En Génova lo olían y se taparon la nariz.

 

Ahora que en Génova parece que algunos se rasgan las vestiduras ante tanta noticia sobre irregularidades en el seno del PPCV, quiero denunciar públicamente que en octubre de 2012 varios militantes del Partido Popular de Alicante remitimos una carta a la Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, en la que denunciábamos lo que hoy es ya una triste realidad: corrupción, despilfarro, nepotismo, falta de democracia interna,… No pueden alegar los dirigentes nacionales sorpresa alguna o desconocimiento. Sencillamente miraron hacia otro lado y la Secretaria General especialmente.

Mª Dolores de Cospedal y su equipo son los principales responsables de lo que ha ocurrido con el PPCV por ignorar las denuncias internas que recibían. Y a poco que se investigue lo del PP de Alicante puede ser igual o peor que lo del PP de Valencia. A continuación reproduzco la carta remitida entonces a Dª Mª Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, que no tuvo la decencia de responder, al igual que sus colaboradores D. Juan Carlos Vera y D. José María Arribas. Su única preocupación entonces fue silenciar y expulsar a los críticos. He aquí la carta y que cada uno saque sus conclusiones:

 

A/a Dª Mª Dolores de Cospedal. Secretaria General de Partido Popular.

 

Estimada Secretaria General:

 

Los abajo firmantes, afiliados del Partido Popular de la Ciudad de Alicante, queremos a través de la presente trasladarte nuestra profunda preocupación sobre la grave situación del Partido Popular en nuestra Comunidad, nuestra Provincia y nuestra ciudad.

 

1º Como afiliados del Partido Popular sentimos vergüenza y rechazo ante la continua aparición en los medios de comunicación de noticias denunciando actitudes y hechos presuntamente delictivos protagonizados por muchos cargos públicos del Partido Popular, sin que se haga efectiva la separación de todos los imputados de las responsabilidades públicas que ostentan que sólo en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas alcanzan once escaños.

 

2º Igualmente entendemos que es preciso adoptar de forma urgente medidas para terminar con el pluriempleo de muchos cargos políticos populares algunos de los cuales llegan simultanear hasta más de cuatro cargos públicos en detrimento de la atención que la ciudadanía exige especialmente en esta crisis. Creemos que la ejemplaridad pasa también por la exigencia del principio “una persona, un cargo, una función pública”. No es admisible seguir manteniendo la simultaneidad de tantas alcaldías con actas de diputados autonómicos. Los ciudadanos exigen una dedicación total que resulta incompatible con lo anterior.

 

3º Creemos que hay que poner límite a la utilización de las instituciones públicas en beneficio de los entornos próximos de los cargos electos (contrataciones, asesores, cargos de confianza,…) desterrando de una vez cualquier sospecha de nepotismo y favoritismo.

 

4º Reivindicamos la democracia interna y la participación, e igualmente rechazamos el continuo menosprecio a la desinteresada labor y a los derechos de los miles de militantes del Partido Popular de Alicante, utilizados únicamente para labores electorales, y sistemáticamente ignorados a la hora de participar en la política interna del partido. La Junta Local de Alicante ha sido durante años un claro ejemplo de coto cerrado, dominado por grupos y familias, que han hecho y desecho al margen de la militancia y cuyas consecuencias son hoy más que nunca visibles en el Ayuntamiento de la ciudad y en las causas judiciales abiertas.

 

5º Solicitamos el amparo de nuestros derechos de afiliados y el respeto a los Estatutos del Partido Popular por parte de todos los cargos orgánicos de la estructura territorial y, en especial, de la provincia de Alicante cuyo comité ejecutivo, con el fin de evitar las elecciones a la Presidencia Local de la Ciudad de Alicante, acordó el pasado día 11 del mes de octubre suprimir la Junta Local de la Ciudad y sustituirla por un número indeterminado de distritos. Dicha decisión fue inmediatamente impugnada por varios afiliados sin que, hasta el día de hoy, haya respondido ni el Comité Ejecutivo Provincial, ni el Secretario General del PPCV (se adjuntan copias de las impugnaciones). Más de 600 firmas de afiliados han sido ya recogidas en contra de esta arbitraria decisión que serán remitidas al Comité Nacional de Derechos y Garantías si fuere preciso incoar su intervención.

 

Por todo lo anterior, Secretaria General, solicitamos tu intervención con el fin de reconducir una situación gravemente perjudicial para la credibilidad y el futuro del proyecto popular en la Comunidad Valenciana y, en especial, para la Provincia de Alicante.

 

Atentamente, en Alicante a 27 de octubre de 2012.

Santiago de Munck Loyola

 

Y ¿qué hay de la corrupción?

Hay que ver, con lo movidita que ha estado esta legislatura y ahora todos calladitos. No hace nada estábamos todos alucinados con las jugosas grabaciones que La Sexta emitía, esas refinadas conversaciones entre la Alcaldesa de Alicante y su amigo la “polla insaciable”, el capo de la ciudad en las que se hablaba de lo divino (es un decir) y lo humano, en las que se trataba sobre cómo apañar (¿o era amañar?) el Plan General de la ciudad, que si pásame un plano, que si me arreglas lo del Rico Pérez, que si los de Ikea por aquí, que si a ver si me ayudas a cargarme a Pedro Gea, que si colócame a éste,… ¿Y las fotos? ¡Preciosas! ¡Nivelón el de la casta política pepera y empresarial de Alicante! Ese bañador, esas gafas de buceo, esos pijamas andorranos,… Pero ya nadie se acuerda de eso. Nadie quiere hablar.

Hay que ver, con la de titulares en la prensa que nos hemos desayunado sobre las andanzas judiciales de nuestro Ayuntamiento y ahora todos calladitos. La Alcaldesa que tiene que salir por la puerta falsa con varias imputaciones judiciales a cuestas, el Vicealcalde procesado por el caso Magallanes, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante,  Juan Seva,  inhabilitado por un juzgado en el marco del caso Lucentum,…  ¿Nadie se acuerda ya de las mil filigranas para que ni Rajoy ni el Rey fueran fotografiados junto a la Alcaldesa? Pues parece que no, que ya nadie se acuerda de eso. Nadie quiere hablar.

