Rivas: ¿Corrupción al descubierto?

José Masa Díaz y Fausto Fernándes Díaz

Buena la tiene montada Izquierda Unida en Rivas-Vaciamadrid. Parece que el califato familiar de los primos Díaz tejido desde IU, parte de la comunidad escolar y el Ayuntamiento está llegando a su fin. Los hasta no hace mucho tiempo cachorros de IU, criados a los pechos del califato familiar, han crecido, se han hecho con el control de la organización local y, desde la misma, pretenden imponer sus órdenes en el Ayuntamiento, defenestrando de momento al primer primo, Fausto Fernández Díaz, y exigiendo al segundo primo, el alcalde, José Masa Díaz, que cumpla ipso facto las órdenes que desde la organización local se imparten, tal y como ellos (los primos) hicieron hace 20 años cuando defenestraron a dos alcaldes de IU en poco menos de un año. Hay que ver cómo es la vida, el que a hierro mata a hierro muere.

¿Y por qué esta guerra civil en la reserva material de occidente, en el paradigma de la progresía sectaria, intolerante y filoabertzale? Por el ladrillo, por el vil ladrillo y lo que al mismo rodea que tantos sueños y anhelos despertó ya en 2003 en el primo Fernández Díaz cuando ya se veía con coche oficial y como consejero de urbanismo de la Comunidad de Madrid. Parece ser que según un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid más de 20 millones de euros de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento ripense no están debidamente justificados y que la gestión de dicha empresa pública no está bien fiscalizada por el Ayuntamiento. Y ante este informe, Izquierda Unida de Rivas ha pedido, entre otras cosas, la municipalización de la EMV. Sí, el lector ha leído bien, porque aunque estemos hablando de una empresa municipal y de un Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida, que en Madrid siempre está a la cabeza de las manifestaciones clamando contra cualquier fórmula de gestión privada de hospitales o de lo que sea, resulta que allí donde gobiernan como  en Rivas Vaciamadrid, la Empresa Municipal de la Vivienda, creada por IU, está privatizada, también por IU.

Pero, claro, hay privatizaciones y privatizaciones. Y la perpetrada por la progresía ripense no tiene desperdicio. Según los técnicos de la Cámara de Cuentas, Habyco (la empresa agraciada en la privatización) sobrefacturó al Ayuntamiento casi cuatro millones de euros por solo dos desarrollos urbanísticos (Planes IV y V) lo que, según el informe, «demuestra la falta absoluta de control sobre las operaciones que realiza esta empresa». Por otra parte, Habyco no pagó nunca el alquiler del edificio que aloja la EMV, ni el mobiliario de oficina que utiliza incumpliendo así el contrato. La Cámara de Cuentas cifra este desvío en 78.000 euros anuales solo en concepto de alquiler. Igualmente, la Cámara de Cuentas ha detectado un «deterioro» contable de 11,1 millones en la valoración de una parcela que el Ayuntamiento cedió a la EMV en pago por la construcción de la Ciudad Escolar en 2009 que los propios técnicos municipales habían tasado en 20,5 millones mientras que la empresa municipal apuntó el 30 de octubre de 2011 un valor 11,1 millones inferior. La EMV justificó la diferencia con una tasación realizada 2012, más de tres meses después de que se realizara la anotación en las cuentas, por un arquitecto contratado por ella misma. ¿Y quien está encima de esta “modélica y transparente” gestión? Pues el consejo de administración todavía lo preside el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, el primo del Alcalde, Fausto Fernández Díaz.

Tal y como era de esperar los crecidos cachorros de Izquierda Unida han aprovechado el asunto para saldar viejas rencillas y se han tirado a la yugular del califato familiar. El Alcalde, el primo Masa Díaz, se defiende y lo achaca todo a una confabulación entre la Cámara de Cuentas, según él el PP, y los comunistas que ahora dominan la organización local de Izquierda Unida. Pedro del Cura, el portavoz de IU, exige responsabilidades y habla de defender el sagrado patrimonio de los vecinos. Pero que nadie se engañe. El patrimonio de los ripenses le importa un pimiento al Portavoz de IU, sólo quiere usarlo como arma arrojadiza para saldar sus disputas internas. Si fuera sincero el Sr. Del Cura hace mucho tiempo que debería haber actuado porque ha tenido conocimiento de graves quebrantos al patrimonio del municipio perpetrados por su organización y su muleta gubernamental, el PSOE, y ha callado como una…

Y, si por el contrario, han encontrado la luz en Izquierda Unida y son sinceras sus actuales rasgamientos de vestiduras tienen una ocasión de oro para demostrarlo. No hay nada nuevo bajo el sol y el ladrillo en el municipio siempre ha sido propicio a la proliferación de tentaciones poco ejemplares. En 1998, del patrimonio de todos los vecinos salió gratis el suelo para el primer Plan de Vivienda joven, gestionado también mediante una privatización, eso sí, de izquierdas. Pues bien, habiendo sido gratis el suelo, la gestora se lo cobró íntegro a los adjudicatarios de las viviendas. Más de 9.000 euros por vivienda. Alguien, con el beneplácito de IU, se embolsó más de 120 millones de pesetas de la época. (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/08/rivas-alguien-debe-pedir-perdon.html)  E Izquierda Unida y sus juventudes se negaron a investigar el asunto. Y, sin ir tan lejos, en 2003 el Alcalde de Izquierda Unida pagó sin necesidad alguna a la empresa de un amigo 300.000 euros por la “ideo arquitectónica” del proyecto del centro Comercial Rivas Plaza que nuca llegó a ejecutarse. (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/07/el-rivas-centro-monumento-la-corrupcion.html)  E Izquierda Unida calló, como también calló cuando en la pasada legislatura uno de sus concejales fue procesado por prevaricación y por un delito contra el medio ambiente.

No engañan a nadie los nuevos talibanes de la progresía. La transparencia, la honradez o el patrimonio de los vecinos les traen sin cuidado, como siempre. Les mueve, una vez más, los rencores, el sectarismo y las malas artes políticas y personales, tan bien asimiladas de sus mayores, y el ansia desmedida por el control del poder y en sus pugnas internas usarán lo que sea y llagarán a destrozar el municipio, sin ningún tipo de reparo, si ello sirve a sus fines espurios. Lo único bueno de todo esto es que parece que el tiempo pone a cada uno en su sitio, que la caída de máscaras, como la llorada caída del muro de Berlín por estos totalitarios, permite ver el auténtico rostro de cada uno y que Rivas- Vaciamadrid podrá, por fin, contemplar la ficción y la farsa que durante dos décadas la ha gobernado.

