Huelgas y servicios públicos.

 

El pasado mes de noviembre tocó a los vecinos de Madrid sufrir las consecuencias de la huelga de los empleados de las empresas concesionarias de los servicios de limpieza viaria. El conflicto que enfrentaba a trabajadores y empresas concesionarias tenía su origen en la entrada en vigor el 1 de agosto de un nuevo contrato que integraba los servicios de limpieza y de jardinería y por el que las concesionarias iban a recibir un 16% menos de dinero por hacer el mismo trabajo. Las empresas que voluntariamente habían suscrito el nuevo contrato decidieron plantear un ERE con el despido inicial de 1.400 trabajadores, rebajado posteriormente a 1.134. Y la huelga cuyas consecuencias pagaron los contribuyentes estalló. Tras varias jornadas de huelga y la aparición de la empresa pública Tragsa para paliar los graves efectos de la huelga, empresas y trabajadores llegaron a un acuerdo y la huelga fue desconvocada. La semana pasada le llegó el turno a nuestra ciudad. En esta ocasión, a los cinco meses de que el Ayuntamiento otorgase el traje a medida, perdón, el contrato del servicio de recogida de basuras por 12 años al único licitador, cosa extraña en este país donde a cualquier licitación pública acuden decenas de empresas, la UTE de la que forma parte la empresa ¡Oh casualidad! del Sr. Ortiz, el de la fiesta en pijamas con la Sra. Alcaldesa, se inició una huelga por parte de los trabajadores de este servicio municipal. Tras varios años de recortes en las condiciones de los trabajadores del servicio municipal impuestos por parte de INUSA, empresa que forma parte de la UTE que hace 5 meses se vio agraciada con el suculento contrato municipal, se quería producir una nueva vuelta de tuerca pretendiendo eliminar el convenio vigente. Parece que, al final y gracias a la huelga, el ajuste se va a limitar a tres años sin subida salarial (la empresa quería cinco), media hora más de jornada que antes, un máximo de 40 días anuales de baja por enfermedad común por cada trabajador y mantener 21 días de vacaciones entre octubre y mayo, principalmente. Y, en estos días, también en una importante localidad, Alcorcón, se está desarrollando otra huelga del servicio de recogida de basuras.

 

La falta de recursos económicos, el despilfarro y la mala gestión está empujando a muchos ayuntamientos a reducir de forma importante las partidas destinadas a servicios públicos básicos y esenciales como la limpieza viaria o el tratamiento de residuos. Pretenden que con menos dinero se sigan prestando esos servicios sin importar, al parecer, que ello repercuta en la calidad de las prestaciones. Y en esta estrategia parece que participan, sin ningún reparo, las empresas concesionarias que, al final, hacen recaer los recortes en los trabajadores con el fin de mantener e incluso incrementar sus beneficios empresariales a pesar de la dureza de la crisis. Hasta ahora al obtener una adjudicación de un contrato para prestar estos servicios públicos, el adjudicatario se subrogaba en las relaciones existentes con los trabajadores que venían prestando el servicio para el antiguo adjudicatario. Sin embargo, los últimos conflictos evidencian que ya no es así. Las empresas licitan a la baja y automáticamente intentan repercutirla en los empleados con el consiguiente deterioro del servicio público prestado mediante la gestión privada.

 

El debate sobre la gestión pública o privada de servicios públicos siempre ha estado presente entre los partidos políticos y últimamente los ciudadanos hemos podido asistir a la confrontación dogmática entre la izquierda y la derecha. Hay quienes defienden a ultranza la bondad de la gestión privada y tratan de identificarla con una mayor economía y eficiencia y desde posiciones ideológicas contrarias se defiende la gestión pública de los servicios públicos como la única válida. Sin embargo, se trata de un debate falso y tramposo. Los que en un municipio o en una comunidad defienden la gestión pública a ultranza, resulta que en no pocas ocasiones allí donde gobiernan no tienen reparo alguno en apostar por el modelo de gestión privada. Basta recordar que, por ejemplo, en Rivas Vaciamadrid, quizás el municipio más grande gobernado por IU con mayoría absoluta, la Empresa Municipal de la Vivienda está gestionada por una empresa privada mientras el Ayuntamiento se manifiesta una y otra vez contra cualquier iniciativa privatizadora del gobierno regional madrileño.

