Y ¿qué hay de la corrupción?

Hay que ver, con lo movidita que ha estado esta legislatura y ahora todos calladitos. No hace nada estábamos todos alucinados con las jugosas grabaciones que La Sexta emitía, esas refinadas conversaciones entre la Alcaldesa de Alicante y su amigo la “polla insaciable”, el capo de la ciudad en las que se hablaba de lo divino (es un decir) y lo humano, en las que se trataba sobre cómo apañar (¿o era amañar?) el Plan General de la ciudad, que si pásame un plano, que si me arreglas lo del Rico Pérez, que si los de Ikea por aquí, que si a ver si me ayudas a cargarme a Pedro Gea, que si colócame a éste,… ¿Y las fotos? ¡Preciosas! ¡Nivelón el de la casta política pepera y empresarial de Alicante! Ese bañador, esas gafas de buceo, esos pijamas andorranos,… Pero ya nadie se acuerda de eso. Nadie quiere hablar.

Hay que ver, con la de titulares en la prensa que nos hemos desayunado sobre las andanzas judiciales de nuestro Ayuntamiento y ahora todos calladitos. La Alcaldesa que tiene que salir por la puerta falsa con varias imputaciones judiciales a cuestas, el Vicealcalde procesado por el caso Magallanes, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante,  Juan Seva,  inhabilitado por un juzgado en el marco del caso Lucentum,…  ¿Nadie se acuerda ya de las mil filigranas para que ni Rajoy ni el Rey fueran fotografiados junto a la Alcaldesa? Pues parece que no, que ya nadie se acuerda de eso. Nadie quiere hablar.

Y hay que ver, con la de noticias que ha generado la particular manera de “gestionar” el Partido Popular los millonarios contratos del Ayuntamiento de Alicante y ahora todos calladitos. Parece que fue hace mucho, mucho tiempo cuando se hablaba de las adjudicaciones millonarias a las empresas participadas del amigote del PP, “la polla Insaciable”, limpieza viaria, recogida de residuos, limpieza de colegios, el cementerio, obras públicas, aparcamientos… y no, no fue hace tanto tiempo, ha sido durante estos últimos años cuando el nombre de Alicante se ha asociado en toda España a la palabra corrupción. Pero parece que ya nadie se acuerda de eso. Nadie quiere hablar.

Toda esta montaña de suciedad y podredumbre ha sido posible porque los concejales que estaban en el Ayuntamiento lo han consentido, porque no han tenido ni la decencia, ni la valentía de alzar su voz y decir ¡Basta! Y, ahora, hay que recordarlo y recordar a los votantes que cinco de ellos siguen en las listas del Partido Popular. Un partido cuyo Presidente y cuyo Secretario Provincial lo han tolerado, consentido y propiciado. Baste recordar que cuando la Alcaldesa fue imputada, el Secretario Provincial del PP, ese profesional de la política, el Sr. JJ Zaplana, fue presto a presidir una cena de homenaje que dicha señora se organizó. Y los vecinos, los votantes deben saber que ese Presidente complaciente con estas políticas va ahora de número 3 en la lista municipal del PP de Alicante.

Parece evidente que existe un pacto de silencio entre el PP y el PSOE (los tentáculos de ciertos poderes empresariales son muy largos) para que no se recuerde ni se hable de eso. Pacto al que se han debido sumar encantados los recién llegados de Ciudadanos, bien porque su candidato era militante del PSOE hasta hace dos meses, bien porque traten de guardar la ropa para ver con quien pacta.

¿Y la prensa? Un misterio. Algo pasa porque “Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicante” es la única opción netamente alicantina que concurre a las próximas elecciones municipales y cuyos miembros, además, han sido especialmente beligerantes contra la corrupción. Se ignora precisamente a los que queremos que se hable de esto, a los que exigimos debates para poner los puntos sobre las íes, debates para desenmascarar a los farsantes que ahora se visten de lagarteranas y para poner encima de la mesa medidas regeneradoras.

Todo parece indicar que hay un pacto de silencio vergonzante y los votantes tienen que saberlo. Con este pacto puede que consigan que no se vea, ni se oiga la corrupción, pero el hedor persistirá.

Santiago de Munck Loyola

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El Ayuntamiento de Alicante y SUMA.

A veces, desde determinadas instancias administrativas se toman algunas decisiones que aparentemente tienen poca trascendencia y que poco influyen en vida del ciudadano. Sin embargo, cuando se analizan detalladamente parece que no es así. Es lo que ocurre con la reciente decisión del Ayuntamiento de Alicante de transferir la gestión de los impuestos municipales a SUMA, la entidad tributaria gestora de la Diputación Provincial de Alicante. Uno diría que, a primera vista, al contribuyente de Alicante le resulta indiferente quién le cobre el Impuesto de Bienes Inmuebles o el de vehículos porque, al fin y al cabo, va a tener que pagar lo mismo. Pero si se examina con detalle el asunto parece que el hecho de que sea SUMA la que cobre estos impuestos y no el propio Ayuntamiento terminará repercutiendo en el bolsillo del ciudadano. SUMA, como es lógico, cobra por su gestión y el Ayuntamiento de Alicante tendrá que consignar en sus presupuestos anuales al menos 2,5 millones de euros para pagar a SUMA por hacer lo que antes venía haciendo el propio Ayuntamiento.

