Diario El Mundo Edición de Alicante 29-11-2013.
Ciudadanos aterriza con fuerza en la Comunidad.
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Al rescate de los valores traicionados.
El cierre de la RTVV es la constatación del fracaso, no de unas ideas ni de un proyecto político, sino de un determinado modo de hacer política que desde hace muchos años se ha ido instalando en buena parte de la clase política y, especialmente, de aquella que al acceder y perpetuarse en el poder olvida por qué y para qué está ahí. Y esa especial forma de hacer política consiste en olvidarse del objetivo fundamental de toda acción política, la vocación de servicio público de transformación del entorno de acuerdo con unos principios y programas, de acuerdo con una ética política concreta. Cualquier parecido entre la gestión del ente RTVV durante los últimos 18 años y los principios y programas del Partido Popular es pura coincidencia. Si esta gestión hubiese estado presidida por la austeridad, la eficacia, la ejemplaridad, la imparcialidad, la honradez o el respeto a las más elementales normas de transparencia democrática, conceptos todos ellos que se pueden leer y releer en infinidad de documentos y programas del Partido Popular, hoy la RTVV seguiría funcionando y lo estaría haciendo como un ente informativo de servicio público ejemplar. Pero no ha sido así y el resultado está a la vista, como lo está también en muchos otros ámbitos de la gestión pública en la Comunidad Valenciana. Es evidente que esa forma de hacer política que prescinde de los principios y los programas es la causa de tanto desacierto y de tantos errores que nadie asume como se hace en una democracia, dimitiendo.
No somos pocos los que, compartiendo esos principios y esos programas por los que, además, hemos trabajado durante años, nos sentimos profundamente desilusionados y avergonzados. Algunos hemos constatado que es imposible intentar desde dentro promover cambios que desde la regeneración permitan una recuperación de los valores y los principios en los que seguimos creyendo. Y también hemos llegado a la conclusión de que no podemos permanecer pasivos ante una situación política que nos produce rechazo. Ninguna organización política, por poderosa que sea, tiene el monopolio de las ideas y los valores en los que creemos. Cuando una bandera deja de representar nuestros valores y quienes la enarbolan son mercenarios de la política es mejor ir al rescate de esos valores y volverlos a situar en primera línea de la acción política.
Los ciudadanos que creemos en el valor de la persona, de la vida humana, de la libertad, de la unidad de España, de la igualdad de derechos y de obligaciones entre los ciudadanos de cualquier territorio; los ciudadanos que creemos que los derechos son de las personas y no de los territorios, que la economía debe estar al servicio de la política y no a la inversa, que la educación, la sanidad, las pensiones y la prestaciones sociales básicas han de estar garantizadas para todos y por igual con independencia de la región, que hay que promover vínculos de unión y no de separación; los ciudadanos que queremos que la clase política sea ejemplar, que no goce de los privilegios que hoy ostenta, que se regulen y limiten todos los sueldos públicos, que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales vivan exclusivamente de las cuotas de sus afiliados y no de las subvenciones públicas, que se persiga la corrupción y que los corruptos no se beneficien de indultos; los ciudadanos que aspiramos a una paz con vencedores y vencidos, que exigimos más firmeza frente a los terroristas, que cumplan íntegramente sus condenas y que no se les beneficie con anómalas sentencias de Estrasburgo; los ciudadanos que creemos imprescindible una reforma fiscal que suponga el fin de la asfixia a la clase media, que queremos menos estado y más sociedad, menos impuestos y más crédito, menos recortes y mejor inversión pública; los ciudadanos que, en definitiva, creemos que hay una forma diferente de hacer política, una forma basada en la participación ciudadana, en la permeabilidad de los partidos a las corrientes de opinión, en la responsabilidad política del gestor frente a los administrados y en el respeto a los programas electorales y a los compromisos adquiridos, tenemos la obligación de ponernos en movimiento. Nada cambiará si no lo hacemos nosotros.
En nuestra Comunidad, el desencanto de los electores de centro y centro derecha ha ido propiciando la aparición de multitud de pequeños grupos y organizaciones de ámbito local o comarcal. Y al margen de la existencia de posibles personalismos, como algunos pretenden de forma maliciosa justificar su aparición, lo cierto es que en la inmensa mayoría de estos grupos subyace una profunda sensación de decepción, de estafa política. Hoy por hoy, muchos electores de centro derecha, si tuvieran que votar, o bien se quedarían en casa o bien terminarían por votar, paradójicamente, a un partido de izquierdas como UPyD. Nada más absurdo. El rescate de los valores usurpados, abandonados o traicionados por algunos debería pasar necesariamente por un movimiento de convergencia y de coordinación de todos esos pequeños grupos y, además, con la generosidad política tan ausente en otro sitio.