 

Sin embargo, la elección entre una fórmula u otra no es tan simple ni puede obedecer simplemente al color político del gobernante. Hay que tener en cuenta que al coste de cualquier servicio público hay que añadirle cuando está privatizado o externalizado, como gusta a algunos denominarlo, el importe del IVA que cada Ayuntamiento ha de abonar a la empresa gestora y el propio beneficio empresarial de la misma. La diferencia entre la gestión directa o a través de un concesionario sería mucho menor si las administraciones públicas no tuvieran que pagar el IVA en los casos de gestión de servicios públicos a través de empresas privadas, pero no es así y no parece que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a aligerar la presión fiscal a los municipios ni a los contribuyentes. La elección entre la gestión privada o pública de los servicios públicos no puede ni debe depender de dogmas políticos, de ideologías, sino del sentido común, de las características propias del servicio a prestar, de la capacidad operativa de la administración, de la capacidad económica y de la cualificación de los gerentes del mismo y, sobre todo, de la obligación política de prestar al ciudadano los mejores servicios con la máxima eficiencia.

 

Desgraciadamente no siempre impera el sentido común ni gran parte de la clase política dirigente está a la altura para asumir y poner en marcha retos semejantes. Da la sensación que muchas veces se opta por el camino más fácil. Seguramente, nuestro Ayuntamiento cuenta con la capacidad humana y técnica para ofrecer muchos servicios públicos de forma directa y con unos niveles de calidad y eficiencia similares o superiores a los de muchas empresas pero da la sensación de que falta la voluntad, la valentía y la capacidad en sus rectores para apostar por ello o que priman más los intereses particulares que los del conjunto de los alicantinos.

 

Santiago de Munck Loyola

 

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Reacciones a Vox.

 

Como era de esperar, el anuncio de la creación de un nuevo partido de centro derecha como Vox, ha desatado todo tipo de reacciones. Los de siempre, y no es ninguna novedad, se ha apresurado a calificarlo como partido de extrema derecha sin haberse tomado la molestia de leer una sola línea del manifiesto fundacional del mismo y sin tener en cuenta, o precisamente por eso, el impecable historial democrático de sus promotores. Ya se sabe que totalitarismo y lectura no suelen ser elementos compatibles para quienes están acostumbrados a hablar a golpe de cliché y para quienes es “derechona” todo aquello que no desprenda aromas revolucionarios. Pero lo interesante era ver las reacciones que esta nueva iniciativa política iba a provocar en el seno del Partido Popular. Y, de momento, ha habido de todo. De una parte, los voceros de turno, tan locuaces como habitualmente incompetentes, que, de una parte, han procurado minimizar y despreciar sus posibles efectos electorales en el futuro y, de otra, han expresado, con la boquita pequeña, su pena por la marcha de la casa común de tan significados ex compañeros. No en balde, para un mercenario de la política la partida de compañeros adornados con liderazgos naturales supone siempre la desaparición de rivales de peso y, por tanto, un evidente alivio.

 

Tan sólo Esperanza Aguirre, una vez más, ha sido la nota discordante en el campo de las voces autorizadas del Partido Popular y ha expresado lo que siente una buena parte de la militancia popular. Ha puesto de manifiesto que el partido no debería poder permitirse el lujo del abandono de compañeros tan relevantes, que dicho abandono obedece al desarrollo por parte del Gobierno del Partido Popular de una estrategia antiterrorista que no se corresponde con las expectativas tradicionales del Partido y que se debería reflexionar y dar los pasos necesarios para evitar estas salidas y recuperar a los ya ex militantes populares.

 

Y, desde luego, lo que no tiene desperdicio es lo dicho por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha expresado su absoluto respeto a José Antonio Ortega Lara, uno de los miembros de esta nueva formación, de quien ha dicho que, esté en el partido que esté, «es y será una figura muy respetada, querida, admirada y defendida» en el PP, no sólo por ser un símbolo de la lucha contra ETA, sino por lo que ha sido su actitud durante mucho tiempo y que ha recalcado, ante la posibilidad de que el nuevo partido Vox pueda restar votos al PP que «es más fácil hablar» cuando no se tienen responsabilidades de gobierno, que es cuando hay que tomar decisiones «por el interés general». Ha insistido en «no es lo mismo gobernar que no gobernar» y en que su partido lo que debe hacer y está haciendo es cumplir su compromiso con los españoles, «que es salvar a España de la quiebra».

