“Sean Pastores, no funcionarios”.

Hace unos días el Papa Francisco ordenó a diez sacerdotes de la Diócesis de Roma. En dicha ceremonia el Papa les pidió que ejerciesen el sacerdocio con “claridad y caridad sincera”, con el único deseo de “gustar a Dios y no a uno mismo”. Dirigiéndose a los nuevos sacerdotes les pidió «sean pastores, no funcionarios. Sean mediadores, no intermediarios» y que «no se cansen de ser misericordiosos». Estas palabras del Papa Francisco me han venido a la memoria a propósito de la polémica suscitada en Monforte del Cid por la negativa del Párroco a que una niña discapacitada mental pueda entrar en la Catequesis para hacer la Primera Comunión.

Vaya la que ha organizado el bueno del Párroco, D. Damián Luis Abad, con su negativa. Ha conseguido movilizar y a interesarse por los asuntos de la Iglesia a muchos que hace años no la pisan, pero que se sienten obligados a opinar sobre este asunto interno, sobre todo, si con ello pueden meter un poco el dedo en el ojo eclesiástico. Pero, a lo que vamos, todo parece indicar que lo que ha hecho el Párroco no ha sido negar la Primera Comunión a la menor, sino que ante la discapacidad de la misma que no le permitiría, como es lógico, participar en la Catequesis previa, es ofrecer a la madre  un plan de formación específico y diferenciado que permitiese conocer su evolución. De ahí muchos han deducido que el Párroco, aplicando de forma literal los preceptos de la Iglesia, entiende que, dado que la menor es incapaz de comprender «con un mínimo grado de entendimiento y razonamiento», el sentido que tiene el sacramento de la eucaristía no puede comulgar. La postura del sacerdote ha sido respaldada por el Obispado ya que se ajusta a las normas canónicas, no se trata de una arbitrariedad, como algunos sugieren, del párroco de Monforte del Cid.

Es verdad que, al parecer, la niña no puede participar con aprovechamiento los cursos de catequesis para hacer la Primera Comunión. Pero puestos a ser exigentes ¿Cuántos de los niños y adultos que habitualmente comulgan comprenden «con un mínimo grado de entendimiento y razonamiento» lo que es la transubstanciación? Y al hablar de transubstanciación no se está hablando de algo extraño o de un elemento accidental de la Eucaristía, sino de su esencia, de la Doctrina de la Iglesia de la Eucaristía definida hace tiempo, en el Concilio de Trento. Pues bien, repitiendo la pregunta ¿Cuántos de los que comulgan han oído hablar de ello o cuántos la entienden con un mínimo grado de entendimiento y razonamiento? Muy pocos, poquísimos. Y ¿se pone algún reparo a que reciban la comunión? Evidentemente no. Y si hablamos de otros sacramentos lo cierto es que la Iglesia ha venido admitiendo su administración a personas que no son creyentes o no son practicantes plegándose a los convencionalismos sociales y sin ponerse tan exigente como en el caso del matrimonio.

Los funcionarios debemos regir nuestra actuación profesional mediante la aplicación de la Ley, nos guste o no. “Dura lex, sed Lex” es el principio rector y en el que no cabe margen para la discrecionalidad o para la aplicación de otras consideraciones que no sean las que la misma ley permite. D. Damián, el Párroco de Monforte, ha actuado como un probo “funcionario” de la Iglesia y parece que en su decisión no han entrado otras consideraciones que las impuestas por las normas canónicas. Sin embargo y como bien acaba de decir el Papa debería haber sido más pastor que funcionario y la misericordia y la caridad deberían haber primado sobre la norma. Quizás así habría podido tener en cuenta que intentar establecer un “plan diferenciado e individualizado” de formación cristiana para la niña previo a la comunión choca frontalmente con la pretensión universal de todas las familias que buscan y aspiran a la máxima integración posible y sin diferencias de sus seres queridos afectados por una discapacidad. Se trataría, en este caso, de que la niña participe en igualdad de condiciones con los demás niños en su caminar hacia la Primera Comunión y a ello añadir los refuerzos formativos que el párroco estime necesarios para lograr lo mejor para ella y para su familia. Integrar no es separar, sino sumar y reforzar.

No cabe la más mínima duda de que la actuación del Párroco ha estado presidida por la mejor voluntad, como tampoco cabe la más mínima duda que la misma ha sido aprovechada por algunos para hacer un ruido mediático innecesario y contraproducente simplificando unos hechos hasta tal punto que la realidad ha quedado desvirtuada.

Como creyente, uno tiene el convencimiento de que con catequesis o sin ella, con comprensión o sin ella sobre el alcance y significado de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo no encontrará mejor alojamiento que el corazón limpio y puro de esta pequeña, un regalo de Dios que afortunadamente permanece ajeno a esta artificial e interesada  polémica.

Santiago de Munck Loyola

Sepes y Monforte: a sentencias revueltas, ganancia de pescadores.

El pasado 17 de mayo, una noticia publicada en el Diario Información y recogida también en otros medios me llamó la atención (http://www.diarioinformacion.com/elda/2011/05/17/nueva-sentencia-favorable-sepes-frente-ayuntamiento-litigio-poligono/1127986.html) El titular era rotundo: Nueva sentencia favorable a Sepes frente al Ayuntamiento en el litigio sobre el polígono.

La noticia empezaba así “La última resolución del TSJ sigue la línea de los autos que han anulado el PAI de Walaig, la adjudicación de la obra y el nombramiento del urbanizador”…y después continuaba “una nueva sentencia, esta vez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, da la razón de nuevo…”, “Según se apunta ahora desde la dirección de Sepes, la nueva sentencia, que…”, “Por lo tanto, según indicaron ayer las mismas fuentes, tanto esta última resolución judicial como la que se dio a conocer la semana pasada impiden que las obras…”

Como desde un punto de vista jurídico resultaba sorprendente que, tras el Auto de ejecución de sentencias del Juzgado nº 3 de Alicante, se hubiese dictado una nueva sentencia y con el contenido que se citaba, busqué la sentencia objeto de la noticia. Y sorpresa. No existía ninguna sentencia posterior al Auto de 4 de mayo. El titular y el contenido de la noticia eran incorrectos. Sorprendentemente, todos los medios de comunicación estaban dando por cierto el comunicado de SEPES en el que decía que existía una nueva sentencia posterior a ese Auto y que tan desfavorable era para SEPES. La mentira de SEPES estaba siendo elevada a la categoría de noticia cierta sin que ni un solo periodista la hubiese verificado.