Y hay que ver, con la de noticias que ha generado la particular manera de “gestionar” el Partido Popular los millonarios contratos del Ayuntamiento de Alicante y ahora todos calladitos. Parece que fue hace mucho, mucho tiempo cuando se hablaba de las adjudicaciones millonarias a las empresas participadas del amigote del PP, “la polla Insaciable”, limpieza viaria, recogida de residuos, limpieza de colegios, el cementerio, obras públicas, aparcamientos… y no, no fue hace tanto tiempo, ha sido durante estos últimos años cuando el nombre de Alicante se ha asociado en toda España a la palabra corrupción. Pero parece que ya nadie se acuerda de eso. Nadie quiere hablar.

Toda esta montaña de suciedad y podredumbre ha sido posible porque los concejales que estaban en el Ayuntamiento lo han consentido, porque no han tenido ni la decencia, ni la valentía de alzar su voz y decir ¡Basta! Y, ahora, hay que recordarlo y recordar a los votantes que cinco de ellos siguen en las listas del Partido Popular. Un partido cuyo Presidente y cuyo Secretario Provincial lo han tolerado, consentido y propiciado. Baste recordar que cuando la Alcaldesa fue imputada, el Secretario Provincial del PP, ese profesional de la política, el Sr. JJ Zaplana, fue presto a presidir una cena de homenaje que dicha señora se organizó. Y los vecinos, los votantes deben saber que ese Presidente complaciente con estas políticas va ahora de número 3 en la lista municipal del PP de Alicante.

Parece evidente que existe un pacto de silencio entre el PP y el PSOE (los tentáculos de ciertos poderes empresariales son muy largos) para que no se recuerde ni se hable de eso. Pacto al que se han debido sumar encantados los recién llegados de Ciudadanos, bien porque su candidato era militante del PSOE hasta hace dos meses, bien porque traten de guardar la ropa para ver con quien pacta.

¿Y la prensa? Un misterio. Algo pasa porque “Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicante” es la única opción netamente alicantina que concurre a las próximas elecciones municipales y cuyos miembros, además, han sido especialmente beligerantes contra la corrupción. Se ignora precisamente a los que queremos que se hable de esto, a los que exigimos debates para poner los puntos sobre las íes, debates para desenmascarar a los farsantes que ahora se visten de lagarteranas y para poner encima de la mesa medidas regeneradoras.

Todo parece indicar que hay un pacto de silencio vergonzante y los votantes tienen que saberlo. Con este pacto puede que consigan que no se vea, ni se oiga la corrupción, pero el hedor persistirá.

Santiago de Munck Loyola

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Ppandilla de mentirosos.

Para cualquier persona decente y medianamente informada, la catarata de declaraciones de distintos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana sobre la corrupción, sobre la regeneración o sobre la ridícula línea roja del Sr. Fabra son sencillamente vomitivas. Tras el varapalo sufrido por el PPCV en las elecciones europeas, toda una pandilla de colocados, desinformados, embusteros o hipócritas se está dedicando a realizar manifestaciones de distinta índole, tomado de paso a los ciudadanos por idiotas, a ver si consiguen lavar la cara de un partido que ellos mismos han ensuciado con su actitud, con su cobardía o con su complicidad.

Hace unos días era la Sra. Bonig la encargada de mentir a la ciudadanía. Ayer mismo, le tocaba el turno a la portavoz del Consell y titular de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, quien, a propósito de las duras críticas realizadas por empresarios alicantinos a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo,  se apresuraba a señalar que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aplicado la línea roja en los cargos que dependen orgánicamente de él. Es decir, que ha aplicado la estrambótica línea roja a los cargos que él mismo, con el Diario Oficial en la mano, ha nombrado. Y, claro, como él no ha nombrado a Sonia Castedo no puede hacer nada ya que su trata un cargo municipal cuya acta de concejal le pertenece. Para remachar su engaño añadía que respecto a los cargos que no dependen orgánicamente del jefe del Consell es una circunstancia distinta, porque compete al ámbito del partido. Y uno se pregunta ¿acaso no es el mismo el Jefe del Consell que el jefe del partido (el PPCV) en este caso? Y sin pestañear terminó afirmando que “el Ejecutivo valenciano es el más comprometido con la tolerancia cero contra la corrupción”. Un ejecutivo que llega incluso a cargar la factura de “los arreglos del cocido” a los contribuyentes.

Fabra es el Presidente de la Generalidad Valenciana y simultáneamente Presidente del PPCV al igual que el Sr. Ciscar es vicepresidente de la Generalidad y Presidente Provincial del PP de Alicante. Así que mejor que no nos vengan con cuentos de desdoblamientos de personalidad según el cargo de que se trate. Y la actitud de uno y otro ante la corrupción es igual de falsa, complaciente y tolerante. No nos engañemos. En Alicante lo han demostrado y lo siguen demostrando con creces. Solo hay que remitirse a “la prueba del algodón” y no la pasan ni en sueños. ¿De qué nos sirve a los alicantinos que al Sr. Fabra le gusten o no las grabaciones entre Sonia Castedo y el Sr. Ortiz, “la polla insaciable”, si no hace nada al respecto? Porque hacer, claro que puede hacer. ¡Ya está bien de mentir a los alicantinos! Es cierto que no puede obligar a la Sra. Castedo a dejar la Alcaldía o a dejar su acta. Pero el Sr. Fabra sí que puede, en tanto que Presidente del PPCV, abrir un expediente disciplinario a la afiliada Castedo por conductas contrarias a los Estatutos del PP, puede ordenar a los concejales populares del consistorio alicantino que la expulsen, en compañía del vicealcalde procesado, del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Alicante y puede, además, destituirla como Coordinadora de los distritos del PP en Alicante, ese cargo que los Sres Ciscar y JJ Zaplana se inventaron para sortear la famosa línea roja del propio Fabra. Y al margen de grabaciones tiene sobrados motivos para intervenir de forma contundente: un gobierno municipal en Alicante bajo sospecha judicial y al servicio de un empresario, concursos millonarios fraudulentos, pelotazos por doquier, amaños en las contratas públicas y en el PGOU, destituciones ilegales de funcionarios, arbitrariedades por doquier, abandono de los intereses generales, facturas de campaña electoral pagadas con dinero negro por el Sr. Ciscar según la Guardia Civil, financiación paralela de las sedes populares, contabilidad opaca a la militancia, nepotismo, despilfarro,… ¿Qué más necesita?