 

Pues bien, al margen de sus consideraciones respecto a Ortega Lara, de sus declaraciones hay que destacar lo que subyace que no es otro que su convencimiento de que se puede sacrificar lo prometido a los ciudadanos, incluido el programa electoral, y que al éxito económico se debe sacrificar la política. Decir que “es más fácil hablar cuando no se tienen responsabilidades de gobierno”, refiriéndose a los postulados políticos de VOX, es venir a reconocer que son los mismos que enarboló el PP antes de gobernar y que hubo de abandonarlos por la supuestas responsabilidades de gobierno. Y coincide en el fondo con lo manifestado ayer por el Presidente del Gobierno en la entrevista concedida en A3 al reconocer que ha tenido que traicionar su programa electoral para salvar a España de la quiebra. Es más que discutible que el camino económico emprendido por el Gobierno del Partido Popular fuese el único o el más eficaz para superar la crisis pero dejando al margen esa discusión lo cierto es que el reconocimiento de que se puede y se debe traicionar el programa electoral cuando el fin lo justifica supone, ni más ni menos, que la quiebra del contrato electoral con el votante y, por tanto, una importante quiebra de legitimidad del gobernante.

 

En las últimas elecciones generales el Partido Popular no recibió un cheque en blanco del votante, recibió un mandato claro, un respaldo masivo, no por la simpatía de sus candidatos, sino por el contenido de sus promesas, por el contenido de su programa electoral. El candidato promete hacer determinadas cosas si es votado y el elector le otorga el voto para que las haga. Así de sencillo. Eso es un contrato y cuando una de las partes rompe su parte no puede exigir a la otra que mantenga sus compromisos. Lo perverso del sistema consiste en que al incumplimiento del gobernante no se puede, hoy por hoy, oponer la respuesta inmediata del votante y éste ha de esperar a las siguientes elecciones para castigarle por lo que hizo. La credibilidad del gobernante en una democracia descansa en el valor de su palabra, en la calidad del cumplimiento de sus compromisos. Y resulta decepcionante que la ausencia de valores éticos en buena parte de la clase política le conduzca a reconocer como normal incumplir los compromisos electorales que son la esencia del contrato electoral en una democracia.

 

Vox nace como una respuesta al desencanto que la falta de valor de la palabra dada ha producido en muchos militantes populares y que se ha puesto de manifiesto no sólo en las estrategias antiterroristas sino también en el ámbito económico, político y social. Y Vox, nace como no, porque en el interior del Partido Popular existe un fuerte déficit democrático que propicia que la acción de gobierno no se corresponda con los principios y programas del partido y que ello no pueda ser ni corregido ni criticado desde el interior. Y no hay que ser un lince para darse cuenta de ello.

 

Santiago de Munck Loyola

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Libertas: VOX, una iniciativa política decente.

Libertas: VOX, una iniciativa política decente..

Comienza el navajeo.

 

Durante los últimos días los ciudadanos estamos asistiendo a un nuevo espectáculo político, el cruce de navajas entre distintos dirigentes políticos a propósito de las elecciones municipales que habrán de celebrarse en mayo de 2015. Los medios de comunicación están recogiendo casi diario las declaraciones de unos y otros sobre quién habrá de encabezar determinadas candidaturas o sobre quién se postula para ello. Y en el Partido Popular hay, por su peculiar sistema de designación de candidatos, verdaderos especialistas en estas lides. Desde hace semanas en Madrid se están lanzando globos sobre la candidatura popular a la Casa de la Villa madrileña. La designación de Ana Botella parece estar en el aire y el entorno de la Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, ha filtrado que la preferida para encabezar el cartel electoral es nada menos que la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

 

Más cerca, en nuestra Comunidad, hemos contemplado con cierta diversión el primer escarceo entre la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el Secretario General del PPCV Serafín Castellano a propósito de quién habrá de encabezar el cartel electoral en la ciudad de Alicante. Serafín Castellano ha dejado claro que entre sus preferencias no está el que repita Sonia Castedo habida cuenta sus problemas judiciales. Y Sonia Castedo, que según el Presidente Provincial Popular y enemigo político de Serafín Castellano, José Ciscar, es el mejor activo electoral del PP, le ha respondido, vía Twitter, con su ya conocida frase sobre el retorno de los esputos lanzados al cielo. La respuesta del Secretario General ha sido poner de manifiesto su aprecio personal por Sonia Castedo y, simultáneamente, filtrar que su preferido para encabezar la candidatura popular al Ayuntamiento de Alicante es el exvicepresidente de la Diputación y actual director de la Cámara de Comercio, Carlos Mazón, “ripollista” de pro. Así que todo parece indicar que las espadas, mejor dicho, las navajas están en alto mientras que el Presidente Fabra anda autoproclamándose candidato a la Generalitat y promoviéndose a si mismo.