Como puede apreciarse, la fecha de la sentencia es de 11 de abril.

SEPES con el fin de entrar en la campaña electoral en contra del actual gobierno municipal de Monforte había desempolvado una sentencia de 11 de abril de 2011 que venía a resolver un recurso que dicha entidad había planteado contra un auto judicial de 2008 en el contencioso relativo al proyecto de reparcelación del Polígono Industrial. ¿Por qué? Pues porque la última decisión judicial, dictada a instancias del propio SEPES, era tan desfavorable que necesitaban desesperadamente un nuevo titular de prensa, aunque fuera a costa de mentir descaradamente.

Última decisión judicial: 4 de mayo de 2011. Es evidente que la noticia difundida es incierta.

Esta sentencia desempolvada  es una resolución incidental, es decir, sobre un asunto colateral del litigio principal. Viene a decir que en el año 2008, SEPES sí tenía derecho a pedir una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, pero que ha quedado totalmente desvirtuada por el Auto de 4 de mayo que está ejecutando las sentencias principales y que reconoce la inejecutabilidad de las mismas no permitiendo que se modifiquen los títulos, ni la reparcelación que figura en el registro de la Propiedad.   

Además, a tenor de lo dispuesto en el art. 132 de la LJCA, no tiene ningún sentido que se resuelva sobre medidas cautelares después de finalizado el proceso principal, de modo que el Tribunal debió desestimarlas por este motivo, remitiéndose a lo que se despache en ejecución de sentencia.        

Por tanto afirmar, nada más y nada menos, que “todas las inscripciones de parcelas de Walaig realizadas en el Registro de la Propiedad han quedado anuladas” es improcedente.

No es eso lo que dicen las resoluciones judiciales que, con buen criterio, han decidido proteger la seguridad jurídica en el tráfico mercantil y la fe pública registral. Difundir noticias falsas, argumentar alocadamente sobre ellas y lanzar mensajes similares no beneficia en nada a la ya deteriorada confianza que los posibles inversores deben tener para que ese Polígono pueda ser pronto una realidad.

Santiago de Munck Loyola

SEPES CONTRA MONFORTE DEL CID.

Imaginemos un matrimonio. Llevan 16 años casados. Él se ha quedado con los bienes que ella aportó al matrimonio. No tienen hijos porque él no quiere. La trata mal, la ignora y la desprecia. No la quiere, pero tampoco quiere que ella sea libre. No hay problema. En España, con la Ley en la mano, ella podría obtener el divorcio en pocas semanas y recuperaría sus bienes. Todo ello sin tan siquiera tener que justificar las razones para divorciarse.

Pues bien, en nuestro país es mucho más fácil disolver un matrimonio que un acuerdo o un convenio entre un Ayuntamiento y una sociedad estatal. Esto es lo que le ha venido sucediendo al Ayuntamiento de Monforte del Cid en relación al Convenio que en 1990 suscribió con SEPES. La voluntad del pueblo de Monforte expresada democráticamente por el Pleno del Ayuntamiento ha sido pisada una y otra vez por SEPES a través de argucias legales en los Tribunales de Justicia. Aunque los vecinos de Monforte, por unanimidad plenaria, quieran romper el vínculo que ata a su Ayuntamiento con SEPES, ni esta entidad, ni los Juzgados dejan que, de momento, se rompa.

Dos sentencias han quitado la razón al Ayuntamiento. La primera señala que la ruptura del Convenio con SEPES no se justificó suficientemente y, por tanto, el Convenio sigue vigente. La segunda sentencia adquiere ya carácter de esperpento y vulnera directamente la legislación valenciana del suelo al anular el PAI del Polígono Walaig. En esencia esta sentencia dice que la publicación de la licitación del PAI en los medios designados por la Ley Urbanística Valenciana (el DOGV y el Diario de las Comunidades Europeas) es ilegal porque, además, debería haberse publicado en el BOE, al asimilar el Tribunal la figura del Urbanizador a la de un contrato de obras. Y, para fundamentar esta ridícula sentencia, se basa en la jurisprudencia de una Ley derogada, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Siendo evidente el error de apreciación del Tribunal Superior de Justicia al no apreciar que con la LUV el urbanizador ya no realiza obras sino que las ejecuta el empresario constructor (nueva figura creada por esta ley) y que, por tanto, no es aplicable la publicidad de los contratos de obras, lo más sangrante es la imposibilidad legal de recurrir esta aberración ante el Tribunal Supremo sentando, con ello, un desastroso precedente en todos los procedimientos desarrollados al amparo de la LUV.

Causan sonrojo las declaraciones de los responsables de SEPES al señalar que esta sentencia lo que hace es sancionar (por la omisión del anuncio en el BOE) la falta de publicidad de la licitación hecha por el Ayuntamiento. Hay que tener cara dura para sostener que un anuncio de licitación realizado en el Diario de las Comunidades Europeas y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana no ha sido público y que, por tanto, ha podido lesionar los derechos de SEPES a licitar. Y más si se tiene en cuenta que SEPES fue notificado individualmente de la licitación. Como puede comprobarse, se ha tratado de una argucia jurídica para paralizar la urbanización del Polígono Industrial, ni más, ni menos.

Dejando al margen el complejo contenido de estas sentencias, lo fundamental son los hechos, sus causas y sus consecuencias. ¿Por qué esta polémica? ¿Qué se ventila aquí para que dos administraciones no se puedan poner de acuerdo para construir un Polígono Industrial?