Con ello, sí que podría empezar a tener cierta credibilidad esa supuesta tolerancia cero con estas conductas absolutamente deleznables. Y para reforzar su credibilidad podría destituir o promover la destitución de los cargos orgánicos del PP de Alicante, al Presidente Provincial, Sr. Ciscar, y al Secretario general, Sr. Zaplana, por haber permitido y favorecido esta situación tan poco edificante hasta el punto de haber destruido al PP de la Ciudad, para dividirlo en distritos y poder finalmente situar en la cúspide a la alcaldesa plurimputada.

Pero ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. El Sr. Fabra, sin liderazgo político y sin credibilidad ciudadana, responsable de la expulsión de los afiliados populares que hace tiempo empezaron a denunciar la deriva pestilente de la corrupción, no va a ser capaz de dar un golpe de timón semejante. Hay demasiado en juego y su debilidad política no le va a permitir reflejar con hechos contundentes su presunta apuesta por la honradez y por la ejemplaridad ante los ciudadanos. D. Alberto Fabra se va a seguir conformando con las continuas y patéticas declaraciones de sus voceros. Pero las palabras, sin hechos que las avalen ya no sirven. Los ciudadanos no quieren seguir creyendo a quienes no son capaces de poner orden en su propia casa que, cada día que pasa, huele peor.

Santiago de Munck Loyola

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Ciscar y sus lágrimas de cocodrilo.

 

Desde hace tiempo, las encuestan indican que entre las preocupaciones que más importan a los ciudadanos españoles se encuentran la corrupción y los comportamientos de una buena parte de la clase política. Parece que en la C/ Génova empiezan a darse cuenta y por ello se van anunciando algunas medidas, a todas luces necesarias pero insuficientes, encaminadas a tratar de frenar esos comportamientos y, por tanto, a mejorar la percepción ciudadana sobre estos problemas. No parece sin embargo que en la rama popular valenciana se esté percibiendo de igual manera la gravedad y el alcance de la indignación de los ciudadanos. Hace tan sólo dos días, el vicepresidente del Consell y Presidente del PP alicantino, José Císcar, a preguntas de los periodistas llegó a reconocer que los imputados del PP sentados en su escaño de Las Cortes “perjudican” la imagen del partido, pero que les corresponde a ellos decidir si entregar el acta o si, por el contrario, prefieren aferrarse a ella. El Sr. Ciscar añadió que la permanencia de imputados y procesados “perjudica a la imagen pública del conjunto de políticos en general, y por supuesto también” del PP, algo que “preocupa” al partido. Y con ello, con expresar su supuesta preocupación da por zanjado el asunto y da a entender a los ciudadanos que ni él ni el PP pueden hacer otra cosa que preocuparse por la mala imagen que se proyecta ya que no pueden obligar a nadie a que deje su escaño o su acta de concejal.

 

Sin embargo, semejante obviedad no significa que no se pueda hacer algo más que preocuparse. El Sr. Ciscar lo sabe, pero lo oculta. Si estas personas dañan según él la imagen del PP, lo hacen porque están imputadas o procesadas y siguen permaneciendo en el Grupo Parlamentario Popular o en los Grupos Municipales Populares de los distintos Ayuntamiento y ahí sí que puede actuar el Sr. Ciscar y el PPCV. ¿Y Cómo? Pues excluyéndolas de dichos Grupos institucionales que con los reglamentos en la mano es factible. ¿Y por qué si está tan preocupado el Sr. Ciscar no lo hace o no pide que se haga? Por varias razones. En primer lugar porque peligrarían las votaciones en dichas instituciones ya que los así excluidos podrán revolverse y tumbar con su voto las propuestas populares. Los actuales dirigentes del PPCV no se mueven por principios éticos sino por pragmatismo. Yen segundo lugar, porque dicha preocupación no se corresponde con la realidad. Hay que recordar que hace pocos meses, estando imputada por tres presuntos delitos la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el Sr. Ciscar manifestó públicamente que seguía siendo el mejor activo electoral del PP de la ciudad de Alicante, lo que da una idea del nivel de los activos electorales populares.

 

Pero es que, además, la falta de principios y, por tanto, de preocupación sincera y honesta de algunos dirigentes populares se pone perfectamente de manifiesto en el documento del PPCV por el que se expulsa a varios militantes del PP. En dicho documento redactado por el exdiputado Felipe del Baño, acusado por cierto de corrupción y promovido por el Sr. José Ciscar y su ayudante el Sr. José Juan Zaplana, se dice que no se pueden criticar públicamente las actuaciones de la alcaldesa imputada, Sonia Castedo, porque sus actuaciones son las del Partido Popular y que no se puede pedir públicamente honestidad y regeneración democrática porque eso es tanto como dar a entender que todo el PPCV es corrupto. Es, por tanto, más que evidente que el Sr. Ciscar y todos los demás dirigentes del PPCV, al avalar y apoyar esta tesis, actúan en connivencia con la corrupción y son, por consiguiente, corresponsables del daño que la imagen pública del PP sufre.

 

Y, por si fuera poco, la connivencia del Sr. Ciscar y de su equipo con el daño a la imagen del PP que ocasiona la corrupción se puso no hace mucho de manifiesto con la antidemocrática maniobra orquestada para que la alcaldesa imputada pudiera seguir controlando la organización popular de la ciudad de Alicante, sorteando con descaro la inexistente línea roja de Fabra. Para ello suprimieron la Junta local de la ciudad, la dividieron en distritos y sin elecciones democráticas situaron en la cúspide a la alcaldesa como directora de un órgano de coordinación recién inventado. ¿Qué credibilidad puede tener por tanto el Sr. Ciscar y todos cuantos participan y consienten silenciosamente estas sucias maniobras? Ninguna. La corrupción y la desafección ciudadana les trae al pairo. Sólo les preocupan los efectos electorales y no mucho porque para lo que les queda en el convento…

 

