Privatizaciones y genética.

Anda revuelto el personal con algunas noticias surgidas en los últimos días en torno a las llamadas externalizaciones de servicios sanitarios, antes llamadas privatizaciones, en la Comunidad de Madrid. Hay quienes hacen de las privatizaciones una cuestión de fe, un dogma, como si se tratase de una receta mágica capaz de deshacer cualquier entuerto. Los radicales de las privatizaciones, al igual que los radicales de lo público, creen a pie juntillas que su método es el mejor en cualquier caso, que es una panacea universal aplicable en cualquier administración y en cualquier circunstancia. El mantenimiento a ultranza de estos dogmas no pasaría de la categoría de anécdota sobre cerrazones mentales, sino fuera porque cuando unos y otros ponen la mano sobre la gestión lo hacen, por regla general, con poca reflexión, con poco análisis de la realidad y con menos datos aún. No hay recetas universales, cada caso es diferente y la solución, pública, privada o mixta, dependerá siempre de una correcta cuantificación de la relación eficacia precio. Sin embargo, cuando las aguas se revuelven más y cuando de verdad se encienden los ánimos es cuando en torno a estos procesos aparecen situaciones que, cuando menos, son poco estéticas.

Y eso es lo que está ocurriendo en torno al proceso abierto en la sanidad madrileña. El blanco de las miradas es, ni más ni menos, que el exconsejero de sanidad de la Comunidad Madrileña, Juan José Güemes. Según se apunta en diversos medios de comunicación, en el año 2009 el Sr. Güemes puso en marcha la privatización de la gestión de los análisis clínicos de 6 hospitales y de más de 250 centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid que fue adjudicada a una UTE, BR Salud. En Marzo de 2010, el Consejero de Sanidad Güemes dimitió repentinamente. Resultó sorprendente que alguien tan joven, con una meteórica carrera política fraguada en los pasillos y las relaciones personales y con un brillante futuro político, abandonase de pronto y se marchase al sector privado. Ya se sabe que eso es algo muy raro en los lares de la política española. Pero, de pronto salta otra noticia: en enero de este mismo año, hace unos días, el 55 % de la UTE a la que fue adjudicada la gestión de los análisis clínicos por el Sr. Güemes es comprada por otra empresa, Unilabs, que pertenece al Grupo Carpio. Y, sorpresa, ¿quién pertenece a su Consejo de Administración? Pues el Sr. Güemes. No cabe la más mínima duda de que todo se habrá hecho con el más absoluto respeto a la legalidad, en especial, en lo referente a los plazos sobre incompatibilidades que afectan al Sr. Güemes, pero tampoco cabe la más mínima duda de que estéticamente es inaceptable porque, mira por donde, de las miles de actividades profesionales que con tan brillante preparación podría haber elegido el Sr. Güemes ha ido a recalar en el sector sanitario y casualmente, dentro del sector, en las empresas que gestionan las contratas que él mismo promovió. Francamente sospechoso.

Y estas cosas pasan, a parte de por culpa de las propias debilidades de la naturaleza humana, por esa tendencia endogámica de los partidos que les lleva a situar en puestos de responsabilidad a amiguetes, a conocidos y a familiares prescindiendo de la cantera de las poderosas organizaciones que dicen poseer. Ya es casualidad que un poderosos partido con cientos de miles de militantes siempre termine situando a los mismos o al entorno de los mismos. Cuando se habla de defender a la familia uno pensaba que se trataba de la institución familiar y respecto a circunstancias muy diferentes. Y es que esto de la familia es muy nuestro. Ya Alfonso Guerra nos demostró como un hermano podía ayudar a la gobernación del Estado con despachito en Sevilla para, tomando unos cafelitos, agilizar el funcionamiento de la pesada maquinaria administrativa pública. Era una forma de privatizar, más bien de familiarizar, la burocracia pública. De su ejemplo tomó buena nota el Sr. Chaves quien desde su largo período de califato autonómico hizo una ostensible demostración de lo bien que una gran familia puede servir al interés general. ¿Y en la Comunidad Valenciana? Pues también tenemos grandes ejemplos de lo que se entiende por gestión privada y familiar de las instituciones públicas. Desde el Ayuntamiento de Alicante hasta las Cortes Valencianas puede seguirse el rastro de este principio de la defensa de la familia. Mira que hay gente capacitada en el Partido Popular para desempeñar con eficacia cargos públicos, pues, nada, hay personas que a sus impresionantes cualidades personales deben unir un carisma especial que les hace acreedores del escaño, por ejemplo, y no por que casualmente sean hijos del ex.alcalde de la ciudad, no, no piense mal el lector. Seguramente se trata de una cuestión de genética política. Debe haber algún gen oculto que potencie la proliferación de cargos políticos en el seno de una misma familia. 

Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la Sra. Esposa del Sr. Güemes, la inefable diputada popular Dª Andrea Fabra, bisnieta, nieta, e hija de Presidentes de la Diputación de Castellón, que se dice pronto. Con ese acervo genético, además de hacerse famosa por su entrañable “que se jodan”, la esposa del Sr. Güemes ya lo era por ser asesora, a los 24 años, del Secretario de Hacienda. Y me pregunto ¿Qué clase de Secretario de Hacienda nombraron que necesitaba una asesora de 24 años con la carrera recién terminada? ¿O es que era un amiguete de papá? Después, con 31 años, ya era senadora. ¡Qué potencia genética! El asunto merece un estudio científico, de verdad. Y lo tenemos a tiro. Seguro que en los estupendos laborarotorios para los que trabaja su señor marido podrían realizar ese estudio genético político. Quizás así, los que pensamos que el acceso a los cargos públicos en nombre de los partidos debería hacerse de acuerdo con criterios democráticos y bajo los principios de mérito y capacidad podríamos salir de nuestro craso error y asumamos de una vez que con buenos genes se llega a cualquier escaño. ¡Qué pena!

Santiago de Munck Loyola

Un curriculum falso más.

Existe un verdadero abismo entre la vida normal y corriente de los ciudadanos y la de los que pertenecen a la clase política. Las prácticas habituales en la vida diaria de la gente no tienen paralelismo alguno en las del mundo político. Si un ciudadano miente en su curriculum o lo falsea adornándolo en exceso y es descubierto por sus jefes lo más seguro es que lo pongan de “patitas” en la calle. Sin embargo, cuando es un político el que miente en su curriculum en España no pasa nada. No así en otros países de nuestro entorno en los que ese tipo de mentiras resulta inaceptable. No hace mucho un ministro alemán presentó su dimisión tras hacerse públicos ciertos datos inexactos sobre su curriculum. Pero España, hasta en eso, es diferente.

El último en entrar en el indecente club de los mentirosos curriculares ha sido el flamante Secretario de Estado de la Seguridad Social D. Tomás Burgos quien, ni corto, ni perezoso, se hacía pasar por médico. Y ahí sigue, en su puesto, sin presentar la dimisión y sin ser cesado fulminantemente que son las dos únicas salidas razonables para una falsedad semejante sea cometida intencionadamente o por error, como se suele argumentar en defensa de los falseadores curriculares.

Esta práctica de falsear, mentir o embellecer hasta límites insospechados los currícula no es algo nuevo. Tiene una larga tradición en nuestra democracia. Ya en tiempos de la transición D. Alfonso Guerra se presentaba como ingeniero y licenciado en filosofía cuando sólo contaba con la titulación de perito industrial, por muy “instruido” que estuviese el Sr. Vicepresidente de Felipe González.

Todo el mundo recuerda a D. Luis Roldán, Director de la Guardia Civil y máximo exponente de la corrupción felipista, que se hacía pasar por economista y que a punto estuvo de ser nombrado ministro de Interior. Más recientemente tenemos el caso de la Vicepresidenta del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Dª Juana Ortega que fue pillada luciendo una titulación de Licenciada en Psicología sin haber acabado los estudios y ahí sigue tan fresca. Y por las mismas tierras anda Dª Carmen Chacón que exhibía un doctorado nunca alcanzado, lo que no ha sido obstáculo para que la misma haya estado acusando a sus rivales de mentir en medio de su campaña por alzarse con la Secretaría general del PSOE. Hasta Dª Leire Pajin, ese prodigio intelectual y augur de acontecimientos planetarios, también miente en su curriculum en que puede leerse que «fue claustral y miembro de la Junta de la Facultad de Económicas y Sociología de la Universidad de Alicante», Facultad que no existe. Ya su predecesor en el Ministerio de Sanidad y conmilitón alicantino, D. Bernat Soria, también falseó su curriculum.

Otros políticos adornan su curriculum de modo que de su rápida lectura puedan deducirse conclusiones erróneas. Algunos señalan que han cursado estudios en una determinada carrera, como si matricularse en una carrera o en algunas asignaturas, sin aprobarlas, ya fuera un mérito digno de exhibición curricular. A lo mejor no han salido del bar de la facultad, pero no importa, se pone en el curriculum y en paz, que eso de los estudios universitarios viste mucho, aunque el interesado sea un indigente intelectual. Es el caso de D. José Montilla o de D. José Blanco, ambos Ministros de Zapatero, o el de D. Patxi López, Presidente autonómico vasco. Dª Elena Valenciano, mano derecha Rubalcaba, acaba de tener dificultades para explicar ciertas exageraciones en su curriculum.

Y si el afectado resulta que era un esforzado comerciante, vendedor de baterías y accesorios para automóviles, y gracias a ciertos enchufes se convierte en diputado autonómico del Partido Popular en Madrid, como D. José Cabrera Orellana, pues pasa a ser “técnico en Desarrollo Comercial. Especialista en Mercado Internacional del Sector de Automoción” que viste mucho más, ¡dónde va a parar!