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha estado atado a SEPES desde 1990 con un convenio suscrito para hacer un gran Polígono Industrial, el Walaig. Después de 16 años, en 2006, el Ayuntamiento decide romper ese convenio por varias razones: no se ha movido un solo metro de tierra; SEPES a través de su Técnico Javier González comunica que la entidad no tiene prisa pues la Ministra Trujillo ha priorizado la construcción de vivienda protegida sobre el desarrollo de suelos industriales; SEPES presenta además un documento por el que pretende vender las parcelas a precio de mercado sin respetar lo establecido en el Convenio que preveía que la entidad se quedaría con el suelo correspondiente al Ayuntamiento para abaratar los precios de venta. Es decir que quedaba claro que SEPES quería dar un pelotazo, que no tenía prisas después de 16 años y, además, que no iba a respetar los acuerdos de regularización de parcelas que años antes había firmado con los industriales ya instalados en aquellos suelos.

El Ayuntamiento rompió el Convenio, aprobó un PAI, lo adjudicó y en dos años ya estaban ejecutadas casi el 40 % de las obras de urbanización, paralizadas ahora por las anteriores sentencias.

La actitud de SEPES responde a varias razones: no quiere perder la ilegal cesión del aprovechamiento municipal recogida en el Convenio de 1990 y que asciende a más de 12 millones de euros; no quiere que se vendan las parcelas a precio tasado porque limita sus beneficios y no quiere que un pequeño Ayuntamiento actúe por su cuenta evidenciando la ineficacia de SEPES para generar con agilidad suelo industrial y sentando un peligroso procedente para otros Ayuntamientos. Pero, es que, además, SEPES no deseaba hacer este Polígono porque necesitaba antes dar salida a suelos industriales peor comunicados, como en el caso de Aspe.

Desde que fue nombrado el último Director General de SEPES no ha respondido a ninguna de las llamadas del Ayuntamiento para negociar y desbloquear la situación.

El 4 de mayo de 2011, un Juzgado de Alicante ha dictado un Auto a instancia de SEPES, en ejecución de las dos sentencias anteriores, desestimando 8 de 11 pretensiones planteadas por SEPES. A pesar del intento de sacar pecho del Secretario General de SEPES, Sr. Couso, el Juzgado se ha limitado a declarar tres peticiones de SEPES ya recogidas en las dos sentencias anteriores: que el convenio de 1990 está vigente, que el PAI está anulado y que Intersa no es urbanizador. De cajón, declara lo que ya ha sido declardo. Sin embargo, el Sr. Couso omite que el Juzgado rechaza todas las demás pretensiones de la entidad estatal: declara vigentes todos los contratos de obra de la urbanización, todas las adjudicaciones de terrenos, todas las ventas de parcelas realizadas, todas las cargas (incluidas hipotecas) sobre las fincas, etc. Es decir, que sigue la misma empresa constructora, que la realidad registral actual sigue vigente, que el Ayuntamiento de Monforte se queda con su aprovechamiento (más de 2.000 millones de Ptas.) y que, además, SEPES debe cumplir el convenio depositando ante el Ayuntamientos los instrumentos necesarios para realizar las expropiaciones que faltan para completar la urbanización, cosa que lleva SEPES 21 años sin cumplir. Si SEPES no recurre este Auto, las obras de podrán reanudar pronto.

Ha sido y es una grave irresponsabilidad poner constantes trabas a la creación de un suelo industrial de primer orden cuando tanto desempleo se extiende por la comarca. SEPES ha venido actuando contra el interés general, representado por el Ayuntamiento de Monforte del Cid, y ha venido supeditándolo a mezquinos intereses especulativos y partidistas. Y, sinceramente, los vecinos de Monforte del Cid y de la comarca no se lo merecen.

Santiago de Munck Loyola

MONFORTE DEL CID: UN BRILLANTE FUTURO.

Hablar hoy de potencialidad, de múltiples posibilidades de progreso y prosperidad es hablar de Monforte del Cid, esa joya de la Provincia de Alicante enclavada en la comarca del Medio Vinalopó, en el valle excavado por el río del mismo nombre y delimitado por las Sierras del Cid, de las Águilas, la Pedrera y el Tabayá.

Monforte del Cid conjuga a la perfección y aúna historia y modernidad, presente y renovación, futuro y tradición, agricultura e industrialización, senderos ancestrales y modernos nudos de comunicación, fiestas y laboriosidad, orgullo y hospitalidad, devoción y tolerancia, arqueología y fibra óptica, gastronomía y deporte, caserones seculares y apartamentos modernos, inmigración y convivencia, alegría juvenil y sosiego otoñal, afición musical y lectura pausada, peñas inhóspitas y cañaverales frondosos, campos mimados y solares industriales.

Su templado clima y su tierra han premiado siempre la laboriosidad de sus gentes con las recompensas para su sustento entre las que destaca la reina por excelencia de las frutas, la uva de mesa embolsada, exquisita y sin rival.

Monforte cuenta con los elementos más importantes y necesarios para encarar el futuro con optimismo e ilusión. Su enorme potencial radica en su gente, capacitada y emprendedora, su estratégica situación geográfica, su configuración territorial y las dotaciones privadas y públicas existentes o en proyecto.

En Monforte se pueden encontrar amplias zonas residenciales de primera calidad y ambiciosos proyectos de desarrollo que se harán realidad tan pronto como se empiece a despejar el horizonte económico. Estas zonas residenciales cuentan con equipamientos para el ocio, incluidos los campos de golf. Una temperatura medial anual de 20 grados, reflejo del bondadoso clima alicantino, una distancia de 20 km hasta el mar y hasta la capital de la provincia, una distancia de 15 km. hasta el aeropuerto del Altet proporcionan una situación estratégica de primer orden para atraer nuevos residentes de cualquier origen.

Es el lugar idóneo tanto para segunda residencia como para primera y, en especial, constituye un enclave privilegiado (aeropuerto y ferrocarril próximos, nudo de autovías con el eje-este oeste y norte-sur) para aquellas empresas que buscan no sólo suelo para implantar sus instalaciones, sino también residencias de calidad y ocio para sus empleados y ejecutivos. Es, sin lugar a dudas, la mejor opción para establecer, por ejemplo, un Parque Tecnológico en Alicante. Son cada día más los ciudadanos de la Unión Europea que eligen Monforte como lugar de residencia.

En definitiva, Monforte del Cid es, sobre todo, un valor seguro, una opción de futuro que, sin lugar a dudas, desarrollará todo su enorme potencial. Una pequeña joya con un brillo mayor cada día.

Santiago de Munck Loyola.