Santiago de Munck Loyola

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Ni un euro más para la casta dirigente.

Aquí el que no corre vuela. Da la sensación de que aquella desafortunada frase de una ministra de Zapatero afirmando que “el dinero público no es de nadie” está perfectamente asumida entre quienes dirigiendo partidos, sindicatos o patronales viven precisamente del dinero público, de las jugosas subvenciones públicas que obtienen de nuestros impuestos. Es tal la falta de escrúpulos y la inmoralidad reinantes que no pasa un día o una semana sin que aparezca un nuevo escándalo relacionado con el abuso que algunos hacen de nuestro dinero público, que es de todos. La inmensa mayoría de los partidos políticos, sindicatos y patronales perciben por diferentes vías inmensas cantidades de dinero público para sostener no sólo unas inmensas y superfluas estructuras, sino también un nivel de vida de muchos de sus dirigentes al que no podrían aspirar sin la rica ubre de las administraciones públicas. Y lo que es más grave, a pesar de esas ingentes ayudas económicas, según el Tribunal de Cuentas, 17 de los 25 partidos políticos fiscalizados están en quiebra técnica.

Los partidos políticos tan sólo reciben de sus afiliados 1 de cada 5 euros que ingresan, es decir, que el 80 por ciento de sus ingresos proviene del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Y algo muy parecido ocurre con los sindicatos que, además, perciben sus cuotas de afiliación detrayéndolas de las nóminas directamente por los pagadores públicos. No hay ninguna razón lógica que justifique que todos los contribuyentes tengamos que poner dinero para que los partidos y sindicatos funcionen y menos aún para que lo hagan como lo hacen: despilfarrando y cometiendo toda clase de irregularidades. Lo que han logrado estas organizaciones con el dinero público es alejarse cada día más del ciudadano cuya solidaridad y adhesión ya no la necesitan pues su sostenimiento está garantizado a través de la exacción obligatoria de la caja pública.

Con nuestro dinero algunos pueden pagarse generosos sobresueldos, espectaculares campañas electorales, mariscadas, cursos en el Caribe y todo un sin fin de abusos que son especialmente sangrantes en medio de esta tremenda recesión. La clase dirigente de nuestro país, la política, la sindical y la empresarial, no ha sido, ni es ejemplar.

Con nuestro dinero, los sindicalistas de UGT han protagonizado uno de los espectáculos más bochornosos, más cutres y degradantes de nuestra democracia. No sólo montaron en Andalucía el expolio del dinero destinado a los desempleados con la trama de los falsos EREs, sino que además vamos conociendo día a día la existencia de un manual para realizar “mordidas” en las facturas del sindicato a las administraciones públicas y van saliendo a la luz las miserias humanas en forma de comilonas, viajes exóticos, bolsos falsificados, juergas en la Feria de Sevilla, sobresueldos, etc.

Y otro ejemplo destapado en las investigaciones judiciales es el protagonizado por el Partido Popular. El hecho de que en Alicante, la Dirección Provincial se gastase en el año 2011 35.000 euros en comilonas (o sea, 29.000 euros sacados directamente de los impuestos), no es nada si lo comparamos en la forma que la central de Génova 13 usa el dinero de los contribuyentes.

La Audiencia Nacional ha encontrado indicios de financiación ilegal del PP en las obras de remodelación de Génova 13, con reformas más que sorprendentes. Dejando al margen lo que pueda haber o no de financiación ilegal, lo cierto es que del examen de la documentación se desprende que los populares gastaron oficialmente casi 6 millones de euros en remodelar el edificio y que buena parte de dichas obras se hicieron con la crisis ya encima. Es decir, que el partido de la austeridad (para los demás) usó casi 4,8 millones de euros provenientes de nuestros impuestos en remodelar un edificio que, por cierto, estaba en muy buen estado y, por ejemplo, no tuvieron empacho alguno en gastar 28.121,37 euros en arreglar el “cuarto de la basura” (o tienen mucha basura o es basura de alto standing), 98.934,39 euros en la sala en la que se reúne la cúpula del Partido o  103.162,94 euros para el cuarto de seguridad y vestuarios (y se les escapa Bárcenas con los papeles bajo el brazo).

Cuatro de cada cinco euros que gastan los partidos son nuestros, de nuestros impuestos y lo cierto es que no los usan con decencia. Mientras que los ciudadanos tenemos que pagar cada vez más impuestos, mientras simultáneamente tenemos menos prestaciones sociales porque los recortes se imponen, la clase dirigente de España sigue tirando del cajón público para sostener unas estructuras de partidos y sindicatos que ni sus afiliados están dispuestos a sostener con sus cuotas. Han tratado de maquillar la situación haciéndose pequeños recortes pero lo cierto es que lo que dejan de percibir por un lado lo perciben por otro. Buena prueba de ello, ha sido el acuerdo entre PP y PSOE en la Diputación de Alicante para desviar el dinero de los Grupos Institucionales a sus propios partidos políticos. Y es que en cuestiones de dinero, siempre terminan por ponerse de acuerdo los grandes. Y siempre, los que finalmente pagan sus excesos, su despilfarro y sus lujos somos los sufridos contribuyentes. La regeneración del sistema pasa también por cortarles el grifo. Ni un euro público más para partidos, sindicatos y patronal.

Santiago de Munck Loyola

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La indecencia política sobrevive en medio de la crisis.

Decididamente hay que rendirse a la evidencia, nuestra clase política, sea del color que sea, es muy especial. Sigue instalada en sus privilegios y pase lo que pase en el país no está dispuesta a modificar sus costumbres, ni siquiera por el “qué dirán”. Es evidente que no todos nuestros representantes políticos son iguales pero muy pocos se atreven a disentir y a expresarlo públicamente cuando se toman algunas decisiones, aunque no las compartan, no sea que por ello dejen de “salir en la foto”.

Mientras se habla de los recortes también en las becas Erasmus, del cierre de televisiones ruinosas, del cobro de medicamentos hasta en los hospitales, de la desnutrición de muchos niños en Cataluña, de los centenares de niños que acuden al colegio sin desayunar por falta de recursos o de la desaparición de cientos de plazas asistenciales, nuestros políticos siguen a lo suyo, como si no pasase nada y éso de apretarse el cinturón no fuera con ellos. Cuando se trata de dar ejemplo poco importa el color, coinciden en no darlo los que arruinaron al país y quienes para salvarlo están arruinando a las familias.

