Para la dignidad del Congreso nada mejor que una moción de censura en fraude de ley.

Vaya por delante que un servidor cree que el Presidente Rajoy debería haber comparecido de motu propio ante el Congreso de los Diputados para ofrecer las explicaciones que fueren precisas sobre las nuevas revelaciones o nuevas versiones que el Sr. Bárcenas anda divulgando. Bien es cierto que el Congreso está para legislar y para controlar la acción del Gobierno y no para dilucidar otras cuestiones, pero dada la relevancia que han alcanzado las nuevas versiones del ex tesorero del PP parece que las explicaciones ofrecidas por Rajoy en febrero ya no son suficientes y que, por tanto, aplicar las técnicas arriolistas es más bien contraproducente. Más vale una vez colorado que ciento amarillo dice nuestro refranero y con la doctrina Arriola parece que el color amarillo va a permanecer largo tiempo en la faz del Presidente. Pero de ahí a comparecer en los términos solicitados por el PSOE, es decir “admitiendo su culpabilidad y de forma previa a su dimisión” hay un verdadero abismo. El PSOE no quiere que el Presidente comparezca ante el Congreso para dar explicaciones y conocer así su versión, no. El PSOE no quiere conocer ninguna explicación, ni ninguna versión. El PSOE cree ciegamente a Luis Bárcenas y ya ha dictado su peculiar sentencia: el Presidente es culpable, no se sabe muy bien de qué, y por tanto debe dimitir. Por tanto, es perfectamente comprensible que una comparecencia presidencial establecida en esos términos, con dimisión incluida, sea inaceptable para el Presidente y, por supuesto, para la mayor parte de los representantes de la soberanía popular. Pero dicho esto, no hay nada que impida que el Presidente comparezca en los términos que le señale la mayoría de la cámara y esa comparecencia serviría para dejar de alimentar la posición de una oposición sin liderazgo, sin legitimidad moral y sin proyecto para sacar a España de la crisis a la que ella misma la condujo en la anterior legislatura.

Es especialmente significativo que el Sr. Rubalcaba y su partido anuncien la presentación de una moción de censura en el caso de incomparecencia de Rajoy y que para ello apelen a la “dignidad” de la Cámaradonde reside la soberanía popular. Una moción de censura requiere la presentación de candidato alternativo, con un programa concreto, que debe ser sometido primero a examen y después a votación. La moción de censura no obliga al Presidente censurado a comparecer ante la cámara para responder a ninguna cuestión. El que ha de responder es el aspirante. Y lo que llama la atención es que, de una parte, se intente usar un mecanismo constitucional para lograr un efecto, la comparecencia presidencial, que no está asegurado y, de otra, que apelando a la dignidad de la cámara, la que elabora y aprueba leyes, se intente usar un mecanismo legal en auténtico “fraude de ley”. ¿Tienen patente de corso los parlamentarios, en este caso los socialistas, para institucionalizar el “fraude de ley” en el propio parlamento? ¿Ésa es la base de la ejemplaridad y la dignidad de la cámara que predican?

Una ventaja añadida que proporciona la peregrina ocurrencia de esta moción de censura fraudulenta es que permite retratar mejor a los actores e ir poniendo a cada uno en su sitio. Los comunistas de IU no quieren ni oír hablar de la dichosa moción. Lo que a ellos interesa son elecciones anticipadas que para ello las últimas encuestas les favorecen. Los nacionalistas miran para otro lado, de una parte porque los grupos independentistas catalanes están metidos de lleno en casos de corrupción y de financiación ilegal de sus formaciones políticas y, de otro, porque una hipotética moción de censura solo les interesaría si con ello aseguran su proyecto secesionista. Y finalmente tenemos a UPyD que se ha retratado perfectamente. Rosa Díez y los suyos están dispuestos a avalar a Rubalcaba como candidato a la Presidencia del Gobierno y por consiguiente sí apoyarían la presentación de la citada moción. Bueno es que se sepa, así todos los ex votantes del PP que según las últimas encuestas estarían dispuestos a transferir su voto a la formación de Rosa Díez saben ahora que significaría votar, en última instancia, al PSOE. Ya ocurrió en Asturias por lo que nadie debería llamarse a engaño. Y es que la cabra siempre tira al monte.

Por el bien de nuestra democracia, por su estabilidad y, sobre todo, por au tan necesitada regeneración es imprescindible que se aclare la verdad sobre el asunto Bárcenas y sobre la posible financiación ilegal del Partido Popular como también lo es que se aclare la verdad y se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar en el otro escándalo, aún bajo investigación, y que afecta al principal partido de la oposición, el caso del ERES falsos que por su cuantía y por el origen de los fondos defraudados es de primera magnitud. No se trata de jugar al “y tú más” sino de que los dos principales partidos de España den la cara y asuman las responsabilidades que les corresponden. Porque así no se puede seguir.

Santiago de Munck Loyola

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Nuestro Bárcenas es su musa.

La incesante lluvia de noticias sobre el Partido Popular, sobre sus cuentas y sobre Bárcenas estará causando entre los votantes y, sobre todo, entre los militantes populares mucho desconcierto, desasosiego o indignación y más entre aquellos que llevan en el Partido Popular toda la vida, los que no provienen de otros partidos, porque seguramente se resistirán a creer lo que oyen o leen y porque no se identificarán con la imagen pública que se está creando. Hay que dejar cierto reposo y reflexionar bastante antes de otorgar credibilidad a lo que estamos escuchando.

Es cierto que esa supuesta contabilidad que se ha hecho pública y que nadie ha desmentido refleja gastos que no son acordes con lo que los populares hemos venido defendiendo como criterios de actuación política en el ámbito de las administraciones públicas. Esos gastos reflejados pueden desvelar muchas cosas, pero desde luego no se puede hablar ni de principios de austeridad ni de eficacia en el gasto cuando se analizan esas partidas: lencería, tabaco, ponis, comilonas, etc. No parece muy ético que la dirección provincial de Alicante se gastase tan sólo en el año 2011 más de 35.000 euros en comilonas, tal y como se ha publicado. Y más si se tiene en cuenta que un año después se pide un euro por afiliado para tapar un agujero de más de 100.000 euros sin explicarnos de dónde viene. ¿Qué militante daría el visto bueno a esos gastos? Más bien pocos. El dinero gastado de tan alegre forma provenía de subvenciones públicas, de donaciones y de cuotas de afiliados. Todo aquel que sienta que su dinero ha sido mal empleado, por usar un término suave, tendrá cuando menos el derecho a pedir las explicaciones que considere necesarias. Y el Partido Popular deberá darlas.