ALDO OLCESE: PRECISIONES SOBRE UNA ANÉCDOTA.

El artículo que escribí sobre la anécdota protagonizada por el Sr. Olcese en su visita al Ayuntamiento de Monforte del Cid ha tenido una amplia repercusión entre los internautas. Entre los comentarios que ha merecido este artículo, transcribo a continuación el siguiente para poder ampliar la contestación al mismo: “Santiago, me pregunto porque ahora publicas este comentario y no en el momento que ha sucedido. Por la situación del mercado inmobiliario dudo que haya ocurrido en 2010. Peculiar sin duda recordar un solo evento en 7 años….. un saludo Denis”. Se percibe cierta animadversión en el anónimo comentarista, pero al margen de ello creo importante realizar las siguientes precisiones:

– En cuanto al momento de publicar el artículo lo hago cuando ha surgido y he considerado más oportuno. Cosas de la libertad. En todo caso, no podía hacerlo cuando ocurrió este episodio porque no existía este Blog cuya vida es de hace a penas cinco meses.

– Esta anécdota, en efecto, no se ha producido en 2010, pero el hecho de que el mercado inmobiliario esté hecho un desastre no significa, ni mucho menos, que no se estén tramitando instrumentos urbanísticos en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

– No es ésta la única anécdota o evento que cito en mi blog, ni será la última, pero los malos modales y despreciables técnicas del Sr. Olcese sí han sido peculiares y únicas en mi trabajo en los últimos siete años.

El Sr. Olcese fue contratado por el grupo inmobiliario que ha desarrollado Alenda Golf en Monforte del Cid, en el que se integra la empresa Jatolex impulsora del proceso de urbanización del Valle de Alenda y vinculado al grupo Reebok. Y resulta llamativo el contraste entre los representados y el representante pues aquellos siempre han mantenido una actitud cordial, educada y colaboradora con la administración municipal aportando al desarrollo y bienestar del municipio más de lo que la Ley impone. Lo que resulta evidente es que no fue contratado precisamente por sus conocimientos jurídicos ni urbanísticos pues de la conversación mantenida con él quedó patente su ignorancia jurídica y su desdén hacia las normas urbanísticas. Presumió de sus supuestas amistades en las altas esferas del Partido Popular, amenazó con utilizar la prensa para perjudicar a la Alcaldesa del pueblo y amenazó con mover sus influencias para que el secretario general del Ayuntamiento perdiera su trabajo. Es significativo que se negase a seguir hablando conmigo sobre el procedimiento jurídico y que se “explayase”, como lo hizo, ante la Alcaldesa, una mujer. Todo ello para conseguir los fines para los que le habían contratado. Vino como conseguidor, y muy bien pagado según se rumorea, y lo hizo con unos modales impropios de quien va dando lecciones de todo en sus frecuentes comparecencias públicas. Y tras pasar por Monforte, hizo lo propio en la Consellería competente de la Generalitat Valenciana.

Hoy, el Sr. Olcese, ahora como conseguidor de la SGAE y demás entidades menores, ha intervenido en un Foro para trasladar su opinión y su presión hacia el poder político en relación a la regulación sobre la propiedad intelectual y las descargas. Se le ve muy preocupado por la según él inexistente normativa, cero normativa recalcaba, y ya podía haberse preocupado antes de conocer la existencia de una amplia normativa urbanística en la Comunidad Valenciana que hay que cumplir y respetar y no pisarla con sus condecoradas botas. Resulta preocupante que alguien con tan escasa sensibilidad jurídica y, por qué no decirlo, medio ambiental pues quería arrasar una zona forestal, sea ahora un encarnizado defensor e impulsor de nuevas normas que, sin duda, van a afectar a la libertad de expresión y a la libre circulación de ideas.

Resulta aún más preocupante la “fina” propuesta jurídica del Sr. Olcese, ratificada hoy, de que sea la autoridad administrativa y no la judicial la que pueda cerrar webs que incumplan la nueva regulación. Dejar que un derecho fundamental pueda ser suspendido o anulado por la autoridad administrativa o política es un peligroso camino muy apropiado, quizás, para su amigo el Rey de Marruecos, pero impropio de nuestro régimen político. Sinceramente, los creadores y los autores deberían buscarse un representante con más credibilidad.

Santiago de Munck Loyola.

ALDO OLCESE: UNA ANÉCDOTA SOBRE EL PERSONAJE.

 A lo largo de los últimos años, en mi trabajo como Secretario de Monforte del Cid he tenido la ocasión de conocer a mucha gente de toda clase y condición que, de una forma u otra, acudían al Ayuntamiento a resolver asuntos de muy variada índole. Desde el vecino quejándose de ruidos, el agricultor que tramitaba una licencia, pasando por el estudiante que realizaba un estudio para la universidad o el empresario en busca de información sobre el suelo industrial. Casi siempre personas amables y respetuosas para las que daba gusto trabajar y ofrecer el mejor servicio posible desde la administración municipal. Sin embargo, en siete años hubo una excepción que me ha venido a la cabeza a propósito de todas las noticias que estamos conociendo estos días sobre el Sáhara y el sátrapa de Marruecos.

Se trata de la desagradable visita que hizo al Ayuntamiento Aldo Olcese, entre otras cosas, adalid de los intereses del tirano marroquí en España. Muchos podrán preguntarse quién es este señor y a qué fue a un pueblo como Monforte del Cid, tan alejado de las ministeriales moquetas y del espectacular brillo de las altas esferas a las que era y es asiduo este personaje.

Aldo Olcese Santonja, nacido en Marruecos, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y entre sus actividades empresariales es Presidente en España del Consejo Asesor de T-Systems, S.A. (Grupo Deutsche Telecom), Presidente de Fincorp Mediación, S.L. (Merchant Bankers), Presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Culturales y Audiovisuales, es decir la SGAE y otras de menor cuantía, Consejero de AC Hoteles, S.A. de Ericsson España, S.A. y miembro del Consejo Asesor de KPMG, del Grupo Especial de Trabajo para la Reforma del Gobierno Corporativo, por designación del Ministro de Economía y Hacienda, de la Comisión Especial de Reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, por designación del Ministro de Administraciones Públicas o del Comité Averroes para la Relación Bilateral Hispano-Marroquí, por designación del Ministro de Asuntos Exteriores. En abril de 2007, S.M. El Rey le concedió, a propuesta del Consejo de Ministros, previa petición del Presidente del Gobierno, la Gran Cruz del Mérito Civil por su especial contribución al Buen Gobierno Empresarial y a la Responsabilidad Social de la Empresa. Es Comendador del Wissam Al-Alaoui de la Orden del Trono de Marruecos y Oficial del Wissam Al-Alaoui de la Orden del Trono de Marruecos. Como se ve, todo un curriculum e interesantes relaciones.