Y, a todo esto, vuelve a surgir con fuerza el rumor de que la Alcaldesa, Sonia Castedo, podría estar organizando su propio partido para concurrir a las próximas elecciones municipales. No es nuevo el rumor pero hoy en el Diario El Mundo, en la Sección de Alicante, se publica un interesante artículo al respecto (http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/23/5309d86bca47415d108b4572.html). Hay que decirlo: hoy por hoy, Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante es inocente. Está imputada por varios delitos, pero es inocente y es normal que intente actuar como tal. Otra cosa es que a la luz de las grabaciones publicadas y de los distintos testimonios conocidos hasta la fecha pueda afirmarse con rotundidad que su comportamiento con algún proveedor municipal diste mucho del que debería haber tenido quien representaba la dignidad de esta ciudad y de los alicantinos. Y otra cosa muy distinta, también, es que siendo inocente, por el momento, las acusaciones existentes contra ella dañan y mucho a la imagen del PP, de la clase política en general y de la propia ciudad que regenta. Considerándose inocente es lógico que no dimita, pero siendo consciente del daño que su situación procesal causa, no es tan lógico que no haya tenido un gesto de generosidad o de grandeza personal y haya suspendido voluntariamente su militancia o haya abandonado temporalmente el Grupo Popular.

 

Si es cierto que está “montando” su propio partido, y algo debe haber cuando el río suena, no es posible creer que en la Dirección Provincial del PP no sepan nada o que la estén dejando actuar con toda libertad. Organizar un partido desde la Alcaldía de Alicante, con los inmensos recursos a su disposición para hacerlo, es relativamente sencillo y, desde luego, no se puede llevar en secreto. Lo que sí es evidente es que si se consuma será gracias a la pasividad, cuando no complicidad, de muchos ediles que hoy son del PP y de la funesta dirección provincial popular encarnada en ese tétrico dúo compuesto por los Sres. Ciscar y Zaplana.

 

Santiago de Munck Loyola

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¿Otro “gatillazo” popular en Orihuela?

Dicen que a la tercera va la vencida, pero el tiempo dirá si por fin prospera la moción de censura que el Partido Popular ha presentado en Orihuela. Y por lo que se ve la desvergüenza de algunos líderes del Partido Popular no tiene límite. Es el caso del D. José Ciscar “capitis diminutio” en el Gobierno Valenciano, por la más que justificada desconfianza del Presidente Fabra, y que puesto a justificar esta nueva moción de censura ha apelado, como no podía ser menos, a la necesaria gobernabilidad del municipio y quien, además, no ha tenido ningún reparo en avalar una moción de censura promovida con cinco concejales del Partido Popular imputados en diversos casos de corrupción. Parece que, una vez más, la línea roja del Sr. Fabra es una línea intermitente, como en la ciudad de Alicante.

Por su parte, el Secretario General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, que asistió a la presentación del acuerdo de la moción de censura entre PP y el Centro Liberal Renovador de Orihuela, lo presentó como un “ejercicio de responsabilidad por la ciudad de Orihuela”. Según explicó, el acuerdo “tiene vocación de futuro” y posibilitará que Orihuela tenga una alcaldesa del PP y que será la portavoz del partido, Pepa Ferrando. Como era de esperar, los promotores de la moción de censura se justifican, como en todas las mociones de censura, apelando a la situación de “ingobernabilidad y parálisis” que sufre el Ayuntamiento y que en este caso está dirigido por un gobierno en minoría, con tan solo nueve concejales, frente a los 15 del PP y CLR.

Parece que el Sr. Ciscar y su escudero, el Sr. JJ Zaplana, están empeñados en engañar a los alicantinos y en tomarnos poco menos que por tontos. Alguna explicación deberían dar estos señores para justificar por qué ahora se han caído del caballo y, súbitamente, avalan una moción de censura haciendo un “ejercicio de responsabilidad”. ¿Por qué no lo han hecho antes? Habrá que deducir que la cúpula alicantina popular ha estado instalada mucho tiempo en la irresponsabilidad respecto a la situación de supuesta ingobernabilidad de Orihuela o que quizás estaba muy ocupada montando una farsa de partido en Alicante para que siga bajo el control de personas imputadas en casos de corrupción. Y, hablando de corrupción, deberían también explicar muy claramente a los ciudadanos cómo es posible que hace unos meses los dirigentes provinciales populares impidieran al Partido Popular de Orihuela que presentase una moción de censura encabezada por la ex alcaldesa Mónica Lorente, imputada en el caso Brugal precisamente por estar imputada, y ahora no exista ninguna reparo político o ético para formalizarla con cinco concejales imputados. Una vez más está quedando claro como el agua la actitud de D. José Ciscar y D. José Juan Zaplana respecto a la corrupción y sus consecuencias judiciales es puramente instrumental, carente de cualquier atisbo de condena e incompatibilidad. Usan las imputaciones según su conveniencia política y están demostrando que son los últimos interesados en que se produzca una auténtica regeneración democrática en la sociedad alicantina y en el PPCV. Algo falla cuando el Presidente del PP de Alicante manifiesta públicamente que el mejor activo del Partido Popular para las próximas elecciones municipales en la ciudad de Alicante es una persona imputada por varios delitos.

No es posible olvidar que el escándalo del caso Brugal nació a la sombra del Partido Popular de Orihuela y del Centro Liberal y que todavía queda bastante por conocer del mismo. Hay casualidades que pudiera ser que no lo son tanto. Y tanto súbito ejercicio de responsabilidad, cuando menos, marea. Estas idas y venidas populares, con mociones de censura fallidas, con pactos secretos y públicos, con candidatos defenestrados, ahora sí, ahora no, termina por dar una más que penosa impresión. Cuando hay tanta porquería detrás, pendiente de lo que dictamine la justicia, lo menos que podrían hacer los dirigentes provinciales del Partido Popular es actuar con una transparencia absoluta y con un exquisito respeto a la inteligencia ciudadana, sin más mentiras, sin tapujos y sin engaños. Una cosa es clara, de “ejercicio de responsabilidad” en Orihuela a estas alturas, nada de nada.

Santiago de Munck Loyola

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Ciudadanos de y para Alicante.