Si se examinan los presupuestos generales del Ayuntamiento de Alicante se encuentra una partida de 1.847.763.- € correspondientes a los sueldos de los funcionarios destinados a la gestión del sistema tributario, al cobro de nuestros impuestos. Si se da por correcta la cifra publicada de 52 funcionarios municipales destinados a la gestión tributaria y de éstos sólo 15 funcionarios son trasladados a SUMA, el Ayuntamiento deberá seguir pagando las retribuciones de 37 funcionarios que, según las informaciones publicadas, van a ser destinados a otras tareas dentro del Ayuntamiento. Es decir que el Ayuntamiento de Alicante tendrá que seguir consignando en su presupuesto 1.314.768.- € para el pago de las retribuciones de los funcionarios antes adscritos a la gestión tributaria municipal y añadir los 2.500.000.- € para el pago a SUMA por su gestión. En resumen que la decisión política de que SUMA nos cobre los impuestos a los vecinos de la ciudad de Alicante supondrá pasar de un gasto de 1.847.763.- € a la cifra de 3.814.768.- € al año, cifra que se reflejará en los presupuestos municipales y que, por tanto, sí que terminará por tener una incidencia real en los bolsillos de los contribuyentes.

La razón de fondo de esta decisión no se encuentra en el objetivo de dotar a la gestión de los tributos de una mayor calidad o eficacia pues están fuera de toda duda los niveles de profesionalidad y la capacidad de los funcionarios municipales dedicados a esta tarea, perfectamente equiparables a los de SUMA. Es evidente que esta decisión de tan hondo calado obedece a la necesidad de proporcionar más liquidez a la tesorería municipal que podrá verse beneficiada con los anticipos ordinarios que SUMA entrega sin intereses. No se trata, por tanto, ni de una medida de ahorro para las maltrechas arcas del Ayuntamiento alicantino, ni de una medida de carácter coyuntural. Y tratándose de una decisión de tanta trascendencia para los contribuyentes y para el personal del Ayuntamiento, parece que ha faltado  algo de transparencia y de debate y, sobre todo, la búsqueda del consenso con la oposición.

La consecución de más liquidez para la hacienda municipal, es decir, un flujo de ingresos mensuales regulares se podría haber conjugado mejor con la necesidad de muchos contribuyentes de fraccionar mensualmente el conjunto de los tributos municipales. Hoy más que nunca, el hecho de tener que pagar en un mes el elevado IBI que pagamos en Alicante o en otro mes el IVTM se hace bastante cuesta arriba. Al contribuyente le es mucho más fácil pagar mensualmente, como hace con la cuota de la comunidad de vecinos por ejemplo, una cuota tributaria equivalente al prorrateo mensual del conjunto de los tributos municipales. Con una adecuada promoción municipal de esta fórmula durante los últimos años, el Ayuntamiento habría conseguido de una parte facilitar a los vecinos el pago de sus impuestos y de otra obtener esa liquidez mensual tan ansiada ahora.

Santiago de Munck Loyola

El Ayuntamiento pasota.

Hace poco más de un año, los vecinos residentes en la Comunidad de Propietarios Helios, más de 80 familias, presentamos un escrito dirigido a la Sra. Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, comunicándole algunas deficiencias en nuestro entorno para que o bien les diese solución o diese traslado a la autoridad que fuese competente para ello. En concreto, poníamos en su conocimiento que en las pequeñas playas situadas junto al edificio habían desaparecido los letreros que prohibían el acceso a las mismas a los perros y que era frecuente ver perros por la playa cuyos dueños los soltaban sin ninguna consideración. También, poníamos en su conocimiento la costumbre de algunos vecinos de la ciudad de vaciar urnas con las cenizas de fallecidos o incluso la de tirarlas tal cual en los espigones situados a pocos metros de estas pequeñas playas, sugiriendo que se señalizase la zona prohibiendo esas prácticas a escasos metros de donde mucha gente se baña.

No es que se tratase de graves problemas, pero sí de costumbres que incomodan a muchos de los usuarios de estas zonas de baño. Pues bien, ha pasado más de un año y nadie en el Ayuntamiento, ni la Alcaldesa, ni sus concejales ni ninguno de sus numerosos asesores ha tenido ni la cortesía, ni la buena educación de contestar, ni de acusar recibo de esta solicitud. Es verdad que 80 familias no son muchas y que no somos tan importantes como los generosos amigos de la Sra. Alcaldesa, pero ¡hombre! somos contribuyentes, somos ciudadanos que merecemos un mínimo de respeto.

Es posible que la Sra. Alcaldesa esté demasiado ocupada con sus líos judiciales o tratando de explicar o maquillar las criticadas cuentas del Ayuntamiento o con la supervisión de los pliegos de las millonarias contratas que se suele llevar su amigo, el dadivoso, pero no está sola. Cuenta con muchos concejales que podrían atender y dar respuesta a los problemas de los vecinos y no sólo de los contratistas municipales. Y cuenta también con un elevado número de asesores (asesor y medio por concejal), como en la Diputaciónde Alicante, que pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos y que podrían ocuparse de estos “bajos” menesteres o que podrían, puestos a ello, hacer su trabajo y asesorarla indicándole que es de buena educación responder a los escritos de los vecinos. Bastaría con una corta misiva diciendo que han recibido el escrito y que van a solucionar el problema o que no lo van a solucionar porque no es de su competencia pero que dan traslado del mismo a quien competa. No cuesta tanto trabajo aparentar que se preocupan de las necesidades de los vecinos aunque no estemos cerca de unas elecciones municipales.