Pues bien, este ilustre personaje apareció un día por el Ayuntamiento en nombre de unos promotores urbanísticos muy conocidos en la provincia. El Ayuntamiento, tras el período de exposición pública, había aprobado inicialmente el Plan General resolviendo las alegaciones presentadas al mismo. Entre éstas se había desestimado una de los representados del Sr. Olcese que querían reclasificar suelo para cerca de 5.000 viviendas. Esta pretensión había sido desestimada porque sencillamente no cabían. Buena parte de su propiedad en la que pretendían construir estaba clasificada como parque forestal por la Generalitat por lo que era imposible. Así las cosas, una mañana la Alcaldesa me pidió que fuera a su despacho. Una vez allí me presentó a este señor quien expuso que sus representados iban a volver a presentar la misma alegación para obtener la reclasificación del suelo desestimada. Le expliqué que la fase de alegaciones había concluido, que no era el momento procesal oportuno y cuáles eran los trámites a seguir de acuerdo a la legislación valenciana. Cuando acabé mi exposición, el Sr. Olcese miró a la Alcaldesa y le dijo: “éste que se vaya, no quiero hablar con él”. Sin esperar, me levanté y me fui. Ahora era yo el que no quería hablar con semejante maleducado. A continuación, el Sr. Olcese se dedicó a presumir de sus grandes amistades e influencias y a amenazar con toda clase de males a la Alcaldesa (a la que «arrastraría por la prensa») y a mi (a quien «haría que perdiera mi trabajo»)  si no se cedía a su ilegal pretensión. Y no hizo falta. La Generalitat que es quien aprueba en última instancia los Planes ratificó que en suelo forestal no se puede edificar. Pero es más, por si fuera poco, los técnicos de medio ambiente descubrieron en gran parte de los suelos restantes una pequeña planta endémica protegida, la “vella lucentina”, limitando aún más los suelos disponibles. Y es que, a veces, Dios escribe con reglones torcidos. El tiempo y la ley pusieron a este conseguidor en su sitio. Usar a un “embajador” así solo sirve para desacreditar al representado, como ocurrió en este caso.

Sorprende que alguien con tanto título y tanta condecoración emplee modales tabernarios para intentar conseguir sus propósitos ignorando, además, los procedimientos legales. Tras el brillo curricular se oculta una indigencia humana y espiritual muy adecuada para servir bien al dios dinero a cualquier precio. No sorprende que este personaje vuelque sus relaciones y esfuerzos a favor del tirano marroquí o de la SGAE, pero sí llama la atención que pueda servir de asesor a todo un gobierno en temas tan serios e importantes como la reforma de la función pública cuya complejidad trasciende ampliamente una visión puramente mercantilista.

Pero, en fin, “doctores tiene la Iglesia”… y si este gobierno necesita de los amigos de Mohamed para que le asesore en estos temas por algo será.

Santiago de Munck Loyola

POLÍTICOS Y PRINCIPIOS (2ª PARTE).

Dentro de 9 meses los españoles tendremos una nueva cita con las urnas, elecciones municipales y autonómicas. Hasta entonces seremos bombardeados con toca clase de propuestas, mensajes, críticas y programas. Asistiremos a un espectáculo político encaminado a obtener nuestro voto y presenciaremos el empleo de toca clase de trucos y tácticas, decentes e indecentes, para lograrlo.

De los programas electorales poco se puede esperar. Pocos los leen y los políticos no se esfuerzan demasiado en hacerlos llegar a los ciudadanos. Les basta con enunciar cuatro o cinco propuestas estrellas y poco más. Pesa mucho aún en la conciencia colectiva la máxima del profesor Tierno Galván de que “los programas están hechos para no cumplirlos”. Por tanto, poco puede esperarse de los contenidos programáticos a la hora de determinar el voto.

Junto a los programas aparecen los candidatos, los políticos que se esforzarán por mostrar su cara más amable y se pasearán pos plazas y mercados mezclándose con los ciudadanos para aparentar cercanía e identidad, aunque no sepan cuanto cuesta un café con leche.

Si los programas pueden ser solo aproximadamente indicativos del rumbo que los políticos pretenden tomar, se puede y se debe tomar como referencia los antecedentes del candidato y lo que es más importante, lo que realmente piensa, es decir, sus principios y valores. Los antecedentes del candidato, su experiencia, su vida pueden claramente anunciarnos cómo se va a desenvolver cuando asuma responsabilidades de gobierno. Sin embargo, siendo quizás mucho más importante, hoy en día es mucho más difícil saber qué piensa un candidato, en qué cree y en qué no cree.

Gobernar es liderar desde unos determinados presupuestos ideológicos y, paradójicamente, en la era de la comunicación global los ciudadanos tenemos muy difícil saber qué presupuestos ideológicos tiene un determinado político. A grandes rasgos y en sintonía con su partido político podemos imaginarlos, pero no los podemos conocer a ciencia cierta. Y ello es así porque lamentablemente los principios y los valores de un político y de los partidos quedan relegados en función de las tendencias del mercado electoral. Hoy es infrecuente encontrar políticos que ejerzan un verdadero liderazgo, es decir, que expresen públicamente sus principios y valores para, desde los mismos, convencer y ejercer de guías de la sociedad. Al contrario, lo que prima son las tendencias y corrientes de pensamiento que las encuestas señalan como mayoritarias en la sociedad. Al fin y al cabo, el político quiere el poder y si para lograrlo tiene que ocultar lo que realmente piensa sobre cuestiones fundamentales lo hará. Manda el mercado, mandan las encuestas y manda lo políticamente correcto. Por ello, quizás las diferencias entre los partidos políticos parecen cada vez menores, todos tratan de nutrirse del mismo granero de votos y la victoria electoral se consuma en un estrecho margen de votos que raramente supera el 5 % del electorado. Por tanto, hoy es muy difícil saber qué principios y valores defiende cualquier político en temas muy importantes. Hay una cierta uniformidad en el catálogo de políticos y aspirantes realmente preocupante.