Alicante, nuestra ciudad, no es sólo la capital de la cuarta provincia más poblada, no es sólo la segunda ciudad por población de la Comunidad Valenciana, ni tan sólo la undécima mayor ciudad de España. Es mucho más, es ante todo nuestro hogar, el de los que en ella han nacido y el de los en ella hemos elegido vivir, un crisol de culturas, un gran proyecto de futuro que engarza como pocos otros sitios tradición y vanguardia. Un hogar cálido, generoso, pacífico y acogedor. Una sociedad dinámica, activa y pujante repleta de posibilidades aún por desarrollar. Pero esta gran ciudad, nuestra ciudad y sus ciudadanos, no han alcanzado aún ni han podido desarrollar todo su potencial porque ni se la trata con justicia ni su clase política ha sabido estar a la altura suficiente para impedirlo. Alicante lleva años siendo la víctima de la sumisión de sus dirigentes a los intereses partidistas de sus grandes formaciones políticas. Han callado una y otra vez ante decisiones discriminatorias que han perjudicado notablemente a la provincia y a su capital, nuestra ciudad. Y han deteriorado la imagen de la gestión de nuestra ciudad, escándalo tras escándalo, titular tras titular.

Ante esta situación, ante la falta de regeneración de las organizaciones políticas de la ciudad y ante su incapacidad de anteponer los intereses de los alicantinos a los de sus partidos, somos cada día más los ciudadanos que hemos decidido decir ¡Basta ya! Y hemos elegido transformar nuestro desencanto, nuestras ideas y proyectos en acción. Hemos decidido pasar de las palabras a las obras y de los eslóganes a los hechos. Hemos apostado por dejar de ser meros espectadores o críticos pasivos a trabajar activamente por devolver el destino y el futuro de la ciudad a sus únicos propietarios, los ciudadanos. Alicante, nuestra gran ciudad, merece ese esfuerzo porque su futuro, nuestro futuro como ciudadanos, sólo debe depender de lo que cada uno de nosotros decida aportar.

Los ciudadanos comprometidos con Alicante y preocupados por su presente y su futuro somos plenamente conscientes de que para poder contribuir a la construcción de un brillante futuro para nuestra ciudad hace falta hacerlo desde la política activa, desde el trabajo a pie de calle y concurrir a las urnas con una oferta electoral sincera, creíble y veraz. Y por ello nos hemos puesto a trabajar en la constitución de un partido de y para los ciudadanos de Alicante. Un partido que apuesta por la regeneración democrática como condición previa indispensable para poder desarrollar una política honrada y basada en el sentido común.

Somos plenamente conscientes de que no es una tarea fácil. Las malas expectativas electorales de las tradicionales fuerzas políticas de la ciudad, al igual que en el resto de la Comunidad Valenciana, están generando excesivas expectativas que promueven extraños movimientos en ciertos sectores y personajes siempre dispuestos a situarse allí donde crean que el sol más pueda calentar. Se detectan prisas y urgencias para posicionarse y codazos para lograr el mejor acomodo posible. Algunos tratan de importar de sus antiguas formaciones precisamente viejos y caducos hábitos que tanto daño han hecho a la credibilidad de los partidos políticos. Y se equivocan porque el crecimiento de una nueva opción ciudadana al servicio de los alicantinos sólo puede sustentarse sobre la base de la transparencia, de la participación y de la democracia interna. Ni padrinazgos, ni tutelas, ni recomendaciones, lo único que puede contar aquí y ahora es la voluntad de la militancia. Todo lo que no sea así ya está inventado y es patrimonio de los partidos tradicionales.

No va a ser fácil pasar de las frases a los hechos, pero la tarea merece la pena. La añoranza que a veces pudiera nacer por el abandono de unas siglas desaparece cuando se constata que esas siglas hace tiempo que abandonaron los principios que una vez representaron. Y merece la pena, sin ninguna duda, trabajar sin ataduras, sin sumisiones y desde la lealtad a esos principios por el progreso de una gran ciudad como es Alicante, nuestro hogar. Y a esa tarea quiero invitar a todos los ciudadanos de Alicante que hartos de la actual situación apuesten por un futuro brillante, solidario y construido entre todos. En Esperanza Popular – Movimiento de Bases hemos decidido hacerlo y estamos convencidos de que con Ciudadanos podremos lograrlo.

Santiago de Munck Loyola

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Ni un euro más para la casta dirigente.

Aquí el que no corre vuela. Da la sensación de que aquella desafortunada frase de una ministra de Zapatero afirmando que “el dinero público no es de nadie” está perfectamente asumida entre quienes dirigiendo partidos, sindicatos o patronales viven precisamente del dinero público, de las jugosas subvenciones públicas que obtienen de nuestros impuestos. Es tal la falta de escrúpulos y la inmoralidad reinantes que no pasa un día o una semana sin que aparezca un nuevo escándalo relacionado con el abuso que algunos hacen de nuestro dinero público, que es de todos. La inmensa mayoría de los partidos políticos, sindicatos y patronales perciben por diferentes vías inmensas cantidades de dinero público para sostener no sólo unas inmensas y superfluas estructuras, sino también un nivel de vida de muchos de sus dirigentes al que no podrían aspirar sin la rica ubre de las administraciones públicas. Y lo que es más grave, a pesar de esas ingentes ayudas económicas, según el Tribunal de Cuentas, 17 de los 25 partidos políticos fiscalizados están en quiebra técnica.

Los partidos políticos tan sólo reciben de sus afiliados 1 de cada 5 euros que ingresan, es decir, que el 80 por ciento de sus ingresos proviene del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Y algo muy parecido ocurre con los sindicatos que, además, perciben sus cuotas de afiliación detrayéndolas de las nóminas directamente por los pagadores públicos. No hay ninguna razón lógica que justifique que todos los contribuyentes tengamos que poner dinero para que los partidos y sindicatos funcionen y menos aún para que lo hagan como lo hacen: despilfarrando y cometiendo toda clase de irregularidades. Lo que han logrado estas organizaciones con el dinero público es alejarse cada día más del ciudadano cuya solidaridad y adhesión ya no la necesitan pues su sostenimiento está garantizado a través de la exacción obligatoria de la caja pública.

Con nuestro dinero algunos pueden pagarse generosos sobresueldos, espectaculares campañas electorales, mariscadas, cursos en el Caribe y todo un sin fin de abusos que son especialmente sangrantes en medio de esta tremenda recesión. La clase dirigente de nuestro país, la política, la sindical y la empresarial, no ha sido, ni es ejemplar.