Pero el principal asunto que está ocupando las portadas y que tiene a todo el mundo en vilo es el asunto Bárcenas. Las últimas declaraciones del ex tesorero popular son de lo más inquietante y están siendo aprovechadas por la izquierda de forma bastante miserable, por cierto. Del asunto de los sobresueldos ahora se ha pasado a una presunta financiación ilegal del Partido Popular y se exige la comparecencia ipso facto del Presidente Rajoy tras cada nueva revelación, su inmediata dimisión y hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. Bárcenas se ha convertido en el perfecto aliado de la izquierda  que da por ciertas todas y cada una de sus afirmaciones las pruebe o no, se contradiga o no con declaraciones anteriores. ¿De qué estamos hablando realmente? Hay dos asuntos importantes en todo este embrollo: de una parta las afirmaciones de Bárcenas relativas a que ha ido repartiendo en la cúpula popular sobresueldos, a que dichos sobresueldos han podido ser en B (es decir, engañando a hacienda) y a que algunos de ellos podrían haber sido percibidos por ministros de Aznar, entre los que se cita a Rajoy, teniéndolo prohibido y, de otra parte, relativas a la posible financiación irregular o ilegal del Partido Popular. Salvo el famoso cuaderno de Bárcenas reflejando una hipotética contabilidad B del Partido Popular no ha aparecido aún prueba alguna que sustente todas las acusaciones del “cabrón” de Luis. Se sabe que el Sr. Bárcenas posee una considerable fortuna y se sospecha que su origen no es el que él cuenta. Se sospecha, pero aún no se sabe, que ese dinero puede provenir de donaciones superiores a las legalmente permitidas que el Sr. Bárcenas podría haber repartido con un exceso de caridad hacia si mismo, ya se sabe, la mitad para él, la mitad para el partido. De momento hay declaraciones suyas contradictorias, un cuaderno con una supuesta contabilidad B que él ha fabricado y unos SMS que no comprometen legalmente, aunque puede que moralmente sí, al Presidente Rajoy. Y con estos ingredientes el PSOE la está montando. Hay que reconocer que el Sr. Bárcenas le ha venido muy bien a los socialistas. Y en esta ocasión, como en el 11M, el Partido Popular está gestionando muy mal, muy torpemente la crisis. Por cierto, Bárcenas no chantajea al Estado de Derecho, si está haciendo algún chantaje será, en todo caso, al Partido Popular y a sus dirigentes. Las cosas claras.

Con la munición de Bárcenas, el PSOE ha aprovechado para pedir que Rajoy comparezca, para pedir su dimisión, para romper relaciones con el Partido Popular (¡qué les importa el paro o la ruptura de España!) y para anunciar hasta una hipotética moción de censura condenada al fracaso de antemano. El PSOE con un candidato al que ni en su casa lo quieren como tal, sin acuerdos parlamentarios viables y creíbles y sin los votos necesarios para que prospere está dispuesto a usar el mecanismo de censura con total y absoluta irresponsabilidad, sólo para hacer ruido y para desgastar más al gobierno. No hace falta insistir, por cierto, que a los socialistas además de un candidato solvente, además de los votos, les falta legitimidad moral para poder articular una moción de censura y es evidente que los responsables y encubridores en estos momento del latrocinio de más de 1.000 millones de los ERES andaluces carecen de legitimidad moral alguna, al igual que sus cómplices encubridores de IU de Andalucía. Estos no quieren moción de censura, quieren elecciones anticipadas para aprovechar el tirón vaticinado por las últimas encuestas. Su motivación es sólo pragmatismo electoral.

No hay por ahora prueba alguna de la existencia de sobresueldos ilegales en la cúpula popular (hechos en B o estando vigente alguna prohibición expresa como en el caso de los ministros). Tampoco hay prueba de financiación ilegal. Pero aún en este supuesto no está de más alguna observación. La financiación ilegal de los partidos políticos no es un delito. Puede que la haya en el Partido Popular, aún no se sabe y habrá de demostrarlo, pero hasta el día de hoy sí ha habido partidos condenados por casos de financiación ilegal. Tenemos el caso reciente de Unión Democrática de Cataluña y tenemos el lejano caso del PSOE con FILESA, MALESA Y TIME EXPORT. ¿Dimitió Felipe González por aquello? ¿Dimitió por haber nombrado en los cargos orgánicos de su partido a los que organizaron aquel tinglado? Evidentemente no. No resulta por tanto muy coherente que quienes entonces defendieron la continuidad de González reclamen ahora con tanto teatro la doctrina contraria. Y esto no quiere decir, ni mucho menos, que quienes creemos en la regeneración democrática no pensemos ni vayamos a dejar de exigir que se depuren responsabilidades, caiga quien caiga, si se demuestran irregularidades en la financiación de Partido Popular. Pero haya que exigir cada cosa en su momento y hacerlo cuando se puede hacer, es decir, cuando se tiene legitimidad moral y política para hacerlo.

A pesar de la desazón, de la tristeza y de la incertidumbre que muchos puedan sentir desde sus ideales políticos, ahora puestos en cuestión, hay que tener la certeza de que de esta negativa experiencia, de esta oscuridad política saldrá algo positivo. Más luz, más transparencia y más democracia interna que digan lo que digan sigue siendo el mejor antídoto contra estas situaciones.

Santiago de Munck Loyola

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¿Fin del sistema bipartidista?

La encuesta publicada hoy por el Periódico de Cataluña confirma las tendencias que han venido señalando otros estudios demoscópicos anteriores. Se confirma una gran caída en intención de voto de los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE (aunque llamar ahora partido nacional al PSOE sea inexacto) y un notable incremento tanto de IU y UPyD. Según las proyecciones de esta encuesta el PP seguiría siendo el partido más votado y obtendría en torno a un 28 % de los votos, es decir, un 16 % menos que en noviembre de 2011 y el PSOE, incapaz de aprovechar el desgate del partido del gobierno, se situaría de nuevo en el segundo puesto alcanzando un 25,5 % de los votos, el peor resultado de su historia electoral. La suma de los votos de ambos partidos que tradicionalmente se ha venido situando en torno al 80 % se derrumba hasta un 53,6 % lo que es interpretado por muchos analistas como el preludio del fin del bipartidismo en España.

