El Ayuntamiento de Alicante y SUMA.

A veces, desde determinadas instancias administrativas se toman algunas decisiones que aparentemente tienen poca trascendencia y que poco influyen en vida del ciudadano. Sin embargo, cuando se analizan detalladamente parece que no es así. Es lo que ocurre con la reciente decisión del Ayuntamiento de Alicante de transferir la gestión de los impuestos municipales a SUMA, la entidad tributaria gestora de la Diputación Provincial de Alicante. Uno diría que, a primera vista, al contribuyente de Alicante le resulta indiferente quién le cobre el Impuesto de Bienes Inmuebles o el de vehículos porque, al fin y al cabo, va a tener que pagar lo mismo. Pero si se examina con detalle el asunto parece que el hecho de que sea SUMA la que cobre estos impuestos y no el propio Ayuntamiento terminará repercutiendo en el bolsillo del ciudadano. SUMA, como es lógico, cobra por su gestión y el Ayuntamiento de Alicante tendrá que consignar en sus presupuestos anuales al menos 2,5 millones de euros para pagar a SUMA por hacer lo que antes venía haciendo el propio Ayuntamiento.

Si se examinan los presupuestos generales del Ayuntamiento de Alicante se encuentra una partida de 1.847.763.- € correspondientes a los sueldos de los funcionarios destinados a la gestión del sistema tributario, al cobro de nuestros impuestos. Si se da por correcta la cifra publicada de 52 funcionarios municipales destinados a la gestión tributaria y de éstos sólo 15 funcionarios son trasladados a SUMA, el Ayuntamiento deberá seguir pagando las retribuciones de 37 funcionarios que, según las informaciones publicadas, van a ser destinados a otras tareas dentro del Ayuntamiento. Es decir que el Ayuntamiento de Alicante tendrá que seguir consignando en su presupuesto 1.314.768.- € para el pago de las retribuciones de los funcionarios antes adscritos a la gestión tributaria municipal y añadir los 2.500.000.- € para el pago a SUMA por su gestión. En resumen que la decisión política de que SUMA nos cobre los impuestos a los vecinos de la ciudad de Alicante supondrá pasar de un gasto de 1.847.763.- € a la cifra de 3.814.768.- € al año, cifra que se reflejará en los presupuestos municipales y que, por tanto, sí que terminará por tener una incidencia real en los bolsillos de los contribuyentes.

La razón de fondo de esta decisión no se encuentra en el objetivo de dotar a la gestión de los tributos de una mayor calidad o eficacia pues están fuera de toda duda los niveles de profesionalidad y la capacidad de los funcionarios municipales dedicados a esta tarea, perfectamente equiparables a los de SUMA. Es evidente que esta decisión de tan hondo calado obedece a la necesidad de proporcionar más liquidez a la tesorería municipal que podrá verse beneficiada con los anticipos ordinarios que SUMA entrega sin intereses. No se trata, por tanto, ni de una medida de ahorro para las maltrechas arcas del Ayuntamiento alicantino, ni de una medida de carácter coyuntural. Y tratándose de una decisión de tanta trascendencia para los contribuyentes y para el personal del Ayuntamiento, parece que ha faltado  algo de transparencia y de debate y, sobre todo, la búsqueda del consenso con la oposición.

La consecución de más liquidez para la hacienda municipal, es decir, un flujo de ingresos mensuales regulares se podría haber conjugado mejor con la necesidad de muchos contribuyentes de fraccionar mensualmente el conjunto de los tributos municipales. Hoy más que nunca, el hecho de tener que pagar en un mes el elevado IBI que pagamos en Alicante o en otro mes el IVTM se hace bastante cuesta arriba. Al contribuyente le es mucho más fácil pagar mensualmente, como hace con la cuota de la comunidad de vecinos por ejemplo, una cuota tributaria equivalente al prorrateo mensual del conjunto de los tributos municipales. Con una adecuada promoción municipal de esta fórmula durante los últimos años, el Ayuntamiento habría conseguido de una parte facilitar a los vecinos el pago de sus impuestos y de otra obtener esa liquidez mensual tan ansiada ahora.

Santiago de Munck Loyola

Frente a la comprensión y paciencia, más esperanza.

La cifra de 6.202.000 parados, las nuevas medidas y las negras previsiones anunciadas por el Gobierno el pasado viernes y las distintas y contradictorias declaraciones de varios dirigentes gubernamentales conforman un paquete difícil de digerir para cualquiera. Hace poco menos de una semana los Ministros de Guindos y Montoro, incluso el propio Presidente, declaraban que no iban a hacer falta nuevos recortes, que las autoridades europeas no exigían más ante los recortes ya llevados a cabo y que no habría, en palabras del propio Rajoy, más “hachazos”. Días después, el propio Presidente Rajoy nos anunciaba recortes adicionales en 2013 por importe de 3.000 millones de euros ¿navajazo en vez de hachazo? El viernes pasado, la Vice Presidenta, Sáenz de Santamaría, pedía comprensión a los ciudadanos y el domingo era Rajoy era el que pedía paciencia a la vez que repetía que el gobierno “sabía a dónde iba”.

