Hay noticias que no tienen desperdicio. El pasado 22 de febrero, la edición alicantina del Diario ABC (http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130222/abcp-expulsara-afiliados-criticos-castedo-20130222.html) publicó el siguiente e ilustrativo titular El PP expulsará a dos afiliados críticos con Castedo y Císcar. Continuaba así: El comité de derechos y garantías del PPCV, que preside el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, ha iniciado el procedimiento para expulsar del partido a dos militantes de la agrupación alicantina: Santiago de Munck y Antonio Sobrino. La noticia, publicada por D. Martínez, se basaba en las informaciones ofrecidas por “fuentes próximas al comité de derechos y garantías”. Ya se sabe que cuando un periodista acude a la expresión de “fuentes próximas” se está refiriendo a alguien que no quiere dar la cara, a un cobarde, a un sujeto que o bien quiere esconder sus datos porque miente o porque no está autorizado a expresar lo que dice. Lo más preocupante de esta noticia es que seguramente el periodista no se ha inventado nada, sino que ha trasladado lo que la citada fuente, aunque dado el contenido debería ser calificada mejor de cloaca, le ha transmitido ya que nadie, con capacidad para ello, ha rectificado, ni ha puntualizado una sola coma.
Para ver el alcance y el calado de lo que esta noticia encierra, hagamos un ejercicio de ficción e imaginemos que un periódico traslada de fuentes próximas al juzgado el siguiente titular: El Juez condenará a la cárcel a la Alcaldesa de Alicante y todo ello sin que se haya iniciado procedimiento judicial alguno. Sería un escándalo de primeras proporciones. Sería una prueba evidente de que no se va a celebrar ningún juicio conforme a las garantías mínimas procesales que nuestra Constitución ampara, se estaría vulnerando clarísimamente la presunción de inocencia y todo el proceso judicial que se desarrollase después no sería más que una farsa. Estaríamos ante un proceso a la cubana, o a la soviética, donde el acusado, antes siquiera de serlo, ya estaría condenado. Pues es exactamente el mismo caso que el descrito por el corresponsal de ABC a instancias de las informaciones facilitadas por las fuentes próximas al llamado “Comité de Derechos y Garantías” (¿de quién?) que preside, al parecer, el Sr. Castelló.
Es más, según esas mismas fuentes turbias la intención de Castelló es que ambos militantes reciban la notificación del inicio de su expediente de expulsión la próxima semana. Como puede ver cualquiera no se trata de un expediente para averiguar hechos, dar trámite de audiencia y decidir, en su caso, la imposición de una determinada pena, no, eso sería lo normal en una organización democrática propia de un estado de derecho, pero parece que lo normal, y lo legal, es algo que desconocen las fuentes próximas al Comité de Derechos y Garantías.