Según esta misma encuesta y confirmando la tendencia apuntada en las anteriores, el derrumbe de PP y PSOE es aprovechado por los comunistas de IU que superarían el 15 % de los votos y por los híbridos de UPyD, el personalista partido de Rosa Díez, que rebasaría el 12 % de los votos. Y estas expectativas de voto en medio de una abstención record en la historia de nuestra democracia, el 40 %, que evidencia claramente una profunda desafección de una buena parte de la población hacia el sistema democrático vigente.

Desde la perspectiva de la gobernabilidad de nuestro país, el panorama no es muy alentador. Tenemos antecedentes históricos más que suficientes como para sospechar que un sistema de partidos tan fragmentado no es precisamente lo mejor para garantizar la imprescindible estabilidad gubernamental y, menos aún, cuando la propia supervivencia del Estado está puesta en tela de juicio por los desafíos de los partidos independentistas.

Parece claro que la fuga de votos del PSOE se dirige fundamentalmente hacia su izquierda, es decir, a favor de IU. Entre las causas de esta creciente pérdida de peso electoral seguramente estarán el recuerdo de la desastrosa gestión de la crisis por parte del Gobierno de Zapatero, la inexistencia de autocrítica, la ausencia de renovación dentro del socialismo, la falta de credibilidad en las labores de oposición lastradas por un clamoroso oportunismo, la debilidad del liderazgo de Pérez Rubalcaba, la desaparición del sentido nacional del PSOE siempre dispuesto a ceder terreno a los socialistas catalanes y escándalos tan graves como el caso de los EREs de Andalucía.

En cuanto al PP, la encuesta proporciona un dato importante: la mitad de los electores que se marchan votarían a UPyD. Este dato es muy significativo porque evidencia que una buena parte de votantes populares desencantados están dispuestos a otorgar su voto a un partido cuyos orígenes están en la izquierda y que, aunque ideológicamente confuso, mantiene posiciones alejadas del ideario político del centro derecha. Es muy probable que, aunque UPyD pueda ser caracterizado como un partido de centro izquierda, una buena parte del votante de centro derecho esté dispuesta a darle su voto porque encuentra en su discurso tres elementos importantes que no termina de distinguir con la suficiente nitidez en el discurso popular:

• Una posición más beligerante y nítida a la hora de abordar el proceso para acabar con el terrorismo etarra.
• Una posición más contundente frente a los nacionalistas y los diferentes procesos independentistas puestos en marcha.
• Un discurso más radical respecto a la unidad del Estado y la reforma del sistema autonómico.

Si a esta peculiaridad se suma el evidente desgaste que toda acción de gobierno comporta y especialmente en una situación tan difícil como la que le ha tocado lidiar al Gobierno de Rajoy que ha derivado en graves incumplimientos del programa electoral y un profundo desencanto y bochorno por las continuas noticias sobre presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Popular en todos los niveles y frente a los cuales no se transmite la imagen de una reacción contundente para acabar con los mismos, es fácil comprender esta fuga de votos. La política de comunicación del Gobierno no es buena y la del Partido Popular tampoco. Está pesando mucho más ante la opinión pública lo negativo que los logros del Gobierno que los hay y muy importantes. Es evidente que los resultados de la doctrina Arriola, “ponerse de perfil frente a los problemas”, no sirve o al menos así lo señalan las encuestas. El PP tiene delante una importante tarea si quiere seguir siendo un gran partido con capacidad de gobierno y en la casa deberían preguntarse quién se va, por qué se va y rectificar lo que haya que rectificar que no es poco.

Santiago de Munck Loyola

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Del cordón sanitario a “un pacto por favor”.

¡Cómo cambian los tiempos! Hace pocos años, ayer como quien dice, el Sr. Rubalcaba, junto a los demás miembros de su partido, era uno de los promotores de aquella estrategia antidemocrática llamada del “cordón sanitario” al PP o lo que es lo mismo, al “PP ni agua”. El PSOE promovió entonces un aislamiento político al Partido Popular a todos los niveles, promoviendo cualquier tipo de alianzas y pactos con cualquiera con tal de no acordar nada con el Partido Popular. De esta forma y durante dos legislaturas, el PSOE, con un respaldo electoral muy inferior al que obtuvo el Partido Popular en las últimas elecciones, tomó toda clase de decisiones e impulsó todo tipo de reformas legislativas sin sentarse a hablar con el Partido Popular, sin diálogos, ni consensos, que para eso estaba en vigor el llamado “cordón sanitario”. Si acuerdos con el principal partido de la oposición y con un visible ánimo revanchista, los socialistas deshicieron todo lo que pudieron y a veloces de vértigo: la reforma educativa, el Plan Hidrológico Nacional, la política antiterrorista, la política exterior renunciando al mayor peso obtenido para España en la Unión Europea, etc. Hasta la ley de aborto fue objeto de una importante reforma sin contar para nada con la oposición consiguiendo que España sea el único país del mundo en que las menores puedan abortar sin conocimiento ni autorización de sus padres.

Hoy, el panorama es muy distinto. El Sr. Rubalcaba y los suyos, además de seguir horadando su suelo electoral, por cierto con excelentes resultados, no dejan de ofrecer supuestos pactos y no paran de apelar al diálogo al Gobierno. Un diálogo que ellos nunca ofrecieron y un consenso que siempre negaron. Hoy cualquier reforma del nuevo gobierno es sistemáticamente descalificada, es tachada de contrarreforma al mismo tiempo que se ofrecen pactos. La experiencia demuestra cómo construye y cómo gestiona los pactos el PSOE y no hay más que recordar lo sucedido en torno al pacto antiterrorista.