El problema no radica en “saber a dónde se va”, sino que lo que es discutible es el camino elegido para llegar al destino. Es muy probable que sin todas las reformas emprendidas por el Gobierno de Rajoy y todos los sacrificios impuestos a los ciudadanos hoy estaríamos mucho peor. Es muy probable que de haber seguido con las políticas socialistas hoy España estaría intervenida con muchos más recortes que los hasta ahora impuestos y con una tasa de paro todavía peor. Pero el problema es que para lograr esto, el Gobierno ha optado por unas medidas contrarias a su programa electoral y a los propios principios definidores de la acción política de un Gobierno del Partido Popular. Es decir, que el Gobierno del PP ha elegido un camino diferente al que prometió y que a la luz de los resultados y, sobre todo de las negras previsiones, es mucho más largo y tortuoso de lo esperado.

Sáez de Santamaría nos pide comprensión y Rajoy paciencia. Sinceramente es muy difícil comprender por qué se han abandonado las políticas y los principios del programa del Partido Popular para aplicar unas medidas que sólo en parte obtienes resultados precarios, sobre todo en la contención del déficit, y es más difícil aún ser comprensivos cuando nadie se toma la molestia en explicar a los ciudadanos el por qué de dichos cambios. La paciencia pedida por el Presidente no es otra que la resignación ante el sufrimiento que la situación actual impone. Según se recoge hoy en vozpopuli.com el propio Gobierno admite que el impacto de las medidas que ha venido adoptando ha sido perjudicial para el crecimiento económico y para la creación de empleo. Los recortes y las subidas de impuestos del Gobierno son las responsables del desplome de la economía. En el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas para el año 2013 se admite que el crecimiento económico se ha frenado un 2,58% en un año como consecuencia de unas políticas que también han dado como resultado un aumento del 1,9% del paro. El Ejecutivo sostiene que esas cifras se tornarán positivas a en una década cuando, según sostiene, el empleo crecerá un 9,12% gracias a las que bautiza como «medidas de consolidación fiscal». Es decir, que sanear las cuentas públicas y el sector financiero, bases imprescindibles para crecer, han supuesto en un primer momento un frenazo al crecimiento y, consecuentemente, un mayor desempleo.

Los que hoy hablan sin pudor alguno de “austericidio”, aplaudieron ayer el “despilfarricidio” cuyas consecuencias estamos pagando ¡y a qué precio! Hay que saber que no podemos volver a esas políticas socialistas fracasadas. Todavía tenemos que gastar menos e ingresar más para equilibrar las cuentas públicas. Se ha hecho evidente que aumentar los ingresos subiendo los impuestos ha sido contraproducente porque ha implicado reducir la actividad económica y generar más paro. A lo mejor es hora de volver al programa popular y bajar la presión fiscal para dinamizar la actividad, generar consumo, empleo e incrementar así la recaudación. Y gastar menos se puede seguir haciendo pero no a través del recorte de las prestaciones sociales sino acometiendo de verdad la reforma y recorte de un estado insostenible y plagado de duplicidades. Es decir, acometiendo de una vez una profunda reforma política.

Estos días dos voces se han alzado frente a la comprensión y a la paciencia y merece la pena analizar lo que dicen. Desde posiciones ideológicas distintas tanto Mikel Buesa como Esperanza Aguirre vienen a coincidir en que la situación económica exige la adopción de medidas con más contenido político que económico, pero cuyas consecuencias serán de calado económico. Parece que el fuerte impulso reformista que caracterizó los primeros meses del Gobierno de Rajoy ha perdido fuelle. 40 de las 70 reformas anunciadas en el último año no se han llevado a cabo y un análisis de las mismas permite subrayar que son precisamente las reformas de más contenido político las que se han quedado aparcadas.

El Gobierno debería volver la vista y centrar su actividad en la puesta en marcha de todas las reformas de contenido político que permitirán reducir el gasto público y aumentar la eficiencia de nuestras administraciones públicas. Y hacerlo venciendo las notables resistencias que esas reformas levantan entre la clase política y especialmente entre los propios barones del Partido Popular. Lo que no resulta admisible ni comprensible es que el peso de las reformas siga recayendo sobre el sufrido ciudadano mientras no se acometen reformas estructurales profundas. Sabemos el destino al que nos llevan pero no puede haber paciencia cuando se elige un camino que no era el previsto, que resulta ser el más largo y cuando las mochilas más pesadas las tienen que llevar los de siempre, los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Los demoledores datos de la EPA.