La verdad es que no es tan difícil ¿no? Quizás deberíamos ir pensando en cambiar el nombre de la Comunidad de Vecinos. Quizás si nos llamásemos Comunidad de Vecinos Ortiz alguien se tomaría la molestia en responder algo. ¡Quién sabe!

Santiago de Munck Loyola

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Los partidos políticos y nuestro dinero.

El pasado 29 de abril, el Consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellanos, anunció que la cantidad con que la Generalidad subvencionaba a los partidos políticos iba a ser reducida en un 30 %. Es decir, que el millón setecientos mil euros al año que hasta ahora, y a pesar de estar arruinada la administración autonómica, se llevan los partidos políticos para mantenerse del dinero de los contribuyentes se reducía para este año a un millón doscientos mil euros. Esta decisión ha levantado ampollas en la oposición, sobre todo en el PSPV, que ha puesto el grito en el cielo al ver reducido el dinero que recibe del erario público y que en buena parte venía dedicando a interponer acciones judiciales que, además, pierde en muchos casos. Esta elogiable iniciativa del PPCV es, a su vez, criticable porque lo primero que hay preguntarse es ¿por qué una reducción del 30% de la subvención y no del 100%? ¿Por qué si no hay dinero para pagar la dependencia, a los farmacéuticos o a los colegios sí que hay 1.200.000 euros para sostener las estructuras de unos partidos políticos que deberían ser sostenidas únicamente con las cuotas de sus afiliados? ¿Son prioritarios los gastos de los partidos frente a las necesidades básicas vitales de miles de ciudadanos de la Comunidad? 

No existe ni una sólo razón económica, ética o política que justifique que en tiempos de profunda crisis, de miseria y desesperación en muchos casos, se dedique dinero público a financiar a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que, indudablemente cumplen un papel esencial, deben ser capaces de autofinanciarse, de subsistir con las aportaciones de sus afiliados, de sus socios y sus simpatizantes y, para hacerlo, deberían ajustar sus modelos de organización y funcionamiento a sus ingresos reales o desaparecer en su forma actual. Si no lo consiguen, si no pueden mantenerse con el dinero de sus socios es porque los ciudadanos no las quieren y, por tanto, sustituir la falta de ingresos de su militancia con subvenciones detraídas de los impuestos de los mismos ciudadanos que voluntariamente no las quieren sostener es un fraude político en toda regla.

Sin embargo, esta reducción de las subvenciones a los partidos llevada a cabo a nivel autonómico contrasta poderosamente con las decisiones tomadas en el ámbito de Alicante por la Diputación Provincial. En efecto, el pasado 4 de abril, el Pleno de la Diputación alicantina presidido por Dª Luisa Pastor aprobó por vía de urgencia, fuera del orden del día y de tapadillo, una modificación del reglamento para la gestión de las subvenciones que reciben los grupos políticos que conforman la Diputación. ¿Y en qué consistió esta reforma? Pues básicamente en poder desviar parte del dinero destinado al funcionamiento de cada grupo político de la Diputación a las cuentas corrientes de sus respectivos partidos políticos. Es decir, a subvencionar de forma encubierta a los partidos políticos, que tanto el PP como el PSPV podrán ingresar la cuantía que estimen conveniente de esa asignación a las arcas que nutren a sus direcciones provinciales. En el Artículo 9 del reglamento aprobado se dice que «Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial». El único requisito es que, posteriormente, justifiquen el destino definitivo de esos fondos. Y para ello no hubo gran problema. Tanto el Partido Popular como el PSOE se pusieron de acuerdo de inmediato. Y, por si fuera poco, tanto el PP como el PSOE acordaron también abrir la vía para incrementar la asignación que reciben todos los años de las arcas provinciales. Y todavía habrá quien hable de austeridad o de ejemplaridad sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Es esta la sintonía política que existe entre el Sr. Ciscar y el Presidente Fabra? ¿Aquí va cada uno por su lado?

Y hablando de dinero público y de grupos y partidos políticos, no queda más remedio que subrayar la actitud del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante que hace pocos días, sin dar ninguna explicación, se negó a aprobar una moción de UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos. Hay que precisar que según el Artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local el Pleno del Ayuntamiento puede asignar determinadas cantidades de dinero a los grupos políticos constituidos en su seno para su actuación corporativa. Esta dotación económica no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, ni a desviarse como aportación a los partidos políticos, salvo que así expresamente lo autorizase el Reglamento municipal correspondiente. La Ley prevé que los Grupos Políticos de la corporación lleven una contabilidad específica de esa dotación económica que habrá de ser puesta a disposición del Pleno cuando así se apruebe. Pues bien, lo que ha hecho el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante es sencillamente impedir que los ciudadanos podamos conocer cómo y en qué se han gastado nuestro dinero todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ¿Hay alguien que pueda decir que eso es transparencia? ¿Hay alguien que pueda explicar esa decisión? ¿Hay miserias o ilegalidades que esconder?

Bien, como se puede apreciar estamos ante tres actitudes diferentes, pero muy sintomáticas y elocuentes, sobre el uso del dinero de los contribuyentes, sobre la forma de financiar en tiempos de crisis y de austeridad a los partidos políticos. Podrán contarnos lo que quieran, podrán entonar bellos discursos con huecas palabras, pero no hay nada más elocuente que los hechos. Y por sus obras los conoceremos.