La última generosa oferta del Sr. Rubalcaba versa sobre la política económica. Es verdad que el PSOE pide ahora muchas cosas que no quiso, pudo o supo hacer como se ha visto en el tema de la dación en pago pero, ahora, la nueva propuesta socialista introduce elementos tan novedosos como curiosos, algunos incluso fuera de la esfera del sentido común. El Sr. Rubalcaba acaba de presentar una serie de medidas para pactar con el Gobierno. Como era de esperar, los socialistas se decantan por seguir tirando del dinero público sin concretar de dónde piensan que se podrían obtener los recursos necesarios para ello sin subir los impuestos o sin incrementar el endeudamiento público, cuyos intereses nos están ahogando. El PSOE propone  créditos de hasta 30.000 euros por cada contrato indefinido de un desempleado, por ejemplo, o que las empresas de menos de 50 trabajadores que amplíen su plantilla con desempleados y la mantengan durante el tiempo de aplicación de los estímulos laborales, tengan una bonificación extraordinaria del 100 % de las cotizaciones sociales el primer año, el 75 % el segundo y el 50 % el tercero, aumentando así el desequilibrio de sus cuentas o la creación de un Fondo de Emergencia contra la Pobreza, con una dotación de hasta mil millones de euros para 2013, sin especificar de dónde se saca ese dinero.

La propuesta de pacto al Gobierno abarca la política de vivienda, control de precios, modelo fiscal, modelo de crecimiento y política industrial, reformas en el sector de la energía y de las profesiones reguladas, reforma de las administraciones públicas y una ley de transparencia pactada, como si no pudieran llegar a acuerdos en el trámite parlamentario de la que se está tramitando. Y tiene su miga que en cuanto a las pensiones, el PSOE advierta que no apoyará nuevas reformas sin el consenso de los integrantes del acuerdo tripartito que modificó el sistema en 2013, y aboga por mantener el pacto de Toledo, suscrito hace 20 años y que, afirma el documento, «es un activo intangible que debe ser preservado». Un activo intangible siempre y cuando que el que lo toque no sean ellos, se entiende.

Parece que ya ha quedado claro que esa ocurrencia de tocar el dinero del rescate bancario para otros fines diferentes a los que tenía asignado no tiene encaje legal en la Unión Europea y que la peregrina propuesta de dar dinero a las empresas a cambio de que no se produzcan despidos, se ha encargado el mismo Felipe González de tirarla por tierra.

Es evidente que los dirigentes socialistas siguen a lo suyo, en no reconocer los errores y las responsabilidades que nos han traído hasta aquí, en insistir en modelos y políticas económicas suicidas, en seguir profundizando en estrategias suicidas y en intentar hacer creer que tienen una alternativa cuando lo que en realidad proponen es una fotocopia de su pasado más reciente. Rubalcaba y los suyos van a conseguir hacer realidad de frase del recientemente fallecido Giulio Andreotti de que el “poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene”.

Santiago de Munck Loyola

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El fin no justifica los medios.

Siempre me he manifestado desde estas páginas muy crítico con la actuación de la clase política en torno a la dación en pago de la vivienda, a su actitud ante a las entidades financieras y al drama de de los desahucios, Nuestra clase política ha reaccionado tarde y mal ante una situación que afecta gravemente a miles de ciudadanos españoles y no ha sabido ni prevenir, ni corregir a tiempo los graves problemas sociales que su propia ineptitud e insensibilidad ha venido generando durante los últimos años. Dicho esto no queda más remedio que denunciar también determinados comportamientos totalitarios promovidos por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y su representante mediática Dª Ada Colau.

Hace unos meses la Sra. Colau ya anunció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que su organización iba a hacer que sus Señorías se enterasen bien de lo que su organización pretendía, de sus objetivos, y que, para ello, les iban a “informar” detalladamente. ¡Y vaya que se están enterando! A nadie se le escapaba que ese anuncio no era otra cosa que la señal de partida de una campaña, no de información sino de coacción para intentar determinar el voto de los representantes de los ciudadanos en las instituciones. Y esta campaña informativa se ha convertido, como era de esperar, en la coacción sistemática y el acoso personal y familiar que están sufriendo los representantes del Partido Popular por parte de grupos de la Plataforma. Ahorabien, el desarrollo de esta campaña coactiva lo que plantea, en primer lugar, es el interrogante sobre su oportunidad. ¿Por qué ahora y no hace unos meses o unos años? ¿Simple casualidad? El 22 de febrero de 2011, con un Gobierno Socialista, el Pleno del Congreso rechazó por amplia mayoría la propuesta de IU e ICV para que las hipotecas pudieran ser saldadas mediante la entrega de la vivienda al banco ( http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/02/22/congreso-rechaza-saldar-hipoteca-entregando-piso/1098025.html) y no queda más remedio que preguntarse dónde estaba la Sra. Colau y sus partidarios y por qué no iniciaron entonces una campaña de acoso y coacción sobre todos los diputados, incluidos los socialistas, que se opusieron a la dación en pago. ¿Movilizarse contra un gobierno “progresista”? Pues fue que no. En marzo del mismo año, el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero volvió a oponerse a la dación en pago (http://youtu.be/1jS637PH82Q) y en repetidas ocasiones manifestó que la aprobación de la misma en los términos defendidos por sus promotores pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero. ¿Y dónde estaba entonces la Sra. Colau y sus partidarios? ¿Se movilizaron para “informar” en los domicilios de los dirigentes socialistas? ¿Los acosaron con la misma violencia verbal con que acosan hoy a los diputados del PP? Evidentemente no.

En segundo lugar, cabe también preguntarse sobre la validez y la naturaleza democrática de estas “campañas informativas” promovidas por la Sra. Colau.Es evidente que la finalidad de estas campañas no es la de informar. Por más que lo repita la Sra. Colaues una burda mentira. Los diputados están sobradamente informados. El objetivo es señalarlos, criminalizarlos y coaccionarlos para que modifiquen su intención de voto en torno a las propuestas de la Plataforma, propuestas que, incluidas hace poco más de un año en el programa electoral de algunos partidos, no alcanzaron en las urnas el voto mayoritario de los ciudadanos españoles. Admitir la validez de estos métodos coactivos sería admitir que cualquier otra causa pudiera ser promovida y defendida con métodos idénticos para conseguir que los parlamentarios se dobleguen por miedo a las pretensiones de sus promotores. Por muy noble que pueda ser un determinado fin no se puede alcanzar a través de cualquier medio. Es un principio elemental que define la esencia de la democracia.

Hay quien defiende estas actitudes coactivas argumentando que no pasa nada, que la gente tiene que desahogarse, que los afectados sufren más violencia institucional y financiera que los diputados, etc. Pero son argumentos falaces. La violencia estructural, como ellos la definen, no se combate con otro tipo de violencia, ni la soberanía popular puede expresarse a través de otros medios distintos a los constitucionalmente señalados. No entran en el fondo del asunto que no es otro que el de admitir o no el uso de cualquier medio, incluido el uso de la coacción y de la violencia moral, para la consecución de un determinado fin. Admitirlo es abrir una peligrosa puerta para la ruptura de la convivencia y del estado de derecho. Y quien no quiera verlo así, creo, sinceramente, que se equivoca.