Los datos de la EPA sobre el paro que hoy se han hecho públicos no pueden ser más desalentadores: más del 27 % de desempleo, casi 2.000.000 de hogares españoles con todos sus miembros en paro, más del 57 % de los jóvenes en paro… Comunidades autónomas como Andalucía con un paro del 38 %. En fin, cifras y datos tras los que se desarrollan auténticos dramas personales, proyectos vitales truncados y sombrías perspectivas de futuro. Se mire por donde se mire, estamos viviendo una situación dramática, una auténtica emergencia nacional que no puede prolongarse por mucho más tiempo. No sirve de consuelo el argumento que algunos esgrimen apelando a una desaceleración en el ritmo de destrucción de empleo porque, lo cierto, es que cada vez queda menos empleo que destruir. Y es posible que de no haberse adoptado muchas de las medidas que se ha visto obligado a tomar el Gobierno de Rajoy se habrían perdido más puestos de trabajo aún, pero eso es entrar en el terreno de las hipótesis y, en cualquier caso, no sirve de nada a los más de 6.200.000 ciudadanos que se han quedado sin trabajo, ni a los que están en riesgo de perderlo antes o después.

Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno del Partido Popular, a pesar de ser contraria a su propio programa, fue subir determinados impuestos para recaudar más y recortar sueldos a los funcionarios públicos para gastar menos. Ambas medidas, como desde estas líneas se anunció, suponían detraer dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Y a menos dinero en los bolsillos, menos consumo y a menos consumo menor producción y más paro. Era evidente e inexorable. Se sacrificó una parte de la liquidez en el mercado para obtener más ingresos públicos con los que hacer frente a los intereses de la enorme deuda pública generada en los últimos años. Pan para hoy y hambre para mañana. Dígase lo que se diga, no se crea empleo subiendo impuestos.

Pero es que además, a lo largo de los últimos meses, los ciudadanos no sólo hemos visto reducida nuestra capacidad adquisitiva con las subida de impuestos y con los recortes salariales, sino que, además, hemos sufrido y estamos sufriendo muchos recortes que afectan a casi todas las esferas de nuestra vida diaria. Es evidente que si no había, ni hay dinero para sostener el conjunto de prestaciones públicas había que recortarlas hasta donde fuese posible. Sin embargo, estos recortes que han afectado a la educación, a la salud o al bienestar social no han venido acompañados de unos recortes paralelos en el estatus de la clase política ni en las estructuras políticas de nuestro estado. Padecemos un modelo de estado cuya estructura no es sostenible económicamente, no hay dinero público suficiente para sostener este tinglado administrativo y político que hemos construido durante los últimos treinta años. Y sin embargo, no se abordado la imprescindible reforma de nuestras administraciones públicas que no podemos costear. Hemos sido muy rápidos para reordenar las prestaciones públicas que beneficiaban a los ciudadanos y desesperadamente lentos para hincar el diente a un estado insostenible. Y, en paralelo, los gritos de quienes se han venido oponiendo a cualquier recorte social han equilibrado sus tremendos silencios para pedir recortes en nuestra estructura política y administrativa.

Todos sabemos ahora que gastar mucho más de lo que ingresamos se paga con creces y que ahora debemos dedicar mucho dinero a pagar intereses de lo que debemos, dinero que nos sacan del bolsillo, vía impuestos o recortes, y que por tanto no lo podemos dedicar a invertir y a generar empleo. Somos ahora más conscientes que nunca que con la máquina de hacer dinero fuera de nuestro control no podemos por nuestra cuenta incrementar la masa de dinero circulante. Estamos percibiendo que la necesaria austeridad también tiene límites que una vez rebasados la convierten en un profundo obstáculo para la recuperación. Hemos constatado cómo los mercados se fían o no de nuestra capacidad y nos prestan dinero caro o barato en función de la confianza que sepamos inspirar. Y sabemos que sin más dinero circulando en los mercados, no puede haber más actividad económica y que sin ésta no se pueden generar más empleos.