Ayer, sin ir más lejos, el Congreso de los Diputados escenificó como nunca lo anterior. Sus señorías dejaron claro que padecemos una casta política privilegiada, derrochadora e insolidaria. El Partido Popular, una vez más, rechazó la propuesta presentada por UPyD para suprimir en los Presupuestos Generales de 2014 la partida de 350.000 euros para los servicios de traducción de lenguas cooficiales en los Plenos del Senado. Para que nos entendamos, que el Partido Popular con el beneplácito de todos los grupos se opuso a dejar de gastar 350.000 euros en pinganillos para los caprichosos e inútiles senadores. ¿La excusa? Que como está así regulado en el Reglamento del Senado el Congreso tiene la obligación de dejar intacta esa partida. Vamos, que como el PSOE fue el autor de semejante despilfarro y estupidez, el PP que ahora tiene mayoría absoluta para poder cambiarlo no lo hace. ¿Puro seguidismo? ¿La habitual cobardía popular? ¿“Maricomplejines” en estado puro? ¿No estará pasando lo mismo con la hoja de ruta de Zapatero respecto al terrorismo? No cabe la más mínima duda de que más de un diputado popular o socialista no compartirá ese rechazo pero en éste, como en tantos otros asuntos, se callarán y acatarán lo que les manden a la hora de pulsar el botón de votaciones. Y tampoco cabe la más mínima duda de que los dirigentes populares saben perfectamente que decisiones como éstas molestan profundamente a sus votantes pero una vez más es evidente que la opinión de los mismos, hoy por hoy y dada la lejanía electoral, les importa un pimiento. Ellos a lo suyo.

Y es que tiene su miga que el sentido común, la lógica y la decencia política sigan ausentes de las instituciones. Tiene lo suyo empecinarse en mantener un guiño zapateril inútil y costoso a los independentistas que lo único que pretenden es la voladura de España a la que por negarle le niegan incluso el uso normal de su idioma, del idioma común hablado por más de 400 millones de personas, en una de las cámaras depositaria de la soberanía popular, el Senado. La Constitución no puede ser más clara. En su Artículo 3.1 señala que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Y que se sepa, el Senado es una institución del Estado, aunque no sepamos muy bien para qué sirve, no de las Comunidades Autónomas en las que, además del castellano, pueden ser cooficiales las demás lenguas propias. Y que se sepa también los senadores, aunque a algunos les pese, siguen siendo ciudadanos españoles y, por tanto, también tiene el deber de conocer la lengua castellana. Y si no la conocen pues a su casa, que ya está bien de burlas, desprecios y humillaciones hacia todo lo que sea español. Todos sabemos que todos los senadores hablan y entienden perfectamente el castellano, entonces ¿a qué viene lo del pinganillo, lo de tener que usar traductores para traducir una lengua que conocen sobradamente? ¿Por qué entonces hay que seguir tirando a la basura todos los años 350.000 euros? 

Las cuentas públicas no están para pagar los caprichos de nadie, por muy senadores que sean y ésto no es otra cosa que un capricho indecente que no tiene, además, ningún efecto político para buscar acercamientos hacia quienes sólo quieren alejarse. Lo de los pinganillos, se mire por donde se mire, no sólo es una payasada que provoca risas más allá de nuestras fronteras, sino que, además, es un auténtico insulto y desprecio hacia los sufridos ciudadanos que ven, día a día, cómo sus recursos disminuyen y sus dificultades crecen. ¿Qué clase de políticos tenemos que son capaces de tirar así 350.000 euros al año mientras hay miles de ciudadanos, a los que presuntamente representan, pasando hambre? Sencillamente no tienen vergüenza y se están burlando de los ciudadanos y de lo español. Perdóneme el lector, pero ¡que les den!

Santiago de Munck Loyola

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¡Pío, pío que nadie ha sido!

Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible. Si no hay dinero para sostener a la RTVV, es imposible sostenerla a no ser que se quite de otro sitio. Hay que reconocer que la dolorosa decisión de cerrar la RTVVy dejar en la calle a más de 1.700 personas que ha tomado el Presidente Fabra es valiente y, posiblemente, la única que se podía tomar tras conocer el varapalo judicial propinado por la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana.Podrá discutirse sobre la necesidad o la conveniencia de que las Comunidades Autónomas dispongan de medios de comunicación propios y, sobre todo, de que  en medio de esta profunda recesión dediquen ingentes recursos públicos al sostenimiento de unos medios de comunicación que, además, nunca han estado al servicio de los ciudadanos, sino de la casta política y de los intereses partidistas del gobierno de turno. Pero sobre lo que no debería caber duda alguna es sobre las prioridades que cualquier gobierno debería tener. Hay servicios públicos que son esenciales y otros que no lo son tanto. Y, por cierto, decenas de asesores, chófer y un cocinero no son esenciales.

Sin embargo, desde una perspectiva política llama mucho la atención la ausencia de la más mínima autocrítica en la comparecencia del Presidente Fabra y en las declaraciones de los principales dirigentes populares. Y llama mucho la atención igualmente que tras un hecho que implica la expresión de un auténtico y rotundo fracaso de gestión, ningún político asuma responsabilidad política alguna, que ningún político pague por su incompetencia y negligencia y que los platos rotos los paguen los de siempre, los empleados despedidos y el conjunto de la sociedad. Y para qué comentar las declaraciones de algunos dirigentes del PP que repiten como loros las consignas de los “argumentarios” oficiales. ¡Lástima de sueldos y de dinero desperdiciados en tanto descerebrado en tal altos cargos!

No queda más remedio que plantearse algunas preguntas para tratar de comprender cómo y por qué se ha llegado a esta situación. La RTVVha sido cerrada por el Gobierno Autonómico tras conocer la sentencia del TSJ que anulaba el ERE planteado por la dirección del ente público. ¿Por qué el TSJ ha anulado el ERE? Pues la razón de fondo no es otra que la constatación de que el ERE, entre otras cosas, no se ajustaba a los procedimientos legales e implicaba, como denunció la fiscalía, una vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué se ha tenido que llegar a plantear un ERE? Porque la caída de ingresos de la Generalitat Valenciana no ha permitido seguir con lo que era una práctica habitual, con la transferencia continua de fondos públicos a lo que se había convertido en un pozo sin fondo y no quedaba más remedio que redimensionar la RTVV para tratar de frenar sus pérdidas constantes. ¿Por qué la RTVV era un ente ruinoso? Porque los políticos de nuestra Comunidad así lo han querido o consentido. Lejos de atender a los informes técnicos que desde hace diez años venían denunciando que la situación económica de la RTVV era peligrosa e insostenible a largo plazo, nuestros gobernantes no sólo se han dedicado mirar hacia otro lado, sino que, además, no han tenido ningún recato ni vergüenza para usarla como instrumento político al coste que fuera.