Santiago de Munck Loyola

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Alicante: paradigma de la discriminación pública.

Un somero examen de los datos y cifras socio económicos pone en cuestión, muchas veces, la eficiencia de las administraciones públicas y la propia capacidad de gestión de muchos políticos. Y éso es lo que ocurre especialmente cuando echamos un vistazo a la situación de nuestra provincia.

En primer lugar, contrasta poderosamente el empuje, la capacidad y la creatividad de la sociedad alicantina con los resultados de la gestión pública. Alicante es la cuarta provincia de España no sólo por su población, superior incluso a la de varias Comunidades Autónoma, sino que es, además, la cuarta por Producto Interior Bruto. Y ello a pesar de que las inversiones públicas, tanto del estado, como de la Generalitat Valenciana, en la Provincia han sido claramente insuficientes y discriminatorias con respecto a las realizadas en otros territorios, es decir, que Alicante está en el cuarto puesto a pesar de la falta de impulso de las Administraciones Públicas o lo que es lo mismo soportando una pesada losa pública.

Durante mucho tiempo, se ha venido denunciando por parte de una parte de la clase política la discriminación que suponía la escasa inversión anual de los Gobiernos de Zapatero. Según los datos del estudio recientemente publicado de INECA, las inversiones anuales del Estado han venido estando muy por debajo de la media nacional y esta anómala situación, paradójicamente, no se ha corregido en el ejercicio 2013, con el Gobierno del Partido Popular. La inversión del Estado por habitante en la provincia de Alicante en 2013 está un 40% por debajo de la media nacional. Por cada alicantino el Estado invertirá 132,53 euros, lo que supone 90,31 euros menos que la media nacional. Siendo la cuarta provincia en número de habitantes y en PIB, Alicante pasa a la posición 44 si se atiende al número de censados y a la posición 14 si se atiende al PIB. Para que nos hagamos una idea, desde 2008 a 2013, la Provincia de Alicante ha percibido del Estado 1.662 millones de euros menos de lo que debería haber recibido atendiendo a su población.

Y si analizamos las inversiones de la Generalitat Valenciana, de las que no se puede culpar a los gobiernos de Zapatero, nos encontramos con que representando Alicante el 40% de la población de la Comunidad Valenciana en los últimos cinco años sólo ha recibido el 29 % de las inversiones de la Generalitat, es decir, 210 millones de euros menos de lo que le correspondería por su peso poblacional. Señala el estudio de Ineca que entre 2008 y 2012 la Generalitat Valenciana gastó en infraestructuras 802,85 euros por cada castellonense censado; en Valencia la suma equivale a 502,19 euros por persona; mientras que en Alicante la cifra desciende a tan sólo 376,66 euros.

Se trate del Gobierno central o del autonómico, gobierne el PP o el PSOE, se reproduce exactamente la misma tendencia, el mismo criterio de discriminación hacia los alicantinos. No valen excusas, las cifras cantan y las responsabilidades son tan evidentes que es difícil encontrar justificaciones a las mismas.

Pero hay más cifras que ponen en cuestión la justicia y la solidaridad de nuestro actual sistema político en relación al trato que reciben los alicantinos. Un pensionista alicantino recibe de media 741,57 euros mensuales mientras que la media nacional es de 849,60 al mes y la regional es de 781,30 euros. Y en la provincia hay con 293.743 pensionistas. El año pasado los magistrados de la provincia de Alicante recibieron 5.645 procedimientos por desahucios, de los que ordenaron un total de 5.373. A nivel nacional, los magistrados ordenaron 101.304 desalojos a lo largo del año pasado. Los datos colocan a la provincia de Alicante como la tercera de España en lanzamientos de viviendas registradas en los juzgados por lo que también salimos peor parados en la media.

Nos cae ahora, si no se remedia, le decisión del Gobierno de elevar hasta los 400 hm3 la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía recortando entre 40 hm3 y 50 hm3 el caudal anual disponible para trasvasar a Alicante y Murcia, poniendo en serio peligro la continuidad del riego tan esencial para la agricultura de la Provincia. Si escasa y cara es el agua para nuestra agricultura, tampoco encontramos compensación en el agua para consumo doméstico que es una de las más caras de España y la más cara si atendemos al tramo de contadores de 15mm y consumo de 10m3 mensual.

Y si queremos seguir analizando otras cifras nos encontraremos con resultados similares y conclusiones parecidas. Alicante es lo que es gracias a su población, a su sociedad más que gracias a la clase política. Y Alicante podría ser mucho más si no fuera por quienes nos representan y nos gobiernan. Pero, sobre todo, se quedan en el aire algunas preguntas, con estos datos ¿a qué c… se dedican nuestros representantes provinciales? ¿Cómo se puede lograr que Alicante alcance el peso que le corresponde ante la Generalitat o ante el Estado? ¿La Provincia más dinámica, más abierta y cosmopolita de la Comunidad Valenciana puede seguir así indefinidamente?

Santiago de Munck Loyola

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Otro gatillazo: sin Pacto de Estado contra la corrupción.

Parece que, una vez más, la clase política en general no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y del clamor social contra la corrupción y ha sido incapaz de alcanzar un gran Pacto de Estado contra la corrupción. A lo más que se ha llegado tras el debate sobre el estado de la Nación ha sido a un gran acuerdo, no respaldado ni por el PSOE ni por IU, aprobando una serie de Resoluciones promovidas en su mayoría por el Partido Popular instando a la adopción de un catálogo de reformas contra la corrupción. Así, el Congreso ha aprobado 16 Resoluciones al Debate sobre el Estado de la Nación, de las que 14 han sido impulsadas por el Grupo Popular, una por el PNV, y otra acordada sobre la base de tres propuestas del PP, CiU, UPyD y el Grupo Mixto (UPN).

Una de estas resoluciones expresa la necesidad de un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones, emplazando a elaborar un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Igualmente, se pide la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia y se emplaza al Gobierno a aprobar una serie de proyectos de ley para su remisión al Parlamento: una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción, una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, como Estatuto del Cargo Público,  la reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporar a la Ley  de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público, regular las organizaciones de intereses o «lobbies» y otras medidas como modernizar las campañas electorales.