No hay soluciones mágicas, ni recetas infalibles para solucionar este desolador panorama y quien afirme estar en posesión de las mismas seguramente está equivocado. Pretender insistir en aplicar las políticas económicas del anterior gobierno sería rematar definitivamente al enfermo. Querer insistir sin rectificaciones en el modelo actual es desesperantemente lento y agónico para todos y especialmente los desempleados. Hay reformas estructurales que se deberían haber abordado ya para flexibilizar más los mercados, para eliminar trabas administrativas, suprimir controles superfluos, para acabar con monopolios encubiertos de suministros, para unificar nuestro mercado interior acabando con las barreras impuestas por las autonomías, etc. Y, además, se tendría que haber empezado por rediseñar una estructura política y administrativa y por impulsar la regeneración de la clase dirigente española (la política, sindical y empresarial) que son los auténticos culpables de haber infravalorado lo que se venía encima y de no haber sabido ofrecer las soluciones para paliar los efectos de esta crisis. Se mire como se mire, lo cierto es que padecemos un Estado que absorbe la mayor parte de los recursos y energías de la sociedad y con esa losa encima es muy difícil avanzar.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Anguita y Almodóvar: cara y cruz de la coherencia.

Las actitudes y comportamientos de los personajes públicos, sus hechos, son mucho más relevantes que sus palabras. En estos días de agitación y añoranza para algunos del movimiento 15 Mhan coincidido dos comportamientos completamente opuestos y muy significativos sobre la ética y personalidad de sus protagonistas. De una parte, D. Julio Anguita ex coordinador de Izquierda Unida ha renunciado por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex-parlamentario y para justificar tal decisión ha dicho que “con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante”. ¡Chapeau! Sí señor, un comportamiento más que ejemplar que pone de manifiesto la honestidad y, sobre todo, la coherencia del Sr. Anguita. Hay que reconocérselo sin ningún tipo de objeción. Y un servidor lo hace desde la más profunda discrepancia ideológica. Lo que ha hecho el Sr. Anguita es todo un ejemplo de un político de los pies a la cabeza, un ejemplo que le sitúa en un plano de superioridad moral sobre los demás políticos que, con seguridad, no le van a imitar.

Y en la otra cara de la moneda de la coherencia y honestidad política tenemos a Pedro Almodóvar (Peeeeedro…). Al Sr. Almodóvar le ha faltado tiempo para correr a la Puerta del Sol y solidarizarse con los indignados. Foto por aquí, declaraciones por allí, un autógrafo por allá y un pequeño baño de multitudes. Almodóvar es un indignado más. Claro, que Pedrito, que no es un pozo de sabiduría política (no se puede n pedir peras al olmo) debe ignorar que entre muchas otras cosas los indignados piden la supresión de las SICAV, ese invento para que los ricos paguen pocos impuestos. Y da la casualidad que nuestro renombrado cineasta, con un patrimonio superior a los 41 millones de euros, tiene varias de estas sociedades para pagar pocos impuestos, proporcionalmente mucho menos impuestos que cualquiera de los indignados.

Como buen miembro de la ceja, la sociedad de Almodóvar El Deseo ha percibido de las arcas públicas las siguientes subvenciones desde 2004 a 2008 por:

1.270.000 euros: para la distribución de “La mala educación”.      

399.000 euros: para la presencia en festivales (Cannes, Venecia, San Sebastián) y la ceremonia de los Oscar            .

383.000 euros: para la producción de ‘El patio de mi cárcel’          .

300.506 euros: para la producción de ‘Hable con ella’         .

250.000 euros: para la obra experimental ‘Historia de la montaña de la bruma’.

167.000 euros: para la conservación de negativos de diversas películas de Almodóvar.

Más de 2.7 millones de euros de dinero público para la SICAV y a tributar al 1 %. Casualmente las sociedades de Almodóvar invirtieron en 2008 dinero en Lux Invest, fondo que invertía en productos tóxicos de Bernard Madoff ¿les suena este pájaro financiero, no?

En fin, que no parece muy coherente que alguien que recibe dinero público en subvenciones, que goza de un considerable patrimonio y que elude el pago de impuestos a través de sociedades financieras legales pero éticamente reprobables, ande por ahí de “indignado”. Sus méritos cinematográficos no se cuestionan, pero su papel de figurante con pretensiones estelares en la Puerta del Sol es patético e indigno. No hay en su comportamiento la más mínima coherencia ética o política. Es la otra cara de la moneda. Y es la cara más dura e impresentable de estos agitados días.

Con su actitud no sólo se pone en evidencia, sino que además pone en evidencia las reivindicaciones de todo un colectivo que con más o menos argumentos reivindica unos postulados muy alejados de los que practica el Sr. Almodóvar. Mi admiración y respeto para el Sr. Anguita y todo lo contrario para Peeeeedro.

Santiago de Munck Loyola

No es ésto, no es ésto.

