Paro y desahucios: dos caras de la misma moneda.

Estos días se están cruzando dos noticias, dos datos íntimamente ligados que reflejan claramente la dramática situación por la que atraviesa nuestra sociedad: el aumento del paro y el incremento de los desahucios, causa y consecuencia, cara y cruz de esta crisis. Al respecto y en torno a las diferentes reacciones que ambos datos provocan, merece la pena hacer algunas reflexiones. 

El aumento del paro no da tregua alguna. Mes tras mes los datos siguen siendo malos, ya se analicen los de la EPA o los del paro registrado. Intentar vislumbrar signos esperanzadores en las ligeras variaciones que dichos datos puedan ofrecer no desvirtúa lo esencial, la persistencia de un auténtico drama social, la extensión de la pobreza, el mantenimiento de una tendencia destructora de las vidas de millones de españoles que han de afrontar el futuro en condiciones cada vez más penosas. En la Provincia de Alicante el paro ha subido un 1,51% durante el mes de octubre, 3.359 desempleados más lo que supone 225.796 personas sin empleo en la Provincia de Alicante. Son casi 44.000 los hogares alicantinos en los que no se percibe ningún ingreso, ningún subsidio o ayuda. La pobreza se sigue extendiendo inexorablemente. Y si utilizamos como dato de referencia la EPA las cifras aumentan notablemente. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios siguen creciendo de forma alarmante. Es verdad que un buque transatlántico, como la economía española, no se detiene, ni varía su rumbo de forma automática, sino que necesita un largo espacio para invertir el rumbo, pero no parece que las diferentes medidas adoptadas durante el último año hayan variado la inercia heredada, entre otras cosas, probablemente porque no están siendo todo lo correctas que debían haber sido. Una cosa está clara, las medidas hasta ahora tomadas no se corresponden con buena parte del programa y la filosofía política del PP. Más impuestos, supone menos consumo, más paro, más gasto social, más déficit y mayor deuda pública a acumular al inmenso agujero negro dejado por el PSOE.

Una de las consecuencias más dramáticas del creciente y prologado paro es la pérdida de la vivienda. Y en la inmensa mayoría de los casos no se trata sólo de que se pierda la vivienda, sino de que, además, el deudor permanece como tal durante años impidiéndole cualquier expectativa razonable para rehacer su vida. No está de más recordar que en el año 2011, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se opusieron en el Congreso a tramitar una proposición de ley para que la deuda hipotecaria de las familias que no pudiesen hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudieran ser saldada con la entrega de la vivienda, con la dación en pago. El nuevo Gobierno aprobó hace unos meses un código de buenas prácticas bancarias que sólo ha servido para paliar la situación de unas 800 familias mientras que han seguido su curso decenas de miles de procedimientos de ejecución bancaria. Este año, más de 150.000 familias habrán perdido su hogar y, además, seguirán endeudadas con el banco que se queda con su casa. Hace pocos días, un ciudadano se suicidó tras recibir la notificación del desahucio lo que ha servido desgraciadamente para poner el asunto en la agenda de los políticos.

Hoy, el PSOE, que el año pasado se opuso a la dación en pago “porque podría desestabilizar el sistema financiero”, ha anunciado a bombo y platillo una ofensiva publicitaria en toda España para presentar la iniciativa que ha planteado el Congreso para frenar los desahucios. La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha resaltado que la proposición de ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia pretende «cambiar la ley», porque «trata de mirar a las personas, se trata de un rescate de ciudadanos». Bonita frase, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Y, como ahí no puede quedar la cosa, los socialistas, fieles a sus costumbres, se van a dedicar a presentar mociones en los Plenos de los Ayuntamientos que no tienen competencia alguna en la materia para utilizarlos, sin ningún tipo de escrúpulos, como simples cajas de resonancia política.

Por su parte, también hoy, la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal ha subrayado que «hay que diferenciar» entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga por que los primeros den «un tratamiento distinto» a estas ejecuciones ya que «el dinero que les viene es público» y que hay «muchas cosas que se pueden hacer, no solo la dación en pago» para «limitar la sangría y el drama social» de los desahucios, y ha abogado por «trabajar en buscar vías que puedan flexibilizar esta situación». Pues bien, si hay que diferenciar entre los bancos que han recibido dinero público en el tema de los desahucios ¿por qué no extender esta “diferenciación” a otros ámbitos como el de las retribuciones de sus directivos? La realidad, al día de hoy, es que bancos sostenidos con dinero público, de los contribuyentes, están ejecutando las hipotecas de esos contribuyentes como cualquier banco y que sus directivos llegan a cobrar hasta 750.000 € anuales de ese dinero público. ¿Es moralmente aceptable? Claro que la dación en pago no es el único instrumento legal que puede ponerse en marcha, pero el tiempo sigue pasando y, hasta ahora, es la única propuesta socialmente aceptada encima de la mesa y ya está tardando el Gobierno en plantear soluciones rápidas y eficaces a este drama.