Del examen de esta batería de medidas se deduce claramente que, al margen de la imposibilidad de lograr la unanimidad entre la clase política para combatir la corrupción, no se ha abordado el problema, salvo en lo relativos a los Partidos políticos (y habrá que esperar para ver con qué alcance), desde la perspectiva de las causas que facilitan o propician la aparición de la corrupción. Los grupos políticos se han decantado más bien por aumentar los controles y endurecer las sanciones sobre la corrupción, pero no por atajar las causas que la facilitan.

La inmensa mayoría de los casos de corrupción que afloran en nuestro país tiene su origen en tres ámbitos concretos: en el urbanismo, en las contrataciones públicas y en el funcionamiento de los partidos políticos. Y en el trasfondo está la discrecionalidad, la capacidad de decisión discrecional de técnicos y políticos, a la hora de ejecutar el urbanismo y de contratar obras, servicios y suministros con las administraciones públicas. Curiosamente, en las resoluciones aprobadas no se contiene ninguna mención a la necesidad de reformar la legislación del suelo o de las contrataciones con las administraciones públicas que permiten el uso y el abuso de la discrecionalidad, y por tanto de la arbitrariedad, a la hora de aplicar las diferentes normas que desarrollan esas materias. La primacía de criterios subjetivos sobre los objetivos en materia de urbanismo y de contrataciones es la que facilita que políticos y técnicos en algunos casos hagan un mal uso de las facultades que tienen otorgadas y que, por tanto, basen sus decisiones en intereses personales y no en intereses puramente públicos.

Todo hace pensar que siendo estas resoluciones un importante avance para castigar la corrupción no lo son tanto para prevenirla y ello permite poner en duda la existencia de una auténtica voluntad o de capacidad de la clase política para acabar con la lacra de la corrupción. Y lo que desde luego ha quedado patente es la falta de altura política de algunos para intentar aunar voluntades en algo tan importante para el conjunto de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

La imprescindible reforma del Estado.

El año 2012 se ha ido pero no así muchos de los problemas que a lo largo del mismo se han ido poniendo sobre la mesa del debate político. Dos de estos problemas que figuran en lugar destacado de la agenda política del nuevo año son la crisis económica con todos sus efectos y medidas para intentar salir de ella y la reforma del estado auspiciada tanto por la propia crisis económica como por la necesidad de ofrecer una respuesta a la apuesta independentista enarbolada por los antaño nacionalistas moderados.

Parece un hecho incuestionable que nuestro actual modelo de estado es, tanto desde el punto de vista económico, como del político insostenible. Los resultados están ahí, sobre la mesa, y ponen de manifiesto que tenemos un estado muy caro de mantener y poco eficiente. Los distintos estudios de opinión hechos públicos en los últimos tiempos señalan que una gran parte de los ciudadanos cuestiona el actual modelo y su propia viabilidad. Y junto a ello sigue creciendo el rechazo hacia buena parte de la clase política que lo gestiona. Es indudable que cuatro y, a veces, cinco administraciones superpuestas son muy caras de mantener y, no sólo eso, sino que, además, obstaculizan la vida del ciudadano y su proyección y movilidad económica. Sin ir más lejos, la semana pasada se hacía público un estudio según el cual la maraña de legislaciones que se han ido tejiendo desde las diferentes administraciones supone una barrera para la creación de riqueza y de empleo y que el impacto sobre las empresas supone una pérdida anual de más de 40.000 millones de euros. Durante los últimos años, nuestro mercado interior se ha ido fragmentando gracias a la hiperproducción legislativa de las Comunidades Autónomas, siguiendo exactamente el camino contrario al emprendido en los procesos de armonización legislativa con la Unión Europea. A este enredo legislativo tenemos que añadir unas normas estatales que han demostrado su incapacidad para poner freno a la corrupción económica y política, permitiendo el nepotismo, el amiguismo y con ello la insolvencia profesional y técnica en buena parte de los encargados de hacer funcionar la gigantesca maquinaria administrativa. Miles de empresas públicas estatales, autonómicas o municipales, auténtico aparcamiento en su mayoría  de militantes partidistas o de familiares y amigos de las élites de los partidos políticos constituyen un enorme lastre para nuestra maltrecha economía del que es preciso desprenderse y que se suma a la prolija lista de administraciones públicas y sus infinitos apéndices de toda índole.

El Gobierno, desde el primer día, se ha puesto manos a la obra iniciando todo tipo de reformas pero que no abordan el problema de la configuración del estado desde una perspectiva global y desde el imprescindible acuerdo con el principal partido de la oposición que, por cierto, parece más ocupado en sus asuntos internos que en tratar de ofrecer respuestas a los desafíos y a los problemas que, en gran medida, se arrastran de su inefable gestión. El proyecto de Ley sobre Transparencia, los proyectos de reforma de las administraciones locales, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, o las distintas medidas adoptadas sobre reducción de entes públicos parecen parches o retoques de una estructura estatal que funciona mal y que no se puede sostener y da la impresión de que falta una idea clara de la arquitectura estatal, del proyecto que se quiere desarrollar, de la dirección hacia la que hay que encaminarse.

Una gran parte de los ciudadanos tenemos más o menos claro lo que queremos: iguales derechos y obligaciones para todos los ciudadanos con independencia del territorio en el que residamos, una sanidad, un sistema educativo y unas pensiones homogéneas, movilidad laboral y económica en toda España, mayor cohesión social y territorial, administraciones públicas más simples y eficientes, mayor representatividad de las instituciones democráticas, igualdad fiscal en todo el territorio nacional, menos cargos públicos, eliminación de las duplicidades, más transparencias en la gestión, menos discrecionalidad y menos corrupción,… Es decir, queremos lo que el sentido común dicta, pero nacen muchas dudas sobre si se trata de lo mismo que quieren nuestros dirigentes políticos. Con toda seguridad, alcanzar estas pretensiones resulta imposible con el actual e insostenible modelo de Estado y no cabe la menor duda de que esta incompatibilidad debe ser resuelta lo antes posible por la clase política.  Para lograrlo, los principales partidos parlamentarios, sobre todo aquellos con opciones de gobierno, deberían hacer un mayor esfuerzo por alcanzar acuerdos de Estado interpretando el sentir de la mayoría de los ciudadanos.