Si la política hace a veces extraños compañeros de cama, parece que el ejercicio del poder convierte a algunos políticos, en ocasiones, en extraños travestis. El caso es que los no somos socialdemócratas, los que creemos más en las libertades y en las capacidades del individuo asistimos atónitos al desarrollo de unas políticas para combatir la crisis que son exactamente iguales o muy parecidas en algunos casos a las que veníamos denunciando y combatiendo hace tan sólo poco más de cuatro meses. Durante años y años hemos venido sosteniendo que recurrir a subir los impuestos no era la solución para aumentar los ingresos del Estado, que el incremento de la presión fiscal sólo servía para aliviar temporalmente las necesidades de la tesorería pública pero que, a la larga, se producía más paro y menos recaudación. Esta convicción estaba, además, avalada por la cercana experiencia de los primeros años de Gobierno del Partido Popular.

A nadie se le escapa la gravedad de la situación de nuestra economía y de nuestras cuentas públicas. Es evidente que, si no se gasta menos y se ingresa más, no será posible atender al pago de los intereses de la deuda, casi 30.0000 millones, el equivalente al salario anual de todos los funcionarios, y mucho menos amortizar la deuda que genera esos intereses anuales. Para gastar menos se han empezado a adoptar importantes medidas, los llamados recortes, que afectan a todos los sectores de la actividad pública. Sin embargo, hay mucho que cuestionar sobre las prioridades consideradas a la hora de recortar. Es moralmente inadmisible que se prefiera recortar en la factura de los medicamentos y que no se supriman las televisiones autonómicas que generan anualmente una deuda cercana a los 1.000 millones de euros, como lo es el hecho de que se prefiera recortar los fondos destinados a la investigación antes que suprimir los más de 300 millones de euros anuales destinados a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, por citar sólo dos ejemplos de prioridades en el ahorro perfectamente cuestionables. Bien está que se pongan a acabar con el abuso del llamado turismo sanitario que nos cuesta más de 1.000 millones de euros al año, bien está que se supriman las duplicidades en las administraciones públicas o que se racionalicen y controlen las subvenciones y ayudas que se otorgan en todos los campos, pero el Gobierno no está acertando a la hora de priorizar todos los recortes. Que hay que gastar menos es evidente, pero ¡ojo! Austeridad para todos y más austeridad para los que más tienen.

Y junto a la reducción del gasto resulta inevitable aumentar los ingresos para poder pagar las deudas existentes. El Gobierno se ha encontrado con que tenía que recaudar más de lo previsto, entre otras cosas, porque las cifras que nos ofreció el Gobierno anterior el pasado 18 de noviembre eran falsas. Y el Gobierno ha apostado por la vía fácil: subir los impuestos, es decir, apretar las tuercas a los que ya veníamos cumpliendo con hacienda. Los de siempre. Pues bien, volviendo al principio de estas líneas, no somos pocos y por eso, entre otras razones, quizás ganó el PP las elecciones, los que creíamos y creemos que subir los impuestos a los contribuyentes supone automáticamente que el consumo caiga y si se consume menos se produce menos y si se produce menos se requieren menos empleados y si se necesitan menos empleados aumenta el desempleo y si el paro aumenta crecen las cargas sociales públicas y, en consecuencia, el estado necesita más dinero y ¿qué hacer entonces? ¿Otra vuelta de tuerca? Es la pescadilla que se muerde la cola. La experiencia demostró que bajando los impuestos, los particulares disponemos de más dinero para consumir y, por tanto, se reactiva la economía, aparecen más empresas que empiezan a tributar, más asalariados que también tributan y menos desempleados lo que provoca una disminución de los gastos sociales.  Sólo se puede generar empleo si el dinero circula, si hay actividad económica. Los bancos siguen ganando pero no sueltan un duro para dar fluidez al mercado, el Estado no sólo no tiene dinero sino que además se lo retira a los ciudadanos a través de los impuestos y, mientras, el paro llega a los 5.600.000 desempleados. Y hay que recordar que en España la inmensa mayoría de los puestos de trabajo los crean las pequeñas y medianas empresas, pero sin dinero circulante no tienen nada que hacer.

Hoy de Guindos, este extraño ministro importado de Lehman Brothers, nos acaba anunciar una nueva subida de impuestos, es decir, menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos, menos consumo, más paro, etc. Una vez más, los que nos creíamos un determinado modelo para salir de la crisis y nos lo seguimos creyendo no nos podemos identificar con estas medidas. Nos empezamos a sentir huérfanos ante unos anuncios fiscales de claro tinte socialdemócrata y ajenos a toda una trayectoria ideológica. El Gobierno está apostando por medidas miopes, a muy corto plazo, medidas contrarias a su programa y a su ideología que quizás puedan servir para tranquilizar a los mercados pero que, desde luego, intranquilizan, irritan y ponen los pelos de punta a sus votantes y a los militantes que sostienen su partido. Sólo podemos decir: No es ésto, no es ésto. Y para este viaje no se necesitan alforjas.