Se mire por donde se mire, los casi 500 desahucios diarios que se están produciendo en nuestro país son una drama colectivo y una inmoralidad absoluta, por muy legal que sean, que exigen una respuesta inmediata del conjunto de la clase política que no está, una vez más, a la altura de los retos de nuestra sociedad.

Santiago de Munck Loyola

Algunos se forran con nuestros impuestos.

Hoy, el diario El Mundo, publica un artículo sobre las retribuciones de los políticos o ex políticos en las instituciones financieras que no tiene desperdicio alguno. En la mayoría de los casos, se trata de instituciones financieras que han recibido o reciben ayudas económicas del Estado, es decir, que reciben dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos. La presencia de los políticos en estas instituciones, Bancos y Cajas de ahorro, sólo obedece a la participación estatutaria de las administraciones públicas en sus Consejos de Administración. Es decir, que los políticos encuentran acomodo en los Consejos de Administración o en los puestos de dirección no porque reúnan especiales conocimientos financieros sino porque cubren las cuotas de los partidos políticos, aunque se trate de auténticos ignorantes del mundo económico y financiero.

He aquí, algunos de los datos aportados:

     –         Rodrigo Rato: Presidente de Bankia, 2,4 millones de euros, sin contar la retribución variable.

–          José Luis Olivas: 1,6 millones hasta su cese en Bankia.

–          900.000 € Antonio Pulido, copresidente de Banca Cívica, sin contar la parte variable.

–          900.000 € Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica, sin contar la parte variable.

–          526.000 Moral Santín (BFA, Bankia y Caja Madrid).

–          Mercedes de la Merced: 429.000 euros (Caja Madrid y BFA).

–          Jorge Gómez: 393.00 euros (Caja Madrid y BFA).

–          Ricardo Romero de Tejada: 316.000 euros (Caja Madrid y BFA).

–          Estanislao Rodríguez Ponga: 422.000 euros (Caja Madrid y BFA).

–          Virgilio Zapatero: 421.000 euros (Bankia, BFA y Caja Madrid).

–          Antonio Tirado: 409.000 euros (Bankia, BFA y Caja Madrid).

–          Carlos Egea: 456.000 euros (BMN).

–          Braulio Medel: 600.000 euros (Unicaja).

–          Antonio Jara: 278.000 euros (BMN).

–          Agustín González: 224.000 euros (Caja Provincial de Ávila y BFA).

–          José Antonio Asiain: 151.700 euros (Banca Cívica).

No están aquí todos los que son. Algunos, como el exalcalde de León, se han negado a facilitar sus datos al Banco de España acogiéndose a la Ley de protección de datos. Hay que tener en cuenta, además, que en algunos casos estas retribuciones se perciben simplemente por asistir a los Consejos de Administración, no por desempeñar funciones auténticamente directivas.

Es escandaloso e inmoral, se mire por donde se mire. Una empresa privada, con capital exclusivamente privado, puede fijar libremente las retribuciones de sus empleados y directivos. Pero éste no es el caso. Se trata de empresas que están usando dinero público, dinero que proviene de los impuestos de los ciudadanos. No tiene lógica alguna que el sueldo del Presidente del Gobierno, el máximo responsable del destino del dinero de los contribuyentes, ronde los 100.000 euros anuales y que el de estos señores, nutrido en parte con dinero público,  alcance niveles tan escandalosos.

Habrá quien lo justifique apelando a la “enorme responsabilidad” de estos señores en el manejo de tanto dinero y a otras estupideces. Pero más responsabilidad acumula el Presidente del Gobierno o el cirujano de la seguridad social en cuyas manos se depositan, no ya capitales, sino vidas humanas y no ganan esas cantidades ni por asomo.

Las administraciones públicas tienen regulado por Ley las retribuciones que perciben los que en ellas trabajan. Tratándose de dinero público no existe arbitrariedad en la asignación de las retribuciones. La misma regla debería aplicarse a toda aquella entidad que perciba dinero público para su funcionamiento: si una empresa, sea financiera o no, recibe ayudas públicas las retribuciones de su personal deberían seguir las mismas reglas y niveles que las  que corresponden a las administraciones públicas. Así de fácil, de sencillo, de lógico y de claro. Hay empresas en nuestro país que sobreviven exclusivamente gracias al dinero público y, sin embargo, no existe una limitación, ni reglamentación a la hora de determinar las retribuciones de su personal.