Con nuestro dinero, los sindicalistas de UGT han protagonizado uno de los espectáculos más bochornosos, más cutres y degradantes de nuestra democracia. No sólo montaron en Andalucía el expolio del dinero destinado a los desempleados con la trama de los falsos EREs, sino que además vamos conociendo día a día la existencia de un manual para realizar “mordidas” en las facturas del sindicato a las administraciones públicas y van saliendo a la luz las miserias humanas en forma de comilonas, viajes exóticos, bolsos falsificados, juergas en la Feria de Sevilla, sobresueldos, etc.

Y otro ejemplo destapado en las investigaciones judiciales es el protagonizado por el Partido Popular. El hecho de que en Alicante, la Dirección Provincial se gastase en el año 2011 35.000 euros en comilonas (o sea, 29.000 euros sacados directamente de los impuestos), no es nada si lo comparamos en la forma que la central de Génova 13 usa el dinero de los contribuyentes.

La Audiencia Nacional ha encontrado indicios de financiación ilegal del PP en las obras de remodelación de Génova 13, con reformas más que sorprendentes. Dejando al margen lo que pueda haber o no de financiación ilegal, lo cierto es que del examen de la documentación se desprende que los populares gastaron oficialmente casi 6 millones de euros en remodelar el edificio y que buena parte de dichas obras se hicieron con la crisis ya encima. Es decir, que el partido de la austeridad (para los demás) usó casi 4,8 millones de euros provenientes de nuestros impuestos en remodelar un edificio que, por cierto, estaba en muy buen estado y, por ejemplo, no tuvieron empacho alguno en gastar 28.121,37 euros en arreglar el “cuarto de la basura” (o tienen mucha basura o es basura de alto standing), 98.934,39 euros en la sala en la que se reúne la cúpula del Partido o  103.162,94 euros para el cuarto de seguridad y vestuarios (y se les escapa Bárcenas con los papeles bajo el brazo).

Cuatro de cada cinco euros que gastan los partidos son nuestros, de nuestros impuestos y lo cierto es que no los usan con decencia. Mientras que los ciudadanos tenemos que pagar cada vez más impuestos, mientras simultáneamente tenemos menos prestaciones sociales porque los recortes se imponen, la clase dirigente de España sigue tirando del cajón público para sostener unas estructuras de partidos y sindicatos que ni sus afiliados están dispuestos a sostener con sus cuotas. Han tratado de maquillar la situación haciéndose pequeños recortes pero lo cierto es que lo que dejan de percibir por un lado lo perciben por otro. Buena prueba de ello, ha sido el acuerdo entre PP y PSOE en la Diputación de Alicante para desviar el dinero de los Grupos Institucionales a sus propios partidos políticos. Y es que en cuestiones de dinero, siempre terminan por ponerse de acuerdo los grandes. Y siempre, los que finalmente pagan sus excesos, su despilfarro y sus lujos somos los sufridos contribuyentes. La regeneración del sistema pasa también por cortarles el grifo. Ni un euro público más para partidos, sindicatos y patronal.

Santiago de Munck Loyola

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Carta abierta a D. Alberto Fabra.

Sr. D. Alberto Fabra:

Le escribo en mi calidad de ex militante del Partido Popular al haberme expulsado usted y sus acólitos por pedir más honradez, más democracia interna y la regeneración del que era, si no lo remedian los Tribunales, mi partido en el que he militado desde su fundación, arriesgando incluso, como muchos otros, mi vida como cargo público del mismo. Y le escribo porque he leído con indignación sus palabras en los medios de comunicación sobre la necesidad de hacer un pacto con las demás fuerzas políticas contra la corrupción. Ha pedido usted un «gran pacto entre partidos» para luchar contra la corrupción y se ha comprometido a apostar por la «tolerancia cero» ante «cualquier comportamiento inadecuado». Y no sólo eso, además, ha añadido que va a impulsar más medidas de regeneración porque si no se genera «confianza» con los ciudadanos se producirá un «desencuentro» que no se podrá superar.

Sr. Fabra o bien es usted un cínico y actor consumado o bien no se entera de nada o bien es tal su debilidad política que se “la cuelan” por todos sitios y, en especial, desde Alicante. ¿De qué pacto habla usted contra la corrupción? ¿De qué tolerancia cero habla? ¿Se trata de otra falacia como la de la línea roja? ¿A quién quiere seguir engañando? Mire usted, Sr. Fabra, cuando las palabras no van acompañadas por los hechos, de poco sirven. Y sus hechos, las actuaciones suyas y las de sus subordinados alicantinos indican muy claramente otra cosa.

Usted nos ha expulsado del PP a mí y a otro compañero por pedir cosas tan básicas como honradez, honestidad, democracia interna y participación y por pedirlo públicamente ante la imposibilidad de obtener respuestas en una organización que desde hace años no funciona. Y para ello nos abrió un expediente cuyo instructor ¡Oh! casualidades de la vida, está denunciando en anticorrupción por graves irregularidades en su Ayuntamiento. El Partido que usted preside, o que parece que preside, nos ha dicho por escrito que no se puede pedir la regeneración del PPCV porque hacerlo es tanto como dar a entender que todo el PPCV es corrupto. Y se han quedado tan anchos. ¿Y viene usted a hablar de medidas de regeneración? ¿Tolerancia cero? ¿Es la misma tolerancia cero que practica la inmensa mayoría del grupo Parlamentario del PPCV en las Cortes Valencianas que suscribe peticiones de indulto para políticos delincuentes, Sr. Fabra? Y su línea roja, D. Alberto, ¿dónde ha quedado? Porque, según los planes del Sr. Ciscar, en Alicante, nada de nada. ¿O acaso no se ha enterado usted de que el fragmentado PP de la ciudad de Alicante ha creado un ilegal Consejo de Dirección que estará coordinado por la alcaldesa imputada? Éste y no otro es el valor que parece que tiene su palabra Sr. Fabra.