Santiago de Munck Loyola

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Alicante: sin comentarios.

Diario Información 6-2-2013:

 El PP pide apoyo a Castedo para apuntalar la nueva estructura del partido en Alicante. Según el periódico la dirección provincial del PP ya ha solicitado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su «colaboración» para poner en marcha el nuevo organigrama interno de la agrupación popular en Alicante, que prevé «trocear» la ciudad en cinco ejecutivas de distrito. Hace unos días, Castedo visitó la nueva sede junto al «núcleo duro» de sus concejales. Acudieron a la cita con José Juan Zaplana, número dos de José Císcar en el PP, la propia Castedo junto al vicealcalde Andrés Llorens; el concejal Juan Seva y la portavoz municipal, Marta García-Romeu. Todo el que tiene algo que decir dentro del grupo del PP en el Ayuntamiento de Alicante estaba alrededor de la mesa, apuntan fuentes populares. ¿Objetivo del encuentro? Apuntalar la elección de las cinco nuevas ejecutivas locales con el respaldo explícito y claro del grupo de concejales alicantinos.

Diario El Mundo 10-2-2013:

Peligrosa incertidumbre en el Ayuntamiento alicantino.

Hace pocos días, el pasado domingo, el Diario El Mundo de Alicante, dedicando dos páginas enteras a la situación política que se vive en el Ayuntamiento de Alicante por la delicada situación procesal que atraviesa la Alcaldesa Sonia Castedo, encabezaba su información bajo el siguiente titular “Concejales del PP piden a Císcar que acelere la caída de Castedo para evitar el expolio de Alicante”. A continuación subtitulaba esta información con dos frases: “Manifiestan al líder provincial del PP que si se retrasa, la mayoría absoluta será irrecuperable” y que “la alcaldesa no cuenta ya con ningún incondicional, según han sondeado los ediles del PP”. No sé a los demás, pero a un servidor cuando lee lo de “evitar el expolio de Alicante” se le ponen los pelos de punta.

Claro que para informaciones y opiniones las hay tan variadas que uno no sabe con cual quedarse. Sin ir más lejos, hace tan sólo un par de semanas, el 7 de enero de 2013, se publicaban en el Diario Las Provincias las siguientes declaraciones del concejal popular Luis Barcala: “Sonia Castedo cuenta con el apoyo incondicional y sin fisuras de la totalidad del equipo de gobierno”. Aquí pueden plantearse varias hipótesis: o bien el Sr. Barcala no está entre los supuestos concejales que han ido a lamentarse ante el Presidente Provincial o bien está entre ellos y se desdice de sus recientes declaraciones o bien no se entera de nada. Hace tan sólo dos meses, el 16 de noviembre de 2012, con la Alcaldesa ya imputada en los tribunales, se celebró una cena de auto homenaje a Sonia Castedo y co-presidiendo dicha cena estaba el mismísimo Secretario General de la Provincia de Alicante, José Juan Zaplana. Si estas informaciones, declaraciones y gestos públicos pueden resultar contradictorios y desorientar a los propios afiliados del Partido Popular que se supone que algo deben conocer de estas idas y venidas, de estos malabares y juegos de salón, qué no debe ocurrir en la mente de los ciudadanos alicantinos que contemplan este espectáculo político. Pues lo menos que se debe de estar produciendo en el ciudadano es una pérdida progresiva de la confianza que depositaron en el Partido Popular hace casi dos años, ratificando con ello la afirmación del Diario El Mundo de que de seguir así la mayoría absoluta será irrecuperable.

 

Es muy difícil explicar a los ciudadanos que el Partido Popular ha trazado una línea roja respecto a los imputados y procesados que consiste en que, cuando son imputados o procesados, no pueden ocupar puestos orgánicos en la estructura del Partido Popular pero sí pueden seguir ocupando cargos públicos en Ayuntamientos o en las Cortes Valencianas. Es cierto que el Partido Popular no puede obligar a nadie a renunciar a su cargo público, a su acta de concejal o de diputado, pero sí puede excluirlos de sus grupos municipales o del grupo parlamentario. Esa exclusión sí que sería una muestra de coherencia política que con toda seguridad supondría algo más de confianza y de credibilidad a las llamadas líneas rojas. Y esa exclusión no supondría cuestionar la presunción de inocencia de nadie o, en todo caso, supondría hacerlo en la misma medida que se hace cuando se excluye a imputados y procesados de los puestos orgánicos del propio partido. No hay fórmulas intermedias válidas y prueba de ello es que la actual situación consentida y mantenida por los más altos responsables políticos del Partido Popular está causando una profunda desconfianza entre los electores  y un daño constante a la imagen e intereses del partido.

Y si hay algo grave, además, en estas informaciones y en las polémicas que sobre ello se mantienen es el silencio atronador de quienes deberían negar que se esté produciendo o se vaya a producir un “expolio” de Alicante, algo difícil de aceptar. Es una gravísima acusación que debería haber tenido ya una respuesta pública por parte de la Dirección Provincial. Dicen que el que calla otorga y en este caso el silencio es inaceptable.