Santiago de Munck Loyola

La política económica del Gobierno: ¿Más de lo mismo?

Las recientes medidas económicas de carácter urgente adoptadas por el Gobierno de Rajoy han producido desconcierto más entre los propios que entre los extraños. En efecto, entre el importante paquete de medidas iniciales el Gobierno ha aprobado un incremento “temporal” de determinados impuestos. Reducción del gasto con la aprobación de algunos recortes presupuestarios e incremento de la recaudación con el visto bueno a determinados incrementos impositivos constituyen las dos principales bazas para atajar el déficit existente que, según parecen haber descubierto, es mayor del que venía anunciando el Gobierno socialista saliente.

Llama la atención, en primer lugar, que en un exceso de cortesía política, evidentemente inmerecida, los portavoces del nuevo Gobierno hayan hablado de la existencia de un traspaso de poderes ejemplar. ¿Dónde está la ejemplaridad? ¿En que los ministros cesantes no se han atrincherado tras las mesas de los despachos ministeriales? Si ejemplar es mentir sobre el déficit del Estado a los ministros entrantes, que venga Dios y lo vea. Hablar de un traspaso ejemplar en estas condiciones es, desde luego, engañar a la opinión pública y lo cortés no quita lo valiente. El Gobierno saliente se ha ido mintiendo una vez más. Así de claro y así de poco ejemplar.

En segundo lugar, las medidas adoptadas, por mucho que se alegue la existencia de un déficit superior al previsto o al anunciado por el Gobierno saliente, desconciertan profundamente a quienes desde hace años venimos sosteniendo la existencia de una política económica diferente. Los recortes presupuestarios son absolutamente necesarios y los inicialmente adoptados por el Gobierno son, con seguridad, la punta del iceberg, pero son, en todo caso, claramente insuficientes y, en algunos casos, tienen un carácter más bien simbólico. Hay mucho más campo donde meter la tijera y, según parece, en el segundo paquete de medidas adoptadas por el Gobierno, se ha avanzado algo más en esa dirección.

Sin embargo, lo que chirría desde una perspectiva liberal conservadora es el incremento de la fiscalidad. Recortes y aumento de impuestos eran, al parecer, las dos únicas técnicas usadas hasta ahora por el anterior gobierno para reducir el déficit y de su carácter socialdemócrata nadie duda. Y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy parecen señalar que el Gobierno ha apostado por profundizar en esa línea de carácter socialdemócrata rompiendo así con una trayectoria y unas perspectivas que configuraban una auténtica alternativa económica.

La reducción del déficit exige recortar gastos y aumentar los ingresos. En el recorte de gastos queda mucho campo por explorar. A título de ejemplo, recortar las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal en un 20 % es claramente insuficiente. ¿Por qué no el cien por cien? ¿Tiene lógica alguna aumentar los impuestos para poder seguir pagando el 80 % restante? ¿Y el gigantesco parque móvil? ¿Y las televisiones públicas deficitarias? ¿Y los salarios de sus Señorías, los móviles, las dietas, los viajes,…? ¿Por qué no se minoran las transferencias a las Comunidades Autónomas en proporción al coste de los servicios públicos duplicados con los del Estado?

En cuanto al ámbito del incremento de ingresos, un incremento “temporal” de los impuestos conllevará irremediablemente a una nueva reducción del consumo. Con menos dinero en el bolsillo, los ciudadanos reduciremos nuestro consumo y a menos consumo, menos actividad productiva y, por tanto, más desempleo. Es de cajón. La denostada curva de Laffer demostró su efectividad en los Gobiernos de Aznar: la recaudación tributaria del Estado se incrementó con menores tipos impositivos. No tiene, por tanto, mucha lógica ni coherencia alguna con los antecedentes el anunciado incremento de impuestos. El aumento de ingresos puede lograrse ampliando las medidas anunciadas de lucha contra el fraude fiscal. Centrarse como se ha anunciado en el control de los pagos en efectivo constituye el “chocolate del loro” en la persecución del fraude fiscal. Según los técnicos de hacienda la puesta en marcha de otras medidas podría hacer incrementar la recaudación en más de 30.000 millones de euros. Puede también lograrse un aumento de ingresos con la venta de activos de las administraciones públicas, del Estado, tales como participaciones en sociedades, empresa pública y bienes inmuebles. Y, desde luego, se produciría un incremento de la recaudación de ingresos con una bajada de impuestos que reactivara el bajo consumo existente, incentivara la inversión y generase la creación de puestos de trabajo: a más empleados, más contribuyentes, más consumo y más recaudación.