Ofrecer un pacto contra la corrupción a los demás partidos, Sr. Fabra, con estos antecedentes y con esa credibilidad que le otorgan sus propios hechos es hacer el ridículo más espantoso. Alguien que utiliza a personajes de dudosa actuación para expulsar y silenciar a los compañeros que piden la regeneración interna no tiene ninguna credibilidad, ni autoridad moral o política para proponer ese tipo de pactos. Y el primer pacto que debería proponer lo es con los sufridos militantes y afiliados del Partido Popular que tienen que padecer diariamente el bochorno que muchos de sus dirigentes en la Comunidad Valenciana les producen. El mejor antídoto contra la corrupción, Sr. Fabra, es la democracia interna, es la transparencia, la participación y el control de las bases sobre la actuación de sus cargos públicos. De manual, Sr. Fabra, le guste o no (que está claro que no le gusta). Tiene usted lo que tiene porque los militantes no pintan nada, porque colocan en las listas a los amiguetes, a los parientes y a los enchufados y no a los mejores, ni siquiera a los que reciben más apoyos de la militancia. Y así les luce el pelo.

No puede haber pactos contra la corrupción cuando quien lo propone no está dispuesto a limpiar su casa, ni siquiera está dispuesto a cumplir su propia palabra y deja que los mercenarios políticos sigan haciendo y deshaciendo a su antojo. Pacte con su militancia, Sr. Fabra, devuélvale la palabra de verdad, sin filtros, sin intermediarios y verá como las cosas cambian de verdad y a mejor. Y, si no, al menos no haga más el ridículo, ni siga avergonzando a tanta gente honrada que en su día votó al PP.

Santiago de Munck Loyola.

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PPCV y UGT a la par.

Dos importantes noticias de esta semana subrayan la importancia del nivel de degeneración de parte de la clase dirigente de nuestro país, tanto en su vertiente política como sindical. El PPCV, personificado en Carlos Fabra, y la UGT, en su versión andaluza, aunque no sólo allí, son los protagonistas de las noticias en torno a la catadura moral de quienes “lideran” nuestra sociedad. Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y ex muchas otras cosas, amasador de fortunas inexplicables y progenitor de la insigne y culta diputada popular, Andreita “que se jodan”, ha tomado el relevo en los titulares periodísticos de su conmilitón popular Pedro Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja y ex diputado popular. El primero, tan agraciado él con las loterías del Estado, ha sido declarado culpable de cuatro delitos contra la hacienda pública, aunque ha sido absuelto de los delitos de tráfico de influencias y cohecho y habrá que esperar a la resolución de los recursos pertinentes que confirmen o no esta condena. El segundo, condenado ya por el Tribunal Supremo y declarado, por tanto, delincuente, diga lo que diga al respecto el Presidente del PP de Valencia Sr. Rus cuyas aportaciones jurídicas seguramente pasarán a la historia, está a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto, que tan entusiásticamente ha solicitado la inmensa mayoría de los diputados del Partido Popular, para entrar o no en prisión.

Por su parte, diversas informaciones están poniendo de relieve la peculiar forma de buena parte de la clase sindical de administrar los fondos públicos que reciben de los contribuyentes. Al mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los EREs falsos, protagonizado por sindicalistas de UGT, empresarios y miembros del PSOE andaluz que supuesto el saqueo de casi 1000 millones de euros hay que añadir ahora el incesante goteo de informaciones del tinglado montado por el sindicato socialista, y no sólo en Andalucía, para financiarse con dinero público y para desviar esos fondos hacia fines no precisamente altruistas. Tiene lo suyo que un sindicato pague con fondos destinados a la formación de desempleados cenas multitudinarias, mariscadas o viajes al Caribe para la “formación” de centenares de sindicalistas pero que, además, encargue bolsos falsificados hechos por mano de obra explotada en países asiáticos pone perfectamente de relieve la catadura moral de estos sindicalistas. Y qué decir de los globos a un euro comprados y cargados a cuenta de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Alcorcón y pagados sin rechistar por el Alcalde de entonces, hoy senador socialista. 

Si a alguien le sorprende todo esto es porque quiere o porque la memoria es frágil. Después de la que montaron los de UGT con aquella famosa promotora de viviendas, la PSV, que tanto dinero costó a los contribuyentes ¿a quién le puede extrañar que sigan haciendo de las suyas con el dinero que no es de nadie, como diría la Sra. Salgado? Se comprende perfectamente que los sindicatos españoles sean tan reacios a ser incluidos en la Ley de Transparencia. En cuanto se les pide la más mínima explicación sobre el uso del dinero público o, incluso de algo tan sencillo como el uso de los créditos sindicales que muchos representantes usan para su beneficio particular, ponen el grito en el cielo alegando que se pretende atentar contra la libertad sindical.

El PPCV y la UGT comparten unos mismos “méritos”: con sus acciones contribuyen al desprestigio de la actividad política y sindical, ambas organizaciones ensucian la vocación de servicio público que debía primar en su seno y ambas necesitan una profunda regeneración porque las dos cuentan con miles de afiliados honestos que sienten una profunda vergüenza por la actuación o la pasividad de sus dirigentes. Las declaraciones de los líderes de ambas formaciones no se corresponden con la realidad tozuda de los hechos. No es posible pintar líneas rojas y convertirlas en discontinuas a capricho, no cabe proclamar con cada caso de corrupción que se trata de casos aislados cuando por su proliferación es evidente que hay algo interno que los facilita, no es admisible tratar de circunscribir responsabilidades alegando que existe autonomía interna y no vale esconderse denunciando la existencia de campañas de acoso contra los sindicatos o para encubrir otros casos como el de Bárcenas.

El PPCV de Fabra y Ciscar y la UGT de Méndez son el ejemplo perfecto de por qué nuestro país necesita una profunda regeneración democrática. Son el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando las organizaciones políticas y sindicales desconectan de sus bases, controlan y limitan la democracia interna, ahogan el debate interno, impiden la autocrítica y se enquistan en las redes del poder y de la administración de tal modo que para subsistir necesitan retorcer la Ley, tolerar comportamientos abusivos y alimentar parásitos políticos con redes clientelares. Más claro el agua.

Santiago de Munck Loyola

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El PPCV corrupto que Fabra y Ciscar amparan.