Sea o no cierta la petición de auxilio de algunos o de todos los concejales al Presidente Císcar, no es posible olvidar que un concejal tiene ante todo una enorme responsabilidad ante los votantes y es a ellos a quien se debe en primer lugar, que esa responsabilidad hace a todos los concejales del gobierno municipal partícipes de los éxitos y de los fracasos en la gestión municipal y que en esa responsabilidad se incluye la de elegir a quien ha de ocupar la Alcaldía y la de destituirlo, en su caso, con la aplicación de los mecanismos legales existentes para ello. Pero no cabe echar balones fuera.

Santiago de Munck Loyola

Sobre la Alcaldesa de Alicante: un análisis demoledor.

El pasado domingo, 7 de octubre, el Diario El Mundo, bajo el titular “La última Alcaldesa en aferrarse al cargo”publicó un demoledor artículo de Héctor Fernández que plantea no pocas interrogantes y deja perplejo a cualquier afiliado del Partido Popular sobre los oscuros “manejos” que se producen en su interior. El artículo en cuestión empieza así: “Sonia Castedo se ha convertido en una piedra en el zapato de José Ciscar, Alberto Fabra y María Dolores de Cospedal. O lo que es lo mismo, de todas las estructuras del PP, desde la provincial hasta la nacional pasando por la autonómica. Su negativa a dimitir como primera edil de Alicante después de la imputación de tres graves delitos, tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada, y de que tenga la ciudad paralizada a la espera de su horizonte panal, se ha planteado como un pulso a las diferentes cúpulas del partido que en otros casos han enseñado ya la puerta de salida a los imputados”.

Poco más adelante continúa afirmando que “Alberto Fabra ha sido inflexible con altos cargos de la Generalitat dependientes directamente de él, como es el caso del cese inmediato del ex secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón, por su imputación en el caso Noós… Por eso, lo que muchos en el partido se preguntan es ¿por qué Castedo se le resiste?”

El articulista ofrece cuatro razones para explicar esa resistencia de la Alcaldesa de Alicante:

“1º Maneja los tiempos del Partido en vez de que sea al revés. Castedo, pese a sus errores mediáticos, está siendo habilidosa en el manejo de los tiempos. Ha conseguido que solo haya un interlocutor, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, entre el Presidente Regional y ella. Y le ha arrancado el compromiso de protegerla mientras no haya nuevas decisiones judiciales. Ciscar está dispuesto a aplazar la Asamblea del PP de Alicante lo máximo para permitirle presentarse en el supuesto de que se archive la causa. En caso contrario, o promociona a su delfín, Carlos Castillo, como Presidente local o dividirá el partido en distritos para que no haya ningún contrapoder a la estructura provincial…

2º Juega con el miedo del PP a una escisión en Alicante…. Además, ha extendido la amenaza que si se le obliga a dimitir podría presentarse en 2015 como independiente y arrebatar la Alcaldía al PP…

3º El PPCV y la Generalitat tienen sus propios problemas…. Gürtel, Noós y Cooperación…

4º Se ha convertido con el paso de los años en la “líder” de los críticos con Fabra en la Provincia.

Para concluir su análisis, el articulista ofrece una última explicación para la numantina resistencia de la Alcaldesa:

Sin ninguna salida fuera de la política.

“No se va porque no tiene donde irse” dicen sus compañeros. Y es que Castedo no tiene profesión fuera de la política. … A esto se añade que durante este año ha intentado colocar a su marido desempleado (Arturo Soto “Turi”, de profesión transportista) en la Diputación, sin éxito.”

De todas estas razones expuestas en este periódico no se puede admitir ninguna con el peso suficiente para explicar, no la esperada resistencia de la Alcaldesa a presentar su dimisión, sino la falta de un pronunciamiento claro y contundente, de un gesto inequívoco de reprobación por parte del Presidente Regional y del Presidente Provincial. Si se diese por válida la primera razón, el manejo de los tiempos, deberían sonar todas las alarmas en el Partido Popular ya que sólo cabría preguntarse qué fuerza oculta la Alcaldesa, qué arma tan poderosa esconde como para doblegar al Presidente Provincial y obtener de él su protección hasta el punto de condicionar el calendario para la elección de un nuevo Presidente Local de Alicante, para imponer en su caso al delfín de Sonia Castedo, Carlos Castillo, (más de lo mismo) o para dividir a la ciudad en distritos agraviándola, una vez más, en relación a la ciudad de Elche, por ejemplo. Cualquiera de estas tres opciones sería no sólo una muestra de debilidad de la Dirección Provincial sino, además, un claro desprecio a los derechos de los afiliados de la Ciudad de Alicante a los que se demostraría que nada ha cambiado tras el Congreso Provincial, que sobreviven hábitos caducos y podridos en la forma de hacer política.

Es muy poco probable que alguien pueda tener miedo a una hipotética escisión del PP Alicantino liderada por alguien imputado y que hasta el día de hoy ha demostrado una clara incapacidad para liderar un proyecto de ciudad y cuyo estilo político se aleja cada día más de las exigencias morales que el servicio público impone. Las convocatorias electorales están llenas de cadáveres políticos de muchos que un día se creyeron por encima de las siglas de su partido y que llegaron a creerse valores políticos “per se”.