Si el redactor de esta noticia, la hubiese contrastado con los condenados sin juicio, perdón los afectados por el presunto “decreto” cubano de expulsión podría haber contribuido a clarificar las aguas sucias vertidas por su fuente informativa. Podría saber que las supuestas críticas deben de referirse a la impugnación del acuerdo de la Junta Provincial de sustituir a la Junta local de Alicante por Juntas de Distritito, impugnación que desde el 15 de enero está en manos de ese Comité de Derechos y Garantías sin que, hasta el día de hoy, ni haya acusado recibo de la misma, ni se haya pronunciado sobre su fondo; acuerdo que se tomó de espaldas a los militantes de la ciudad de Alicante (no es una crítica, sino un hecho real), y que aún no se ha notificado a los mismos (eso sí se ha anunciado por la prensa de forma confusa y contradictoria como si cualquier afiliado tuviera la obligación de atender a la prensa para saber cuando se modifican o no sus derechos estatutarios); acuerdo que además, según nuestra opinión, podría vulnerar los Estatutos Nacionales del Partido Popular. Podría saber el periodista que las referencias filtradas sobre la Asamblea para la elección de compromisarios es incompleta; que falta mencionar que ser candidato a compromisario es un derecho de cualquier afiliado y que para ejercerlo las normas internas indican que todo afiliado debe ser convocado por carta para que pueda presentarse y que ese requisito fue incumplido; que un servidor no obligó a realizar ninguna votación, sino que es obligatoria por Estatutos cuando hay más aspirantes que puestos y que en aquella ocasión un servidor y otra persona se negaron a retirar su candidatura pese a las presiones a las que fueron sometidos por J.J. Zaplana, actual Secretario Provincial, quien manifestaba que sobrábamos por que los puestos disponibles ya habían sido repartidos entre las diferentes “sensibilidades” o corrientes existentes en el partido y en cuyo nombre se expresaba. Podría haber completado su información sabiendo que varias personas del Partido Popular llamaron a mis superiores laborales para que me presionaran y renunciara a mis derechos de participación. Por cierto, ignoro la razón por la que en esta información, al igual que en otras, se incluyen los datos de mi puesto de trabajo. Soy funcionario público y no cargo político por lo que es evidente que existe un diferente e intencionado tratamiento cuando se ofrecen informaciones que me afectan a las que se hacen sobre terceras personas. Suena cubano también ¿no? ¿O acaso mi centro de trabajo y mi ocupación profesional son relevantes a la hora de complementar las informaciones nacidas de fuentes o cloacas determinadas?
Y podría haber complementado su información el firmante de la misma con las supuestas críticas a la Alcaldesa de Alicante. Podría haber sabido que como vecino de esta ciudad tengo el mismo derecho que cualquier otro a criticar en público o en privado cualquier asunto de la gestión municipal que me afecte. En todo caso, lo relevante y parece ser lo determinante en este caso es que he pedido públicamente que los cargos públicos imputados dimitan, que dejen sus responsabilidades mientras la justicia actúa y que, de resultar inocentes, sean repuestos en sus responsabilidades. Es exactamente lo mismo que hace años pedían los dirigentes del Partido Popular. Y lo mantengo. Como también mantengo que hace falta ejemplaridad en la clase política en todos sus niveles, incluido el Ayuntamiento de Alicante.
Por último, contrastar las informaciones con los interesados, podría haber servido para aclarar que ni Antonio Sobrino ni un servidor hemos abierto ninguna Oficina Electoral porque cumplimos estrictamente con el único requerimiento recibido en ese sentido hecho por la Dirección Provincial. Esperanza Popular es, de momento, un foro que llevaba funcionando muchos meses en Internet y que desde el 15 de febrero cuenta con un local para seguir haciendo lo que venía haciendo en las redes sociales: facilitar el encuentro entre afiliados del Partido Popular y entre éstos y los vecinos de Alicante para informar, debatir e intercambiar ideas. Nosotros, a diferencia de la Dirección Provincial, no nos reunimos con nadie para “apuntalar” las elecciones internas (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/02/06/pp-pide-apoyo-castedo-apuntalar-nueva-estructura-partido-alicante/1340896.html). Esperanza Popular e un Foro del que forman parte afiliados y no afiliados del PP, todos ellos haciendo uso de sus derechos políticos constitucionales, para tratar temas políticos y sociales desde la perspectiva de la regeneración democrática, la libertad, la honradez, la participación, la democracia interna y la ejemplaridad de los cargos públicos ¿a quién molesta tanto y por qué? Somos lo que somos, lo que decimos que somos y no lo que otros quieran decir que somos para justificar sus decisiones antidemocráticas.
Aunque peque de iluso, me niego a creer que mi Partido, a pesar del silencio oficial sobre esta noticia, asuma y practique el matonismo, la arbitrariedad, la injusticia y la vulneración de la más mínima garantía procesal que se derivan de las informaciones ofrecidas por las anónimas “fuentes” próximas al Comité de Derechos y Garantías. No puede ser.
Santiago de Munck Loyola
santiagodemunck 