Los ciudadanos en movimiento podemos rescatar esos valores y principios que los hechos han demostrado que no se aplican, que sólo son la tapadera de incompetentes y medradores de la política. No es tarea fácil, pero es ilusionante. Hay viento favorable y tenemos la ventaja de saber a qué puerto queremos llegar.
Santiago de Munck Loyola
Sin financiación justa no puede haber un reparto justo del déficit.
Estos últimos días ha estado muy agitado el patio autonómico a cuenta del reparto del déficit. Y si esta agitación la ha producido el reparto del déficit resulta inimaginable lo que habría sido si el reparto fuera de un superávit. Habrían volado los cuchillos y las navajas. Cada Presidente autonómico y en especial los del PP que para eso son la mayoría ha intentado hacer valer sus razones y argumentos sobre cómo debería ser ese reparto: igual para todos, asimétrico, penalizando a los incumplidores, premiando a los más cumplidores, etc. Cada cual, en su visión de reino de taifa, se encuentra asistido de poderosas razones con las que sostener sus argumentos. Muchas de las ideas que se han expuesto parecen bastante razonables.
No les falta razón a quienes llevan años apretándose el cinturón y claman contra una posible benevolencia hacia los incumplidores. Para muchos, el hecho de que Cataluña pueda verse beneficiada con un mayor margen de déficit que el resto sin haber hecho los deberes como los demás y sin haber renunciado a gastos inútiles y disparatados constituye una afrenta, no para ellos, sino fundamentalmente para los ciudadanos de sus respectivas Comunidades Autónomas que sí han sufrido los rigores de toda clase de ajustes y recortes en nombre de la tan cacareada austeridad y estabilidad presupuestaria. Señalan que otorgar a Cataluña un mayor déficit que al resto de las comunidades autónomas es facilitar, además, el proyecto independentista a costa del bolsillo de los demás. Y no es que los ciudadanos de Cataluña no hayan sufrido en sus carnes también muchos recortes de mano de sus gobernantes separatistas sino que lo han hecho a costa de mantener seudo embajadas superfluas o un entramado televisivo público insostenible, pero muy rentable políticamente para los fines separatistas.
Hay quien, como el Presidente Fabra, reivindica el establecimiento de un déficit asimétrico, o sea, desigual, para entendernos, justificado por un hecho indiscutible como es la gran diferencia de financiación entre las distintas comunidades autónomas; un hecho que viene perjudicando especialmente a la Comunidad Valencianaque tan sólo entre 2011 y 2012 ha recibido 5.500 millones de euros menos de lo que habría recibido en el supuesto de contar con la misma cantidad por habitante, por ejemplo, que Cataluña. La Comunidad Valenciana ha sido la autonomía que menos ingresos públicos por habitante ha tenido en estos dos últimos años. Por cierto, algo parecido le pasa a la Provincia de Alicante en cuanto a las inversiones de la Generalitat en la misma que, al igual que con las inversiones estatales, está discriminada. No se puede pedir a quien recibe menos financiación que disminuya sus gastos en la misma medida que quienes perciben mucho más por cada habitante.
A nadie se le escapa que el tema de la financiación es un tema espinoso cuya solución se viene arrastrando desde hace muchos años. A la hora de pedir dinero, cada región encuentra siempre un motivo diferencial con el que justificar una demanda mayor que la de su vecino. Cuando no se trata de las peculiaridades geográficas, se trata de el PIB o si no de la población estacional, el nivel de desempleo o la existencia de lengua propia. Lo cierto es que hoy el principio constitucional de la igualdad entre los españoles está más lejos que nunca de ser una realidad. Los españoles, en función del territorio de residencia, cuentan con un mayor o menor catálogo de prestaciones públicas, una fiscalidad diferente y una aportación estatal también distinta. Es evidente que seguir avanzando en la misma dirección sin antes proceder de una vez a abordar con decisión y con la legitimidad que otorgan las urnas a una profunda revisión de nuestro modelo sólo puede servir para seguir incrementando los agravios comparativos entre los ciudadanos españoles. Establecer un determinado criterio del reparto del déficit sobre la base de un injusto sistema de financiación que hace que valga más un ciudadano residente en Navarra que otro en la Comunidad Valencianaes profundizar en la injusticia y en la fragmentación de la cohesión social.