 

Pero si uno va más allá de estos juegos de esgrima político descubre algo profundamente preocupante. En ninguno de los casos en los que se está debatiendo quién ha de encabezar o no las candidaturas se habla de las preferencias de los militantes, de los afiliados quienes en buena lógica democrática deberían ser en última instancia los que eligiesen a los candidatos. Pero no, no es así. En el Partido Popular siguen anclados en los rancios y antidemocráticos métodos de designación de candidatos que tan malos resultados han proporcionado y a la vista está en las sedes judiciales y en los resultados de la gestión de nuestra Comunidad. Y los medios de comunicación participan con toda naturalidad de esta manera de entender la política. Parece que lo único que importa es saber quién es el preferido por el Presidente Provincial o por el Secretario General para ser candidato y no quién es el preferido por las bases del partido. A nadie le importa, al parecer, qué piensan los afiliados o a quien prefieren. Al fin y al cabo, todo el mundo da por sentado que tragarán, como siempre, apoyarán y votarán a cualquiera que desde la cúpula sea impuesto como candidato. No es de extrañar pues que las listas electorales estén plagadas de falsos liderazgos, de incompetentes y de arribistas y cuanto más sumisos con los de arriba, mejores puestos obtendrán en las candidaturas.

 

A un demócrata debería importarle poco a quien prefiere como candidato un alto cargo del partido y mucho lo que las bases del partido prefieren. Pero lamentablemente no es así con los resultados que todos padecemos. Una vez más la regeneración democrática y junto a ella la democracia interna brillan por su ausencia en estos “juegos florales” de nuestros presuntos políticos.

 

Santiago de Munck Loyola

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Ciscar ya se ha puesto la venda, por si acaso.

Recién apagados los ecos de las campanadas de fin de año, se ha reiniciado el curso político, a pesar de las largas vacaciones parlamentarias de sus señorías, con encuestas y declaraciones varias. Hay que tener en cuenta que iniciamos un año electoral que tendrá su momento culminante con las elecciones europeas que servirán, sin duda, como termómetro no sólo de las preferencias electorales de los ciudadanos, sino también del grado de afección al sistema político y a las instituciones europeas. Y entre las diferentes declaraciones de responsables políticos cabe destacar y comentar las del Presidente del PP de Alicante y Vicepresidente del Consell Valenciano, José Ciscar, que ha sido difundidas por casi todos los medios de comunicación regionales.

A la frase “en el PP no tenemos miedo al crecimiento de UPyD y Ciudadanos” le ha sucedido la afirmación de José Ciscar, destacada por la prensa, de que el Partido Popular estaría dispuesto a pactar con cualquier formación siempre y cuando “acepte los postulados que pasan por defender siempre el interés general de la Comunitat Valenciana”. Eso es ponerse la venda antes de la pedrada, porque pedrada la habrá con toda seguridad y merecida, por cierto, según vaticinan casi todas las encuestas. Parece poco coherente afirmar que no se teme la irrupción de esos dos partidos y a renglón seguido mostrar la predisposición al pacto con los mismos. Si uno no teme el crecimiento de otros partidos es porque cree que va a ser irrelevante así que carece de sentido estar planteándose la necesidad de formalizar pactos con ellos. Hay que deducir que el Sr. Ciscar da por perdidas las amplias mayorías que hasta ahora venía disfrutando el Partido Popular en una gran parte de las instituciones valencianas.

Según Ciscar a los votantes populares que están hoy en la abstención hay que convencerles de que la alternativa del PP es “la más importante para el futuro de la Comunitat” añadiendo que si se tiene en cuenta que la máxima alternativa posible al PP sería “un tripartito radical y de izquierdas”. Si sólo contempla como alternativa al PP un tripartido “radical y de izquierdas” ¿por qué se plantea pactar con partidos irrelevantes según él?