No está de más recordar que cuando el Partido Popular accedió en 1995 al Gobierno de la Comunidad Valenciana, heredó una RTVV con unos 600 empleados, con una deuda de 6 millones de euros y una audiencia del 14 %. Dieciocho años después, el gobierno del PPCV deja una RTVV con más de 1.700 empleados, con una deuda acumulada de más 1.200 millones de euros y una audiencia por debajo del 5%. El balance es demoledor y absolutamente vergonzoso. Las cifras cantan y resulta inadmisible que nadie asuma responsabilidad alguna. Entre todos la mataron y ella sola se murió, pensarán algunos. Puede, pero algunos la han matado mucho más que otros. Culpar a la intransigencia de los sindicatos en la negociación del ERE es una muestra de intolerable cinismo. Claro que los sindicatos, que durante años se han venido beneficiando de la “fiesta” del canal público, tendrán su parte de responsabilidad. No se puede ignorar tampoco que las televisiones privadas con mucho más audiencia funcionan con menos de un tercio de personal que la televisión valenciana. Nadie puede honradamente sostener que los más de 1.700 empleados de la RTVVeran necesarios por la sencilla razón de que no había “tajo” para todos. Hay responsabilidades, sin duda, en los sindicatos pero mucho más pequeñas de quienes recibieron la confianza de los ciudadanos para gestionar los bienes públicos como si fuesen propios, con honradez, con ejemplaridad y con eficacia. Y no cabe ninguna duda de que estas cualidades han brillado por su ausencia en la gestión del ente público. No es casualidad que cuatro directivos del mismo estén ahora mismo imputados en diversos casos de corrupción.

El PPCV debe unas disculpas a los ciudadanos de la Comunidad Valencianay se las debe no sólo por no haber sabido gestionar la RTVV, entre otras cosas, sino también por no asumir sus responsabilidades políticas y por mentirles al no realizar la más mínima autocrítica. No es posible olvidar que el reconocimiento público de los errores, la autocrítica y la rectificación son ingredientes indispensables de la decencia política. Y deben también excusas a los ciudadanos todos esos profesionales que ahora se acuerdan de la ética profesional pero no lo hacían cuando se veían “obligados” a “desinformar” a cambio de sus sueldos.

Santiago de Munck Loyola

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El fiestorro de parte de la clase dirigente.

Si hay una práctica verdaderamente extendida en nuestro país se trata de las llamadas comidas de trabajo o de negocios. Muchas veces da la sensación de que no se termina de traspasar el umbral de la relevancia empresarial o política, en su caso, si no se celebran estos encuentros gastronómicos. Todo empresario o político que se precie ha de tener en su agenda un importante número de citas semanales para desarrollar esta peculiar forma de abordar asuntos que se suponen serios e importantes. A más ágapes, más relevancia social del comensal. Al margen de las dudas que cada cual pueda albergar sobre la eficacia y la conveniencia de estos eventos gastronómicos para la conclusión de operaciones mercantiles, lo cierto es que no son pocas las que terminan por frustrarse o por concluirse al calor de los manteles de los restaurantes. No son pocos los empresarios que utilizan estas comidas para agasajar e intentar impresionar a sus invitados o, simplemente, para conocerles un poco mejor en un ambiente diferente al estrictamente profesional. Cada empresario es muy libre de emplear su dinero como mejor le parezca y si considera conveniente hacerlo en nutrir a su invitado y posible socio comercial está en su derecho. Se trata de una inversión más que podrá o no terminar por reflejándose de forma positiva en su cuenta de resultados.

Esta costumbre de las comidas de trabajo o de negocios se ha introducido sin ninguna dificultad en el ámbito de la vida pública, en el de las administraciones, de los partidos políticos o los sindicatos. Lo cierto es que su celebración tiene más difícil justificación en muchos casos. Cuando se realizan con ocasión de la concertación de contratos entre particulares y las administraciones, procedimientos perfectamente reglados, no tiene ningún sentido que políticos o técnicos participen en las mismas con los empresarios “contratandos” o contratados. Pero no son éstas las únicas que se celebran. Hay muchas otras en las que entre los comensales no hay ni va a haber ningún vínculo económico, sino que se trata de encuentros entre políticos o entre éstos y otros sectores sociales encaminados a la negociación y a la consecución de acuerdos con repercusiones públicas.

Y nada habría que objetar a esta práctica en la vida pública si no fuera por un detalle sustancial que se produce cuando las facturas de estos encuentros gastronómicos las terminan pagando los contribuyentes. El dinero del contribuyente no está para pagar comidas en restaurantes, la mayor parte de ellas innecesarias, a gente que, además, recibe un sueldo público más que suficiente para atender a sus necesidades básicas, incluidas las comidas. La clase política y sindical está sostenida económicamente por los presupuestos públicos. Les pagamos para trabajar por la sociedad y no por comer por ella en restaurantes de lujo.

A lo largo de los últimos años se ha producido un tremendo relajamiento de los principios éticos y del concepto del servicio público que ha llevado a que no pocos de los miembros de la clase dirigente lo confundan con servirse de lo público. Hace pocos meses era noticia la cafetería-restaurante del mismo Congreso de Diputados en la que, al igual que en otras cámaras legislativas autonómicas, los contribuyentes subvencionamos a sus señorías hasta los cubatas que se atizan en nombre de la Patria. 

El pasado mes de julio se hacía pública parte de la contabilidad del PP y en la misma figuraban gastos escandalosos que no han sido desmentidos. El PP que como los demás partidos se sostiene gracias al dinero público gastó en la Provincia de Castellón parte de ese dinero en “lencería y tabaco para reuniones” y en la Provincia de Alicante sus dirigentes gastaron en 2011 más de 35.000 € en comidas de trabajo, síntoma evidente de la existencia o de mucho trabajo o de mucha hambre o de mucha cara dura. Ahora se comprende por qué no dejan votar en las elecciones internas a los afiliados que no pagan su cuota.

