organización o a la institución pública. Quien piense que no la daña, se equivoca.

Parece que en un reciente cambio de la estrategia de la defensa de Camps se ha llegado a plantear incluso la admisión de la existencia de los regalos como algo normal. Sin embargo, este cambio de estrategia colisiona frontalmente con el Código citado, en concreto, con su artículo 7 lo que supone, sin ninguna duda, un claro error político.

No sé si Camps recibió o no como regalo los famosos trajes. No sé si en el caso de recibirlos lo hizo a cambio o no de favores, algo que sería bastante ridículo. Ahora y desde la perspectiva de la regeneración democrática es indiferente. Lo cierto es que la Justicia entiende que con los datos existentes al día de hoy su conducta contiene aparentemente indicios de criminalidad. Y eso debe ser suficiente para que Camps presente su dimisión lo antes posible, que conserve mientras tanto su escaño, que se sustancie el procedimiento y se dirima, de una vez por todas, su inocencia o su culpabilidad. Y si es inocente no habrá ningún obstáculo para recuperar la Presidencia de la Generalitat y, si no lo es, que renuncie a su escaño y cumpla con la pena que le sea impuesta.

No vale en este caso esgrimir a modo de defensa el excelente resultado electoral del Partido popular como salvoconducto. No vale tampoco esgrimir, como es habitual, lo que hacen o dejan de hacer los adversarios políticos. El Partido Popular tiene un código ético y unos principios que deben ser respetados y la conducta del Partido debe ser ejemplarizante en un contexto social en el que la clase política goza de la peor apreciación ciudadana de los últimos tiempos.

Es impresentable pedir dimisiones porque alguien ha sido imputado y hacer lo contrario cuando el nuestro ha sido procesado. Si la cúpula policial ha sido procesada por posible colaboración con banda terrorista en el caso Faisán debe cesar en sus puestos hasta que se dicte sentencia y, además, deberían investigarse las responsabilidades políticas a que hubiese lugar. Y si el Presidente Camps ha sido procesado, también debe dimitir. No hay que dar más vueltas al asunto.

La mujer del César, además de honrada, ha de parecerlo.

Santiago de Munck Loyola.

Camps y Luna, Luna y Camps.

La política es como un tinte líquido, como un colorante que se extiende, se infiltra y termina por teñir todo lo que toca. Pocas facetas de la vida cotidiana escapan a su tremendo poder colorante y muchas veces es preciso un serio esfuerzo para poder conocer el color original de las cosas.

Y la influencia de la política es especialmente significativa en los medios de comunicación. Los informes, las noticias o los comentarios de los profesionales raramente escapan del poder arrollador de la política y termina por colorear también cualquier pretensión de objetividad y ecuanimidad en la información. Es entonces cuando el sectarismo más rabioso y el partidismo integrista anulan una visión sosegada de la realidad diaria y se instala como guía y norma de conducta profesional diaria.

Las consecuencias se ven a diario. Según el medio de comunicación usado por un ciudadano su percepción de la realidad quedará restringida al campo de visión escogido por los profesionales del mismo. Verá que sólo hay corrupción en el PP o sólo en el PSOE o pensará que los casos de uno son más graves que los del otro. Conceptos e ideas como “la presunción de inocencia”, “la imputación”, “la prescripción” o “el cohecho” cobrarán un valor diferente según a quién se refieran.

Hay quienes se rasgan las vestiduras y elevan a la categoría de “crimen contra la humanidad” la posibilidad de que Camps haya podido recibir tres trajes como regalo de la trama corrupta de Gürtel y claman por su dimisión en el caso de que fuese condenado por ello. Y simultáneamente guardan un repugnante silencio por el hecho de que Luna, hipócrita portavoz socialista parlamentario contra la corrupción, haya sido beneficiario de múltiples favores (el Audi, las obras de su casa, etc.) provenientes de personas implicadas en varias tramas de corrupción. En este caso no pasa nada, puede ser nombrado tranquilamente presidente de la gestora socialista de Alicante. Parece que entienden que, por el hecho de que hayan podido prescribir determinadas actuaciones, éstas no han existido a pesar de que los datos publicados proporcionen el convencimiento moral de la existencia de conductas también repudiables.

Dicen que tras los tres trajes, la trama Gürtel se ha embolsado millones de euros de las arcas públicas. Y pocos cuentan que el Ayuntamiento de Alicante debió abonar por sentencia judicial 20 millones de euros a la empresa Hansa, beneficiaria de actuaciones urbanísticas aprobadas por Luna cuando era Alcalde de la ciudad y para la que ocho años después, en 2002, se convirtió en su abogado urbanista.

Todo parece indicar la existencia de una doble vara de medir que conscientemente y deliberadamente se traslada a los ciudadanos. Y no, no vale hablar de pequeñas o grandes corrupciones según la militancia política del interesado. La exigencia de honestidad y escrupulosidad a la hora de gestionar los bienes públicos debe ser igual para todos, sin excepciones.

O todos moros, o todos cristianos.

Fdo. Santiago de Munck Loyola