Aún siendo difícil la tarea de tratar de conocer quién es un determinado aspirante, qué piensa realmente sobre inmigración, paro, terrorismo, aborto, familia, impuestos, etc. y qué va a hacer en caso de resultar elegido, hay ciertas líneas rojas que en el caso de ser traspasadas pueden servir para descartarlo cuando llegue el momento de elegir. En el ámbito de la política local es quizás mucho más fácil poder establecer los parámetros en los que un candidato se mueve, pues la proximidad y la cercanía facilitan su conocimiento.

Cuando el interés del candidato no se centra en las necesidades del vecino, en la persona, en el ser humano que tiene problemas y necesita ayuda y su discurso se pierde en grandes objetivos e ideales lejanos, es descartable. Cuando la vida privada del candidato es ostensiblemente incoherente con los principios y valores que se supone debe representar, es descartable. Cuando el candidato centra sus esfuerzos en la consecución de determinados objetivos con independencia de los medios para alcanzarlos, es descartable. Y cuando el discurso del candidato huye permanentemente del compromiso y cambia plegándose en la dirección del viento dominante es claramente descartable. Sé que es difícil determinar en muchas ocasiones la concurrencia de estas cuatro situaciones, pero yo, al menos, lo tengo claro a pesar del peso que puede tener la fidelidad a unas determinadas siglas. Prefiero no votar, antes que tener que otorgar mi confianza a alguien que ha traspasado claramente alguna de las líneas anteriores.

Santiago de Munck Loyola

POLÍTICOS Y PRINCIPIOS.

Hace unas semanas mantenía una conversación con unos amigos de Monforte del Cid. Hablábamos sobre las elecciones y los políticos y mi amiga Inés sostenía que ella no podía confiar, ni votar, a un político cuya vida privada fuera escandalosa y citaba el ejemplo de las “juergas” de Berlusconi en su villa privada captadas por los teleobjetivos de los periodistas. Yo opinaba que del mismo modo que cuando uno se tiene que operar busca al mejor cirujano sin cuestionarse si es o no un mujeriego o si es infiel a su pareja, con los políticos pasaba lo mismo, es decir, que lo importante es que gobernasen bien, con independencia de lo que hagan en su vida privada. Y creo que me equivoqué en gran parte porque al hablar de “gobernar” me estaba quedando en el plano de lo material, de los resultados, de la gestión pura y dura. Gobernar es mucho más que eso.

Por una parte hay que tener en cuenta la sociedad en la que vivimos, sus problemas, necesidades y los valores imperantes. En la sociedad anglosajona en la que prevalece cierto puritanismo derivado del protestantismo, el nivel de exigencia es mucho mayor que en nuestra sociedad y así nos luce el pelo. Allí, mentir a la opinión pública o tener a un empleado sin dar de alta lleva aparejado la dimisión del político que es pillado. Aquí no. Pero es evidente que, sin llegar a los extremos de ese, a veces, exagerado comportamiento no nos vendría nada mal un mayor nivel de exigencia en el comportamiento y en la coherencia de nuestros gobernantes.

Por otra parte hay que valorar qué es realmente un político, un gobernante y qué es lo que se le puede y se le debe exigir. Cuando contratamos los servicios de un profesional, sea un fontanero, un arquitecto o un médico, siempre buscamos la mejor cualificación profesional, no necesitamos saber qué ideas o creencias tiene, ni cómo se comporta en el ámbito de su vida privada. Nos basta con que, establecida la mejor relación calidad precio, sepa hacer bien su trabajo y satisfaga nuestra necesidad. Pero ¿qué ocurre con el político? No hay una titulación profesional de político, ni pruebas objetivas que sirvan para conocer su capacidad y su profesionalidad. Las titulaciones habituales entre los políticos, derecho o economía, ayudan pero no son suficientes para calificar la profesionalidad de un político. El político no puede exhibir ante el elector un título que lo habilite porque no lo hay. Y cuando hablo de político me refiero a cualquier nivel de la política desde la que se desarrolla en el ámbito municipal hasta la nacional.

El político es un ciudadano con vocación transformadora de la sociedad en la que participa de acuerdo a unos principios y con un programa a modo de contrato a suscribir con el resto de los ciudadanos. Desde una determinada creencia en unos ideales, valores y principios, más o menos recogidos en el ideario de un partido político, el político trata de ganar la confianza y el apoyo de los electores a los que ofrece un programa de gobierno. Por tanto, ante el elector el político no comparece exhibiendo una cualificación profesional, sino que lo hace exhibiendo unos valores, unas ideas y un programa. Su credibilidad estriba, fundamentalmente, en su persona, en su palabra y en su coherencia entre lo que dice y lo que hace. El político debe mantener esa coherencia entre el ideario personal y el del partido por el que se presenta, entre los valores que defiende y los que practica en su vida pública y privada y entre el programa que ofrece y el del partido al que pertenece. A mayor coherencia entre esas facetas, mayor solidez del político y mayor credibilidad. Muchas veces el descrédito de la clase política viene precisamente por la falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen cuando, precisamente, es donde radica la mejor cualificación del político. Cuando un político de un partido que defiende los valores de la familia, del esfuerzo y el mérito personal vive de una forma promiscua y disoluta no tiene credibilidad. Cuando un político milita en un partido cuya bandera es la justicia social y la solidaridad y vive a todo lujo cobrando varios sueldos del Estado tampoco merece crédito alguno. Porque, en el fondo, gobernar no es solo gestionar y obtener buenos resultados económicos. Gobernar es decidir, elegir y eso solo puede hacerlo quien tiene capacidad de liderazgo. Y el liderazgo de un político solo puede provenir de su autoridad política y moral, no de su circunstancial posición de mando. Quien no es coherente con sus ideas y principios no está en condiciones de pedir o realizar exigencias al resto de los ciudadanos. Quien no sigue el camino al que sus supuestos valores e ideales deberían llevarle, en modo alguno está en condiciones de ejercer liderazgo alguno, de indicar cual es el camino a seguir por la sociedad. Asumir que da igual el color del gato con tal de que cace ratones sólo conduce a elevar lo material al pedestal más alto y a ignorar los valores que hacen grande al ser humano, a la persona.