Cualquier caso como el de los anteriores, en el ámbito de la empresa privada habría supuesto un fulminante despido y sin indemnización. Pero no ocurre así en el mundo de la clase política. Parece que aquí el corporativismo funciona como una regla de oro: hoy por ti, mañana por mí. Da igual el partido de que se trate, todos siguen la misma regla. Sin embargo, esta actitud sólo contribuye a empeorar la imagen de la clase política y a incrementar su desprestigio. Los mentirosos curriculares son unos acomplejados incapaces de presentarse con su trayectoria vital real y, por tanto, no son de fiar. Y los que los mantienen en sus puestos una vez conocidas sus falsedades son sus cómplices y, por tanto, tampoco son de fiar. Con los mentirosos curriculares y sus cómplices o encubridores, tolerancia cero: a su p…. casa y sin indemnización alguna.

Santiago de Munck Loyola

¿Regeneración democrática en marcha?

Hace poco más de una década participé en un Curso de Verano, en el Escorial, titulado el “Primer Gobierno del Partido Popular”. Uno de los ponentes de aquel curso era D. Mariano Rajoy Brey. Tras su conferencia se abrió el turno de preguntas y, tras presentarme, le pregunté sobre el cumplimiento de los compromisos del PP en torno a la regeneración democrática (Consejo General del poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc.) Recuerdo perfectamente que su respuesta fue evasiva, concretó poco. Pero, girándose hacia el moderador, Bermúdez de Castro, le dijo bromeando: ¿estás seguro de que Santiago es de los nuestros?

El anuncio realizado ayer por la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, de la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de los miembros del tribunal Constitucional, así como la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad constituye una excelente noticia para quienes defienden la regeneración democrática que pasa necesariamente, entre otras cosas, por la independencia del poder judicial y la separación entre los poderes del Estado. Por el contrario, se trata de una mala noticia para quienes no creen en la separación de poderes como nota distintiva y definitoria de un régimen democrático, para quienes el sometimiento de los poderes públicos al imperio de la Ley no es sino un simple enunciado carente de eficacia.

La Vicepresidenta anunció que la intención del Gobierno es impulsar las reformas legislativas necesarias para volver al sistema vigente hasta 1985, cuando el PSOE, por sorpresa y mediante una enmienda de última hora, reformó el procedimiento existente, sin ningún tipo de diálogo ni consenso con la oposición, para que los miembros del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por los parlamentarios y no por los componentes de dicho poder. Con aquella decisión se quebró la separación de poderes consagrada en la Constitución y el legislativo, dominado ampliamente por el Partido Socialista, se convirtió en el poder hegemónico del Estado. Es entonces cuando el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, proclamó ufano que “Montesquieu había muerto”. Pues bien, como no hay mal que cien años dure, todo parece indicar que Montesquieu puede resucitar pronto en nuestro país.

Es evidente que la actual configuración y ordenación de uno de los poderes básicos del Estado es claramente deficiente y manifiestamente mejorable. Son muchas las anomalías que aquejan al poder judicial y, seguramente, algunas de ellas derivan de un sistema de autogobierno, previsto en el Art. 122 de la Constitución, que ha sido adulterado por el contenido de la Ley Orgánica que lo desarrolla. La politización de la Justicia en los últimos años ha sido más que evidente.

Constituye una anomalía, inaceptable en cualquier país democrático, que en España se pueda adivinar con gran precisión el sentido y la orientación que una sentencia futura habrá de tener en función de la etiqueta del magistrado o magistrados juzgadores, determinada por el color del partido que los haya propuesto o promovido para su puesto. Del mismo modo, es una anormalidad democrática que, poco a poco, el Tribunal Constitucional, conceptuado primitivamente más como un órgano político que judicial, haya terminado por imponerse en algunos asuntos a la cúspide de la pirámide judicial, al mismo Tribunal Supremo, enmendándole la plana en temas como los relativos a ilegalizaciones de partidos terroristas. Y qué decir de jueces que salen de la magistratura, se meten en política, fracasan ahí, vuelven a la magistratura e investigan a sus ex jefes políticos o de magistrados que recaudan fondos para universidades y después se permiten el lujo de dictar resoluciones judiciales que afectan a sus generosos donantes. Y qué decir de la actitud partidista y sectaria de la fiscalía que, en estos últimos años, se ha convertido en muchos lugares de España en un auténtico aparato inquisidor al servicio descarado del partido del gobierno.

La justicia en España necesita un buen repaso y no sólo se trata de dotarla de los medios económicos y personales necesarios para agilizar su funcionamiento, sino de proporcionarle la independencia, la profesionalidad y los principios éticos para que su configuración como poder básico del estado, garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, sea la propia de un estado sometido siempre al imperio de la ley.

Queda mucho por hacer en este sentido y no lo va a tener fácil, tampoco en este campo, el nuevo Gobierno de España. Pero, aún no teniéndolo fácil por la actitud de socialistas y nacionalistas, cuenta con el respaldo de una sólida mayoría parlamentaria para impulsar propuestas como las anunciadas por la Vicepresidente y que se encaminan hacia la regeneración democrática de nuestro sistema democrático.

Santiago de Munck Loyola