Y en estos días veraniegos estamos conociendo el no va más del “fiestorro” permanente de la clase dirigente de nuestro país, en su vertiente político-sindical. Al escandalazo de los cerca de 1.000 millones de euros que la Junta de Andalucía ha dilapidado en el caso de los EREs falsos, se suman ahora algunas revelaciones sobre el uso de fondos europeos de formación a los parados que ponen de manifiesto la catadura moral del socialismo español en su vertiente sindical. Más de 12.000 euros gastados en marisco, tapitas y alcohol en la Feria de Sevilla en la caseta de UGT a cuenta de los contribuyentes y todo ello, como no, disfrazado con la manipulación de facturas bajo el concepto de comidas de trabajo de la negociación colectiva. ¡Hombre! Hay que reconocer que bajo los efectos etílicos de una buena cogorza de fino se debe negociar con más soltura. Y cuando no se trata de comilonas, se encubren otros gastos como los correspondientes a movilizaciones para la huelga bajo otros conceptos pero siempre malversando fondos públicos destinados a la formación de los desempleados andaluces.

Es evidente que aquí no funcionan con eficacia los controles sobre el uso del dinero público. Las supuestas comidas de trabajo se han convertido en un auténtico coladero en unas ocasiones para encubrir las facturas de encuentros gastronómicos particulares y en otras para colar juergas de unos desaprensivos que usan el dinero público como si fuera suyo o como si no fuera de nadie. Y todo ello en un país donde la desnutrición infantil y las enfermedades asociadas a la misma han hecho aparición en no pocas localidades.

Dado que confiar en el buen juicio de la clase dirigente, honrada en su mayor parte, no evitará que se sigan produciendo semejantes abusos mucho más sencillo y práctico sería confiar en el sentido común y que cada uno se pague de su bolsillo lo que coma. Con dinero público, ni una comilona de trabajo más.

Santiago de Munck Loyola

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Frente a la comprensión y paciencia, más esperanza.

La cifra de 6.202.000 parados, las nuevas medidas y las negras previsiones anunciadas por el Gobierno el pasado viernes y las distintas y contradictorias declaraciones de varios dirigentes gubernamentales conforman un paquete difícil de digerir para cualquiera. Hace poco menos de una semana los Ministros de Guindos y Montoro, incluso el propio Presidente, declaraban que no iban a hacer falta nuevos recortes, que las autoridades europeas no exigían más ante los recortes ya llevados a cabo y que no habría, en palabras del propio Rajoy, más “hachazos”. Días después, el propio Presidente Rajoy nos anunciaba recortes adicionales en 2013 por importe de 3.000 millones de euros ¿navajazo en vez de hachazo? El viernes pasado, la Vice Presidenta, Sáenz de Santamaría, pedía comprensión a los ciudadanos y el domingo era Rajoy era el que pedía paciencia a la vez que repetía que el gobierno “sabía a dónde iba”.

El problema no radica en “saber a dónde se va”, sino que lo que es discutible es el camino elegido para llegar al destino. Es muy probable que sin todas las reformas emprendidas por el Gobierno de Rajoy y todos los sacrificios impuestos a los ciudadanos hoy estaríamos mucho peor. Es muy probable que de haber seguido con las políticas socialistas hoy España estaría intervenida con muchos más recortes que los hasta ahora impuestos y con una tasa de paro todavía peor. Pero el problema es que para lograr esto, el Gobierno ha optado por unas medidas contrarias a su programa electoral y a los propios principios definidores de la acción política de un Gobierno del Partido Popular. Es decir, que el Gobierno del PP ha elegido un camino diferente al que prometió y que a la luz de los resultados y, sobre todo de las negras previsiones, es mucho más largo y tortuoso de lo esperado.

Sáez de Santamaría nos pide comprensión y Rajoy paciencia. Sinceramente es muy difícil comprender por qué se han abandonado las políticas y los principios del programa del Partido Popular para aplicar unas medidas que sólo en parte obtienes resultados precarios, sobre todo en la contención del déficit, y es más difícil aún ser comprensivos cuando nadie se toma la molestia en explicar a los ciudadanos el por qué de dichos cambios. La paciencia pedida por el Presidente no es otra que la resignación ante el sufrimiento que la situación actual impone. Según se recoge hoy en vozpopuli.com el propio Gobierno admite que el impacto de las medidas que ha venido adoptando ha sido perjudicial para el crecimiento económico y para la creación de empleo. Los recortes y las subidas de impuestos del Gobierno son las responsables del desplome de la economía. En el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas para el año 2013 se admite que el crecimiento económico se ha frenado un 2,58% en un año como consecuencia de unas políticas que también han dado como resultado un aumento del 1,9% del paro. El Ejecutivo sostiene que esas cifras se tornarán positivas a en una década cuando, según sostiene, el empleo crecerá un 9,12% gracias a las que bautiza como «medidas de consolidación fiscal». Es decir, que sanear las cuentas públicas y el sector financiero, bases imprescindibles para crecer, han supuesto en un primer momento un frenazo al crecimiento y, consecuentemente, un mayor desempleo.

Los que hoy hablan sin pudor alguno de “austericidio”, aplaudieron ayer el “despilfarricidio” cuyas consecuencias estamos pagando ¡y a qué precio! Hay que saber que no podemos volver a esas políticas socialistas fracasadas. Todavía tenemos que gastar menos e ingresar más para equilibrar las cuentas públicas. Se ha hecho evidente que aumentar los ingresos subiendo los impuestos ha sido contraproducente porque ha implicado reducir la actividad económica y generar más paro. A lo mejor es hora de volver al programa popular y bajar la presión fiscal para dinamizar la actividad, generar consumo, empleo e incrementar así la recaudación. Y gastar menos se puede seguir haciendo pero no a través del recorte de las prestaciones sociales sino acometiendo de verdad la reforma y recorte de un estado insostenible y plagado de duplicidades. Es decir, acometiendo de una vez una profunda reforma política.

Estos días dos voces se han alzado frente a la comprensión y a la paciencia y merece la pena analizar lo que dicen. Desde posiciones ideológicas distintas tanto Mikel Buesa como Esperanza Aguirre vienen a coincidir en que la situación económica exige la adopción de medidas con más contenido político que económico, pero cuyas consecuencias serán de calado económico. Parece que el fuerte impulso reformista que caracterizó los primeros meses del Gobierno de Rajoy ha perdido fuelle. 40 de las 70 reformas anunciadas en el último año no se han llevado a cabo y un análisis de las mismas permite subrayar que son precisamente las reformas de más contenido político las que se han quedado aparcadas.