Esto tiene que acabar. No es posible que se suban los impuestos a los ciudadanos para que, mientras tanto, una élite de ex cargos políticos “se forre” con el dinero proveniente de esos mismos impuestos. No hace mucho alguien abogaba por la casilla en la declaración de la renta para investigación. Puestos a ello, habría que proponer la casilla para no dar un duro a empresas y entidades cuyos directivos tengan semejantes salarios. Con mis impuestos, no. O, mejor, directamente la objeción fiscal. Un servidor, al menos, sabe que no les paga dos veces por lo mismo: se lo llevarán de mis impuestos, pero no de mi cuenta porque a estas entidades ni un céntimo.

Santiago de Munck Loyola

El Sr. Valeriano Gómez y sus impuestos especiales.

El verano es una época del año especialmente favorable para la aparición de noticias un tanto especiales. Muchos medios de comunicación aprovechan la sequía informativa para desempolvar viejas historias o para subrayar determinados eventos que en otro momento habrían pasado desapercibidos. En otros casos, son determinados políticos los que aprovechan el hueco para lograr cierta notoriedad lanzando propuestas, globos sondas o realizando intervenciones que carecen de calado y de rigor.

Parece un poco pronto para ello considerando las fechas en las que estamos, pero lo cierto es que la propuesta lanzada ayer por el ministro de trabajo Valeriano Gómez de crear un impuesto especial para directivos de banca parece encajar en las noticias propias del verano.

Cualquiera habría pensado que D. Valeriano, experto en liquidaciones y desguaces, encajaba perfectamente en el esquema zapateril sobre empleo y que su paso por el Ministerio de Trabajo aportaría un mínimo de rigor y seriedad, pero parece que no es así. Será cosa del calor o del color político del Ministro, no se sabe, pero su propuesta veraniega es un disparate, una tomadura de pelo y, quizás, un guiño a los ex-acampados del 15-M.

Puestos a poner impuestos especiales quebrando toda clase de principios jurídicos y de garantías legales de los contribuyentes ¿por qué no poner un impuesto especial a quienes perciben una pensión mensual de 24.000 € tras sacudir los bolsillos de los ciudadanos con el canon y la Ley Sinde? ¿Por qué no un impuesto especial a los agentes de bolsa, a los directivos de empresas constructoras, a los fabricantes de armas, a los directivos de RTVE, o simplemente a los notarios? ¿Qué criterio hay que usar para crear un impuesto especial? ¿No sirve ya el IRPF en el que los parlamentarios gozan de excelentes privilegios? ¿No sería mejor, más eficaz y más justo suprimir las SICAV?

La peregrina y ministerial idea es una tomadura de pelo, un engañabobos y una hipocresía. El mismo Gobierno que permite que los directivos de las Cajas de Ahorro perciban en estos tiempos de crisis escandalosas retribuciones como las del Sr. Rato (10,5 millones de euros anuales) propone ahora un impuesto especial para directivos. Lo cierto es que el Sr. Rato cuya preparación y solvencia política están fuera de duda se convierte en directivo de Caja Madrid y de Bankia merced no a su carrera profesional dentro de la entidad financiera, sino a su trayectoria política. Y no es el suyo el único caso de políticos en la cumbre del poder financiero. A la peculiaridad de sus méritos se une el hecho de que se trata de entidades con carácter público y nutridas de ayudas y fondos públicos, provenientes de los impuestos de los españoles. De ahí que esas millonarias retribuciones sean más que cuestionables y de ahí la necesidad de que el Gobierno, en lugar de andar lanzando propuestas pintorescas, legisle lo necesario para impedir que los directivos de entidades sostenidas con fondos públicos, sean bancos, cajas o entidades como la SGAE, perciban retribuciones propias del ámbito privado. No tiene lógica que la Ministra de Economía y Hacienda gane 30 ó 50 veces menos que los directivos de las entidades a las que debe sostener y regular. El dinero público, lo gestione la administración o un banco, sigue siendo de los contribuyentes y debe ser tratado con el mismo rigor en cualquier caso. Impidan que con dinero público se cometan estos abusos y sobrarán impuestos especiales, aunque con ello pierdan la ocasión de entretener al personal con majaderías.

El Sr. Valeriano Gómez no tiene precio como liquidador. Ha terminado por hacer desaparecer cualquier atisbo de rigor intelectual y de seriedad en su ministerio.

Santiago de Munck loyola