Por eso creo que mi amiga Inés tenía buena parte de razón. El político no es un simple profesional más. El político, por modesto que sea, sólo puede “vender” su profesionalidad a través de su credibilidad y de su liderazgo. Y por sus hechos le conoceremos.

Santiago de Munck Loyola.

EL GOBIERNO MUNICIPAL EN TIEMPO DE CRISIS.

La política municipal es especialmente gratificante. La cercanía al ciudadano, a sus problemas y a sus aspiraciones permite al político comprobar de forma inmediata la eficacia de sus acciones. Pero, de igual modo, es la actividad política más arriesgada porque, simultáneamente, los errores también se ponen de manifiesto de forma evidente. Gobernar en tiempos de bonanza puede ser más o menos fácil, pero donde de verdad puede medirse la talla de un político es en tiempos de escasez y de crisis.

En los últimos tiempos son constantes las noticias sobre las tremendas dificultades económicas de muchos Ayuntamientos pequeños y medianos de nuestro país. Dificultades que afectan gravemente sobre todo a los pequeños proveedores de estos Ayuntamientos. Lamentablemente la actitud de la Administración Central y de las Autonómicas, en la mayoría de los casos, no está sirviendo para que los entes locales puedan capear la crisis con cierta facilidad. La prohibición de nuevos endeudamientos decretada por el Gobierno de la Nación puede resultar necesaria pero tendría que haber venido acompañada de los mecanismos legales suficientes para solucionar de una vez el espinoso problema de la financiación de los entes locales. Sin embargo, no ha sido así. Tampoco las autonomías, ahogadas en su propia crisis, están ayudando a los Ayuntamientos en esta difícil situación. Son los propios Ayuntamientos los que tienen que hacer frente a la misma y utilizar todos los recursos disponibles para poder funcionar y seguir prestando los servicios públicos imprescindibles para los ciudadanos.

Sin embargo, parece que la mayor parte de la clase política local no está a la altura de las circunstancias. Las reacciones ante la crisis han sido tardías, pese a que se vislumbraba, insuficientes o inexistentes. Sólo han sido noticias destacables las parciales y propagandísticas rebajas de sueldos de cargos públicos en algunos casos, en otros ni siquiera ese detalle de solidaridad con los vecinos se ha producido. Quizás la proximidad de unos comicios locales el año que viene está impidiendo a muchos políticos adoptar medidas imprescindibles en todo buen gobierno. Y se están equivocando. La sinceridad ante los vecinos y las explicaciones constantes sobre la realidad son la mejor manera de comparecer ante las urnas. Tratar a los vecinos como menores de edad a los que no hay que explicar la situación es un grave error electoral. Yo, desde luego, no votaría a un candidato del que sospecho que me trata de engañar.

No es fácil, pero en situaciones de auténtica y larga crisis como la que vivimos nuestros políticos municipales tienen la obligación moral y política de gobernar. Y gobernar es tomar decisiones, marcar prioridades y adoptar decisiones aunque puedan resultar aparentemente impopulares. Muchos políticos confunden gobernar con gestionar, desconfían por naturaleza de los técnicos y funcionarios y se ponen a realizar labores impropias de un gobernante. Los gestores, los técnicos están para gestionar. Los políticos para gobernar y eso implica el ejercicio de un liderazgo político. Resulta llamativo ver a tanto y tanto concejal metido a técnico, como si las urnas otorgasen conocimientos.

En todo caso, hoy los gobernantes municipales no pueden seguir como si no pasase nada. Tienen la obligación política de no empeorar con su inactividad o con sus decisiones erróneas el panorama municipal. Los Ayuntamientos han seguido durante años la tendencia a prestar progresivamente un mayor número de servicios a los ciudadanos, muchos de ellos fuera de sus competencias. Y lo han hecho con la fórmula del “café para todos”, como si los recursos fueran ilimitados y como si todos los vecinos tuviesen la misma capacidad contributiva. Con esta actitud han hecho competencia desleal, en muchas ocasiones, a los propios contribuyentes al ponerse a prestar servicios que ya cubría de forma satisfactoria la iniciativa privada y, por otra, han prescindido del principio de progresividad fiscal y de la propia ley prestando servicios no necesarios por debajo del coste real y al mismo precio para todos, desviando así importantes recursos que al final no llegan al que de verdad lo necesita. ¿Es lógico proporcionar clases de inglés casi gratis cuando hay instituciones educativas privadas que las imparten al mismo tiempo que no hay dinero para ayudar a parados de larga duración? ¿Es moralmente aceptable que con el dinero de todos se financie el 70% del coste de una plaza en una escuela infantil a alguien cuya renta es muy superior a la media mientras que hay niños que ni siquiera pueden pagar el comedor escolar? Las respuestas son evidentes.

Por tanto, los ajustes que un Ayuntamiento debe poner en marcha en tiempos de crisis son duros pero deben hacerse. Y hay que hacerlo con el concurso y la convicción de la mayoría de los vecinos. Recortar en gastos de personal para ajustar la maquinaria administrativa al descenso de la actividad que se produce en tiempos de crisis, suprimir puestos de confianza, eliminar gastos superfluos (atenciones protocolarias, viajes, propaganda, publicidad, etc.), congelar nuevas inversiones hasta que no se paguen las existentes, refinanciar la deuda municipal, mejorar y hacer más transparentes las contrataciones, revisar las ordenanzas fiscales, suprimir prestaciones no obligatorias, cobrar las tasas y precios públicos al coste real del servicio estableciendo exenciones concretas para los más desfavorecidos, controlar y recortar gastos corrientes, establecer fórmulas cooperativas para la prestación de servicios, disminuir las transferencias, aprobar planes de trabajo comunitario y muchas otras medidas similares deben adoptarse por simple sentido de la responsabilidad y de la solidaridad. Y la oposición debe estar más vigilante que nunca, arrimar el hombro y formular propuestas constructivas. Eso es gobernar. Lo demás, mirar de reojo constantemente a la próxima cita electoral, sólo puede conducir al desastre.