Si todo lo anterior lo ponemos además en relación con el desafío independentista lo cierto es que la situación es mucho más compleja. Y lo es fundamentalmente porque las aspiraciones del común de los ciudadanos chocan frontalmente con los objetivos de los movimientos independentistas cuya potente maquinaria propagandística lleva años difundiendo realidades virtuales que han ido calando en una buena parte de la población y siempre ante la pasividad, cuando no la complicidad, de los principales partidos políticos españoles y de una buena parte de los medios de comunicación. Tras la aprobación del último estatuto de Cataluña, que por cierto no fue refrendado por la mayoría de los electores catalanes, algunos políticos socialistas se apresuraron a preguntarse en público en qué quedaban los negros augurios de quienes afirmaban que se rompía España. Pues bien, aquí está el resultado: no ha pasado mucho tiempo y España se está rompiendo. El principal partido de la oposición, el PSOE no termina de adoptar una posición clara que sirva de referente a la hora de abordar el desafío independentista. De una parte, los socialistas catalanes respaldan la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña a pesar de que no sea legal. Desde Ferraz por una parte se afirma que el PSOE no apoya la celebración de esa consulta y, por otra, hoy mismo, el desmemoriado secretario de organización socialista acusa al Gobierno de inmovilismo respecto a la consulta ilegal. ¿Éso qué quiere decir? ¿Qué el Gobierno debe ser flexible y ceder ante una ilegalidad que atenta contra la soberanía del pueblo español? ¿A qué juegan los socialistas? Hoy por hoy, desgraciadamente el Gobierno no tiene un interlocutor sólido y fiable en la oposición porque no existe un proyecto de izquierdas para toda España.

Hace pocos días, los dirigentes socialistas han vuelto a proponer la vieja idea del federalismo como fórmula para reformar la estructura del estado. El federalismo tiene evidentemente sus ventajas y responde a situaciones concretas con bastante eficacia. ¿Pero piensan en serio que el federalismo va a servir para frenar las aspiraciones de los independentistas? ¿A quién quieren engañar con esa propuesta? Nuestro estado autonómico actual supone una descentralización política y administrativa muy superior a la de los estados federales existentes y si se copiase la fórmula alemana, por ejemplo, comunidades autónomas como la catalana perderían bastantes de las competencias que actualmente gestionan. Convertir las comunidades autónomas en estados federados con idénticas estructuras políticas e idénticas competencias es lo último que quieren los independentistas cuyos proclamados hechos diferenciales desaparecerían. Sacar a pasear por la plaza el toro del federalismo no pasa de ser un hecho anecdótico absolutamente improcedente a la hora de abordar en las actuales circunstancias los problemas de nuestro modelo estatal y del conjunto de los ciudadanos.

Gobierno y oposición tiene por delante una gran tarea para este año: lograr identificar las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos e intentar ponerse de acuerdo con el modelo y las reformas que permitan alcanzarlas. Una gran responsabilidad para la que habrá que confiar en que estén a la altura nuestros dirigentes políticos, económicos y sociales.

Santiago de Munck Loyola

Paro y desahucios: dos caras de la misma moneda.

Estos días se están cruzando dos noticias, dos datos íntimamente ligados que reflejan claramente la dramática situación por la que atraviesa nuestra sociedad: el aumento del paro y el incremento de los desahucios, causa y consecuencia, cara y cruz de esta crisis. Al respecto y en torno a las diferentes reacciones que ambos datos provocan, merece la pena hacer algunas reflexiones. 

El aumento del paro no da tregua alguna. Mes tras mes los datos siguen siendo malos, ya se analicen los de la EPA o los del paro registrado. Intentar vislumbrar signos esperanzadores en las ligeras variaciones que dichos datos puedan ofrecer no desvirtúa lo esencial, la persistencia de un auténtico drama social, la extensión de la pobreza, el mantenimiento de una tendencia destructora de las vidas de millones de españoles que han de afrontar el futuro en condiciones cada vez más penosas. En la Provincia de Alicante el paro ha subido un 1,51% durante el mes de octubre, 3.359 desempleados más lo que supone 225.796 personas sin empleo en la Provincia de Alicante. Son casi 44.000 los hogares alicantinos en los que no se percibe ningún ingreso, ningún subsidio o ayuda. La pobreza se sigue extendiendo inexorablemente. Y si utilizamos como dato de referencia la EPA las cifras aumentan notablemente. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios siguen creciendo de forma alarmante. Es verdad que un buque transatlántico, como la economía española, no se detiene, ni varía su rumbo de forma automática, sino que necesita un largo espacio para invertir el rumbo, pero no parece que las diferentes medidas adoptadas durante el último año hayan variado la inercia heredada, entre otras cosas, probablemente porque no están siendo todo lo correctas que debían haber sido. Una cosa está clara, las medidas hasta ahora tomadas no se corresponden con buena parte del programa y la filosofía política del PP. Más impuestos, supone menos consumo, más paro, más gasto social, más déficit y mayor deuda pública a acumular al inmenso agujero negro dejado por el PSOE.

Una de las consecuencias más dramáticas del creciente y prologado paro es la pérdida de la vivienda. Y en la inmensa mayoría de los casos no se trata sólo de que se pierda la vivienda, sino de que, además, el deudor permanece como tal durante años impidiéndole cualquier expectativa razonable para rehacer su vida. No está de más recordar que en el año 2011, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se opusieron en el Congreso a tramitar una proposición de ley para que la deuda hipotecaria de las familias que no pudiesen hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudieran ser saldada con la entrega de la vivienda, con la dación en pago. El nuevo Gobierno aprobó hace unos meses un código de buenas prácticas bancarias que sólo ha servido para paliar la situación de unas 800 familias mientras que han seguido su curso decenas de miles de procedimientos de ejecución bancaria. Este año, más de 150.000 familias habrán perdido su hogar y, además, seguirán endeudadas con el banco que se queda con su casa. Hace pocos días, un ciudadano se suicidó tras recibir la notificación del desahucio lo que ha servido desgraciadamente para poner el asunto en la agenda de los políticos.

Hoy, el PSOE, que el año pasado se opuso a la dación en pago “porque podría desestabilizar el sistema financiero”, ha anunciado a bombo y platillo una ofensiva publicitaria en toda España para presentar la iniciativa que ha planteado el Congreso para frenar los desahucios. La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha resaltado que la proposición de ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia pretende «cambiar la ley», porque «trata de mirar a las personas, se trata de un rescate de ciudadanos». Bonita frase, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Y, como ahí no puede quedar la cosa, los socialistas, fieles a sus costumbres, se van a dedicar a presentar mociones en los Plenos de los Ayuntamientos que no tienen competencia alguna en la materia para utilizarlos, sin ningún tipo de escrúpulos, como simples cajas de resonancia política.