Es de suponer, a falta de explicaciones públicas, que el incremento “temporal” de impuestos obedece a la imperiosa necesidad de obtener liquidez con la que reducir drásticamente el déficit y contentar, de paso, a los mercados y a la Señora Merkel y que, se ha acudido a esta incoherente medida porque no era posible apostar por su reducción como motor de la reactivación económica a medio plazo. En todo caso, conviene recordarlo, no se trata de medidas programáticas anunciadas previamente y suponen un cierto continuismo que podrá de momento aliviar algo las maltrechas arcas públicas, pero que a medio plazo no servirá para generar empleo, que es o debería ser la principal prioridad del Gobierno.

Santiago de Munck Loyola

El Impuesto sobre el patrimonio: insumisión fiscal.

Es evidente que la cercanía a unas elecciones no es el mejor momento para escuchar propuestas sensatas e inteligentes. Es difícil saber a qué se debe. O bien los políticos toman por tontos a la inmensa mayoría de los ciudadanos o realmente son ellos los tontos. El debate en torno al impuesto sobre el patrimonio es un buen ejemplo de ello y está siendo un verdadero espectáculo de incoherencias y demagogias aderezadas con importantes dosis de cinismo político.

Hace pocas semanas, los representantes de las grandes fortunas de Francia hicieron un ofrecimiento para pagar más impuestos con el fin de ayudar a la salida de la crisis en el País vecino. Esta propuesta obtuvo un eco rápido en nuestro país y se reabrió el debate sobre la fiscalidad centrándose, incomprensiblemente, en la necesidad de restablecer el suspendido impuesto sobre el Patrimonio. Enseguida, P. Rubalcaba se apresuró a erigirse en defensor del restablecimiento de este impuesto y nos deleitó con su interpretación teatral de que iba a pedirle al Presidente del Gobierno que lo restableciese. Dicho y hecho. Zapatero cuyo Gobierno, con P. Rubalcaba dentro, había retirado de la circulación en 2007 el citado impuesto porque “hablando con los ricos había comprobado que no lo pagaban” se apresuró a restablecerlo de manera solícita y diligente. Primero iban a recaudar más de 2.000 millones de euros que el candidato socialista iba a destinar a crear empleo juvenil. Después ya no eran tantos millones, parece que sólo iban a recaudar 500, y además iban a servir para pagar deudas de los Ayuntamientos. Todo un record: nunca una cuantía tan indefinible ha servido para tantos agujeros y descosidos. Y todo este circo envuelto además con soflamas y discursos altisonantes: que los que más tienen que paguen más, que los ricos tienen que contribuir más,… El Partido Popular, por su parte, argumentando por boca de sus innumerables portavoces que este impuesto no sirve, que su restablecimiento es dañino para la recuperación, que sólo va a servir para castigar a la clase media ahorradora, etc. En fin, toda clase de razones y argumentos para oponerse al impuesto y cuando llega la hora de la verdad en lugar de votar en contra, el Partido popular se abstiene. ¿Alguien entiende algo?

Así es nuestra clase política. En lugar de desarrollar un debate serio y constructivo, una jaula de grillos que no se sabe muy bien si suben o bajan por la escalera.

Hay algunos hechos y datos que parecen incuestionables en torno al Impuesto sobre el patrimonio. Hay que considerar, en primer lugar, que nuestra economía está al borde de la catástrofe, se diga lo que se diga. Hacen falta ingresos extraordinarios para paliar la pérdida brutal de ingresos que la recesión económica, con sus secuelas, implica para poder sostener unos niveles mínimos de atención social. Y justo es que quienes más tienen, más contribuyan a las cargas económicas del sostenimiento del estado. Pero constituye una demagogia de primer orden y una injusticia social profunda pretender que con el restablecimiento del Impuesto sobre el patrimonio en su actual configuración vaya a lograrse ese objetivo. Este impuesto, tal cual, va a recaer una vez más sobre las clases medias, no sobre los ricos de verdad, no sobre las grandes fortunas. Se ha repetido hasta la saciedad estos días y así lo ha reconocido prácticamente todo el mundo y, sin embargo, nadie ha dado un solo paso para corregir esta tremenda injusticia.

Se va a restablecer el Impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas, no sobre el patrimonio de las personas jurídicas. Las grandes fortunas no tienen patrimonio propio, su patrimonio está en manos de personas jurídicas, de sociedades de distinto tipo, que están exentas de tributar sobre ese Patrimonio.