En todo caso y sea cual sea la solución que finalmente se adopte en este asunto, bienvenido sea el debate público entre los dirigentes autonómicos y especialmente entre los populares. Pese a lo que algunos afirmen, el debate público es siempre enriquecedor y, como muy bien ha señalado alguno, unidad no es lo mismo que uniformidad. Es posible que “el apoyo al gobierno no sea negociable” entre los Presidentes autonómicos populares, pero lo que es indiscutible es que lo que no es, ni debe ser negociable es la lealtad a los ciudadanos y la defensa de sus derechos frente a cualquier tipo de injusticia discriminatoria. No le falta razón al Presidente Fabra pero en política, en muchas ocasiones, no basta con tener razón. Deberá tener cuidado con lo que dice no sea que alguien termine por acusarle de intentar crear una corriente de opinión contraria a los intereses del partido si éstos, además, no coinciden con los intereses del ciudadano.
Santiago de Munck Loyola
LAS LISTAS DEL PP, UN ESPECTÁCULO.
Ni la Comunidad, ni Alicante, ni los votantes, ni los militantes del PP se merecen el espectáculo organizado en torno al proceso de elaboración y proclamación de las listas del Partido Popular tanto para las autonómicas, como para las elecciones locales.
Un proceso largo y tedioso plagado de enfrentamientos, traiciones y conspiraciones que ha concluido con la aprobación de unas candidaturas que no han terminado de satisfacer, por lo visto, a ninguna de las partes enfrentadas en este procedimiento (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/04/09/cien-candidatos-pp-alicantino-cercanos-ripoll-indignados-lista-autonomica/1114686.html ) y que está dando que hablar, y mucho, a los rivales del PP.
Sin entrar en la apreciación que pueda merecer la presencia de imputados en diferentes procedimientos judiciales en estas listas, pues es evidente la utilización sectaria y partidista que de la justicia y de los medios policiales se viene haciendo desde hace tiempo, lo cierto es que sirve para “echar carnaza” a los adversarios políticos, siempre dispuestos a acabar con la presunción de inocencia cuando no se trata de los propios conmilitones.
Hay un hecho indiscutible que afecta a todas estas listas recientemente aprobadas y que podrán satisfacer más o menos a unos y a otros: que estas listas se han hecho de espaldas de los militantes de Partido Popular. Y ello es así en virtud del procedimiento establecido en los Estatutos del propio Partido y que al final determina que los dirigentes de Madrid, miembros del Comité Electoral Nacional, saben mucho mejor qué candidatos convienen a los alicantinos, por ejemplo, que los propios afiliados del Partido Popular de Alicante. A los afiliados del partido Popular ni se les consulta ni se les deja opinar internamente sobre sus preferencias para la designación de los candidatos a la Alcaldía de la ciudad o a los escaños de las Cortes Valencianas. Es un hecho evidente e incontestable, como lo es también el hecho de que, pudiendo hacerlo, ningún candidato a la Alcaldía de las grandes ciudades tiene el valor de someterse a una asamblea informativa del Partido para medir el apoyo con que cuentan entre la militancia. Los militantes del Partido Popular solo cuentan para pagar la cuota de afiliación, para que los llamen para llenar las sillas de los actos electorales y para esperar ahora a que les llamen para hacer de apoderados e interventores el día 22 de mayo.
Otro hecho que denotan estas listas recientemente aprobadas es la pretensión de acumular puestos institucionales por parte de algunos candidatos. Los estatutos del PP regulan determinadas incompatibilidades para que esto no ocurra. Pero, hecha la norma, hecha la trampa: hay excepciones. Y, acogiéndose a la excepción generalizándola, hay quienes son candidatos a la Alcaldía de su ciudad, como en Alicante y Valencia, y al mismo tiempo candidatos a ser diputados por la Provincia en las Cortes. Seamos serios por favor ¿dirigir una ciudad como Alicante no exige una dedicación al cien por cien? Y ¿representar a la Provincia en las Cortes no exige también una dedicación permanente? Supongo que la respuesta a ambas preguntas sólo puede ser afirmativa. Entonces ¿cómo se puede hacer compatible ser Alcaldesa, por poner un ejemplo, de Alicante y al mismo tiempo diputada en las Cortes? ¿En cuál de los dos cargos no va a haber una dedicación al cien por cien? Que nos lo digan, porque los electores tenemos derecho a saberlo.
Los que hoy se sienten defraudados o indignados por esta forma de hacer las cosas deberían tomar buena nota de ello y actuar en consecuencia cuando llegue la hora de elegir a los dirigentes del partido en su localidad o cuando llegue la hora de apoyar, en el próximo Congreso, las enmiendas destinadas a devolver la palabra y el poder a los afiliados del Partido Popular y a reforzar el sistema de incompatibilidades para acabar con estos abusos.
Santiago de Munck Loyola
santiagodemunck 