El diario digital http://www.elconfidencial.com publica hoy un artículo, que por su interés reproduzco a continuación, y en el que avanza el contenido del libro del periodista Sergi Castillo que se presentará el próximo 3 de diciembre haciendo un repaso bastante completo del mugriento panorama de escándalos y corrupción que muchos cargos públicos del Partido Popular han dejado a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana.A su vista, no parece muy prudente hablar de casos aislados para tratar de exculpar a los responsables de una organización política cuya inmensa mayoría de miembros está compuesta por personas honradas y decentes, aunque eso sí, también hay que decirlo, por personas profundamente acobardadas porque rechazando como rechazan estas sucias conductas las avalan con su silencio y su pasiva complicidad. Los autores de esta larga lista de hechos y sus jefes son los responsables además de una mala gestión de las administraciones públicas valencianas que se ha traducido en su quiebra y que se ha debido, sobre todo, a un constante y sistemático incumplimiento de los principios éticos del Partido Popular y de sus programas electorales. Es evidente que cuando la política se convierte en el modus vivendi de gente sin escrúpulos, sin ideología y sin preparación intelectual y técnica termina ocurriendo lo que aquí ha ocurrido. Se gobierna sin guías políticas, sin objetivos programáticos y a golpe de ocurrencia, de encuestas o de pelotazos. No lo dice un servidor de forma gratuita, lo dicen los hechos.

Y es este ambiente de impunidad total, de servilismo al superior, de mercenarios de la política y de indocumentados con traje y gomina en el que tanto aprovechado se mueve tan a gusto es en el que ha florecido lo peor de lo peor. Y a la responsabilidad individual de cada uno de los implicados hay que sumar la responsabilidad corporativa encarnada en los dirigentes populares quien han consentido, ignorado o avalado con su pasividad todo ello y, lo que es peor, han expulsado del Partido Popular a quienes hemos venido reclamado más honradez, más ejemplaridad y más democracia interna que es, en el fondo, el verdadero antídoto contra la corrupción. En este sentido Alberto Fabra en la Comunidad y José Ciscar en Alicante son los impulsores y los promotores de las expulsiones de quienes reclamamos la regeneración del Partido Popular y, por tanto, son los auténticos cómplices políticos de quienes manchan y siguen manchando el buen nombre el Partido Popular.

El saqueo de Valencia: el PP ya tiene 100 imputados por corrupción en la comunidad.

José L. Lobo

Expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat, exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, funcionarios… El virus de la corrupción se ha contagiado a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas supera los cinco millones de habitantes.

«No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más», afirma irónicamente el periodista Sergi Castillo, que el próximo 3 de diciembre presentará en Madrid Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que destripa el cáncer de la corrupción en la Comunidad Valenciana, que se ha extendido como en ninguna otra región hasta alcanzar todas las terminales del poder político. Y que ha alcanzado una fase terminal que puede resultar letal para las aspiraciones electorales del PP, tanto en Valencia como en el resto de España.

«Mi libro es, en realidad, una obra colectiva», asegura Castillo, «porque parte de las investigaciones previas de varios medios de comunicación, entre ellos El Confidencial». El hilo conductor que le ha servido para desenredar el ovillo de la corrupción ha sido la rama valenciana del caso Gürtel. Pero las tramas del saqueo son muchas más: los casos Nóos (que tiene también bajo sospecha al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá), Brugal, Emarsa, Cooperación, Terra Mítica, aeropuerto de Castellón, Canal Nou…

La lista negra de la corrupción supera ya los 100 imputados. Entre ellos, un expresidente de la Generalitat (José Luis Olivas, que también fue presidente de Bancaja), dos exvicepresidentes (José Víctor Campos, ya condenado en el llamado caso de los trajes, y Vicente Rambla), cinco exconsellers (Rafael Blasco, Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Fernando Cartagena, también condenado), nueve diputados autonómicos y un sinfín de altos cargos de empresas públicas controladas por la Generalitat.

En ese sombrío listado del saqueo de las arcas públicas aparecen también una expresidenta de las Cortes Valencianas (Milagrosa Martínez, que fue además consellera de Turismo), un exsecretario general del PP regional (Ricardo Costa, antiguo hombre de confianza del expresident Francisco Camps y hoy enfrentado a él), dos expresidentes provinciales del partido (Carlos Fabra, de Castellón, y José Joaquín Ripoll, de Alicante), los actuales alcaldes de estas dos ciudades (Alfonso Bataller y Sonia Castedo) y varias decenas de alcaldes, directores generales y jefes de gabinete.

Todos ellos están imputados por un repertorio de delitos que van de la prevaricación al tráfico de influencias, pasando por el cohecho, la malversación, la estafa o el blanqueo de capitales. Y hasta el abuso sexual: Vicente Sanz, exsecretario general y jefe de personal de Radio Televisión Valenciana (RTVV), abusó de varias trabajadoras de Canal Nou con amenazas y falsas promesas de ascensos laborales. El auto de procesamiento recoge frases como esta: «Mostró su sexo erecto y le decía: dame una chupaeta». El expresident Eduardo Zaplana buscó a Sanz un retiro dorado en la televisión pública tras verse implicado en un escándalo urbanístico y pronunciar una frase inolvidable: «Estoy en política para forrarme».

Rebelión y deslealtad

El presidente de la Generalitat, que aún no ha pasado el trago amargo del cierre de la radiotelevisión pública (cinco de cuyos exdirectivos están imputados), se enfrenta ahora a una rebelión en sus propias filas protagonizada por aquellos a los que ha salpicado de lleno la corrupción. Nada menos que nueve diputados autonómicos del PP lo están, y Alberto Fabra ya ha advertido a todos ellos que no repetirán en las candidaturas del partido para las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Ni ellos ni ningún otro cargo bajo escrutinio judicial.

Los nueve parlamentarios imputados no tienen nada que perder, porque saben que ya no ocuparán su escaño en la próxima legislatura. Por eso se permiten incluso exhibir en público su deslealtad hacia Fabra, promoviendo, en contra del criterio de su propio líder, el indulto para otro imputado y ya condenado por corrupción: el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo. Nada menos que 45 de los 54 parlamentarios del PP pidieron la semana pasada esa medida de gracia para Mateo, que está a punto de ingresar en prisión por prevaricación.

Santiago de Munck Loyola

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