Los principios constitucionales de igualdad ante la Ley y de justicia y progresividad fiscal quiebran de manera inequívoca con esta precipitada decisión tributaria. ¿Que hay que volver a tributar por el Patrimonio? Vale, pero todos los patrimonios, los de los ciudadanos individuales y los de las sociedades también. Y además tributando de forma progresiva, a más patrimonio mayor tipo impositivo. Todo lo que no sea así es un fraude a la ciudadanía y una burla a la Constitución. Si consideramos además que las famosas SICAV siguen siendo un refugio seguro sin apenas tributación para los multimillonarios no queda más remedio que preguntarse sobre a quienes sirve nuestra clase política. Con que tan sólo tributasen las SICAV un poco más se recaudaría 5 veces la recaudación prevista con el impuesto sobre el Patrimonio. Así de sencillo.

Visto lo visto, si los gobernantes de Cataluña pueden negarse a cumplir las sentencias judiciales sin ninguna consecuencia penal por su desacato, a lo mejor los ciudadanos de a pie también podríamos declararnos insumisos ante una norma fiscal injusta, regresiva e inconstitucional sin tampoco padecer consecuencia negativa alguna. No sé. Habrá que pensarlo.

Santiago de Munck Loyola.

PARAISO FISCAL ESPAÑOL: LAS CORTES GENERALES.

Dice Wilkipedia que un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos. Las autoridades europeas señalan entre los paraísos fiscales a los siguientes países o territorios: Andorra, Anguila, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Islas Cook, Islas Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Vanuatu. A ellos habría que añadir, entre otros, a Mónaco o San Marino por sus ventajosas reglas fiscales.

Y sin llegar a tanto, tenemos los españoles unos territorios muy pequeños y céntricos que se caracterizan por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a ciertos ciudadanos. Se trata del Congreso y del Senado, de las Cortes Generales. Allí donde reside la soberanía nacional se aplica un régimen especialmente favorable para sus señorías que contrasta poderosamente con el régimen aplicable al resto de los contribuyentes, los que pagan el sueldo a sus señorías.

Bien es cierto que el Reglamento del Congreso en su Artículo 8.3 señala que todas las percepciones de los Diputados estarán sujetas a las normas tributarias de carácter general. Pero esta disposición sólo se cumple formalmente porque las normas tributarias de carácter general establecen la excepción para sus señorías que así resultan especialmente beneficiadas. Es lo que se dice legislar para uno mismo. Así, en su artículo 17.2, apartado b, de la Ley del IRPF se dejan exentas de tributación las cantidades que los parlamentos y otras instituciones públicas «asignen para gastos de viaje y desplazamiento» a los representantes públicos. Según los expertos fiscales entre el 40% y el 75% del sueldo real de diputados, senadores y, en general, de cualquier cargo de representación pública, goza de exención fiscal, es decir, que no tributa a Hacienda gracias a las abultadas dietas que cobran sus señorías.

Con la suma total de sus ingresos, un diputado o senador, si tributase como cualquier ciudadano, podría llegar a hacerlo fácilmente al tipo máximo marginal del IRPF, establecido en el 43%. Pero ésa no es la realidad, sino otra muy distinta. Sus señorías incluyen como dietas de gastos por manutención, transporte o alojamiento cantidades muy superiores a las reales disminuyendo así sus ingresos sujetos a imposición. Con esta técnica quedan libre de impuestos entre el 40 y el 75 por ciento de su renta real y tributan a un tipo marginal de entre el el 10 y el 25 por ciento, es decir, igual que los contribuyentes de renta media o baja.

Todo dentro de la más estricta legalidad y, a mi juicio, de la más estricta inmoralidad. No hay razones políticas, económicas o sociales que justifiquen esta nueva quiebra al principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Del mismo modo que sus señorías deberían renunciar a sus privilegios en materia de pensiones e indemnizaciones y someterse al régimen general, cada vez más exigente, que imponen al resto de los ciudadanos, también deberían hacerlo en el ámbito fiscal. Sus señorías y los demás cargos públicos beneficiados con estas triquiñuelas fiscales deberían pensar y asumir que son, ante todo, servidores públicos y que están ahí para servir a los ciudadanos y no para servirse de los ciudadanos. La dedicación política puede ser dura y sacrificada, pero es voluntaria y, por tanto, no puede tener mejor compensación que la de la satisfacción por servir lo mejor posible a los ciudadanos. Sin ejemplaridad de la clase política no es posible ni ético pedir a los ciudadanos asumir sacrificios en tiempo de crisis.

Una ventaja sí que tienen nuestros parlamentarios por sul nivel de renta y es que no pueden tener acceso a determinadas subvenciones como las que se otorgan para la adquisición de VPO. Y es que si tuvieran acceso a las mismas verían que cuando uno recibe una subvención para comprar una casa porque su renta es baja, después tiene que declarar esa subvención como renta y tributar a hacienda por ella. Eso que se ahorran sus señorías.

Santiago de Munck Loyola.