Es evidente que su perfil profesional o, mejor dicho, su incapacidad para ganarse la vida fuera de la sombra del poder condiciona enormemente el paso de la dimisión en la Alcaldesa de Alicante. Pero ni esa, ni ninguna de las otras razones pueden servir de excusa para que la Dirección Provincial adopte una postura pública clara y tajante, salvo que haya algo más que esconder. Si la política del Presidente Fabra es “aparcar” a los imputados, la Alcaldesa de Alicante no puede ser una excepción. Si no quiere dimitir como Alcaldesa (podría conservar su asiento de concejal hasta que se diluciden las causas penales contra ella y volver al primer asiento en el caso de que salga limpia), la Dirección Provincial tiene la obligación moral, ética y política de pedir su dimisión y, en su caso, de ordenar una moción de censura a los concejales populares. Más vale una vez colorado que ciento amarillo. Todo lo que no pase por ahí son paños calientes inaceptables para cuantos propugnamos transparencia, honestidad, democracia interna y participación en el seno del Partido Popular.

No es de extrañar que con la pasividad de muchos, los silencios de algunos y la trayectoria de unos pocos, hoy mismo, algunas encuestas (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/08/valencia/1349726507_027630.html) pronostiquen un vuelco electoral en la Comunidad Valenciana anunciando una próxima mayoría de izquierdas. Y seguramente así será si no se actúa de forma ejemplar, si no se recupera la sintonía con los ciudadanos cansados de una clase política, responsable de la crisis, y enrocada en su mundo de privilegios y conspiraciones. La izquierda valenciana está encontrando a sus mejores aliados en los Alperi, Castedo, Blasco, etc. y algunos no nos vamos a resignar a ello (https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts).

 

Santiago de Munck Loyola

¿Castedo y Alperi con o contra Fabra?

Se quiera o no reconocer hoy se ha producido un agravamiento de la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos, además, diputados alicantinos en las Cortes Valencianas. El juez instructor del caso Brugal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana los ha citado como imputados por su supuesta implicación en el caso Brugal, que investiga supuestos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz. La Alcaldesa y su antecesor deberán declarar por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

La imputación de los dos políticos populares supone el ascenso de un peldaño más en la escalera judicial. Es evidente que una imputación no supone lesión alguna del principio de presunción de inocencia, pero es incuestionable que implica consecuencias en el ámbito de la responsabilidad política. En todo caso, la imputación de ambos parlamentarios autonómicos y, en especial, de la Alcaldesa es una losa más para la imagen del Partido Popular de Alicante, para la agónica vida interna del partido en la ciudad y para la errática política municipal del consistorio alicantino.

Esta lamentable situación se añade a otros hechos que en los últimos tiempos han propiciado una más que cuestionable política municipal y que han puesto en entredicho la imagen y las políticas de regeneración impulsadas por el Presidente Fabra.

Retrocediendo en el tiempo hay que recordar la irresponsabilidad y la desmedida ambición que suponía ser candidata simultáneamente a la Alcaldía de una ciudad tan importante como Alicante, que requería una dedicación exclusiva, y a un escaño en las Cortes Valencianas. Y los hechos han confirmado lo desafortunado de esa elección. Después de las pasadas elecciones, los alicantinos supimos que no todos los concejales mayoritariamente elegidos por los ciudadanos iban a ostentar responsabilidades. La Alcaldesa usaba su cargo político para defenestrar a los compañeros no adictos a esas rocambolescas “familias” que se habían organizado en el seno del Partido Popular. Daba igual lo que los ciudadanos hubiesen votado.

Más tarde, en el mes de marzo, los medios de comunicación se hicieron eco de la curiosa forma en que el Ayuntamiento de Alicante entendía el objetivo de austeridad del Partido Popular: 47 cargos de confianza en una Corporación de 29 concejales, más de 1,4 millones de euros anuales, algo escandaloso. Y para más abundamiento que el Grupo Municipal Popular, con 18 concejales, contaba con 37 asesores y administrativos (personal de confianza). Un poco más tarde otra vez los medios de comunicación se hacían eco también de curiosos casos de nepotismo en el Ayuntamiento de la ciudad. Un Diario nacional denunciaba que “Ortiz tiene en nómina al cuñado de Castedo y a los hijos del técnico que le da contratos”  y que “trabajaban para la empresa de limpieza de la ciudad, la adjudicación más cara de Alicante”. Igualmente dicho Diario añadía: “Más casos: dos hijas de Alperi, parientes de concejales y el marido de la portavoz” con el siguiente subtítulo “el PP evita reaccionar contra los brotes de nepotismo en Alicante”. La noticia denunciaba que la empresa adjudicataria de la recogida de basuras y limpieza viaria, Inusa, mantenía en plantilla al cuñado de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a los dos hijos del técnico encargado de contratar este servicio en el año 2000, Víctor López,…los tres forman parte de los 600 empleados de Inusa y cobran más de 24.000 euros al año. Más adelante, el periódico añadía que “la primera edil tampoco ha negado nunca que se haya valido de sus influencias para emplear a gente… Castedo agregó desafiante: lo he hecho porque forma parte de mi trabajo como Alcaldesa, y lo voy a seguir haciendo”. Bajo el titular sobre las hijas de Alperi, el redactor de la noticia detallaba además los casos relativos a contrataciones no sólo de las hijas del exalcalde, sino también de la hija y de la sobrina del Concejal Miguel Valor, en puestos de confianza, o el caso del marido de la Portavoz Popular Marta García- Romeu.