Por su parte, también hoy, la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal ha subrayado que «hay que diferenciar» entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga por que los primeros den «un tratamiento distinto» a estas ejecuciones ya que «el dinero que les viene es público» y que hay «muchas cosas que se pueden hacer, no solo la dación en pago» para «limitar la sangría y el drama social» de los desahucios, y ha abogado por «trabajar en buscar vías que puedan flexibilizar esta situación». Pues bien, si hay que diferenciar entre los bancos que han recibido dinero público en el tema de los desahucios ¿por qué no extender esta “diferenciación” a otros ámbitos como el de las retribuciones de sus directivos? La realidad, al día de hoy, es que bancos sostenidos con dinero público, de los contribuyentes, están ejecutando las hipotecas de esos contribuyentes como cualquier banco y que sus directivos llegan a cobrar hasta 750.000 € anuales de ese dinero público. ¿Es moralmente aceptable? Claro que la dación en pago no es el único instrumento legal que puede ponerse en marcha, pero el tiempo sigue pasando y, hasta ahora, es la única propuesta socialmente aceptada encima de la mesa y ya está tardando el Gobierno en plantear soluciones rápidas y eficaces a este drama.

Se mire por donde se mire, los casi 500 desahucios diarios que se están produciendo en nuestro país son una drama colectivo y una inmoralidad absoluta, por muy legal que sean, que exigen una respuesta inmediata del conjunto de la clase política que no está, una vez más, a la altura de los retos de nuestra sociedad.

Santiago de Munck Loyola

El PSOE tiene un problema y los demás también.

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, el que no recordaba en campaña las tres razones por las que se debía votar al PSOE, afirmó hace un par de días que su partido «no está de acuerdo con el derecho a decidir», concepto incluido el jueves en una resolución impulsada por el PSC en el Parlamento catalán y que no prosperó. La que sí prosperó fue la resolución independentista de CiU con la abstención de los socialistas catalanes. 

Según el Sr. López «la posición de los socialistas de Cataluña es una posición que defiende la legalidad, la Constitución y que en España decidimos todos juntos». Debe ser por eso que los socialistas se han abstenido ante la resolución independentista del Sr. Mas. Auténticos malabares y toda clase de filigranas políticas están haciendo estos días los socialistas para tratar de explicar a los ciudadanos la posición de sus correligionarios en Cataluña.

Por su parte, el ex Presidente socialista extremeño se ha descolgado con una pintoresca propuesta: ha exigido a Cataluña que si se independiza devuelva a las 150.000 personas que «fueron sustraídas» de la comunidad, «más sus hijos y sus nietos». «El ‘president’ nos tendría que devolver antes lo que se llevó hace 30 o 40 años. No me refiero a las riquezas materiales, sino a seres humanos», ha escrito en su blog. Y se ha quedado tan ancho confirmando con ello lo que muchos sospechábamos  que cualquiera puede llegar a presidir una Comunidad Autónoma.

Más al sur, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, aseguró que “no entendía la posición del PSC en relación con la abstención sobre la convocatoria del referéndum aprobado por el Parlamento catalán”. Según él, “lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña es una huida muy peligrosa y un mensaje que no es de recibo en el momento que estamos viviendo y en el que está atravesando nuestro país”. El número dos del PSOE andaluz reclamó además una posición de los socialistas catalanes “más clara y más contundente en defensa de Cataluña, de España y de la Constitución” o sea, pedir peras al olmo. Esta petición responde, a todas luces, a la falacia permanentemente instalada en seno del PSOE de que sus colegas catalanes comparten criterios constitucionales. Sólo se engaña a si mismo quien desea permanecer en la ignorancia: el Estatuto catalán fue una muestra inequívoca de que los socialistas catalanes, con la bendición de Zapatero, no compartían los principios de cohesión territorial que tanto ha proclamado el PSOE. 

Y como para tapar estas vergüenzas propias no hay nada mejor que intentar señalar las ajenas, aunque para ello haya que inventárselas, el Sr. Rubalcaba, patriota donde los haya, y dispuesto a cerrar filas con el Gobierno de España ante un desafío independentista como éste se ha apresurado a equiparar la defensa de la Constitución que hace Rajoy con el desafío independentista de Mas. Para Rubalcaba, Mas es un irresponsable por promover la confrontación y Rajoy es otro irresponsable por defender la Constitución. ¡Toma ya!

Hay que recordar de paso que gracias a Rubalcaba y a Zapatero el Gobierno de España dispone de un instrumento menos para poner en su sitio a Mas. Fue el PSOE el que en 2005  anuló la ley que tipificaba como delito la convocatoria ilegal de referendos, aprobada por Aznar para parar los pies a Ibarretxe.

Hoy el PSOE tiene un problema y, además, grave. Ha dejado de ser un partido de ámbito nacional y sus principios no están representados en Cataluña. Los socialistas catalanes son un partido diferente al PSOE y como tal decidirá su propio rumbo. Pero si el PSOE se queda cojo en Cataluña es España la que tiene un problema añadido.

El desafío independentista constituye un gravísimo problema para todos los españoles y su solución no puede ser responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino de todos los partidos, de todas las entidades y de todos los ciudadanos que creen en la Constitución y en la igualdad entre todos los ciudadanos. Y toda nuestra clase política ha sido y es la responsable de la actual situación: por haber diseñado un inadecuado modelo territorial en la Constitución y no haber tenido la valentía política para perfeccionarlo, por haber cedido siempre a las pretensiones de los independentistas, camuflados de nacionalistas a secas, por mantener un sistema electoral que prima a los independentistas, por haber cedido la educación para que fueran cultivando durante décadas sentimientos antiespañoles sustentados en manipulaciones de la historia, por ceder tributos a cambio de votos o por hablar catalán en la intimidad para lo mismo, por vender toda una herencia histórica a cambio de míseras y coyunturales cuotas de poder. El PSOE tiene un problema y el PP y Cataluña y España. Un enorme problema para el que nuestra clase política no parece estar preparada.

Santiago de Munck Loyola