XIII Congreso del PPCV: una enmienda para acabar con el fraude a los electores.

El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del PPCV en Alicante. En dicho Congreso, amén de la renovación de cargos, se debatirán tres ponencias que teóricamente tendrán una importante repercusión en la vida política del partido y en sus políticas públicas. Los afiliados del Partido Popular, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos, no tienen estatutariamente el derecho a presentar enmiendas a las ponencias congresuales, algo que desde una perspectiva de la participación y la democracia interna chirría bastante. Pueden ser apoderados o interventores cuando hay elecciones, pueden pagar sus cuotas de afiliación o acudir a rellenar los actos del partido cuando son convocados, pero no pueden enviar enmiendas a las ponencias que se discuten en los diferentes congresos territoriales, algo que en la era de las comunicaciones, de las redes sociales y de la información carece de sentido.

Sólo los afiliados que resultan “elegidos” compromisarios tienen el derecho a presentar enmiendas a las ponencias a discutir en un Congreso del Partido Popular. Y ya se sabe que para poder ser compromisario en la ciudad de Alicante hay que ser miembro de alguna “familia” o participar de alguna “sensibilidad” dentro del partido. Dicho de otro modo: o tienes etiqueta o no tienes nada que hacer. Lo de las “familias” suena bastante mal, la verdad, más que nada por las connotaciones peyorativas de la expresión cuando se aplica ciertos colectivos. Lo de las “sensibilidades” recuerda bastante a aquel “contraste ordenado de pareceres” del tardofranquismo. En todo caso, por más que uno repase los estatutos del partido Popular ni las familias ni las sensibilidades aparecen por ningún sitio, sólo se menciona al afiliado como sujeto de derecho y obligaciones. Por tanto, cuando se cierran listas a compromisarios por “consenso” entre las distintas “familias y sensibilidades” existentes en el partido parece evidente que se está hurtando el protagonismo a los únicos que pueden establecer consensos, los sujetos de los derechos y obligaciones, es decir, a los afiliados.

Adela Pedrosa, Alcaldesa de Elda. Ejemplo de político pluriempleado.

Según recoge el Diario Información en su edición de hoy (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/05/13/enmienda-plantea-castedo-barbera-rus-tengan-renunciar-escano-cortes/1253137.html) se ha presentado una enmienda a la ponencia de estatutos del próximo Congreso del PPCV por parte de D. José María Rodríguez Galán, exdirector general de Ciudad de la Luz, con el fin de que los alcaldes y portavoces populares en municipios de más de 5.000 habitantes no puedan compatibilizar ese cargo con otros. Concretamente, con un escaño en las instituciones provinciales y las cámaras autonómicas. Se trata de una excelente iniciativa, ya propuesta desde estas páginas haces meses (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2011/09/el-pluriempleo-de-los-politicos-un.html), para evitar el pluriempleo de los políticos, aunque sólo sea parcialmente. Lamentablemente y tal como se señala el periódico en esa misma información y tras consultar con fuentes del Partido Popular es muy posible que no prospere o que, de hacerlo, sea muy adulterada. Es más que sintomático que con casi 900 compromisarios el número de aportaciones, de enmiendas, no llegue ni a las 500. Tan elevado grado de conformidad es algo decepcionante.

Esta enmienda, que podría ser mejorada y ampliada, participa de lleno del sentido común y de una exigencia ética que debería ser insoslayable para quienes habrán de votarla. Los puestos de alcaldes o de diputados están pensados y retribuidos para que los desempeñe una persona con absoluta dedicación. Ser alcalde de Alicante o diputado por la provincia es lo suficientemente relevante e importante como para que no se deba ni se pueda simultanear con otra dedicación. Hacer lo contrario, simultanear una alcaldía con un escaño, es sencillamente no hacer bien ninguna de las dos cosas. Y si se pretende afirmar lo contrario se deja en evidencia a los que sólo se dedican a su escaño o a su Alcaldía.

Las incompatibilidades deben ser hoy más rigurosas y claras que nunca. Los vecinos, los contribuyentes, los electores se merecen que los cargos electos se dediquen al cien por cien al puesto para el que han sido elegidos. Es preciso acabar con las prácticas de acaparamiento de puestos públicos por algunos insaciables coleccionistas de cargos y no sólo por la exigible dedicación y eficacia en el desempeño de los mismos, sino como medida ejemplarizante de la regeneración y la ética políticas. La norma debería ser igual para todos: una persona, un cargo, una sola retribución proveniente de las arcas públicas. Y ya está bien de acudir a subterfugios: cobrar un solo suelo público pero ampliarlo con dietas, asignaciones u otros pagos provenientes también del erario público. Y al que no le convenga que se vaya a su casa que esto de la política no es obligatorio y que a nadie se le pide que se sacrifique abnegadamente por la colectividad. Lo más probable es que muchos, si se tuviesen que buscar la vida en el sector privado, nunca alcanzarían ni de lejos los sueldos que cobran del erario público. Lo dicho, el pluriempleo de los cargos públicos es un fraude a los votantes y hay que acabar con él.