El Gobierno debería volver la vista y centrar su actividad en la puesta en marcha de todas las reformas de contenido político que permitirán reducir el gasto público y aumentar la eficiencia de nuestras administraciones públicas. Y hacerlo venciendo las notables resistencias que esas reformas levantan entre la clase política y especialmente entre los propios barones del Partido Popular. Lo que no resulta admisible ni comprensible es que el peso de las reformas siga recayendo sobre el sufrido ciudadano mientras no se acometen reformas estructurales profundas. Sabemos el destino al que nos llevan pero no puede haber paciencia cuando se elige un camino que no era el previsto, que resulta ser el más largo y cuando las mochilas más pesadas las tienen que llevar los de siempre, los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

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Ellos se lo guisan, ellos se lo comen y los demás lo pagamos.

Al que madruga Dios le ayuda. Es lo que seguramente han pensado los diputados más despistados, los treinta primeros diputados que en los últimos nueve meses han “perdido” su iPad porque a partir de ahora la Mesa del Congreso ha decidido dejar de reponer las tabletas que pierdan sus señorías ya que en lo que llevamos de legislatura el Departamento de Informática del Congreso ha agotado las reservas que tenía para atender estas incidencias.

La austeridad ha asomado tímidamente su patita en el templo de la Democracia, el Congreso, y a partir de ahora no se van a reponer las tabletas que los sufridos diputados pierdan. Sus Señorías dicen haber perdido 30 de las 350 tabletas que recibieron al principio de legislatura y las 30 han sido repuestas a razón de 700 € por cada una. Se ve que algunos diputados no son muy cuidadosos con los bienes públicos que les confían y que, acabado su mandato, debían devolver y eso que en este caso se trata de bienes para su uso y disfrute personal, eso sí por exigencias patrióticas. Y es que como el sueldo de sus señorías es escasito, según parece, al ser elegidos, los diputados reciben un ‘kit tecnológico’, a saber, un móvil de última generación, tipo iPhone, línea ADSL en su domicilio para estar conectados a Internet y, desde esta legislatura, una tableta iPad. Hay que ser comprensivos, sus señorías no pueden desempeñar correctamente sus altas funciones sin Internet a costa del contribuyente, la democracia correría peligro si tuvieran que pagarse la línea con sus magros sueldos.

Pero como todo es poco para que sus señorías nos representen como nos merecemos nos gastamos 6.750.000 € al año en los desplazamientos de los diputados, es decir 19.285 € al año por cabeza en billetes de avión, dietas, taxis o aparcamientos pagados en los aeropuertos. Ah y otros 1.714 euros por diputado al año en concepto de kilometrajes. Y para hacer más llevadera su sacrificada labor, los españoles contribuyentes les subvencionamos la comida y la bebida que consumen en la cafetería del congreso con 850.000 € al año, es decir, que pagamos más de 2.400 € por diputado al año para subvencionarles comida, café y copa (se supone que el tabaco corre por cuenta del parlamentario). Para que luego se diga que no somos rumbosos los españoles a pesar de la crisis y del hambre existente en las calles. Y para el año que viene aumentaremos esa subvención en 42.500 €. ¿Para qué aumentar otras partidas sociales? ¿Acaso hay algo más social que subvencionar el sustento de los representantes de todo el pueblo? Claro que siempre hay quien se lo monta mejor porque sus correligionarios de la Asamblea de Madrid tienen el Menú a mitad de precio, a 4,25 €, más barato como bien han señalado muchos que el precio del menú de los escolares.

Pero volviendo a las Cortes Generales y a las nuevas tecnologías hay que subrayar la abnegada y nunca suficientemente reconocida labor del Senado. El Senado, reserva espiritual de la inutilidad institucional, “invierte en democracia” según sus máximos representantes. Eso es, al menos, lo que han manifestado para justificar los 437.000 € del ala que se han gastado en su nueva página web a la que, por cierto, todos los grupos parlamentarios han ensalzado por ser un «instrumento de transparencia e información». Conociendo los precios del mercado parece que esa cantidad es desorbitada, claro, que un servidor se reconoce desconocedor de la rentabilidad de las “inversiones en democracia” como la presente y confía plenamente en que no se encuentre al nivel del “bono basura” que últimamente es el que más se prodiga en las administraciones de nuestra sacrificada clase política.

Todo es poco para nuestros excelsos parlamentarios: kits tecnológicos, menús anticrisis, viajes gratis total, sueldos, dietas (y no la Dunkan precisamente), tributación en hacienda como mileuristas, cotizaciones privilegiadas para sus pensiones, etc. Todo a cargo del contribuyente, todo. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. ¿Sacrificios? Los justos. ¿Austeridad? Para los demás. ¿Ejemplaridad? ¿Ejem… qué? Visto lo visto, la Indecencia política ocupa el grupo parlamentario más grande de la democracia… casi 350 escaños.

Santiago de Munck Loyola

Recortes para todos o para nadie: por una Ley sobre Retribuciones Públicas.

Uno corre el riesgo de que le llamen pesado por insistir, desde estas páginas, en la necesidad de que el Gobierno tome ciertas medidas para ayudar a salir de la crisis, pero la coincidencia en la publicación de algunas noticias no deja otra alternativa. Es el caso de la propuesta desde aquí formulada de aprobar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Es cierto que una Ley como ésta sólo constituiría una gota en el inmenso vaso de la crisis y del gasto público, pero sería, sin ninguna duda, una Ley ejemplarizante y absolutamente solidaria con unos ciudadanos hartos de recortes y cada vez más distanciados de los únicos culpables de la situación actual, la clase política española sin distinción de siglas o colores. Y no hay más que echar un vistazo a la calle estos días para comprobar ese distanciamiento. Que una gran parte de la sociedad no se movilice puede que sea porque no se identifique con los convocantes o con los métodos elegidos para manifestar la repulsa por esta situación, pero el “cabreo” está ahí.

El pasado mes de agosto, el Ministro de Economía, el inefable De Guindos, declaraba que existía poco margen para más recortes. Hoy, hemos desayunado con la noticia de que 3.000.000 de españoles van a perder, por tercer año consecutivo, parte de su poder adquisitivo porque el Gobierno vuelve a congelar los salarios de los empleados públicos, espoleando con ello la caída del consumo y generando con ello más paro y gasto social. Es decir, que lo que se ahorra con la congelación se lo va a tener que gastar en prestaciones sociales. Es lo que se dice “desnudar a un santo para vestir a otro”.