Santiago de Munck Loyola.

AYUNTAMIENTOS: DEUDA Y FINANCIACIÓN.

Una de las consecuencias lógicas del progreso y bienestar en nuestra sociedad ha sido el progresivo aumento de las competencias y servicios que prestan los Ayuntamientos, las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Y no se trata tan sólo de un aumento cuantitativo de los servicios que se prestan, sino también de un aumento cualitativo de los mismos. Los ciudadanos, en su condición de vecinos, exigen a sus ayuntamientos unos niveles cada vez mayores de calidad en cuanto a los equipamientos públicos y las prestaciones municipales. Por otra parte, en no pocas ocasiones el incremento de las prestaciones viene impuesto por imperativo legal, por el desarrollo de leyes de carácter estatal o autonómico.

Este incremento de prestaciones públicas municipales no ha venido acompañado por una reforma legislativa que garantice la necesaria financiación de las mismas. El modelo de financiación municipal hace años que se ha quedado obsoleto y sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro esquema institucional que ningún Gobierno ha conseguido, hasta ahora, aprobar.

El aumento de los gastos municipales ha venido siendo financiado por parte de las Corporaciones Locales fundamentalmente a través de dos vías: el urbanismo y la deuda. Estas dos vías han permitido durante los años de bonanza económica ampliar los servicios municipales y consolidar unas prestaciones en muchos casos de un alto nivel de calidad. Sin embargo, la financiación a través de ingresos vinculados al urbanismo ha provocado dos grandes problemas sociales. De una parte, una espiral inflacionista en torno al suelo y, consecuentemente, en torno a la vivienda. De otra, un incremento de los casos de corrupción cuya causa principal puede encontrarse en los altos niveles de arbitrariedad y subjetividad en los procesos recalificatorios de suelo. Es más que evidente que las continuas y, en ocasiones, frustradas reformas sobre la legislación del suelo en los últimos años no han frenado esta situación. Por otra parte, el recurso a la deuda bancaria para la financiación de nuevas infraestructuras ha venido funcionado medianamente bien mientras los ingresos ordinarios vinculados sobre todo a la construcción han venido fluyendo con regularidad, pero cuando la crisis los ha hechos disminuir considerablemente la deuda se ha convertido en una pesada carga en la mayoría de los casos.

Mientras que no se produzca la necesaria reforma legislativa que asegure, de una parte, la financiación regular de los servicios municipales a través de las aportaciones estatales y, de otra, la necesaria limitación de dichos servicios para impedir su proliferación desmesurada, los Ayuntamientos no tienen otra solución que utilizar y exprimir al máximo los recursos legales existentes con el fin de equilibrar los ingresos con los gastos. En este sentido, hay algunas prácticas que deberían ponerse en marcha, aunque ello pueda, en algunos casos, ser impopular:

– Plasmar en la tributación municipal con toda su intensidad el principio constitucional de progresividad fiscal. A más ingresos, mayor tributación. Con ello, quiero resaltar algo que debería ser evidente. Hoy más que nunca no puede aplicarse, por una cuestión de elemental solidaridad, el criterio de “café para todos”. En una situación de crisis no resulta justo que todos los vecinos usuarios de prestaciones o servicios públicos paguen lo mismo o nada por el uso de las los mismos. ¿Por qué han de financiar con sus impuestos todos los vecinos unas clases de informática a alguien que acude a la escuela municipal conduciendo un BMW último modelo? ¿O las clases de música al hijo de un alto directivo? No es de recibo que mientras con el dinero de todos se financian o subvencionan actividades a todo el mundo sin distinción de sus niveles de renta luego no haya dinero para atender a los más necesitados. No tiene lógica que un ayuntamiento subvencione clases de yoga mientras que hay vecinos que pasan hambre. Por tanto, lo lógico es que los Ayuntamientos establezcan distintas tarifas en sus precios públicos y en las tasas en función de los niveles de renta de los usuarios.
– Por otra parte, hay que señalar que la Ley exige que los precios públicos nunca sean inferiores al coste del servicio prestado y esto rara vez se cumple por lo que el déficit originado en la prestación de servicios municipales vuelve a recaer sobre el conjunto de los vecinos. Y esto vale también en otros casos pero con un resultado final diferente. Basta examinar el caso de las Tasas para los residuos sólidos. En la mayoría de los Ayuntamientos se vincula esta Tasa con el inmueble, independientemente del número de personas que residen en él y, por tanto, del volumen de residuos que generan. En otros países se aplica el principio de quien contamina, paga. Y paga según contamine. Por ello, esta Tasa se suele pagar por persona empadronada en una vivienda ya que se sabe perfectamente cuál es la media de Kgs de residuos diarios generados por individuo. Pagar la Tasa de residuos por vivienda, independientemente de que en la misma viva una persona o cinco es injusto, antieconómico y posiblemente ilegal.
– A todo ello hay que añadir una desmesurada voracidad de las administraciones municipales por asumir y prestar servicios que ya se prestan por parte del sector privado incurriendo siempre en una competencia desleal con dicho sector, que, por otra parte, es contribuyente municipal. ¿Qué pintan los Ayuntamientos, por ejemplo, organizando siempre de forma deficitaria (ya que nunca se cobra el coste real a los usuarios) cursos de inglés en las Universidades Populares o Centros Municipales cuando en la misma localidad hay empresas privadas que lo hacen? No vale la explicación de que así se da la oportunidad a todo el mundo para acceder a dichos cursos. Es mucho más barato el “cheque escolar” para el que no pueda acceder a una academia o institución privada. Y esto vale para multitud de servicios prestados por el Ayuntamiento. Por ello, resulta imprescindible una limitación a las actividades de las corporaciones locales o, al menos, un poco de sentido común.

Hay aún más medidas que es posible abordar para mejorar la situación de las corporaciones locales, pero todas requieren una decidida voluntad política que, hoy por hoy, parece muy lejos de las miras de la mayoría de nuestros gobernantes.
Santiago de Munck Loyola.