Más adelante, el Presidente Popular alicantino señala que lo que los ciudadanos quieren es “salir de la crisis, que se genere empleo y se mantengan las políticas sociales” y para ello, aseguró, “no quieren inventos de ningún tipo, solo que se gestione de forma razonada y con sentido común”. Parece que tiene claro lo que quieren los ciudadanos pero lo que no parece tener claro es que el PPCV no ha sabido ni mantener las políticas sociales, ni gestionar de forma razonada ni con sentido común. Si el Sr. Ciscar en lugar de mantenerse en su torre de marfil y de rodearse de aduladores y mercenarios de partido pisase un poco más la calle y palpase lo que a diario viven los ciudadanos no se pondría en evidencia con declaraciones como éstas.

Y para terminar de redondear sus declaraciones, el Sr. Ciscar no ha tenido inconveniente alguno en hacer gala, una vez más, del cinismo e hipocresía que viene caracterizando su gestión política al frente del PP de Alicante al que está conduciendo a un desastre electoral con su autoritarismo y falta de principios éticos. Así ha asegurado que en las listas electorales del PP valenciano “no va a haber personas imputadas por supuestos delitos que tengan que ver con la corrupción”, algo que, según ha dicho, lo dijo el presidente del Partido y de la Generalitat, Alberto Fabra, “y lo mantiene. A lo mejor podría explicar cómo se puede conciliar esa posición que además incluía la exclusión de imputados en los cargos orgánicos del PP con la fraudulenta maniobra que con la inestimable ayuda de su lacayo, el Sr. Zaplana, ha organizado en la ciudad de Alicante con el fin de poner lo que queda del PP alicantino en manos de los imputados del Ayuntamiento. Como sea tan creíble la promesa de que no habría imputados en los cargos orgánicos del PP como la de que no habrá imputados en las listas electorales, los ciudadanos pueden tener la seguridad de que, salvo milagro de última hora, sí los habrá.

Es evidente que estas declaraciones del Sr. Ciscar ponen de manifiesto una tremenda falta de realismo y de sensatez política. El PP está sufriendo un enorme desgaste electoral como consecuencia no sólo de las políticas impuestas por el Gobierno de la Nación, sino también como consecuencia de los resultados de la mala gestión popular en la Comunidad Valenciana, malos resultados debidos a los sistemáticos incumplimientos de los programas y principios del PP en la gestión de la Generalitat. Y a ello hay que añadir la estela de casos de corrupción y la incapacidad de la dirección popular para frenar y atajar en seco esta situación. Si a ello se añade la incapacidad de los actuales dirigentes populares para reconocer y asumir que es imprescindible abordar un proceso de regeneración democrática del Partido Popular y de muchas de las instituciones está completándose el cóctel necesario para cosechar malos resultados electorales. Y especial responsabilidad tiene en ello el Sr. Ciscar y su equipo, enemigos acérrimos de cualquier regeneración y de cualquier proceso democrático que permita al PP volver a conectar con las necesidades reales de los ciudadanos y de convertirse en un referente de participación, de debate, de transparencia, de libertad, de honestidad y de confianza ciudadana. Pero lamentablemente esas suelen ser las consecuencias de una determinada forma de hacer política que termina entregando toda una gran y noble organización al primer chaquetero y arribista que llega, es decir, consecuencia de la ausencia de democracia interna.

Finalmente hay un dato que parece obviar el Sr. Ciscar y es que el previsible crecimiento electoral de UPyD y Ciudadanos se basará, sobre todo, en el voto de los ciudadanos descontentos con el Partido Popular. Pensar que estos partidos traicionarían a la primera de cambio a sus electores para que haya “más de lo mismo” es cuando menos ingenuo. No somos pocos los antiguos votantes del PP los que pensamos que mientras el PP siga en manos de personajes como las actuales, enemigos declarados de la honestidad, de la transparencia y de la regeneración democrática, lo mejor que le puede pasar al PP y a la ciudadanía es que el Partido Popular se marche una temporada a la oposición a ver si, lejos de las moquetas, de los asesores y de los privilegios políticos, inicia una tan profunda como imprescindible renovación y regeneración interna.

Santiago de Munck Loyola

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