Y ayer, sin ir más lejos, se hicieron públicos los salarios del presidente y del vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, y que alcanzaron en el último ejercicio los 149.325 euros al año cada uno, el doble de lo que se le asigna al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los otros dos consejeros que tuvieron una remuneración anual completa, Luis Pedroche, destituido como director de la Agencia Tributaria en 2008, y Ana Isabel Fernández, persona vinculada al antiguo presidente y al PSOE, se metieron al bolsillo 129.604 euros cada uno. Por su parte, los 21 directivos del regulador que trabajaron todo el año cobraron una nómina media de 132.300 euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad, fundado en 1988, encargado de la supervisión de los mercados de valores en España. Es decir, que los jefes de los directivos de este organismo público son el Ministro de Economía y el Presidente del Gobierno. ¿Tiene alguna lógica que los empleados ganen el doble que los Jefes? ¿Ocurre algo similar en el ámbito de la empresa privada? ¿Es lógico o decente que se recorte el sueldo a un empleado público mileurista mientras que estos “servidores públicos” gozan de semejantes salarios? Habría quien lo vea bien alegando que desempeñan puestos de gran responsabilidad. ¡Ya! ¿Y no tiene más responsabilidad el Presidente del Gobierno? ¿Y un cirujano de la Seguridad Social?

Pues bien, al igual que estos señores de la CNMV hay en España miles de Directivos con retribuciones pagadas por los contribuyentes que superan en mucho las del Jefe de todos, las del Presidente del Gobierno. Esta situación ni es lógica, ni es decente. Aquí tiene el Sr. De Guindos un excelente margen para recortes, aunque en muchos casos tenga que recortar a sus amigos.

¿Y cómo puede hacerlo? Pues aquí tiene una propuesta: aprobando una Ley sobre Retribuciones con origen en Fondos Públicos. Tendría que ser una Ley de ámbito estatal. Una Ley aplicable a todas las administraciones públicas, a las empresas públicas y a las empresas privadas y entidades financieras que se beneficien de cualquier ayuda pública directa o indirecta sea cual sea su forma. Se trataría de una Ley que estableciese en los casos citados los límites salariales a percibir bajo cualquier forma y cuyo tope se estableciese en función de la retribución del Presidente del Gobierno. Con ella podría impedirse que un Alcalde o un Presidente de una Comunidad Autónoma cobre más que el Presidente del Gobierno, se podría impedir que los directivos de entidades financieras que reciben ayudas públicas, dinero de los contribuyentes, sigan cobrando los sueldos astronómicos que están percibiendo. Y al que no le interese que se vaya al sector privado que siempre habrá candidatos a sucederle y seguramente con más méritos si en lugar de las afinidades políticas o las amistades se usa el mérito profesional y la capacidad para realizar tales nombramientos. Ya está bien de exprimir al contribuyente mientras algunos se van de rositas con el dinero de todos, el que nos detraen de las nóminas y los impuestos. Si no hay ejemplaridad, habrá que pensar en romper la baraja.

Santiago de Munck Loyola

¿Quién le pondrá el cascabel al estado de las Autonomías?

Buena la ha liado el Presidente de la Generalidad catalana, el Sr. Mas, con su apuesta independentista, que no “soberanista” (no existe en el Diccionario de la RAE) por mucho que con esa denominación la intenten dulcificar periodistas y políticos ignorantes. No es la primera ni la segunda vez que un dirigente catalán apuesta por un Estado catalán. Ya lo hizo el 14 de abril de 1931 Francesc Macià quien se dirigió a la multitud proclamando en nombre del pueblo de Cataluña, «L’Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem intergrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques”. Ya lo hizo de nuevo el 6 de octubre de 1934 Lluís Companys quien proclamó el «l’Estat Català de la República Federal Espanyola», proclamación que se saldó con 46 muertos y 3.000 encarcelados.

Es la vieja estrategia de siempre: ante la incapacidad propia para solucionar los problemas se inventa un enemigo exterior al que culpar de todos los males. El Sr. Mas y sus conmilitones, incapaces de adoptar las medidas necesarias para resolver el grave problema económico y social derivado del inmenso agujero heredado del tripartito, han encontrado al culpable: el resto de los españoles que les expoliamos fiscalmente y los hundimos en la miseria. No es nuevo. Llevan años hablando de una supuesta balanza fiscal siempre desfavorable para Cataluña, llevan años calentando el ambiente, fomentando un sentimiento antiespañol que les servía para exigir cada vez más financiación. Poco importa que reputados economistas demuestren la falacia de esa supuesta balanza fiscal desfavorable para los catalanes: una mentira mil veces repetida termina por convertirse en una verdad para quien no quiere analizar otras perspectivas. Argumentan que como contribuyen a la caja común con más dinero que el resto de los españoles tienen, no sólo derecho a recibir más, sino a separarse para gestionarlo ellos solos. Declaraba hoy en un diario nacional el ex Presidente de las Cortes, Sr. Bono, que cuando pagar más impuestos implica exigir más nos encontramos ante una metástasis en el estado. De aceptarse esta tesis independentista y trasladándola del ámbito de los territorios al de las clases sociales, habría que deducir que quienes más impuestos pagan, más deben recibir del estado. Y éso es algo que choca frontalmente con la solidaridad y la redistribución de la riqueza, características esenciales de todo estado social y democrático de derecho.

Y en este contexto ¿dónde está el límite? ¿Quién decide cual es el ámbito de decisión? ¿Quién es el pueblo soberano? ¿El pueblo español? ¿El pueblo catalán? ¿El pueblo barcelonés? Nos dicen que tras una manifestación de un millón de personas pidiendo la independencia es el pueblo catalán el que ha hablado. ¿Y los seis millones de catalanes que no se han manifestado? ¿No cuentan?

Hoy, no son pocos los ciudadanos y los analistas políticos y económicos que coinciden en que nuestro estado autonómico es en su formulación actual absolutamente inviable. La crisis económica lo ha puesto de manifiesto de una forma desgarradora. Hasta no hace mucho hemos venido cerrando los ojos ante una realidad evidente: el estado autonómico estaba rompiendo la igualdad de derechos y de oportunidades de los ciudadanos. El estado autonómico ha ido levantando poco a poco muchas barreras entre los españoles: en educación, en sanidad, en el mercado, en el derecho de propiedad, etc. Barreras que imperceptiblemente iban dificultando hasta la movilidad de los ciudadanos. Lo que en la transición se nos vendió como un acercamiento de la toma de decisiones hacia los administrados se ha ido convirtiendo en un complejo laberinto legislativo, en un complicado entramado de instituciones más al servicio de la clase política que de los intereses de los ciudadanos. Empezamos a verlo gracias a la crisis y otros, desde fuera, también lo ven. En un reciente artículo, Stefanie Claudia Müller, corresponsal alemana en Madrid y economista, escribía: España … “no puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.”