El pasado mes de julio, un periódico denunciaba que la Alcaldesa de Alicante cobraba un extra de 584 € mensuales por liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad Nuclear a la que no asistía. Y nadie desmintió esa noticia. Y, finalmente, el pasado mes de septiembre se conoció el escrito del abogado defensor de la Alcaldesa tratando de justificar el injustificable, baboso y esperpéntico tono de las conversaciones entre toda una Sra. Alcaldesa y un empresario, entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz. Para ello el Sr. Letrado acudía nada menos que a la semántica para intentar explicar, sin conseguirlo, que amañar un Plan General no es lo mismo que apañarlo. Sobran los comentarios.

Llueve sobre mojado. No se trata de un hecho aislado, sino de una forma de actuar, de una manera de hacer política poco estética y bastante alejada de los principios éticos que postula el Partido Popular. Sin prejuzgar culpabilidades, hoy no queda más remedio que citar al Presidente Fabra quien el pasado mes de abril manifestó que era necesario «aparcar» a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para «retomar la confianza de los ciudadanos y marcar «una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad». Hoy, los dos nuevos imputados tienen una ocasión de oro para demostrar o no su sintonía con el Presidente de la Generalidad Valenciana.

Santiago de Munck Loyola

Sonia Castedo debería considerar la dimisión.

No ha sido la semana anterior la mejor semana, desde un punto de vista informativo, para la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Hace poco más de cuatro días, los medios de información se hicieron eco de la decisión del Juez instructor del caso Brugal de enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia pidiendo la imputación de la Alcaldesa, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados en las Cortes valencianas. El juez ve en Castedo y Alperi indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, de tráfico de influencias y de cohecho.

Hoy, el Diario El Mundo, denuncia que la Alcaldesa de Alicante cobra un extra de 584 € mensuales por liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad Nuclear a la que no asiste. Según este periódico, dicha Comisión es inoperante y tan sólo se ha reunido tres veces desde que se inició la actual legislatura. Se subraya, además, que al único acto que podría haber justificado la percepción de esta dieta, la visita a la central de Cofrentes el pasado mes de junio, la Alcaldesa no asistió. Claro que lo que omite este Diario es que la situación de Castedo no es excepcional, es algo bastante extendido entre los miembros de las Cortes. No estaría de más, en estos tiempos de austeridad para los ciudadanos de a pie, que se publicasen los nombres y cantidades percibidas por los diputados autonómicos que muestran igual entrega y dedicación a su tarea sin dejar de percibir sus retribuciones. Pero Sonia Castedo no es la única responsable de su situación. Es materialmente imposible que se pueda desempeñar simultáneamente la Alcaldía de una ciudad como Alicante, puesto que exige una entrega y dedicación plenas, con un escaño en el Parlamento Regional. Es imposible desempeñar los dos puestos a la vez. Y la culpa de que no pueda realizar bien los dos trabajos la tiene la dirección del Partido Popular que se pasa “por el arco del triunfo” las incompatibilidades reales. Los militantes del Partido Popular están completamente al margen de la elaboración de todas las listas electorales. Jamás se recaba su opinión. Los puestos se reparten entre conocidos y amiguetes, familias y sensibilidades, sin que los afiliados puedan opinar lo más mínimo. Esta es una realidad incontestable, basta con repasar los Estatutos del PP, y éstos son los resultados.

El pasado mes de abril, el Presidente Alberto Fabra manifestó que era necesario «aparcar» a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para «retomar la confianza» de los ciudadanos y marcar «una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad». Poco después justificó dos dimisiones de cargos autonómicos imputados en la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con el Instituto Nóos argumentando que «los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad». Fabra añadió que «en estos momentos no podemos hacer otra cosa que seguir generando la confianza en el ciudadano, que está exigiendo ejemplaridad».

Estas palabras del Presidente Fabra responden a una exigencia ciudadana cada vez más extendida, fiel reflejo de esta creciente percepción de que los políticos, la clase política, constituyen un problema para el conjunto de los ciudadanos. Hasta el día de hoy, la Alcaldesa de Alicante es, no se olvide, inocente de cualquier delito y lo seguirá siendo hasta el día en que una sentencia firme declare lo contrario. Pero es tan inocente como cualquier otro de los imputados que han dimitido de sus puestos o han sido obligados a dimitir. Y no pueden existir dos varas de medir en el mismo Partido, ni se pueden usar dos criterios contrapuestos en función del escalón administrativo y político de que se trate.

No se trata ahora de la culpabilidad o no de la Alcaldesa que sólo corresponde a la Justicia dilucidarla. Se trata de que su situación procesal y sus actuaciones dañan a la imagen del Partido Popular y se convierten en titulares permanentes. Hace daño a la imagen del PP que el juez instructor la acuse de haber cometido varios delitos basándose en las pruebas existentes en el sumario; daña a la imagen del PP que en tiempos de crisis presida un consistorio con 55 cargos de confianza; daña a la imagen del PP que se ufane de colocar a amigos y conocidos en las contratas municipales; daña a la imagen del PP simultanear dos cargos públicos y no tener tiempo para desempeñarlos adecuadamente; daña a la imagen del PP muchos comportamientos y actitudes que sin ser ilegales son poco presentables. Sonia Castedo debería plantearse seriamente su dimisión e igual que ella, el Sr. Blasco. En nada beneficia a la imagen del PP el hecho que el “tercer” grupo parlamentario más numeroso de las Cortes Valencianas sea precisamente el de los imputados del PP.