Santiago de Munck Loyola

El pluriempleo de los políticos: un fraude a los electores.

La organización de todo estado y de las diferentes administraciones que lo componen conlleva la existencia de numerosos cargos públicos. Estos cargos van siendo ocupados por personas designadas por los partidos políticos en función de los resultados electorales. Cada puesto público de carácter electivo tiene asignadas de forma reglada una serie de funciones y competencias a desarrollar durante el mandato conferido por los ciudadanos. Por regla general, la inmensa mayoría de estos puestos tiene asignada una retribución para quien los desempeñe. Cuando elegimos a un alcalde, a un diputado regional o a un congresista o senador lo hacemos para que se dedique a ese cargo y, considerando las retribuciones generalmente asignadas, para que lo haga con plena dedicación. Sin embargo, las cúpulas de los partidos políticos españoles, a pesar de determinadas limitaciones estatutarias, no solamente consienten y toleran que muchos de sus cargos públicos simultaneen dichos cargos con actividades privadas, sino que además promueven que muchos puestos públicos electivos no estén siendo desempeñados con diligencia y dedicación al imponer que determinadas personas ocupen dos o más cargos públicos a la vez. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) es taxativa. En su artículo 157.2 establece que “el mandato de diputados y senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”. El espíritu de la norma es evidente. No se trata sólo de que no se pueda percibir más de un ingreso público (que se percibe usando variadas artimañas legales), sino de que los diputados y senadores se dediquen a aquello para lo que han resultado elegidos.

El sentido común señala que un diputado nacional debe dedicarse a su labor parlamentaria con exclusividad para poder ejercer sus funciones legislativas y poder representar a los ciudadanos de su provincia con eficacia y dignidad. Y lo mismo puede decirse de cualquier diputado regional o de cualquier alcalde. Sus puestos tienen asignadas retribuciones pensadas para una dedicación absoluta a las tareas encomendadas. Pero no parece que sea el sentido común lo que impera en las cúpulas de los partidos a la hora de fijar los criterios por los que se elaboran las diferentes candidaturas, ni tan siquiera parece imperar la búsqueda de la profesionalidad o de la excelencia. Lo que prima, sin ningún género de dudas, es el amiguismo, el tráfico de amistades y, sobre todo, la docilidad permanente. Por ello, no es raro ver cómo determinadas personas son alcaldes y diputados o senadores a la vez, cómo ocupan de forma simultánea varios cargos públicos, cada uno de los cuales requeriría una dedicación absoluta, como si en sus organizaciones no hubiese más gente capacitada para ello.

A la tendencia de la cúpula de los partidos a rodearse de peones dóciles se corresponde la existencia de “políticos orquesta”, personas ávidas de tocar muchos instrumentos a la vez, incapaces de especializarse en ninguno y con una gaseosa propensión a ocupar cualquier espacio libre a la menor indicación de arriba.

Examinemos un caso concreto de Alicante que no es, ni mucho menos, excepcional. D. ª María Adelaida Pedrosa Roldán, sin estudios superiores, ocupa los siguientes cargos públicos:

–          Diputada en el Congreso por la Provincia de Alicante.

–          Vicepresidenta Segunda de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.

–          Alcaldesa del Ayuntamiento de Elda.

–          Vicepresidenta de la Mancomunidad intermunicipal del Valle del Vinalopó.

–          Presidenta de la “Fundación Museo del Calzado”.

–          Presidenta de la Empresa Pública IDELSA.

–          Presidenta de la Empresa Pública EMUDESA.

–          Presidenta de la Empresa Pública EMIDESA.

–          Diputada Provincial de Alicante.

–          Vicepresidenta Primera de la Diputación de Alicante.

–      Diputada Responsable del Área de Recursos Humanos de la Diputación de Alicante.

Y, además, participante en tertulias y programas en medios públicos y privados de televisión o radiodifusión según el registro de intereses del Congreso.

Nadie, con el más mínimo sentido común y sin faltar a la verdad, puede afirmar que estos puestos públicos están siendo desempeñados con dedicación absoluta. Es materialmente imposible. ¿No se merecen los alicantinos que sus representantes en el Congreso los representen con eficacia? ¿No se merecen los vecinos de Elda que su alcaldesa tenga una dedicación absoluta para su ciudad? No nos engañemos, no estamos ante la presencia de una”super woman political” capaz de cumplir con todas las obligaciones de tan larga lista de cargos. Es un ejemplo más de “político orquesta”, de acaparamiento avaricioso de cargos promovido y consentido por los dirigentes del Partido Popular.

Casos como éste constituyen un grave fraude a la ciudadanía y una demostración de que los discursos sobre regeneración democrática, en muchos casos, no se traducen en hechos concretos, simples y ejemplificadores de lo que debería ser una sana dedicación a la res publica, a servir a los ciudadanos. Los hombres orquesta suelen terminar desafinando y los glotones reventando.

Santiago de Munck Loyola