No parece pues que los problemas sociales y económicos que pesan sobre el conjunto de los ciudadanos puedan resolverse con más autonomía o con la independencia en el caso de Cataluña. No podemos sostener el actual estado autonómico y eso lo ve y lo sabe cualquiera. Es inviable económicamente y terminará por serlo social y políticamente si no se aborda su reforma inmediata. Es evidente que los últimos interesados en reformar la configuración del estado son los miembros de la clase política, los partidos políticos que han encontrado en el actual estado autonómico un inmenso coto en el que instalar y extender sus inmensas maquinarias burocráticas y en el que realizar su insaciable afán ocupador. Nos proponen ahora fórmulas federales cuando es evidente que a los nacionalistas no les interesan porque supondrían una igualdad entre territorios inasumible para ellos. Nos hablan de los derechos de los territorios y olvidan los derechos de las personas. Nos levantan barreras territoriales cada vez más costosas mientras que Europa transita por el camino contrario. Y mientras, los ciudadanos seguimos pagando los delirios de grandeza de tanto iluminado y de tanto cobarde.

Santiago de Munck Loyola

¿Por qué se quita una paga a los empleados públicos?

A esta sencilla pregunta, el Gobierno nos responde diciendo que porque no hay dinero suficiente y hay que ahorrar. Y cuando uno observa las medidas recientemente adoptadas por el Gobierno constata que la respuesta es cierta, pero sólo en parte. Porque según parece no hay dinero suficiente para pagar a los empleados públicos la paga de Navidad, con lo que se está asestando un duro golpe no sólo a la economía de cientos de miles o de millones de hogares que contaban con ella para tapar agujeros o realizar pequeños extras, sino también al consumo de las próximas navidades, pero sí que hay dinero público suficiente para pagar algunos salarios como los siguientes:

•           Presidente del Red Eléctrica Española: 429.000 € de retribución fija + 199.000 € de retribución variable.

•           Consejeros de Red Eléctrica Española:

–           1 consejero con 899.000 euros al año.

–           5 consejeros con 182.000 euros al año.

–           3 consejeros con 153.000 euros al año.

–           1 consejero con 170.000 euros al año.

–           1 consejeros con 165.000 euros al año.

•           ADIF: 11 directivos con una media de 140.000 euros anuales.

BANKIA: en 2011 el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, que se incorporó ya entrado el año, percibió 1,57 millones, aunque su salario anual es de 2,26 millones. El que fuera vicepresidente de la entidad hasta hace unas semanas, José Luis Olivas, contó en 2011 con un salario de 1,62 millones; la mitad aproximadamente procede de Bancaja. José Manuel Fernández Norniella, el cuarto consejero ejecutivo de Bankia, percibió este año una remuneración de 725.000 euros. Además de las retribuciones fijas, Rato, Verdú y Norniella tenían un salario variable que podría ascender a un máximo de 2,2 millones adicionales para los tres Entre los ejecutivos destacaba Ildefonso Sánchez Barcoj, con 1,28 millones; Pedro Vázquez, 400.000 euros; Miguel Crespo, 363.000; Luis Maldonado, 358.000 y Pilar Trucios, 310.000.

•           CatalunyaCaixa, entidad controlada por el Estado tras inyectarle 2.968 millones, Adolf Todó, el Presidente, cobra 1,55 millones. Además, tiene 3,46 millones en pensiones. El número dos de CatalunyaCaixa, Jaume Masana, obtuvo 866.000 euros y tiene una pensión de 637.000 euros. Andreu Plaza cobra 394.000 euros y Francisco José Tárrega, 365.000 euros. La retribución del resto de ejecutivos varía entre los 260.000 y 219.000 euros.

•           En NovaGalicia, que percibió 2.600 millones del FROB, el presidente José María Castellano cobró 884.790 euros mientras que el consejero delegado, César González-Bueno, 876.040 euros. El exdirectivo José Luis Pego percibió un total de 13,09 millones; Gregorio Gorriarán, 8,41 millones y Óscar Rodríguez, 1,35 millones.

•           En Banca Cívica, su presidente Antonio Pulido tuvo una remuneración de 903.660 euros más 300.000 de pensión. Enrique Goñi, copresidente, cobró mil euros menos en sueldo y la misma pensión.

•           En Banco BMN, liderado por Caja Murcia, su presidente cobra 456.000 euros, por debajo de otros colegas con menor tamaño. Tiene una pensión de 2,15 millones de Caja Murcia donde trabaja desde hace 30 años. Joaquín Cánovas, director general, tiene un sueldo de 395.000 euros. La entidad recibió 915 millones del Estado. Desde el pasado mes de febrero los salarios de los altos ejecutivos de entidades bancarias intervenidas “sólo” alcanzan los 300.000 euros anuales.

•           FEVE: director general 96.196,58 euros.

•           Zapatero cobra 6.383 euros del Consejo de Estado por acudir a un pleno mensual e ingresa otros 6.515 € como ex Presidente.

•           RTVE: Presidente 220.000 euros al año. Las presentadoras Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana Pastor y María Casado tenían sueldos que oscilaban entre los 150.000 a los más de 200.000 euros brutos anuales en 2009.

•           El alcalde de Sabadell, Manuel Bustos Garrido, cobra un sueldo público del Ayuntamiento de 81.576,04 euros brutos anuales

•           El presidente de la Diputación de La Coruña/A Coruña, Diego Calvo Pouso, del Partido Popular, tiene un sueldo de 71.593 euros brutos anuales.

•           Trece directivos de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, 130.000 euros cada uno.

•           El Alcalde de Leganés 103.000 euros anuales.

•           Sueldo base de directivos de grandes empresas públicas, 105.000 euros anuales.

•           Directivos de empresas públicas medianas un sueldo base máximo de 80.000 euros anuales.

La lista de los salarios públicos multimillonarios para los que sí que hay dinero es interminable. He aquí la principal razón para que los empleados públicos no puedan cobrar la paga de Navidad. Nadie debería poder percibir en este país y en estas circunstancias un salario con origen en los fondos públicos superior al del Presidente del Gobierno. En vez de parches y de «castigar» a los más débiles lo que hace falta ya es una Ley sobre Retribuciones Públicas. Por simple lógica y elemental justicia.

Santiago de Munck Loyola