Nada impide que renuncie a la Alcaldía, permanezca como concejala sin responsabilidades mientras dura el proceso judicial y que retorne a la Alcaldía cuando se demuestre su inocencia. Es un duro sacrificio, pero seguramente es lo mejor que puede ofrecer a su Partido para compensar la mala imagen y el daño que su situación está causando.

Santiago de Munck Loyola

Los partidos políticos siguen "de fiesta" con nuestro dinero.

Un Diario publica hoy una noticia relativa a la financiación de los Partidos Políticos que teniendo en cuenta la escasez de dinero para todo llama bastante la atención. Según este diario, los partidos políticos reciben subvenciones hasta por dieciocho conceptos distintos y, entre ellos, destaca especialmente la cantidad que percibirán en el año 2012 para sus gastos de funcionamiento y seguridad y que ascenderá a 65 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta cantidad se refiere exclusivamente a la asignación que el Estado distribuye entre los partidos y que se reparte en su mayoría entre el PP y el PSOE. No hace falta subrayar que en esta cantidad no se incluye lo que, al margen de sus sueldos, perciben los parlamentarios en concepto de dietas, compensaciones, móviles, ordenadores, viajes, etc. ni otras asignaciones que las cámaras pudieran dedicar en sus presupuestos a los Grupos Parlamentarios. De igual modo, esta importante cantidad tampoco hace referencia a las cantidades que los partidos políticos reciben a través de los grupos institucionales en los diferentes parlamentos autonómicos o en las diputaciones provinciales, allí donde existen.

Al día de hoy es materialmente imposible conocer con exactitud las cantidades totales que los partidos políticos reciben, en dinero o en especie, de las diferentes administraciones públicas. La fiscalización que el Tribunal de Cuentas realiza sobre el dinero público percibido por los partidos políticos es absolutamente insuficiente y la legislación aplicable es lo suficientemente sesgada y ambigua como para permitir que los partidos políticos oculten de forma legal a los ciudadanos la cantidad total de dinero público que perciben y el destino que al mismo dan.

Sin embargo, existe además una importante fuente de financiación legal de los partidos políticos que casi siempre pasa desapercibida y que supone una impresionante cuantía en medios materiales, personales y económicos. Se trata de los Ayuntamientos. La Ley de Bases del Régimen Local señala que cada Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, deberá poner a disposición de los Grupos Municipales los medios personales y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta disposición se traduce que los grupos municipales usan despachos, teléfonos, ordenadores y personal, en función de la capacidad de cada consistorio, y lo hacen teóricamente para el desempeño de su trabajo como representantes locales, pero que en la práctica se usan al servicio de cada partido político. A ello hay que añadir las asignaciones económicas a los grupos Municipales, es decir, la cantidad de dinero que mensualmente cada ayuntamiento entrega a los grupos y que se devide en dos partes: una fija igual para todos los grupos y otra variable en función del número de concejales con que cuenta cada grupo. El Artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que “el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”. En el mismo Artículo se añade que “los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” Esto significa que esta subvención no está sujeta a las mismas normas de control y fiscalización que las demás subvenciones que los Ayuntamientos conceden. Los grupos municipales, los partidos, sólo deben justificar el empleo de la subvención cuando así lo requiera el Pleno de la Corporación, algo que casualmente no suele ocurrir, a diferencia de la justificación de las demás subvenciones que deben ser fiscalizadas por la Intervención municipal. Esto significa que estas subvenciones carecen de cualquier control técnico, ni pasan por el Tribunal de Cuentas, ni tan siquiera por la Intervención Municipal.

Y no se trata de cantidades pequeñas, no. Un Ayuntamiento como el de Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, con una población de  73.000 habitantes, dedica anualmente 590.000.- € a cargos de confianza, es decir, cargos de los partidos políticos, despachos y toda clases de medios para los grupos municipales y, además, 130.000.- € de subvención para los Grupos Municipales. Y estamos hablado de un municipio gobernado por IU, teóricos abanderados de la austeridad. Eso sí, al menos publican la cifra, no como en otros Ayuntamientos, como el de Alicante, en el que si se entra en su página web resulta imposible conocer la cuantía exacta dedicada a financiar a los Grupos Municipales. Por hacerse una idea aproximada de lo que puede suponer este gasto de los grupos municipales, si aplicásemos las cantidades que el Ayuntamiento de Rivas dedica a los grupos al conjunto de la población española nos saldría una cifra de 450 millones de euros, es decir, prácticamente lo que el Gobierno espera ahorrar con el “repago” de los medicamentos. Bien es cierto que es poco riguroso dar por buena esta hipótesis ya que hay muchos Ayuntamientos con escasos medios, pero la falta de transparencia de los partidos políticos y de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos no permite conocer la cifra exacta con que los españoles estamos financiando a los partidos.

En todo caso, la financiación anómala y descontrolada de los partidos a través de los entes locales es un hecho cierto e incontestable y supone una cantidad de dinero muy elevada. Es una exigencia de higiene democrática que la transparencia sea absoluta en torno al dinero que los partidos reciben. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto y cómo se gastan nuestro dinero los partidos. En tiempos de crisis y de austeridad, en medio de una penosa situación económica y social a la que nos han llevado los diferentes partidos, éstos deberían ser los primeros en ser austeros, en ser transparentes con el dinero público y en apretarse el cinturón en vez de exigirnoslo a los ciudadanos. Y, además, deberían autofinanciarse y, si no son viables, que cierren el chiringuito.

Santiago de Munck Loyola